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S.C. G.75, L.XL.-

S u p r e m a C o r t e:
– I –

A fs. 18/20 (de las actuaciones principales a las que corresponderán las siguientes citas, salvo cuando se indique lo contrario), el Superior Tribunal de la Provincia de San Luis dictó la sentencia 349 del 23 de septiembre de 2003, por la cual hizo lugar a la demanda articulada por el Gobierno de esa Provincia y declaró la inconstitucionalidad del art. 125 de la Carta Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, de la ordenanza 2936–HCD–2003 y del decreto 526–SdeG–03. En consecuencia, también decretó la nulidad e inaplicabilidad de todos los actos realizados al amparo de las normas que declaró inconstitucionales, conforme a lo establecido en el art. 62 primer párrafo, de la Constitución Provincial.

Para así decidir, en lo que aquí importa, sus integrantes declararon la invalidez constitucional del art. 125 de la Carta Orgánica de la Municipalidad, sobre la base de tomar en cuenta que dicha norma, al disponer la integración del Tribunal Electoral Municipal con un miembro del Superior Tribunal de Justicia local ampliaba y modificaba la competencia de ese Alto Cuerpo establecida en los arts. 190 y 191 de la Constitución de la Provincia y en las leyes específicas.

En esa inteligencia, entendieron que la Convención Constituyente Municipal al dictar la Carta Orgánica se había arrogado facultades que no le eran propias, so pretexto de una mal entendida autonomía, lo que implicaba un supuesto de subversión institucional, de acuerdo a lo establecido en el art. 62 de la Constitución de la Provincia, según el cual una disposición de cualquier naturaleza, que configure una flagrante violación del texto constitucional, trae aparejada su nulidad e inaplicabilidad y la de los actos cumplidos bajo su amparo.
– II –

Disconforme con ese pronunciamiento, el 9 de octubre de 2003, Carlos Alberto Ponce, en su carácter de Intendente de la Municipalidad de San Luis, interpuso recurso extraordinario federal (v. fs. 64/70).

En sustancia, expone que el fallo es nulo porque fue dictado antes del juicio, sin respetar el debido proceso reglado por el art. 446 de la ley local 310, ni su derecho de defensa pues, aunque la actora promovió acción de inconstitucionalidad, según lo previsto en el art. 439 y siguientes de la ley citada, el a quo omitió correr traslado de la demanda, confundiendo el concepto de declaración de oficio de inconstitucionalidad con la posibilidad de realizar tal declaración en cualquier momento del proceso.

Al actuar de esa manera –continúa diciendo– se privó al Municipio de la posibilidad de defender la validez constitucional de las normas impugnadas, máxime cuando la Constitución de San Luis prevé la autonomía plena (de carácter administrativo, financiero e institucional) de los municipios de más de 25.000 habitantes, los que pueden dictar su propia Carta Orgánica (confr. arts. 248, 249, 254 y concordantes de la Ley Fundamental local).

Expresa que también se le impidió sostener que la integración del Tribunal Electoral del Municipio con un miembro del Superior Tribunal de Justicia –tal como lo prevé el art. 125 de la Carta Orgánica Municipal– no implica modificar la competencia de este último ni ampliar el alcance de los arts. 213 y 214 de la Constitución de la Provincia, ya que estas normas se refieren a la competencia del Superior Tribunal como órgano judicial, en tanto que la Carta Orgánica Municipal se refiere a la actuación de uno sólo de los jueces para conformar el Tribunal Electoral Municipal.
– III –

A fs. 204, por decreto del 18 de diciembre de 2003, la presidenta subrogante del Superior Tribunal provincial ordenó el desglose de los escritos que presentó el doctor Ferrari como apoderado de la Municipalidad de San Luis a fs. 179/180 y tuvo por presentada y por parte a la señorita María Angélica Torrontegui, que invocó el carácter de Intendente Municipal de la misma Ciudad.

A fs. 207, el a quo tuvo por desistida a la Municipalidad de San Luis de las recusaciones planteadas respecto de los miembros titulares del Superior Tribunal de Justicia y convalidó lo actuado a fs. 204 por la presidenta del Cuerpo (interlocutorio 571, del 23 de diciembre de 2003).
– IV –

Contra diversos actos dictados durante el proceso, en particular, contra el interlocutorio 571/03 y la falta de resolución del planteo de nulidad de la sentencia 349/03, Daniel Raúl Pérsico, por propio derecho e invocando la condición de Intendente de la Ciudad de San Luis y Néstor Alejandro Ferrari, la de apoderado de tal Municipio, plantearon el recurso extraordinario del 15 de enero de 2004, cuya denegatoria tácita dio lugar a la presente queja y trajo el asunto a conocimiento de V.E. (confr. fs. 46/68 y fs. 69/97 de la presentación directa).

