Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia






descargar 388.5 Kb.
títuloIniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia
página1/11
fecha de publicación31.05.2016
tamaño388.5 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Ley > Documentos
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

http://gaceta.diputados.gob.mx/gaceta/62/2012/sep/img01-20120918.jpg


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Las diputadas Martha Lucía Mícher Camarena, Amalia García Medina, Aleida Alavez Ruiz, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Julisa Mejía Guardado, Joaquina Navarrete Contreras y los diputados Agustín Miguel Alonso Raya y Fernando Belauzarán Méndez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica y adiciona la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia al tenor del siguiente:

I.-Planteamiento del Problema
El derecho de las mujeres y las niñas a vivir sin sufrir violencia es un derecho fundamental inalienable, no obstante, en México la violencia en contra de las mujeres se incrementa cada día al amparo de la actuación omisa de gobiernos y funcionarios que la permiten y toleran.

La violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación y la persistencia de desigualdades históricas por el simple hecho de ser mujeres, situaciones que han sido difíciles de revertir en tanto que persiste la resistencia a generar cambios que modifiquen el statu quo y al lento avance en el desarrollo estrategias de transformación a partir del desarrollo de un marco jurídico y esquemas de educación, prevención y sanción de las diversas expresiones de violencia de género.

A pesar de los avances legislativos en la materia, en este país todavía nos enfrentamos a grandes espectros de violencia generalizada, en el contexto social y desde las instituciones a través de leyes restrictivas, selectivas, que discriminan e impiden a las mujeres el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la salud, la educación y el desarrollo humano.

De acuerdo a la reforma de 2011 al artículo 1° Constitucional, los derechos de las mujeres contenidos en tratados internacionales que México ha ratificado son parte de la Constitución. Por esta razón todas las autoridades se encuentran obligadas a aplicar dichas normas de conformidad con los estándares internacionales de protección, entre ellos las recomendaciones emitidas por el Comité CEDAW.

A pesar de ello y de que han pasado más de treinta años desde la ratificación de la CEDAW por parte del Estado Mexicano, y de la reiteración constante de las recomendaciones de este Comité, la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, sigue siendo una asignatura pendiente. Aún con el avance legislativo en la materia, no podemos negar que en México hay autoridades que ejercen violencia en contra de las mujeres al no proteger, ni garantizar los derechos humanos, cuyo ejercicio se ve obstaculizado por estructuras, leyes y políticas que refrendan una visión androcéntrica y patriarcal que discrimina y violenta a las mujeres.

De ello dan cuenta las cifras de la violencia de género, por ejemplo la ENDIREH 2011, señala que a nivel nacional, 42 de cada 100 mujeres declararon haber recibido agresiones emocionales en algún momento de su actual o última relación, que afectan su salud mental y psicológica, mientras que 24 de cada 100 recibió algún tipo de agresión para controlar sus ingresos y el flujo de los recursos monetarios del hogar, así como cuestionamientos con respecto a la forma en que dicho ingreso se gasta.

