En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 741/2013 Veintisiete (27) de Setiembre






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C A S A C I Ó N
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 741/2013 Veintisiete (27) de Setiembre de dos mil trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada al efecto por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Carlos Eugenio Giovanniello y la señora vocal doctora Ebe López Piossek, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: “Piedrabuena Alberto César vs. Provincia de Tucumán s/ Amparo”.

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Carlos Eugenio Giovanniello y doctora Ebe M. López Piossek , se procedió a la misma con el siguiente resultado:
El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

I. Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia de Tucumán, el recurso de casación interpuesto por la parte demandada (fs. 149 a 186) en contra de la sentencia nº 537 de fecha 02/07/2013 dictada por la Sala I de la Excma. Cámara Contencioso Administrativa (fs. 139 a 147), por la que se hace lugar a la acción de amparo promovida por Alberto Cesar Piedrabuena en contra de la Provincia de Tucumán, declarándose la nulidad del Decreto n° 1.367/1 (FE) de fecha 14/05/2013 dictado por el Poder Ejecutivo de Tucumán. Asimismo la sentencia cuestionada resuelve que la demandada deberá emitir un nuevo acto administrativo acorde a los lineamientos sentados en el decisorio en crisis, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas de quedar firme el pronunciamiento.

Corrido el traslado previsto en el art. 751 último párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán (en adelante CPCCT), de aplicación supletoria a la especie conforme lo normado en el art. 31 del Código Procesal Constitucional (en adelante CPC), el mismo fue contestado por el accionante (fs. 190 a 198).

La vía impugnativa extraordinaria local fue concedida mediante sentencia nº 644 del 21/08/2013 (fs. 204 a 207) de la antes referida Cámara.

A su turno, el Ministerio Fiscal emitió dictamen el 13/09/2013 (fs. 226 a 230) aconsejando rechazar el recurso de casación deducido por la Provincia.

II.- Corresponde en consecuencia analizar, primeramente, las consideraciones vertidas en la sentencia impugnada por casación.

El fallo en controversia relata que Alberto César Piedrabuena inició acción de amparo en contra de la Provincia de Tucumán a los fines de hacer cesar la actual restricción que pesa sobre los derechos y garantías que le asisten, en su condición de magistrado de la Provincia, para acceder a los beneficios de la jubilación, consecuencia del Decreto n° 1.367/1 (FE) del 14/05/2013, dictado por el Poder Ejecutivo Provincial.

Describe el pronunciamiento en embate que el amparista alegó haber adquirido el derecho de acceder a los beneficios jubilatorios, en tanto cumplió con la totalidad de los recaudos y exigencias que establecen los artículos 8 y siguientes de la Ley nº 24.018, conforme lo prevé y autoriza la Ley nº 7.853, y Convenio Complementario para el Régimen de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Tucumán del 11/05/2010, suscripto por el Gobernador, el Presidente de la Excma. Corte Suprema Local y el Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (en adelante ANSeS).

Menciona el a quo que el acccionante alegó que la ANSeS es el organismo especializado dotado de competencia material para emitir el acto administrativo de otorgamiento del beneficio jubilatorio, lo cual acontecería cuando el ente comprobare la efectiva concurrencia de los requisitos y exigencias impuestas por el ordenamiento legal para legitimar el acceso a la jubilación.

Describe el pronunciamiento en crisis que el amparista alegó en su favor lo dispuesto en el art. 15 de la Ley Provincial nº 8.199.

Explica el fallo en pugna que el actor adujo que no podía admitirse el razonamiento del acto impugnado consistente en sostener que, de aceptarse la renuncia por la sola voluntad del renunciante, se vería vulnerada la exigencia prevista en el artículo 29 de la Ley Nacional nº 24.018.

Seguidamente explica el decisorio en crisis que el accionado presentó el informe requerido, a la vez que contestó demanda.

De manera previa al análisis de la cuestión sustancial en disputa, la Cámara resuelve la inconstitucionalidad del primer párrafo del artículo 57 de la Ley nº 6.944 y, en consecuencia, declara la competencia de ese tribunal para entender en la causa, a tenor de lo normado en el artículo 15 de la Ley nº 6.944 y 32 de la Ley nº 6.238 (Orgánica del Poder Judicial).

En lo que hace al examen de la temática en controversia, entiende la Cámara que la cuestión a dirimir atañe a la pretendida nulidad del Decreto n° 1.367/1 (FE) de fecha 14/05/2013, acto administrativo mediante el cual se rechazó la renuncia condicionada presentada por el amparista a su cargo de Vocal de la Sala II de la Cámara Penal del Centro Judicial Capital.

Explica el pronunciamiento en crisis que las partes son contestes en admitir la condición, que reviste el amparista, de Vocal de la Sala II de la Cámara Penal, la existencia de un proceso de enjuiciamiento político seguido en su contra y la presentación de la dimisión a tal cargo por parte del magistrado Piedrabuena. Tampoco existiría divergencia en la litis en lo que refiere a que la potestad del Poder Ejecutivo de receptar la renuncia efectuada por el magistrado y pronunciarse al respecto, es una facultad que se inscribe en la esfera de potestades propias del Poder Ejecutivo Provincial, ello como reflejo de la disposición contenida en el artículo 101 inciso 5 de la Constitución Local.