Después de explicar los actos en los que sustentan su legitimación activa y la personería que invocan, sostienen que las sentencias son arbitrarias por haberse violado la garantía del debido proceso, omitido y apartado de las constancias documentadas en la causa.

También dicen que esas decisiones provocan una situación de gravedad institucional, tanto por el atropello de la autonomía municipal como por la situación de hecho y los efectos que produce en la Ciudad de San Luis, que se traduce en la coexistencia de dos administraciones municipales desde el 10 de diciembre de 2003.

Relatan que el primer intento del gobierno provincial de inmiscuirse y vulnerar la autonomía municipal de la Ciudad de San Luis, fue la sanción de la ley 5324 y el dictado del decreto provincial 117–MGJCT–/2003, por los que pretendió imponer a las municipalidades de la provincia la caducidad del mandato constitucional de todos sus funcionarios elegidos popularmente y proceder, a la vez, al llamado a elecciones para cubrir esos cargos, todo en manifiesta violación de derechos y garantías constitucionales, en particular de la autonomía consagrada en los arts. 5º y 123 de la Constitución Nacional.

A raíz de ello, promovieron un juicio en la instancia originaria de V.E., donde se dictó una medida cautelar que prohibió la aplicación del art. 8º de la ley local citada y de los arts. 2º, 5º y 8º del decreto aludido, ordenando al Estado provincial que suspendiera toda acción gubernamental que importara alterar el período de vigencia del mandato del entonces Intendente Carlos Alberto Ponce. Al mismo tiempo, dispuso que la Provincia debía abstenerse de seguir adelante con la convocatoria que había realizado para elegir Intendente de la Ciudad el 27 de abril próximo pasado.

Pese a la medida dictada por la Corte y ratificada en pronunciamientos posteriores, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, en el marco de un proceso ordinario de inconstitucionalidad iniciado por el Gobierno provincial, dictó el 23 de septiembre de 2003, sin haber corrido traslado de la demanda, la mencionada sentencia 349/03.

Expresan que articularon contra ésta recurso de nulidad para que se dejara sin efecto el artilugio del Superior Tribunal de anular los comicios en los que resultó electo el ingeniero Pérsico. Sin embargo, en vez de resolverlo, el a quo, por auto 571, del 23 de diciembre de 2003, tuvo a la señorita Torrontegui por parte en el juicio, en el carácter de Intendente Municipal de San Luis, menoscabando las garantías del debido proceso legal y de defensa.
– V –

Con la finalidad de resguardar el derecho de defensa de las partes, este Ministerio Público solicitó al Tribunal que confiera traslado a la Provincia de San Luis de los recursos extraordinarios interpuestos (fs. 233 de la presentación directa), lo que fue proveído por V.E. a fs. 241 (expdte. ib.).

Al contestar la vista, a fs. 248/263 (expdte. ib.), la demandada manifiesta que la declaración de inconstitucionalidad efectuada por el Superior Tribunal provincial en la sentencia 349/03 no fue ciertamente un acto judicial. Se trata –dice– de un verdadero acto institucional, emitido por el órgano titular de uno de los poderes del Estado de la Provincia, dictado a fin de auto-preservarse ante una indebida intromisión normativa de otra esfera de gobierno (el poder constituyente municipal), lo que equivale a decir que, en este caso, aquél no se comportó como un tribunal que dirime controversias, sino que actuó directamente como poder del Estado.

Aduce que en virtud de la prescripción expresa del art. 10 de la Constitución de San Luis, su máximo tribunal de justicia puede ejercer el control de constitucionalidad de oficio, a diferencia del texto de la Ley Fundamental nacional, que nada dice al respecto. Y así ha ejercido esta atribución por tratarse de cuestiones donde se encontraban en juego facultades explícitas o inherentes del propio tribunal que afectaban directa y gravemente sus competencias constitucionales.

Sostiene que, por su propia naturaleza, los actos institucionales no son justiciables, básicamente por dos razones, una de ellas por su especificidad política, que en este caso se traduce en la auto-tutela de la competencia constitucional de la cabeza del Poder Judicial local, intérprete final del ordenamiento jurídico y, en segundo lugar, porque dichos actos no inciden sobre los derechos subjetivos de persona alguna.