En cuanto a la violencia física, el Estado de México tiene el porcentaje más alto de mujeres afectadas, con 15.5%, mientras que Sinaloa tiene 9.7%. La tasa nacional fue de 13.5%.
Las víctimas de violencia sexual cometida por sus propias parejas representan 7.3%. En este caso, las mujeres encuestadas declararon haber sufrido diversas formas de intimidación o dominación para tener relaciones sexuales sin su consentimiento. EL 20.6% de mujeres ocupadas y mayores de 15 años sufrieron discriminación laboral.
Según Inmujeres y el INEGI, a pesar de tener el mismo nivel y puesto que un hombre, las mujeres recibieron menos salarios y tuvieron menos oportunidad para ascender o menos prestaciones, o bien les bajaron el salario, las despidieron o no las contrataron debido a su situación conyugal, o también en su lugar de trabajo les solicitaron la prueba de embarazo.
La violencia contra la mujer frente a “los roles sociales esperados”, la ENDIREH reveló que 29.0% de las consultadas dijo estar de acuerdo en que “si hay golpes o maltrato en casa es un asunto de familia y ahí debe quedar”; 16.8% manifestó estar conforme en que “una esposa debe obedecer a su esposo o pareja en todo lo que él ordene”, y 14.7% percibe que “es obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su esposo o pareja”.
El Inegi advirtió que las tasas de violencia contra la mujer pueden ser mayores, ya que algunos estudios muestran que cuando el control sobre ellas es mayor, la subordinación y el sometimiento son más tolerados socialmente. Es decir que la “naturalización” de la violencia está tan asimilada que no es percibida como tal por las propias mujeres.
De acuerdo a los resultados de la ENDIREH 2011, de todas las mujeres de 15 años y más que alguna vez han trabajado, 14.9% declararon haber pasado por alguna de estas situaciones: les han solicitado el certificado de ingravidez como requisito para su ingreso al trabajo, o por embarazarse las han despedido, no les renovaron contrato o les bajaron el salario, no obstante que la legislación laboral lo prohíbe.

Para el caso de la violencia comunitaria, 26.2% de las mujeres solteras sufrieron algún evento durante el año previo a la entrevista; 13.2% de las separadas, y 11.8% de las casadas. En conjunto, 15.5% de todas las mujeres de 15 años y más de edad sufrieron al menos un evento de violencia comunitaria durante el último año. Considerando todos los eventos a lo largo de la vida, esta cifra se eleva a 31.8%.

En cuanto a la violencia patrimonial, que se entiende como la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la mujer, la han vivido el 3.9% de las mujeres de 15 años y más, siendo las alguna vez unidas con el porcentaje mayor (7.8%).

Insoslayables son los datos que arroja el estudio de Violencia Feminicida en México, en 2010 se registraron en el país dos mil 335 muertes de mujeres con presunción de homicidio y sociedades civiles argumentan que entre 2011 y 2012 se cometieron 563 asesinatos de mujeres de los cuales sólo 115 fueron investigados por feminicidio.

El propio Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ha afirmado que en México tenemos un promedio de 6.5 feminicidios al día. El balance general indica que 1985 a 2010 se consumaron en este país poco más de 36 mil 600 feminicidios, vidas de mujeres que fueron brutalmente cegadas; que implica en promedio 6.5 mujeres diario asesinadas en el país.

Frente a este panorama consideramos necesario realizar un balance sobre la aplicabilidad de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tal como quedó asentado en su exposición de motivos, obedeció a la necesidad de desarrollar un instrumento jurídico con perspectiva de género, que estableciera las acciones y mecanismos institucionales que brindaran a las mujeres garantías para vivir libres de violencias, aplicable en todo el territorio nacional y obligatoria para los tres niveles de gobierno, responsables de aplicar las políticas públicas necesarias para dar respuesta a las demandas de la población respetando la concurrencia legislativa que permita a las entidades federativas tomar las acciones necesarias.

En estos 7 años de vigencia y aplicación, la ley ha demostrado su pertinencia, pero también algunas deficiencias, que a la par del escrutinio al que ha sido expuesto el Estado mexicano en cuanto a las acciones para atender la violencia de género, ha dejado al descubierto omisiones y errores que han traído como consecuencia una serie de recomendaciones, por organismos internacionales, que aún están pendientes de solventar.

En ese contexto advertimos que la aplicación cotidiana de la ley ha dejado en claro la necesidad de precisar y actualizar algunos conceptos y procedimientos que facilitarían a las autoridades y las y los operadores jurídicos, tanto su comprensión desde las perspectivas de género, derechos humanos y niñez; así como, como su cabal aplicación.

II.- Argumentos que la sustentan

La aprobación y promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007, marcó un hito en la percepción social e institucional sobre el derecho a una vida libre de violencia. Colocó el tema en la dimensión de una política pública que comprendía la gravedad del problema de las violencias que se ejercen en contra de las mujeres y suscribía un compromiso de los poderes públicos para enfrentarlo.