Sobre éste punto en concreto señala el a quo que, de acuerdo al principio de paralelismo de competencias, tiene potestad para aceptar la renuncia la propia autoridad que hizo el nombramiento.

Ahora bien la divergencia en autos, de acuerdo a las posiciones asumidas por las partes, radicaría –según lo expresado en el decisorio en embate- no ya en discernir acerca de la facultad del Poder Ejecutivo de aceptar o rechazar la dimisión de un magistrado; sino si en la especie el cuestionado Decreto n° 1.367/1 (FE), que rechazó la dimisión del amparista, se encuentra viciado en alguno de sus elementos esenciales. En otros términos, el foco de la controversia afinca en determinar si los antecedentes de hecho y derecho que expresa aquel acto administrativo son reales o no.

Explica el a quo que el decreto impugnado se pronuncia por el rechazo a la renuncia presentada por el actor fundándose, de forma principal, en la circunstancia de que el magistrado en cuestión se encuentra sometido al proceso de enjuiciamiento previsto en la Ley nº 8.199. El acto afirma que la renuncia del magistrado, por su sola presentación, no puede automáticamente excluirlo del proceso de remoción sin que se afecten las facultades otorgadas constitucionalmente al Ejecutivo (aceptar o no la renuncia) y al Jurado de Enjuiciamiento de concluir con el proceso para hacer efectiva la responsabilidad política de los funcionarios públicos.

De manera preliminar, entiende el tribunal inferior que en la especie estamos en presencia de una cuestión considerada justiciable.

Superado aquel obstáculo introducido por la demandada, menciona el a quo que los jurados o tribunales de enjuiciamientos son cuerpos colegiados de naturaleza política conformados por diversos estamentos, que tienen por objeto hacer efectiva ese tipo de responsabilidad respecto de los magistrados y funcionarios que necesitan, para su designación, el acuerdo legislativo.

Juzga el tribunal de mérito que se trata de "un órgano de eminente naturaleza política que actuando en nombre y representación de la sociedad a quien representa, tiene por objeto realizar un juicio ético o moral del comportamiento del magistrado o funcionario encartado para verificar si se ha operado la pérdida de la buena conducta que es requisito sine qua non para el ejercicio de la magistratura".

A partir de la naturaleza que lo informa, entiende el tribunal de mérito que dicho cuerpo examina la responsabilidad del magistrado sometido a proceso desde una faz netamente política.

Luego explica el decisorio en controversia que existe responsabilidad política cuando un determinado detentador del poder tiene que dar cuenta a otro detentador del poder sobre el cumplimiento de la función que le ha sido designada. Tal tipo de responsabilidad tiene dos rasgos distintivos: "por un lado, que se responde ante órganos políticos y por procedimientos de la misma categoría, y por el otro, que la responsabilidad no se encuentra fundamentada puramente en violaciones legales, sino en la pauta más genérica de la conducta del funcionario políticamente evaluada".

En tal contexto, señala el inferior –con cita doctrinal- que el proceso seguido ante el Jurado de Enjuiciamiento se presenta como un proceso constitucional especial tendiente a evaluar aquel tipo de responsabilidad con relación a "determinados funcionarios y magistrados para juzgar acerca de la conveniencia de su continuidad en el desempeño de un determinado puesto de gobierno, en base a cargos que se le formulan a los acusados en relación a su actuación y al mantenimiento de las condiciones de idoneidad requeridas para ejercerlos adecuadamente. Su finalidad principal es siempre la tutela de los bienes públicos, en particular, el buen funcionamiento de las instituciones de gobierno".

Juzga el inferior que el fin que se persigue en éste tipo de procesos es impedir que un mal funcionario o magistrado, cualquiera que sea la causa que motiva la falta de idoneidad, permanezca en el cargo. En definitiva, su objeto primordial es indagar si quien se encuentra sometido al proceso es o no hábil para continuar en el ejercicio de sus funciones.

Señala la Cámara que la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación ha refrendado las directrices apuntadas al señalar que el objetivo, antes que sancionar al magistrado, es determinar si éste ha perdido los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de una función de tan alta responsabilidad, por ello el sentido de un proceso de esta naturaleza es muy diverso al de las causas de naturaleza judicial, por lo que sus exigencias revisten una mayor laxitud.

En definitiva, siguiendo precedente de otra jurisdicción, entiende la Cámara que la misión del Jury consiste en el juzgamiento de ciertos magistrados y funcionarios por las causales previstas en la misma Constitución o en la ley, con el fin de asegurar su efectividad, contribuyendo a la paz social y asegurando el sometimiento de la función a la ley en todo lo cual está comprometido el interés público, pues ese juzgamiento no tiene por objeto sino preservar la función jurisdiccional, resguardándola incólume de quienes por su conducta la desnaturalizan.

