18 de agosto de 2008 Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de España Palacio de la Moncloa 28071 madrid






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18 de agosto de 2008



Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de España

Palacio de la Moncloa

28071 MADRID



Excmo. Sr. D. José Luis Rodríguez Zapatero:
El que suscribe, Antonio Blánquez Corral, con D.N.I.: **.***.***, cuyos demás datos de identificación y domicilio se reflejan más adelante y en una separata específica para esa Presidencia, como ciudadano español, respetuosamente se dirige a V.E., mediante esta CARTA ABIERTA, a fin de ponerle de manifiesto lo siguiente:
1. El pasado 8 de abril de 2008, a través de Televisión Española tuve ocasión de oír la alocución que V.E. dirigió al Congreso de los Diputados en la sesión de investidura como Presidente del Gobierno y, entre otras manifestaciones de V.E., quedé impresionado, emocionado y sorprendido sobremanera, cuando, quizás en distinto orden, V.E., dijo:


  • Mi idea de España es la de un país que supera unido las dificultades, una sociedad que no abandona a nadie en el infortunio. No, señorías, no habrá recortes en derechos sociales: al contrario, seguiremos ampliando derechos y políticas sociales.




  • Es sabido que ante coyunturas económicas adversas existen dos caminos: uno busca la salida en los recortes sociales; otro en la solidaridad. Creo resueltamente en el segundo camino.




  • Presentaré a la Cámara una ley integral de igualdad de trato, que elimine la discriminación en todos los ámbitos y por cualquier motivo.




  • Acabemos, señorías, con la discriminación por la orientación sexual. Integremos plenamente a las personas con discapacidad para verlas por fin trabajando y viviendo con normalidad. Erradiquemos cualquier discriminación por razones religiosas o de ideología. Añadamos esta Ley de Igualdad de Trato a las leyes ya aprobadas de Igualdad entre hombres y mujeres y Contra la violencia de género, que han situado a España en la vanguardia internacional en derechos.




  • Mi idea de España es también la de un país en que izquierda y derecha pueden impulsar juntas avances en derechos y libertades. Les espero.


Permítame V.E., en primer lugar, que le felicite por el reconocimiento público y expreso del Estado Social y Democrático de Derecho que proclama en su artículo primero la Constitución española de 1978. cuyos valores comparto y he dedicado la mayor parte de mi vida a su defensa y cumplimiento, tal como tengo obligación de hacer en mi condición de funcionario público.
2. Esas concretas manifestaciones de V.E., al mismo tiempo, me produjeron un considerable impacto, por su doble efecto de dolor y esperanza:


  • Dolor, porque, como referiré más adelante, como ciudadano, como funcionario, como incapacitado laboral y como discapacitado sensorial, me hallo abandonado en el infortunio, quebrada mi salud, expoliado de mis derechos laborales y sociales, con la agravante de que ese infortunio se me ha provocado desde una Administración Pública (la Universidad de Jaén), en forma de accidente de trabajo (mobbing, acoso laboral o psicoterrorismo, según reconocía ya la primera de tres sentencias firmes de otros tantos órganos judiciales). Esa violencia, además, ha sido ejercida por personas que deberían cumplir la ley y hallarse en sintonía política con el Presidente del Gobierno y responsable del partido político que mereció el respaldo electoral de la mayoría de los ciudadanos, pero en la práctica han hecho justo lo contrario y su actuación violenta carece de cualquier interés social, siendo perjudicial para todos.




  • Esperanza, porque después de haber recorrido diversos caminos del derecho y de la razón, después de haber llamado a las puertas de las instituciones que podrían y deberían haber actuado en mi auxilio, sin obtener una respuesta adecuada, hoy, el infortunio que me aqueja, quizás sólo pueda mitigarse haciendo realidad el compromiso de V.E. ante el Congreso de los Diputados, mediante el traslado de la manifestación de su voluntad política a las autoridades y funcionarios dependientes de la Presidencia del Gobierno, para que se corrijan los errores producidos, se eviten nuevos atropellos y se reconduzcan los pasos de las Administraciones implicadas hacia la normalidad que garantiza la Constitución y usted proclama; lo cual puede parecer una tarea complicada, pero existiendo esa voluntad política de resolver conforme a derecho, seguro que será posible. pues al día de hoy, aún habiendo sido apartados los violentos de sus puestos, por la fuerza de la razón manifestada en las urnas (2007), permanecen con toda su crudeza los efectos y secuelas que dejaron en quien subscribe, mientras que los ya ex-dirigentes siguen interfiriendo todavía en los procesos judiciales o posibles acuerdos extrajudiciales que, con algo de dignidad, pudieran poner fin a tan degradantes actuaciones, liberando al mismo tiempo a la Universidad de Jaén de los ominosos baldones que aquellos le dejaron.