Han transcurrido 7 años desde su entrada en vigor, período en el que ha quedado demostrado que la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia es el instrumento idóneo para lograr la concreción de las políticas públicas que garanticen dicho derecho y para fortalecer los derechos correlativos como son la libertad; la integridad; la seguridad; la honra y la dignidad de todas las mujeres del país. No obstante, lo anterior no es óbice para que la Ley no tenga un carácter dinámico y perfectible que le permita armonizar sus conceptos y actualizar sus criterios.

Las y los diputados proponentes consideramos que es fundamental contar con un marco jurídico que además de cumplir con los tratados internacionales ratificados por México, sea operativo en la aplicación de sanciones y medidas de protección para las mujeres que se encuentren en situación de riesgo o peligro.

De la misma manera creemos que estas reformas son necesarias para que aquellas prácticas jurídicas y consuetudinarias que respalden la persistencia o tolerancia de la violencia contra las mujeres, sean erradicadas, dando paso al verdadero acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Con esta iniciativa estamos, en algunos casos habilitando y en otros fortaleciendo las capacidades de las autoridades para que vigilen el eficaz cumplimiento de los programas de atención y prevención de la violencia contra las mujeres, como complemento de la labor legislativa, que además en el entorno de nuestro federalismo deberá de aplicarse en todas las entidades federativas.

Las modificaciones que se plantean, enriquecen ampliamente el contenido de la Ley, lo cual facilita y promueve el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias, pero sobretodo se inserta en el ámbito del principio de progresividad de los derechos humanos correlativo a la función legislativa.

Es importante destacar que la iniciativa fue abonada con las propuestas que se formularon en el marco del proceso de consulta se llevó a cabo en torno a la Iniciativa a la Ley General de Acceso a una Vida libre de Violencia, presentada el 15 de diciembre de 2014.

A continuación hacemos una breve descripción de las particularidades de la iniciativa que nos parece, representan un significativo avance para la concreción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

Se provee de contenido normativo a una serie de manifestaciones cotidianas de la violencia, que hoy en día han cobrado mayor visibilidad gracias a algunos estudios de medición de la violencia contra las mujeres, como la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. Ciertamente la incorporación de los conceptos de violencia obstétrica; violencia económica; violencia contra los derechos sexuales y reproductivos; violencia feminicida; violencia política y violencia cibernética, como expresiones de la violencia contra las mujeres contribuye directamente a fijar la atención de las autoridades competentes para que desarrollen políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de acuerdo con las características de cada uno de los tipos de violencia que prevé la Ley.

Se incluye del concepto de violencia en el noviazgo con el objetivo de visibilizar y sobre todo poner énfasis en el tema de la violencia entre adolescentes pues datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, la cual señala que 46.1% del total de mujeres encuestadas de 15 años y más, sufrieron algún incidente de violencia de pareja a lo largo de su actual o última relación conyugal. El porcentaje fluctúa entre 56.9% en el Estado de México y 29.8% en Chiapas. El 42.4% de las mujeres de 15 años y más, declaró haber recibido agresiones emocionales en algún momento de su actual o última relación.

Proponemos algunas adiciones a la Ley orientadas a generan obligaciones para los poderes legislativos en cuanto a los principios y criterios que deben asumir en el ejercicio de su función legislativa, con la reforma planteada se fortalece la transversalidad de la perspectiva de género y se favorece el tránsito hacia parlamentos sensibles al género, tal como lo ha sugerido la Unión Interparlamentaria. De esta manera se habilita a los poderes legislativos como vigilantes de los principios rectores establecidos en la Constitución como lo son: el principio de igualdad y no discriminación; el principio pro persona; el de interpretación conforme universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; el interés superior de la niñez; la igualdad entre hombres y mujeres, así como el libre desarrollo de la personalidad, entre otros.