En consecuencia, puntualiza, por tratarse de un acto institucional, dicha sentencia no es susceptible de ser atacada por vía de recurso, máxime cuando la demanda de inconstitucionalidad planteada por la Provincia de San Luis contra la Municipalidad homónima todavía se encuentra pendiente de resolución, puesto que la declaración obrante a fs. 18 no tuvo por finalidad resolver el fondo de la causa, como tampoco una medida cautelar, sino que simplemente estuvo enderezada a que el tribunal auto-tutelase sus prerrogativas. En ese orden de ideas, niega que exista sentencia definitiva emanada del tribunal superior de la causa que dé lugar al recurso extraordinario impetrado.

Sin embargo, las autoridades municipales, encabezadas por el entonces intendente Ponce, desconocieron la decisión del Superior Tribunal, pues convocaron a elecciones para el 9 de noviembre de 2003, al margen del orden jurídico vigente y, ante esta grave desobediencia, aquel tribunal dictó un nuevo acto institucional, mediante la acordada 433, del 17 de octubre de 2003, por el cual convocó a elecciones municipales para el 23 de noviembre de 2003 (de modo simultáneo con las elecciones nacionales, provinciales y municipales), como así también para los concejales titulares y suplentes.

De todo ello colige la falta de legitimación de Daniel Pérsico para plantear la apelación extraordinaria en el carácter de intendente municipal, pues, en su concepto, aquél fue ungido para tal cargo con motivo de elecciones que habían sido declaradas previamente inconstitucionales y nulas. Dicha falta de legitimación también motivó que el tribunal desglosara los escritos presentados por sus apoderados y sólo reconociera la representación institucional del municipio a los apoderados de la señorita Torrontegui.

Finalmente, sostiene que en el caso se debate una estricta cuestión de derecho público local, cuya inteligencia y aplicación es de carácter privativo del organismo judicial de la provincia.
– VI –

La complejidad de esta causa, así como su estrecha relación con otras deducidas a raíz del grave conflicto institucional que afecta a la Ciudad de San Luis –sobre las que también se confirió vista a este Ministerio Público–, exige reseñar las secuencias sobresalientes del juicio originario en las que V.E. intervino en virtud de la previsión contenida en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional y su vínculo con el caso de autos.

Ello permitirá definir si la decisión del Superior Tribunal local importó un virtual desconocimiento de la medida cautelar que la Corte decretó en los autos P.95, L.XXXIX. Orig. “Ponce, Carlos Alberto c/ San Luis, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”.

A mi modo de ver, dilucidar el punto resulta ineludible por tres razones: (i) para determinar si existe una cuestión de gravedad institucional que habilite esta instancia extraordinaria; (ii) para resolver acerca de la legitimación de Daniel Raúl Pérsico para articular los recursos sub examine y, (iii) para establecer si resultan arbitrarios los pronunciamientos emitidos en este proceso por el superior tribunal de la causa.

Cabe tener presente que una de las funciones primordiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es interpretar la Constitución de modo tal que el ejercicio de la autoridad nacional y la provincial se desenvuelvan armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las facultades provinciales y viceversa (arg. Fallos: 306:1883 y 307:360) y que, en su carácter de intérprete y tribunal supremo de principios constitucionales y órgano superior de un poder del gobierno federal, le incumbe el deber de velar celosamente por el adecuado y eficaz servicio de justicia (arg. Fallos: 300:1282).

La Corte se pronunció ya en tres oportunidades sobre el conflicto suscitado en torno a la convocatoria para la elección del Intendente de la Ciudad de San Luis.

A) Al iniciarse el juicio originario, y sin que se hubiese presentado el Estado Provincial en su carácter de parte demandada, previo dictamen de esta Procuración (fs. 35/36), la Corte examinó su competencia para intervenir en la causa por vía de la instancia prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional (fs. 41/42).

En ese fallo, del 10 de abril de 2003, admitió la radicación de las actuaciones ante sus estrados para ser tramitados en forma originaria e hizo lugar a la medida cautelar solicitada, decretó la prohibición de innovar respecto a la aplicación del art. 8 de la ley local 5324 y los arts. 2º, 5º y 8º del decreto 117–MGJCT–/2003– dictado por el Poder Ejecutivo provincial y su correspondiente reglamentación y, en consecuencia, ordenó al Estado provincial que suspendiera toda acción gubernamental que importara alterar el período de vigencia del mandato del peticionario ya electo y en ejercicio del cargo.