Puede parecer demasiado tiempo el tardado en dirigirme a V.E., pero no me ha resultado fácil hacerlo antes, por el estado en que me hallo, pues para llegar hasta aquí he necesitado ayuda de terceros y por otra parte estaba lejos de mi voluntad perturbar las importantes ocupaciones que pesan sobre V.E., y si finalmente ahora lo hago es sólo por alimentar la esperanza de que a través de los correspondientes Departamentos y Organismos del Estado, bajo su Alta Dirección, se canalicen las actuaciones necesarias para acabar con esta pesadilla que todavía me mantiene en tratamiento médico, por los efectos cronificados del estrés postraumático sufrido años atrás.

3. El abajo firmante, es un funcionario del grupo “A” (de dos Escalas Técnicas de Administración, las de las Universidades de Barcelona y Granada), del grupo “B” (Cuerpo General de Gestión de la Administración del Estado) y del grupo “C” (Escala Administrativa de Organismos Autónomos), que durante 29 años, 3 meses y 17 días ha servido a la sociedad desde las citadas Universidades y a la de Jaén, desde que se creó en 1993 hasta 2004, en que bruscamente se interrumpió su vida profesional a los 50 años.
No obstante padecer una discapacidad física sensorial (hipovisión), de carácter congénito que en su momento le sirvió la clasificación de “inútil” y le excluyó del contingente para el servicio militar obligatorio, la misma no fue evaluada ni alegada nunca por el interesado, antes de 2003, en ninguna situación, ni en los cuatro procesos selectivos superados (dos de ellos por turno libre: en 1975 y 1987) y siempre compitió en igualdad de condiciones con los demás candidatos en todo concurso y oposición, teniendo la suerte de poder hacer realidad el lema que ahora utiliza públicamente una importante empresa: “la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que forman parte de ella”. En 2003 al ser evaluada, se le reconoció un grado de discapacidad del 79%, por el Órgano Oficial competente de la Consejería de Bienestar de la Junta de Andalucía.
Académicamente alcanzó los grados de Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona (1979) y Doctor en Derecho por la Universidad de Granada (1996).
Durante los casi treinta años de servicio no recibió ninguna amonestación ni tuvo anotación desfavorable alguna en su expediente personal, recibiendo por el contrario distintas menciones de reconocimiento; participó activamente en cuantas actividades le fueron encomendadas y, el 30/09/2004, tenía consolidado el grado personal de nivel 29, al ser declarado “inválido permanente” a causa del accidente de trabajo sufrido en la Universidad de Jaén.