Consideramos que las modificaciones planteadas actualizan la intención del propio Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD 2013-2018)1 cuando afirma que: "Es inconcebible aspirar a llevar a México hacia su máximo potencial cuando más de la mitad de su población se enfrenta a brechas de género en todos los ámbitos. Éste es el primer Plan Nacional de Desarrollo que incorpora una perspectiva de género como principio esencial. Es decir, que contempla la necesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación."

La iniciativa comprende también, entre otras cuestiones, una serie de previsiones que generan un impulso legislativo en pro del desarrollo de marcos normativos y de la institucionalización de políticas públicas de prevención específicas para cada tipo de violencia, lo cual es congruente con las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), en sus observaciones al 7º. y 8º. informe consolidado de México (2012)2.

14.- c) Acelerar sus esfuerzos para armonizar de manera coherente, entre otras cosas, su legislación penal, procesal y civil con la Ley General o las leyes locales sobre el acceso de la mujer a una vida libre de violencia y con la Convención;

De igual manera contemple la obligación de realizar investigaciones y diagnósticos sociales y antropológicos que permitan visibilizar las causas, factores de riesgo y daños que produce la violencia en contra de las mujeres. Así como el diseño de programas dirigidos a disminuir los factores estructurales de violencia en las regiones de mayor incidencia de los delitos cometidos contra las mujeres por razones de género, tal como lo refiere el propio Comité de la CEDAW:3

“12.- d) Adoptar todas las medidas necesarias para establecer un sistema estándar para la reunión periódica de datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer, desglosados según el tipo de violencia y las circunstancias en que se cometió el acto de violencia, que incluya información sobre los autores y las víctimas de estos actos y la relación entre ellos.”

Establece la obligación institucional para desarrollar estrategias de intervención sociológica, educativa y cultural para la construcción de identidades de género, basada en valores de respeto e igualdad sustantiva para disminuir relaciones asimétricas entre los géneros. Y de la misma manera, estimamos oportuno que se fortalezca la obligación para que la actualización y profesionalización de las y los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno sea permanente e idónea para facilitarles la identificación de probables víctimas, brindarles protección y asistencia. En este mismo sentido se ha pronunciado el Comité de la CEDAW4 quien ha recomendado al Estado mexicano:

“12.- c) Impartir capacitación sistemática en materia de derechos humanos, en particular sobre los derechos de la mujer, a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a las fuerzas del ejército y la armada que participan en operaciones en el contexto de la estrategia de seguridad pública y establecer y hacer cumplir un código estricto de conducta a fin de garantizar de modo efectivo el respeto de los derechos humanos;

Con esta iniciativa se subsanan las omisiones que no permitían identificar aquellas circunstancias que agravan la conducta delictiva cuando se cometen en contra de las mujeres y niñas por razones de género. En ese sentido consideramos un acierto el que la iniciativa prevea de manera enunciativa aquellas circunstancias o actos que deberán considerarse como agravantes cuando se trate de delitos en materia de violencia en contra de las mujeres, entre los que señalan: la magnitud y crueldad de los daños causados a la víctima; la relación de confianza, afectiva, de poder o subordinación; la existencia de violencia sexual; la destrucción o sustracción de bienes indispensables para la supervivencia; la sustracción de hijas e hijos como métodos de coacción para someter la voluntad de la madre; el estado de orfandad de hijas e hijos y de dependientes económicos; el abuso de poder del sujeto activo cuando tiene la condición de garante alimentario y las condiciones de mayor vulnerabilidad.

Así mismo, en el marco del principio constitucional de progresividad, se prevé la obligatoriedad para que los poderes legislativos adecuen los tipos penales vinculados con la violencia contra las mujeres a los términos descritos en el apartado de tipos y modalidades de violencia.

