Principios de la Ética del Juez Conocimiento del derecho vigente: norma y realidad Creación del derecho: sentencia y precedente






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Ética aplicada a las profesiones sociales en general: ética de la responsabilidad

Ética de la función pública, común a los tres poderes del Estado y a la ética política

Ética de los jueces (modelo ideal de personalidad moral, forma de ser y valores que la sociedad espera)

Ética del proceso (relación jurídica procesal: el juez y las partes)

CONSTITUCIÓN NACIONAL
Art. 36.- Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. …

Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos.

El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función.

ÉTICA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION PÚBLICA



 Ley 25.188. Sancionada: Septiembre 29 de 1999. Promulgada: Octubre 26 de 1999
ARTICULO 41. — Las autoridades de aplicación promoverán programas permanentes de capacitación y de divulgación del contenido de la presente ley y sus normas reglamentarias, para que las personas involucradas sean debidamente informadas.

 La enseñanza de la ética pública se instrumentará como un contenido específico de todos los niveles educativos.
ARTICULO 47. — Se invita a las provincias al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires para que dicten normas sobre regímenes de declaraciones juradas, obsequios e incompatibilidades vinculadas con la ética de la función pública.

ÉTICA DEL JUEZ
"El ciudadano que opte por el ejercicio de la magistratura debe asumir que junto a las prerrogativas que la Constitución le otorga y asegura en su función, la sociedad espera de él un comportamiento ejemplar. Cuando el magistrado omita tal extremo y la magistratura sólo sirva para sus propios o ajenos proyectos, se impone un severo examen de conciencia y reflexión acerca de su misma continuidad en el Poder Judicial" (Código de Ética de Córdoba)
CODIFICACIÓN

Provincias argentinas: Santa fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero. Código Modelo de Ética Judicial de la Nación.

Códigos en América: Chile, México. Carta de los jueces en Europa, etc.

Convención Americana contra la corrupción

Convención Internacional contra la corrupción.
Principios de la Ética del Juez


1. Conocimiento del derecho vigente: norma y realidad
2. Creación del derecho: sentencia y precedente.

3. Capacidad expresiva: claridad en sus decisiones.

3. Fortaleza espiritual ante el conflicto humano

4. Realización de la justicia
5.- Responsabilidad social



Valores específicos en la ética del juez para afianzar la justicia


1. Aplicar el Derecho

2. Ser prudente

3. Tener apertura a realidades no jurídicas

4. Independencia

5. Imparcialidad

6. Honestidad

7. Lealtad

8. Decoro

9. Afabilidad


Independencia e imparcialidad



a) Prohibición de entrevistas y alegatos unilaterales sin la presencia de todas las partes o sus letrados
La Acordada 7/2004 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 24/2/2004 dispone agregar como segundo párrafo del art. 72 del Reglamento para la justicia nacional el siguiente texto: Cuando los litigantes y profesionales soliciten audiencia con alguno de los jueces del tribunal, ella tendrá lugar siempre que dichas personas obtengan la presencia de la contraparte o de su letrado en la causa contenciosa de que se trate. El dispositivo rige la actuación de los integrantes de la Corte Suprema, pero es evidente que muestra a los tribunales inferiores un camino a seguir.
b) Restricciones al derecho de asociarse
c) Aplicación de las causales de recusación y excusación
d) Deber de estar actualizado


e) Deber de facilitar los medios alternativos
f) Deber de evitar que el proceso sea una máquina de impedir
g) Deber de no desentenderse del resultado eficaz de las sentencias que comprometen intereses colectivos.

Normas Juridizadas de la Ética del Juez

Ley Orgánica del Poder Judicial.
Art. 13 incisos 4, 5, y 6:

Superintendencia. La Corte Suprema de Justicia, para el gobierno del Poder Judicial, tendrá las siguientes atribuciones:

4.- Fijar el régimen y el procedimiento disciplinario a los que estarán sujetos los Magistrados, los funcionarios constitucionales y de ley, los auxiliares y empleados, imponiendo el sumario administrativo previo, salvo para los llamados de atención y apercibimientos. Las sanciones disciplinarias aplicables a los Magistrados y los funcionarios constitucionales, son: a. Llamados de atención; b. Apercibimiento; y c. Multa de hasta un diez por ciento (10%) de sus remuneraciones.

5. Vigilar la conducta de los Jueces, Funcionarios, Auxiliares y Empleados del Poder Judicial, y controlar la asistencia a los despachos durante el horario de atención al público.

6. Aplicar sanciones disciplinarias a los Magistrados, los funcionarios constitucionales y de Ley, los auxiliares y empleados, de conformidad al régimen y procedimiento que se fijen.