4. En la Universidad de Granada, entre 1990 y 1993, tuvo responsabilidades académico administrativas de tipo medio (Vicegerente del Campus de Jaén) con la misión colectiva, llevada a buen término con mención del Consejo de Universidades del Estado, de poner en funcionamiento la Universidad de Jaén (creada por el Parlamento de Andalucía en 1993), siendo en la nueva institución, una vez iniciada su actividad, donde, por un grupo reducido de personas, se desarrollaron contra él los episodios de acoso moral que, en 2001, dieron lugar a su primera baja laboral después de veinticinco años de servicio y donde finalmente se interrumpió su carrera profesional al pasar a la situación de incapacidad permanente a causa de Accidente de Trabajo, derivado de un cúmulo de situaciones incomprensibles y solamente imaginables desde una perspectiva de violencia.
“Resulta muy difícil para el que sufre acoso moral en el trabajo situar con precisión el momento a partir del cual se empieza a considerar acosado. Sin darse cuenta, de repente, se ve sometido a unas presiones de hostigamiento psicológico siendo la primera sensación que experimenta de estupor e incomprensión, al no ser capaz de entender para nada el porqué de la situación en la que se encuentra inmerso, ya que razonablemente no puede asociar el proceder de que es víctima con un hecho puntual anterior que lo justifique mínimamente (Jesús R. Toledano Toledano, Facultativo CNP y Profesor del Master en Criminalística, Consejo en Ciencias Forenses, EPSI-UAB)”.
4.1. El accidente de trabajo, se declara mediante Sentencia NÚM. 204, de 10 de mayo de 2002, del Juzgado de lo Social, número 4 de Jaén, por la que se condena a la Universidad de Jaén, a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales, Fremap, al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la Tesorería General de la Seguridad Social, a estar y pasar por la declaración de accidente de trabajo para la incapacidad sufrida por el demandante. Con posterioridad sería ratificada por Sentencia número 1354/03, de 29 de abril del 2003 de la SECCIÓN SEGUNDA de la Sala de lo Social del T.S.J. de Andalucía, y nuevamente la Sentencia NÚM. 141/04, de 25 de marzo de 2004, del Juzgado de lo Social, número 3 de Jaén, reconoce la continuidad del accidente de trabajo causado en 2001 y reconocido en las Sentencias anteriores.
4.2. En la Sentencia de 10 de mayo de 2002, se recoge el siguiente fundamento jurídico:
CUARTO: En lo que concierne a la actuación mantenida por la Universidad de Jaén con respecto al actor, y que se refleja en los hechos probados tercero a decimotercero, ambos inclusive, así como en los numerosos escritos aportados por los litigantes, al ser apreciados en su conjunto y con la proximidad temporal en que los mismos se han producido obligan a reconocer que dichos comportamiento se ajustan plenamente a la definición de "mobbing", que (En castellano, se podría traducir dicho termino como “psicoterror laboral” u “hostigamiento psicológico en el trabajo”), según entiende la N.T.P. 476 (El hostigamiento psicológico en el trabajo: mobbing) del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, que la define como: "la situación en que una persona o grupo de personas ejercen una violencia psicológica extrema (en una o más de las 45 formas o comportamientos descritos por el Leymann Inventory of Psychological Terrorization, LIPT), de forma sistemática (al menos una vez por semana), durante un tiempo prolongado (más de 6 meses), sobre otra persona en el lugar de trabajo, según definición de H. Leymann".”
4.3. En la posterior Sentencia del TSJA de 29-04-2003, se concluye que “la enfermedad padecida por el actor deviene como consecuencia del trabajo, dado el entorno laboral [de violencia] (al que no se ha adaptado), objetivamente considerado, sentido por el trabajador...”.

5. El pronunciamiento de las tres Sentencias condenatorias de la Universidad de Jaén, por el accidente causado a quien subscribe, lejos de corregir las conductas de los directivos responsables, les enrabiaron y les hicieron aumentar la presión violenta, aumentando el daño físico, psíquico y moral del funcionario, hasta poner fin a su carrera profesional, bajo los planteamientos que se recogen en el “informe en materia de responsabilidad patrimonial” de 28 de junio de 2004, compendio de insidias, elaborado por el Servicio Jurídico de la Universidad de Jaén, donde, entre otros argumentos, puede leerse con claridad lo que podría ser la clave de todo el acoso:
“[La invalidez del Sr. Blánquez] lo sería para su puesto en la Universidad de Jaén y no en otras, ya que eliminado el supuesto causante de su enfermedad y fuera del ambiente hostil que alega, desaparecería la situación de incapacidad, por lo que estaría capacitado para desarrollar sus aptitudes en otro ambiente de trabajo y por supuesto podría desempeñar otras actividades más livianas y sedentarias, por lo que no procedería la declaración de una incapacidad permanente total para su profesión habitual y menos aún absoluta para toda profesión u oficio”.
En ése párrafo se resume el único objetivo comprensible de la acción violenta desarrollada durante años:
Como el funcionario lo es también de otras Universidades, que se vaya, al fin y al cabo no es de aquí, que se busque la vida en otro sitio.
5.1. Como puede verse, se propone (y lo que es peor prospera) sancionar el hecho de ser funcionario de otras Administraciones, quebrantar el derecho fundamental a elegir el lugar de residencia y conculcar brutalmente los derechos fundamentales del ciudadano como persona y los del funcionario, atacando a su integridad protegida en el artículo 15 de la Constitución, omitiendo expresamente que el objetivo de semejantes propuestas es además un discapacitado, lo cual seguramente es un acicate más de la crueldad y ensañamiento con la que se promueve la marginación y discriminación. Se ha consumado el trato degradante e inhumano; así de sencillo Sr. Presidente, en la España que usted y yo creemos, en un país que supera unido las dificultades, una sociedad que no abandona a nadie en el infortunio, quien subscribe, cumpliendo con su deber, trabajando y cotizando a la seguridad social, ha sido humillado, maltratado psíquica y físicamente y ha sido privado totalmente de su trabajo habitual y expoliado de sus derechos pasivos, por el puro placer y capricho de otros ciudadanos, que han costeado su orgía con fondos públicos.
5.2. Al pasar a la situación de pensionista, el día 1 de octubre de 2004, comencé a cobrar 38 céntimos de euro por cada euro que cobraba el día anterior cuando me hallaba en activo y eso tampoco es lo que dice la ley, ni eso se corresponde con las cotizaciones realizadas durante casi treinta años; quienes iniciaron la labor de acoso no se conformaron con la mera expulsión de una Administración Pública convertida en “su particular” reino de taifa, sino que prolongaron su persecución, hasta el ensañamiento, comprometiendo incluso a miembros de otros poderes del Estado, como la Administración de Justicia, hasta límites insospechados que me han empujado a la desesperación hasta el punto de poner mi vida en peligro.
5.3. Para satisfacción de los acosadores, acuciado por la quiebra económica que me supuso la súbita reducción de ingresos a casi un tercio, una vez destruido mi prestigio profesional y entorno social, en junio de 2005, vendí la vivienda en que había residido en los últimos 25 años y tenía totalmente pagada, levantando mi residencia de la ciudad de Jaén, sin que hasta el día de hoy haya podido normalizar otro domicilio familiar ni entorno social en lugar alguno a pesar de haber adquirido un piso con hipoteca en otra ciudad diferente.