Por otro lado, considera el a quo que las particularidades de los postulados contenidos en la Ley nº 8.199 tornan diferente la situación local, a lo que se genera a nivel nacional en casos análogos.

Explica el inferior que aquel cuerpo legal vernáculo genera una situación particular en los procedimientos de enjuiciamiento de magistrados, debido a que en la órbita provincial no existe una norma que pueda asimilarse al artículo 9 del Reglamento para la Justicia Nacional, que dispone que los jueces continuarán sujetos a las reglas propias de la función judicial hasta tanto la renuncia no les sea aceptada formalmente por el Poder Ejecutivo Nacional. Es precisamente en base a esta regla que la Corte Suprema Nacional, arribó a la conclusión de que en la órbita federal la renuncia es un acto complejo y bilateral, que requiere para su perfeccionamiento la aceptación del Poder Ejecutivo Nacional (cfr. CSJN, 10/02/2004, "Lona, Ricardo s/ pedido de enjuiciamiento", Fallos: 327:46).

A partir de allí, entiende la Cámara que, al no presentarse idéntico o análogo el marco legal en que se resuelven estos asuntos en la órbita nacional y en la provincial, la cita que se haga de antecedentes vinculados a procesos de remoción federales no surge pertinente y, en consecuencia, su invocación como fundamento de la decisión tornan al acto administrativo viciado en su elemento causa, ya que no resulta cierto el derecho invocado (artículo 43 inciso 2 de la Ley nº 4.537).

Aclara el inferior que tal conclusión no solo se ve avalada en la inexistencia de una norma como la contenida en el artículo 9 del Reglamento para la Justicia Nacional, sino sobre todo a partir de la disposición del artículo 15 de la Ley nº 8.199.

Esta dispositiva establece que: "producida la renuncia del acusado se clausurarán las actuaciones en el estado en que se encuentren. En tal caso, la Comisión de Juicio Político o el Jurado de Enjuiciamiento, según la etapa en que la renuncia hubiera ocurrido, deberán remitir las actuaciones al Poder Judicial, si estimaren que de las mismas surge la comisión de algún delito".

Ante dicho texto legal, se pregunta el a quo: “¿cuál es el real alcance de la regla antedicha?”. Explica que para la demandada, con apoyo en precedentes doctrinarios y jurisprudenciales nacionales, siendo la renuncia de un magistrado un acto complejo resultaría necesaria su aceptación por parte del Poder Ejecutivo, para tener por clausuradas las actuaciones del proceso de enjuiciamiento en la etapa en que se encuentre. En tanto que para el amparista, por el contrario, a partir de lo que establece el artículo 15 de la Ley nº 8.199, la presentación de su renuncia genera el automático efecto de clausurar las actuaciones en cuestión.

En primer término, efectúa el A quo, un análisis semántico del término "producir", contenido en el dispositivo legal señalado, atento a los diferentes alcances que le otorgan las partes. Cita que el diccionario de la Real Academia Española, en la acepción conferida a tal término en el ámbito del derecho, refiere a "exhibir, presentar, manifestar a la vista y examen aquellas razones o motivos o las pruebas que pueden apoyar su justicia o el derecho que tiene para su pretensión". De ello, concluye el inferior que, desde lo netamente literal, aparece favorecida la interpretación que propicia el amparista en lo que refiere a la locución "producida la renuncia del acusado…".

Empero, entiende el tribunal de grado que, en lo que hace a la interpretación de las leyes debe atenderse no solo a su texto sino "al fin con el que han sido dictadas, siendo misión del intérprete indagar el verdadero sentido y alcance de la ley, mediante un examen atento y profundo de sus términos que consulte la realidad del precepto y la voluntad del legislador, como así también que, cualquiera que sea la índole de la norma, no hay método de interpretación mejor que el que tiene en cuenta la finalidad de aquélla”.

De tal forma, juzga el a quo –con cita de la Corte Federal- que el mejor método de interpretación de la norma, cualquiera sea su índole, es el que tiene primordialmente en cuenta su finalidad.

Partiendo de la premisa de que el proceso de enjuiciamiento persigue no ya el castigo de la persona, sino la protección de los intereses públicos contra el peligro por el abuso del poder oficial, descuido del poder o conducta incompatible con la dignidad del cargo; a criterio de la Cámara aparece lógico predicar que el propósito, de otorgar a la renuncia de un magistrado en proceso de enjuiciamiento efecto de clausura de las actuaciones seguidas en su contra, radique en el objetivo final que se persigue, cual es el de sanear la judicatura.

En tal contexto hermenéutico, y más allá de la interpretación literal que emana de la letra de la ley, entiende el tribunal inferior que se concilia de manera adecuada con la finalidad del sistema, el hecho de que ante la presentación de la renuncia se produzca la clausura de las actuaciones, pues el objetivo sanador del proceso se cumple con ello, en tanto y en cuanto el juez queda en los hechos al margen de su cargo y sin perjuicio de ocurrir a la justicia en el supuesto de que se considere que existe la comisión de un delito.
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