Art. 94, inc. 4:

Funciones. El Ministro Fiscal es la máxima autoridad de los representantes del Ministerio Público, en cuyo ejercicio le corresponden las siguientes funciones:

4.- Vigilar la recta y pronta Administración de Justicia denunciando los abusos y malas prácticas que notare en los Tribunales o sus funcionarios. A ese fin, deberá inspeccionarlos las veces que estimare necesario, pero por lo menos una (1) vez al año. De ello informará a la Corte, sugiriendo las medidas conducentes a una mejor prestación del servicio.

JURISPRUDENCIA
ÉTICA DEL JUEZ
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES: IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA

CÁMARA CIVIL EN DOC. Y LOCACIONES Y FAMILIA Y SUCES. Sentencia 34, 05/06/2013.
Se ha dicho, que a semejanza de la recusación, también la excusación persigue la independencia de los magistrados en ejercicio de su función, mediante la imparcialidad para instruir y decidir los asuntos llevadas a su conocimiento. De esta manera el Juez que se considera inhábil subjetivamente para entender en una causa, tiene la facultad-deber de excusarse. Las causales íntimas del juzgador, de suficiente entidad como para crear un clima de violencia moral, perturbando su serenidad, inquietando su conciencia, aparejando un escrúpulo, constituyen una facultad judicial. Ante esta duda, que solo el fuero interno del magistrado interviniente puede apreciar, la ley le permite se abstenga, declinando su competencia. Tal el presente caso, el cuál considero que debe acogerse en forma favorable, en razón de los múltiples planteos de recusaciones con causa efectuados en estos actuados.

CAMARA CIVIL EN DOC. Y LOCACIONES Y FAMILIA Y SUCES.

Sentencia: 4, 27/02/2013
Cabe precisar que conforme a lo normado por el artículo 17 del C.P.C.C. la excusación es el medio que la ley proporciona al juez para apartarse espontáneamente del conocimiento de todo proceso respecto del cual o de sus sujetos intervinientes no se encuentra en condiciones de actuar con la plena garantía de imparcialidad e independencia que requiere el ejercicio de la actividad judicial. El fundamento liminar de las causales de excusación o recusación prevista en el digesto procesal, reside en la imperiosa necesidad de aventar cualquier sospecha de parcialidad en el magistrado. La afectación o no de esa imparcialidad requerida en el juzgador, constituye el parámetro que permite apreciar y determinar si se está o no en presencia de una causal de esa naturaleza. (C.S.J. Tuc., Sentencia: 32 Fecha: 13/02/1998).- Los caracteres señalados son atribuidos al instituto por la legislación procesal. Consecuentemente, no existe duda que sólo el magistrado que esté realmente incurso en alguna de las situaciones que enuncia el art. 16 ut supra referenciado podrá inhibirse para entender en un proceso del cual, según el ordenamiento legal, resulta ser su juez natural. (C.C.C.C., Sala 2, Sentencia: 390 Fecha: 24/10/1995).CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMÁN, sentencia 264/2009
ÉTICA DEL PROCESO


El principio de moralidad en el proceso civil:
La legislación debe consagrar en forma expresa y con mayor extensión que la actual, la vigencia de los principios morales dentro del proceso (Ramiro Podetti incorporaba la conclusión en el Primer Congreso de Ciencias Procesales, Córdoba 1939)
Normas de ética del proceso juridizadas
Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán: arts. 30, 31, 33, 34, 35, 42, 43, 69, 127, 265, inc. 8, 314 párrafos tercero y cuarto, 358, 365, 369.
Partes y abogados

Temeridad

Malicia

Fraude procesal

Estafa procesal

ABUSO DEL PROCESO
Los medios y recursos del proceso, deben ser utilizados conforme a los fines lícitos para los cuales se hallan instituidos.
El derecho individual ejercido en un juicio tiene como límite la coexistencia social de los derechos de los demás.
La buena fe procesal y los deberes de veracidad y plenitud deben resguardarse en todo proceso civil. En el proceso penal el deber de veracidad encuentra su quicio en el principio constitucional de que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo.
Legitimados activos para solicitar una sanción por el abuso procesal:

Las partes, el Ministerio Público y los terceros intervinientes o perjudicados,
Legitimados pasivos

Los litigantes, los auxiliares de la justicia (peritos, letrados), funcionarios judiciales y el JUEZ
Respecto a la posición del juez:

El abuso del proceso por el comportamiento estatal se enmarca en el desvío de poder, que puede provocarlo a través de medidas incorrectas e inconducentes.