B) Con motivo de una presentación del actor, mediante resolución del 24 de abril del mismo año, la Corte puntualizó que el último párrafo del decreto 1218–MGJCT–/2003 –por el cual se aludía a la convocatoria del electorado del municipio para que el 27 de abril de 2003 procediera a elegir intendente– estaba alcanzado por la medida cautelar. En mérito a ello, hizo saber al Poder Ejecutivo provincial que se abstuviera de seguir con la convocatoria del electorado prevista a tal fin para esa fecha (v. fs. 132/133).

C) Si bien a fs. 217 vta., el Tribunal pasó el expediente a dictamen de esta Procuración General, a fs. 218 lo requirió con motivo de una presentación del Estado provincial, donde informaba que el intendente municipal había continuado la ejecución de actos preparatorios del proceso electoral que se encontraba suspendido y solicitó que se le ordenara abstenerse de constituir el Tribunal Electoral Municipal y de ejecutar cualquier acción que implicase alterar el estado de ese proceso, de conformidad con lo dispuesto por la ley local 5324 (v. fs. 238).

Ello dio lugar a lo resuelto a fs. 244, por cuyo intermedio V.E. desestimó esa petición y aclaró que “contrariamente a lo pretendido por la provincia, debe afirmarse que es ella la que no debe alterar ni interferir en el cronograma electoral de la ciudad capital. En efecto, tal como se ha puesto de relieve en la sentencia dictada a fs. 41/42 y en el pronunciamiento de fs. 132, la demandada, en el marco de la medida cautelar ordenada, no puede convocar a elecciones para elegir intendente de la ciudad de San Luis. Mal puede sostenerse entonces que, al hacerlo la comuna, se altera ‘la situación del procedimiento electoral’ dispuesto por la ley provincial 5324” (resolución del 21 de octubre de 2003). A fs. 262, se desestimó el recurso de aclaratoria que la Provincia interpuso.

También cabe destacar que el señor Pérsico, en distintas oportunidades, denunció a V.E. las conductas de las autoridades locales que –en su concepto– desconocían los pronunciamientos dictados en esa causa (v. fs. 297/307 y 333/335).

Es asimismo relevante para dilucidar el sub lite indicar que, en el día de la fecha, expuse mi opinión sobre las cuestiones debatidas en esa causa y propicié admitir la demanda y declarar la inconstitucionalidad del art. 8º de la ley provincial 5324 y de los arts. 2º, 5º y 8º del decreto 117–MGJCT–/2003, por ser violatorios de la autonomía municipal.

Señalé que la enmienda constitucional que propicia la ley 5324, importa la asunción, por parte de la autoridad provincial, de atribuciones asignadas exclusivamente a los titulares de los Departamentos Ejecutivos Municipales para convocar a elecciones dentro de ese ámbito (confr. art. 261, inc. 7º de la Constitución Provincial), afectando seriamente la autonomía municipal, pues pese a que está destinada a regir por única vez, introduce una modificación en sus instituciones, de forma incompatible con el diseño del régimen municipal previsto por el texto constitucional provincial.

Dicha injerencia lesiona la personalidad y las atribuciones del municipio, al trasponer el cupo de legalidad y legitimidad reglamentaria en lo atinente a su propio gobierno y la misión fundamental dentro de las instituciones políticas de la República que la Constitución y V.E. les ha reconocido (Fallos: 154:25; 210:1153, entre otros).
– VII –

Despejada la incertidumbre sobre cuál es la autoridad competente para convocar a elecciones para elegir cargos municipales, y aclarado que la vía utilizada por el Gobierno provincial atenta contra el régimen constitucional, deben ser descalificados todos los actos realizados en contravención al orden jurídico, situación en la que se encuentran los aquí impugnados.

Pero además, en el caso concreto, aquéllos constituyen una muestra elocuente de incumplimiento de las resoluciones por las que V.E. ordenó a la Provincia de San Luis, abstenerse de seguir con la convocatoria para elegir intendente del municipio capitalino, resoluciones que, como es bien sabido, deben ser acatadas en los términos en que fueron dictadas (arg. Fallos: 249:17).

En efecto, lejos de cumplir lo dispuesto por V.E. en la causa P. 95, L.XXXIX, el 2 de septiembre de 2003 la Provincia demandó a la Municipalidad de San Luis, a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad del art. 125 de su Carta Orgánica, de la ordenanza 2936–HCD–2003 y del decreto 526–SdeG–03 y el Tribunal Superior de Justicia Provincial, por sentencia 349 del 23 de septiembre de 2003, acogió esa petición y dejó sin efecto la convocatoria a elecciones que había realizado el intendente Ponce.