6. Las tres sentencias condenatorias de la Universidad de Jaén, no produjeron ningún efecto corrector sobre ninguno de los dirigentes causantes del daño (básicamente el Gerente y el Rector) y los efectos sobre el damnificado se diversificaron en tres ámbitos: un expediente de incapacitación tramitado ante el INSS, un expediente del INSS sancionador de la Universidad por falta de medidas de seguridad y un procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial instado por el damnificado ante la Universidad.
6.1. El expediente de incapacitación, acabó en una resolución del INSS, declarando la existencia de un accidente de trabajo con resultado de incapacidad total para el trabajo habitual del abajo firmante, lo que teóricamente le permitiría “trabajar” en otro sitio, según el planteamiento de los acosadores referido en el apartado anterior, sin tener en cuenta la gravedad de las secuelas derivadas del accidente de trabajo que, aún al día de hoy, requieren de tratamiento farmacológico y asistencia médica, ni considerar en modo alguno, ni citar siquiera que el accidente había recaído sobre una persona con discapacidad del 79 % que es la que padece el funcionario, con lo que eso supone de trato degradante y vejatorio.
A instancia del abajo firmante, ese expediente fue impugnado en vía jurisdiccional, donde se pone de manifiesto la feroz oposición de la Mutua FREMAP, que para pagar lo mínimo de pensión aporta informes de la vida privada del abajo firmante, elaborados por una empresa de detectives, incluso dentro de la propia casa del funcionario a la que accedieron con engaños, con videos en los que no se aprecia ninguna irregularidad y por el contrario confirman la situación de “infortunio” en que se había sumido al perseguido, de quien además aportan informes médicos manipulados e incluso uno de contenido falso, firmado por un supuesto facultativo que jamás visitó al funcionario.
La Magistrada de turno, sin tener en cuenta la condición de discapacitado, ni los informes médicos aportados, ni la certificación de pertenencia a la ONCE con los correspondientes informes médicos, se permite al mismo tiempo incorporar en la Sentencia un retruécano burlesco y vejatorio, al decir que en el ojo derecho no tiene las mismas afecciones que en el izquierdo (la realidad es que en el ojo izquierdo mantiene un resto de visión y en el derecho carece de ella desde hace años), ratifica la declaración de “incapacidad total para el trabajo habitual”, con lo que la pensión a pagar por la Mutua FREMAP, se reduce al 55 % de la base reguladora, con un flagrante expolio de los derechos pasivos del funcionario. No debe ser casualidad que esa misma Magistrada haya sido públicamente denunciada en los medios de comunicación por su proclividad a favorecer a las Mutuas en sus sentencias y por otras irregularidades.
6.2. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, aplicando las resoluciones judiciales firmes, derivadas de las tres Sentencias judiciales ya referidas, impuso a la Universidad de Jaén la obligación denominada “recargo de prestaciones” a favor del accidentado, en la cuantía de un 30%, por haber descuidado sus directivos y, en este caso, acosadores, las medidas de seguridad a que les obliga la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, siendo tal obligación intransferible a compañías aseguradoras o entidades colaboradoras y teniendo carácter indemnizatorio para el accidentado.