Las propuestas que obligan a los poderes legislativos a: identificar y establecer, conforme al principio de proporcionalidad, las conductas delictivas que se persiguen de oficio; prohíben la conciliación o el otorgamiento del perdón entre la víctima y la persona agresora; tipifican las conductas que no estén consideradas como delitos y establecen sanciones proporcionales para las funcionarias o funcionarios públicos que por dolo o negligencia retarden o entorpezcan la procuración o administración de justicia, son acordes con lo ha externado el Comité de la CEDAW:5

“14.-e) Poner en práctica mecanismos para supervisar y sancionar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los del poder judicial, que discriminan a las mujeres y que se niegan a aplicar la legislación que protege los derechos de la mujer.”

Con esta iniciativa se visibiliza y da contenido normativo a la violencia obstétrica y a la violación de los derechos de las mujeres en los servicios de salud. En los últimos años se ha acrecentado en nuestro país el fenómeno de la violencia obstétrica, ejemplificado principalmente por el número creciente de cesáreas innecesarias y por el uso abusivo de fórceps, entre otros; por un trato irrespetuoso a las mujeres; por negarles atención médica y los servicios de salud durante el embarazo y el parto; por el hecho de excluir a la mujer de las decisiones que atañen a su parto entre otros.

Por ello creemos que es importante que el instrumento, garantice a las mujeres el derecho a una vida libre de violencias e incluya entre sus competencias la atención al tema de la violencia obstétrica y de esta manera se favorezca la cultura del parto humanizado como un proceso en el cual, las mujeres, contando con la información necesaria, participen activamente en las decisiones correspondientes, garantizándose en todo momento su seguridad y la del producto.

Asimismo, conscientes del papel estratégico que juegan la figura de las órdenes de protección, en la salvaguarda de la vida de mujeres en riesgo, nos avocamos también a mejorar el procedimiento para que las órdenes de protección sean eficientes y oportunas, de manera que sean una herramienta de fácil acceso para las mujeres víctimas de violencia, lo cual está contenido en el Título V, Capítulo Único.

En cuanto a las modificaciones en torno a la alerta por violencia contra las mujeres, las y los diputados proponentes consideramos oportuno plantear una reestructuración del mecanismo para darle mayor eficacia de tal manera que los artículos del 43 al 60 contemplan cambios en la regulación de este mecanismo en cuanto a las atribuciones y obligaciones del Poder Ejecutivo Federal, y las bases de coordinación entre éste, las entidades federativas y los municipios, para su ejecución.

Las modificaciones al mecanismo de alerta por violencia de género, también atienden las recomendaciones del Comité de la CEDAW dentro del ámbito de preocupación que se refiere a la Violencia contra las mujeres y el feminicidio6 y ante lo cual le exhorta al Estado parte a:

“a) Revisar los mecanismos nacionales existentes para abordar la violencia contra la mujer con miras a simplificar los procesos y mejorar la coordinación entre sus miembros y fortalecer su capacidad, a nivel federal, estatal y municipal, proporcionando recursos humanos, técnicos y financieros suficientes, para aumentar su eficacia en la ejecución de su mandato general para prevenir, tratar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer;

b) Con urgencia abordar los obstáculos que limitan la activación del mecanismo de alerta de género.”

La iniciativa plantea también las reglas generales para la creación y operación de Centros de Justicia para las Mujeres, así como refugios, que prestan a las mujeres servicios integrales, especializados y gratuitos, así como la garantía para su suficiencia presupuestaria.

Finalmente cabe precisar que el contenido esencial de esta reforma descansa en el reconocimiento de que toda mujer que viva o transite por el territorio nacional tiene derecho a vivir sin violencia, en un ambiente de seguridad que le permita su desarrollo en todos los ámbitos; y a que las autoridades cumplan con su obligación de velar por sus derechos fundamentales
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia iconIniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona Diversas...

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia iconDictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales y de...

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia iconIniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona...

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia iconIniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo...

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia iconQue reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la constitución...

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia iconQue reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley general de...

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia iconQue reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley de aeropuertos,...

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia iconDecreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas,...

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia iconSinopsis proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones...

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia iconQue reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley del...






© 2015
contactos
ley.exam-10.com