También se produce cuando se permiten o facilitan dilaciones indebidas, o lo que es más grave, se incurre en demoras en el dictado de las sentencias.

La conducta abusiva de las partes se puede dar en:

a) En las medidas precautorias

b) En el período de prueba

c) En los demás actos procesales

d) En los procesos de ejecución

e) El desarrollo de la doctrina de los actos propios, como obrar abusivo

ÉTICA DEL PROCESO
FACULTADES DISCIPLINARIAS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sentencia: 449 Fecha de la Sentencia: 11/06/2007
Este Tribunal no puede soslayar, las manifestaciones del defensor volcadas en su escrito de fojas 1358/1366, que exceden el ejercicio del derecho de defensa de su asistido y trasuntan falta de respeto a la autoridad e investidura de los Magistrados de esta Corte Suprema de Justicia que intervienen en la presente causa, con motivo de los recursos presentados por la defensa. En consecuencia, corresponde apercibir al profesional mencionado, en miras a asegurar el cumplimiento de las exigencias éticas a que deben ajustarse las conductas de las partes de los letrados que la representan; cuyas expresiones no deben apartarse de los principios de lealtad, probidad y buena fe (art. 127, 4 y cc del CPP; art. 43 del CPCC).

PROCESO PENAL. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL IMPUTADO: NO DECLARAR EN CONTRA DE SÍ MISMO NO IMPLICA DERECHO A MENTIR
CAMARA PENAL Sala 5

Sentencia de fecha: 15/05/2013
DEL VOTO DE LA DRA. JUAREZ: Si bien una de las principales garantías constitucionales con las que cuenta el imputado frente a una acusación penal, es la prohibición de declarar contra si mismo o prohibición de autoincriminarse por el uso de la coerción física o moral, -art. 18 de la C.N. y 8 de la Convención Americana de derechos Humanos- . Es así, que al amparo de esta garantía el imputado, voluntariamente decide, con el debido asesoramiento y asistencia, qué información proporcionará al proceso. Es por ello, que una de las consecuencias de esta garantía es la de abstenerse de declarar sin que su silencio pueda ser valorado en su contra – art. 262 del C.P.P.T. Es por ello que se habla del derecho al silencio del imputado, pero ello en modo alguno implica que “tenga derecho a mentir”. Callar no es lo mismo que mentir. Al respecto Víctor Corvalan, (Derecho Procesal Penal. Análisis crítico del Procedimiento Penal pág. 143) nos dice: “resulta ética y políticamente inadmisible que la ley reconozca el derecho a la mentira” y que cuando decide declarar y se descubre que ha mentido esa manifestación puede ser valorado en su contra, sin afectar en nada la constitucionalidad.
PROCESO CIVIL. NO ES AGRAVIO LA RECOMENDACIÓN DE ACTUAR CON PROBIDAD
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN Sala 1

Sentencia: 141 Fecha de la Sentencia: 31/05/2012
Se observa que la decisión apelada en subsidio fue contra de una providencia que realizó una recomendación al letrado y a la sindicatura. En dicha recomendación se advirtió a la parte su deber de obrar con la debida probidad y buena fe en atención a las manifestaciones que previamente había realizado respecto a supuestas demoras en el despacho de la causa. … La recomendación realizada para lograr el cumplimiento de exigencias éticas a que deben ajustarse las conductas de las partes y de los letrados que la representan, no constituye un perjuicio que pueda ser atendido por el recurso de apelación. Al contrario, el cumplimiento de dicha carga, tiene como único objetivo que las expresiones que se vierten no se aparten de los principios de lealtad, probidad y buena fe, en la que debe desenvolverse el proceso. Por las razones expuestas, deberá rechazarse el recurso de queja por apelación denegada.
ÉTICA DE OTRAS PROFESIONES (Psicólogo) EN EL PROCESO
CAMARA PENAL - CONCEPCION Sala 1

Sentencia: 36 Fecha de la Sentencia: 17/04/2006
La referida profesional del gabinete específico del Centro Judicial referido, al habérsele impuesto en este cuaderno efectuar una pericia psicológica tanto a la víctima en autos como un psicodiagnóstico completo al imputado se inhibe de realizar la segunda labor por entender que al haber emitido opinión sobre la víctima con anterioridad, se presenta una incompatibilidad ética psicológica no siendo aconsejable delegar el diagnóstico de víctima y victimarios al mismo profesional.


DIRECCIÓN DEL PROCESO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMÁN,

sentencia 264/2009
Las facultades de los jueces de dirección y control del trámite del juicio se encuentran limitadas en el sentido de que no pueden suplir la actividad probatoria que corresponde a las partes, so pena de violentar la igualdad de las mismas en el proceso

MEDIDAS DISCIPLINARIAS: CONDUCTA DE LAS PARTES. TEMERIDAD Y MALICIA.

CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL COMÚN,

sentencia, 17/05/1989
La calificación de la conducta de las partes como temeraria o maliciosa requiere la concurrencia en forma indubitable del elemento subjetivo que revele la intención de perturbar el curso del proceso con articulaciones dilatorias o desleales. Es temerario el litigante imprudente que, con culpa grave plantea la acción o la resiste, sin medir razonablemente su comportamiento procesal. Malicioso es quien, convencido de su falta de derecho, persigue un fin ilícito o desviado de la garantía de la defensa en juicio (Fassi,"Código", t. I, p.160, num.370; LL 1986-E-182). Las sanciones tienden a evitar la utilización de maniobras que no tengan otro objeto que prolongar el pleito para no cumplir lo que es debido, oponiendo defensas manifiestamente improcedentes (ED 92-580; 89-213; LL 1980-D-642; Gozaini, "La Conducta Procesal", pág.56 y ss.).
DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS
CÁMARA DEL TRABAJO, Sala 6; sentencia 203/2010.
Logran –los actores- también probar la fecha de ingreso, categoría profesional de los actores, el informe pericial contable …, ofrecida como prueba por ambas partes. El mismo no fue impugnado por la demandada, por lo que…la pericial contable realizada es lo suficientemente clara y goza del rigor científico eficiente como para su consideración como prueba válida y eficaz a los efectos de este juicio. “Cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos y no existe otra prueba que lo desvirtúe la sana crítica aconseja aceptar el dictamen (CNCiv., Sala D, 12/05/92, ED, 149-144)”. Es decir, que el informe pericial contable, no hace más que corroborar y resaltar la flagrante violación a los deberes y obligaciones que debe observar y cumplir un buen empleador (arts.131, 140 y conc. L.C.T.), y al principio de buena fe contractual (arts. 63 y 62 LCT), e incluso a la doctrina de los actos propios, al desconocer derechos ya adquiridos por sus dependientes. Situación ésta en abierto fraude a la ley laboral, detectado y comprobado en las diferentes fechas de ingreso que dan cuenta tanto los recibos de haberes, como la documentación laboral examinada en pericial contable e informada en forma clara y precisa, no objetado ni impugnado, ello por el accionante…. “La doctrina de los actos propios es un principio general de derecho, aplicable en ausencia de otros de expresa solución para el caso que torna inoponible la conducta de un sujeto de derecho cuando es contradictoria con otra anterior, jurídicamente válida y eficaz, emanada del mismo sujeto. Es aplicable de oficio (por la regla del iura curia novit) y sus requisitos son: a) una conducta anterior y otra posterior; b) contradicción entre ambas; c) una perfecta identidad de partes; y d) que el caso no pueda subsumirse en otra institución jurídica con regulación propia.
CÁMARA CIVIL EN DOC. Y LOCACIONES Y FAMILIA Y SUCES.

Concepción, sentencia: 191/2010
El litigante no puede asumir legítimamente en el proceso actitudes diametralmente opuestas a las originarias, salvo los casos de allanamiento y desistimiento, -cual es primero reconocer la validez de la cesión y pedir su rescisión por incumplimiento, y luego decir que es nula por vicio que contribuyó a generar-, y pedir, en base a ambos supuestos la restitución del bien ya que no existe justificación admisible en la especie, donde el pretenso vicio que invoca el actor era, …plenamente conocido por éste al momento de otorgar el acto cuestionado; siendo que al respecto la doctrina y jurisprudencia concuerdan pacíficamente en cuanto a que nadie puede ir contra sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con una anterior jurídicamente relevante, puesto que el ordenamiento jurídico no puede proteger conductas contradictorias ni el comportamiento incoherente, cuando -como ocurre en la especie-, rige al respecto la autonomía de la voluntad, al no encontrarse comprometido el orden público.
NULIDAD DE SENTENCIA POR FRAUDE PROCESAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,