Ante esta situación, los ya ex-directivos de la Universidad de Jaén, en vez de cumplir entonces la Resolución, presentaron una demanda contra el INSS y contra el beneficiario de la indemnización, el acosado, con peregrinos argumentos que, curiosamente, se resuelven favorablemente a la Universidad, mediante sentencia jurídicamente insostenible también. ¿Cómo es posible? La demanda “fue a caer por reparto” a la jurisdicción del Juzgado, cuya titular, en ese justo momento, era la cónyuge de un profesor de la Universidad de Jaén, quien, a su vez, era miembro de pleno derecho (y plena obligación) del órgano colegiado universitario que tenía la competencia de conocer sobre las medidas de prevención, cuya falta había causado la sanción del INSS; seguro que ya se ha dado usted cuenta de que el cónyuge juez tiene la obligación de abstenerse de conocer del asunto por evidente razón de un parentesco tan próximo, pero no lo hizo...

Por “si acaso se le había pasado”, al cónyuge-juez se le advierte de su deber jurídico de abstenerse, por razón de que el cónyuge-profesor-cargo estaba directamente vinculado con el asunto.

La Magistrada no se abstiene, ni siquiera cita el “incidente” en la Sentencia que “naturalmente quita la multa” a la institución que remunera a su sociedad conyugal con unos tres mil euros mensuales en emolumentos de su esposo.

6.3. El abajo firmante presentó ante la Universidad de Jaén una reclamación patrimonial que sólo le sirvió para cosechar más insultos e improperios, recogidos entre otros documentos en el ya citado Informe de 28 de junio de 2004.

Como la reclamación fue desestimada en vía administrativa, se presentó la correspondiente demanda en vía jurisdiccional, pendiente de resolución al día de hoy y cuya deriva procesal es altamente preocupante, según se refiere más adelante en 7.2.

7. Al día de hoy, las tres sentencias judiciales firmes que reconocieron el accidente de trabajo, han sido reducidas a la mínima expresión en sus efectos, neutralizadas, amortiguadas o anuladas por la vía de hecho, es decir burladas, mediante las distintas actuaciones de los ya ex-dirigentes de la Universidad de Jaén que causaron el daño y que en todo momento se jactaron de su capacidad para persuadir a los órganos de poder del Estado en sus distintos ámbitos territoriales e institucionales, lo cual han demostrado, habiendo logrado la impunidad más absoluta tras haber causado un enorme infortunio a quien subscribe (y a otras personas).

7.1. Las Sentencias dictadas por los Juzgados de lo Social en cuanto a la incapacidad otorgada al compareciente y sobre el recargo de prestaciones, fueron recurridas por el abajo firmante ante el TSJA, desestimándose en ambos casos los recursos en una rocambolesca truculencia, en la que determinados errores de fechas delatan el corporativismo y autoblindaje de los órganos jurisdiccionales actuantes, dándose el caso de que una de las Magistradas de instancia, en uno de esos recursos, llegó a formar Sala en el TSJA al que había ascendido en el intervalo de tiempo de la tramitación, ésta tampoco se abstuvo.

A pesar de la flagrante vulneración de normas procesales y legislación ordinaria, el Tribunal Supremo no admitió a trámite el recurso de casación para unificación de doctrina en ninguno de ambos casos, consumando la iniquidad.

Ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sección 007, a instancia del abajo firmante se tramita en la actualidad Recurso contencioso administrativo número 002/0000238/2008, contra el Consejo General del Poder Judicial, por su inhibición ante la falta disciplinaria en que incurrió la Magistrada “que le quitó la multa” de recargo de prestaciones a la Universidad de Jaén para la que trabajaba su marido, según se ha referido en 6.2.

Todavía cabe iniciar procesos penales, pero ni la salud ni la economía de quien subscribe están en condiciones de afrontar en solitario unos procedimientos que, en caso de que interesen a la sociedad, deberían abordarse de oficio por la Fiscalía o impulsarse por asociaciones cívicas la acción popular, en cuyo caso éste aportaría toda la colaboración que le fuera requerida.

7.2. La demanda por responsabilidad patrimonial que se presentó en su momento ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y en contra de la norma procesal aplicable derivó a un ámbito judicial local, cuya tramitación se ha mantenido en suspenso a instancias de esta parte, mientras que se resolvían los demás procedimientos relacionados con el motivo del que trae su causa: el acoso moral o mobbing y se ha visto reactivada recientemente, en una situación preocupante por tramitarse ante un órgano incompetente por razón de la cuantía, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Jaén, y porque dicho órgano dio muestras manifiestas de parcialidad en el asunto tramitado en autos 342/00, en que aplicó una Ley derogada para inadmitirlo, dando cobertura a la estrategia procesal de la Universidad de Jaén para mantener su impunidad en el asunto que se planteaba, el primero del proceso de acoso. La aplicación de la Ley derogada fue luego reconocida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, aunque no pudieron evitarse los efectos.

Los temores actuales ante la parcialidad de este órgano, se confirman con las últimas actuaciones en el recurso 563/2005, que vulneran el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del abajo firmante al estar conduciendo el procedimiento hacia una vía de indefensión que vendría a culminar los atropellos iniciados por los ya ex-dirigentes de la Universidad de Jaén que según parece siguen utilizando su jactanciosa capacidad persuasoria sobre los órganos de los poderes del Estado.

Contra esas actuaciones vulneradoras del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva el abajo firmante ha presentado escrito de “invocación formal del derecho fundamental vulnerado” con fecha 31 de julio de 2008 y precisaría que el Estado le garantice la imparcialidad de las actuaciones que se tengan que llevar a cabo.

8. Sr. Presidente del Gobierno: la acumulación de graves irregularidades que provocaron mi infortunio, causadas en origen por ex-directivos de la Universidad de Jaén y reforzadas en su caso por otras instancias institucionales, para cuya corrección ahora SOLICITO la intervención de V.E., podrían abordarse, en la parte que a cada Departamento le competa, por la acción coordinada, simultánea o alternativa, de los distintos Ministerios de su Gobierno o por cualquier otro Órgano, público o privado, que V.E., considere adecuado para permitir que este ciudadano recupere la mayor parte posible de lo que le ha sido expoliado: salud, dignidad y utilidad a la sociedad, así como se le compense lo que corresponda en justicia por el daño sufrido y por los derechos legítimamente adquiridos.

En cualquier caso, quien subscribe queda a disposición de V.E. y de quien en cada caso se estime adecuado, para facilitar las tareas de quienes las desarrollen, aclarando lo que se dice en este escrito o aportando los documentos o referencias justificativas de su contenido, algunas de las cuales se facilitan ya en la separata específica para esa Presidencia o se acompañan a la misma.

A modo de reflexión final:

Aunque ya sabemos que la violencia no tiene porqués, pues se basa en y se retroalimenta con la mera violencia [CORSI, J. y PEYRÚ G.M. Violencias Sociales. Ariel - Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. Barcelona, 2003 (especialmente el capítulo 5, Violencia en el Trabajo..., de Diana Scialpi)], .sólo cabe preguntarse:
¿y todo éso, para qué? ¿para amedrentar a un colectivo? ¿o simplemente para mantener alta la autoestima del violento? ése valor (su autoestima) fue el que reivindicó el ex-Gerente de la Universidad de Jaén, en una carta pública durante la última campaña electoral que en 2007 perdieron los dirigentes acosadores, quienes tuvieron que abandonar los puestos desde los que perpetraron sus tropelías, pero, además de marcar las vidas que torcieron a personas concretas, dejaron el rastro de su acción violenta en los archivos documentales de la institución y en las hemerotecas, donde se refleja la proyección pública de su actividad, más allá de lo actuado contra el abajo firmante y otros miembros de la comunidad universitaria.
Sr. Presidente, le ruego que me disculpe tan extenso relato, cuya preparación me ha supuesto un enorme esfuerzo y recabar ayuda de otros, lo que no rebaja el dolor que me supone avivar el recuerdo de lo que no puedo olvidar, pero al mismo tiempo le reitero mi gratitud por sus palabras al Congreso que también avivaron en mí una esperanza, ya casi apagada, por lo que anticipadamente le agradezco las actuaciones que pudiera llevar a cabo o impulsar para salvar de este naufragio cuanto sea posible y, desde luego, cuente V.E. con mi solidaridad para con quienes padecen otros infortunios.