sentencia 337/1999
En la especie, el demandante deduce acción autónoma declarativa de impugnación de un proceso, o bien una pretensión autónoma de sentencia, declarativa, revocatoria de la cosa juzgada írrita. La misma está dirigida en contra de las resoluciones de Ia. Instancia y de IIa. Instancia, recaída en los autos caratulados: “… s/Desalojo por tenencia precaria" que se tramitaron ante el Juzgado de Documentos y Locaciones de la Ia. Nominación, por lo que solicita la acumulación a la presente acción de esos autos de desalojo. La actora basa su pretensión en que en la causa… vs. … s/ Escrituración y entrega de inmueble", se hizo lugar a la reconvención declarándose nulo el boleto de compraventa celebrado entre las partes sobre el inmueble motivo de la litis, como así también del instrumento de tenencia precaria de igual fecha, y que ese boleto fue la base del juicio de desalojo. Como cuestión conexa plantea daños y perjuicios, por el alquiler de una casa habitación y de un taller mecánico. Siendo así, y ventilándose en autos una acción de nulidad de sentencia por fraude procesal, es correcta su presentación ante el mismo juzgado en donde se tramitó la causa por desalojo, y sobre la cual se pretende ahora la declaración de nulidad. Tocante a la indemnización de daños y perjuicios que también se reclama, ello conexo con la acción de nulidad que se pretende, por lo que toda esta cuestión encuadra en las claras disposiciones del art. 7, inc. 16 del CPCC y art. 62, inc. a de la LOPJ

DELITO DE ESTAFA PROCESAL: EN GRADO DE TENTATIVA. MOMENTO CONSUMATIVO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMÁN. Sentencia 13/2007.

El reclamo judicial fundado en la falsa afirmación de un hecho como causa del daño importa una tentativa de estafa procesal, pues mediante la ejecución se intenta inducir a error al juez, víctima del engaño, aun cuando el damnificado patrimonialmente sea el demandado; y si se logra el dictado de sentencia condenatoria, el cobro será una defraudación consumada. Esto, porque el momento consumativo de la estafa procesal es idéntico a la estafa común, ya que remite a la pérdida del bien de propiedad de la víctima. Se ha dicho al respecto que “durante todo el desarrollo de ese proceso, y hasta tanto el imputado no desista de su pretensión injusta, el delito se encuentra tentado, saliendo de ese estado en el momento en que la víctima ve disminuido su peculio y no con el pronunciamiento jurisdiccional que "dice el derecho". Por ende, los actos procesales posteriores a la interposición de la demanda son parte del despliegue delictual propio de la tentativa; que no concluirá con el dictado de la sentencia condenatoria, o su firmeza, sino con el perjuicio patrimonial efectivo de la víctima. … revelan la realización de actos posteriores dirigidos a obtener el dictado de una resolución judicial errónea y perjudicial para los intereses de la aseguradora. La continuidad delictiva imputada ha persistido, cuando menos, al sostener el fallo favorable de primera instancia, y con la simultánea apelación en reclamo de la totalidad de las pretensiones esgrimidas. De allí que resulta errado sostener que con la interposición de la demanda se agotó la tentativa de estafa procesal, pues de este modo se ve soslayada la permanencia del despliegue de los medios, reflejados en la conducta procesal dirigida a provocar y/o mantener el error del juez.

JUICIO EJECUTIVO
Sobreseimiento. Art. 553 CPCCT: “Solo podrá liberar los bienes depositando el importe del capital y de lo presupuestado en concepto de actualización si correspondiera, intereses y costas, sin perjuicio de la liquidación que ulteriormente correspondiese; asimismo, una suma a favor del comprador integrada por la comisión del martillero, el sellado y el equivalente a una vez y media del monto de la seña. (…). El ejecutado no podrá requerir el sobreseimiento si el comprador hubiese depositado en pago el saldo del precio, dentro de los plazos a que se refiere el art. 542 o antes...”.

CSJT, Sentencia 823/2010. “Cabe tener en cuenta que el instituto analizado halla su base ideológica en la humanización del proceso en tanto constituye una herramienta que permite al deudor ejecutado liberar bienes ya subastados. Que se inspira en ideas socioeconómicas que procuran no perjudicar innecesariamente al deudor ni desmerecer los intereses de quien tiene derecho a cobrar su crédito. Que corresponde hacer prevalecer el interés del deudor de conservar el inmueble por sobre el del comprador en mantener lo adquirido en la subasta. Si bien no escapan a esta Corte las críticas y malos augurios iniciales al instituto, lo cierto es que “la experiencia judicial no convalidó tales vaticinios y que el presunto desmedro de la seguridad jurídica no puede juzgarse en forma aislada sino en conjunción con los restantes valores jurídicos, representados, en el caso, particularmente por la paz y la solidaridad

La cuestión ética debe ser abordada globalmente, comprendiendo a todos los que participan en la resolución de los conflictos puesto que abogados, jueces, ministerio público, auxiliares de la Justicia integramos un sistema que requiere que todos funcionen adecuada y armónicamente. No hay Justicia sin abogados, ni abogados sin jueces que escuchen y resuelvan, ni buen servicio con auxiliares convertidos en verdaderas "máquinas de impedir".

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