Antonio Blánquez Corral


Nota: Con la misma fecha de esta carta abierta, se elabora una “separata” con más datos personales del firmante y con especificaciones para la Presidencia del Gobierno relativas a algunas situaciones descritas.

Comentario de actualización a 25/03/2009:
La anterior “carta abierta”, fue contestada con fecha 22 de octubre de 2008, por el Director del Gabinete del Presidente del Gobierno, en términos de extrema cortesía y comprensión, sin embargo se eleude entrar a considerar cuestiones concretas y concluye del siguiente modo:
Por lo anteriormente indicado, y de acuerdo con la información que nos facilita en su escrito, debo indicarle que, si usted considera que la situación vulnera derechos o intereses legítimos, o que las sentencias recaídas hasta el momento no resuelven su situación, puede acudir a los órganos jurisdiccionales competentes, a quienes corresponde el control de la legalidad de los actos de los actos de las Administraciones Públicas.
En la confianza de que encuentre una adecuada solución a su problema, le envío un caluroso saludo [hay una firma del Director].
Cabe agradecer la atención y buenos deseos del Sr. Director del Gabinete del Presidente del Gobierno, pero se echa en falta una acción concreta de Gobierno, pues con esta respuesta queda de manifiesto la desairada posición del Presidente del Gobierno, a quien evidentemente no le hacen caso sus subordinados (principio de jerarquía) pues mientras él proclama su voluntad de que progrese el Estado Social y Democrático de Derecho (Mi idea de España es la de un país que supera unido las dificultades, una sociedad que no abandona a nadie en el infortunio…) los titulares de los Ministerios afectados y de otros Órganos, hacen lo inadecuado para que ello ocurra, como si le estuvieran saboteando su labor de Gobierno desde dentro y también queda desairado, en una situación estrictamente política, pues las acciones que desarrollan miembros del Partido político del cual es miembro, tampoco le hacen caso, cuando deben desarrollar acciones de gobierno práctico y real.
Finalmente, en la respuesta del Gabinete del Presidente, hay un grave error de apreciación, al considerarse todo esto que ocurre y se describe como “su [mi] problema”, porque estamos ante un problema social, no es sólo mi problema, ya que se da la circunstancia de que yo he cumplido las obligaciones que me concernían a mí, como persona (manteniendo una actitud social acorde con nuestros principios de convivencia), como ciudadano (pagando mis impuestos y cotizaciones a la seguridad social durante treinta años) y como funcionario (cumpliendo con mis deberes con respeto al ordenamiento jurídico y sirviendo los intereses públicos y a los ciudadanos).
Si me privan de mis derechos y de mi salud ¿no hay nadie en el Estado de Derecho que sea capaz de reconducir la barbarie y la desviación de la acción antisocial que se ha producido, con independencia de que el motivo que la causó haya sido el desconocimiento o la mera violencia?

Y fíjense que todo era sencillo para evitar que ocurriera: cumplir la Ley y aún sigue siendo sencillo: cumplir la Ley, en lo que no haya sido cumplida todavía o rectificar las evidencias de trasgresión, trasgresión que, dicho sea de paso, es mucho más cara que el cumplimiento liso y llano de la ley.
Aparte de los Órganos jurisdiccionales propuestos como competentes, para resolver los problemas, entre los que se hayan esos que socialmente están en bajísimos niveles de credibilidad, es cierto que quedan otras vías: los Órganos jurisdiccionales internacionales, pero también queda el control parlamentario que podría ser requerido al Gobierno y aún más: el control de la ciudadanía con los medios de comunicación social, a través de los que, los ciudadanos en general, pueden tomar conciencia del peligro que corren sus propios derechos a la jubilación digna a la asistencia en caso de discapacidad, etc…, planteándose la utilidad práctica y escasa seguridad que representa pagar impuestos y cotizar a la seguridad social.
Usted, que lee esto, si no está afectado por un problema semejante al que se describe, pudiera estarlo el día menos pensado, porque yo debo confesar que nunca imaginé que algo así pudiera ocurrir, sobre todo después de haber superado cuatro procesos de oposiciones y alcanzar un nivel 29 sobre 30 en la estructura profesional de la Administración Pública. .
.




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