A esos desconocimientos de las sentencias de V.E., se agrega la acordada 433, del 17 de octubre de 2003, por la cual el Superior Tribunal local convocó a elecciones municipales, suplantando a las autoridades competentes. En todo esto se concreta el alzamiento de las autoridades locales (Poder Ejecutivo y Judicial) contra las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, configurativa de una palmaria situación de gravedad institucional.

De este modo, al estar de por medio la inviolable autoridad de tres pronunciamientos firmes del Tribunal, estimo que los recursos interpuestos son admisibles, pues el apartamiento inequívoco de lo dispuesto por V.E. constituye una cuestión federal suficiente para su examen por la vía intentada (conf. Fallos: 308:215 y 321:2114, entre muchos otros).
– VIII –

Es imprescindible recordar que la Corte ha dicho que sus sentencias deben ser lealmente acatadas tanto por las partes como por los organismos jurisdiccionales que intervienen en la causa (Fallos: 255:119 y 270:335). Tal principio se basa, primero, en la estabilidad propia de toda resolución firme de los tribunales de justicia pero, además, cabe poner énfasis en lo declarado en el fundamental precedente de Fallos: 205:614, mediante el cual se afirmó: “...Que la supremacía de la Corte de Justicia de la Nación ha sido reconocida por la ley, desde los albores de la organización nacional, garantizando la intangibilidad de sus decisiones por medio de la facultad acordada al Tribunal de imponer directamente su cumplimiento a los jueces locales –art. 16, apartado final, ley 48- régimen aplicable también en el orden nacional en virtud de la ley 4055, art. 6º. Por lo demás, las graves responsabilidades que derivan de la naturaleza misma de las funciones que ejerce esta Corte, le imponen la firme defensa de sus atribuciones, cuya cuidadosa preservación es necesaria para la ordenada subsistencia del régimen federal. Pues como lo recuerda PUSEY, citando a MADISONThe Supreme Court Crisis, pág. 59– la existencia de un tribunal semejante es evidentemente esencial para evitar el recurso a la violencia y la disolución del pacto”.

“Acertadas o no, las sentencias de esta Corte, el resguardo de su integridad interesa fundamentalmente tanto a la vida de la Nación, su orden público y a la paz social cuanto a la estabilidad de sus instituciones y, muy especialmente, a la supremacía de la Constitución en que aquéllas se sustentan.” (cons. 2º).

Desde esa perspectiva, tanto las inconstitucionalidades declaradas en la sentencia 349/03, como la convocatoria a elecciones municipales dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia por la acordada 433/03 para el 23 de noviembre de 2003, han implicado una suerte de revisión, por vías inadecuadas, de cuestiones ya resueltas por V.E.

Una solución distinta a la antedicha importaría también consentir que la jurisdicción constitucional de la Corte no tuviese más alcance y eficacia que la que le quiera acordar el gobierno de la Provincia demandada, entendiendo por tal a todos los poderes que lo integran, incluso su Poder Judicial, cuando es sabido que la jurisdicción de la Corte responde también al propósito de garantir a los litigantes una justicia imparcial que acaso no siempre pueda ofrecer un tribunal de provincia cuando ésta sea parte (arg. Fallos: 148:65).

Son las razones superiores que inspiran su existencia como la necesidad de preservar el equilibrio del sistema federal las que obligan al tribunal superior de la provincia a sujetarse a la decisión preventiva adoptada por la Corte, porque su jurisdicción no puede ser obstaculizada, ya que ha sido establecida al amparo de cualquier sospecha o parcialidad.

Si bien no compete a V.E. valorar ni emitir juicios generales sobre situaciones cuyo gobierno no le está encomendado, toda vez que se lo impide la naturaleza específica de sus funciones y su reiterada doctrina de que la autoridad suprema de sus fallos se basa sobre el supuesto de mantenerse en los límites de su competencia, no cumpliría su deber si se permitiese que la decisión en examen alcance su cometido, cuando entra en franca colisión con anteriores pronunciamientos de la Corte e implica, como ha quedado demostrado, un palmario apartamiento de ellos, a punto tal que aparece como un alzamiento claro de la Provincia de San Luis contra lo dispuesto por la suprema autoridad judicial (arg. Fallos: 302:83).

Las autoridades de una provincia, entre las que se encuentran los integrantes de su superior tribunal local, no pueden trabar o turbar en forma alguna la acción del Poder Judicial de la Nación, y el deber de acatamiento que sobre ellas pesa adquiere mayor significación cuando se trata de pronunciamientos de la Corte, que es suprema en el ejercicio de su competencia y cuyas decisiones son de cumplimiento inexcusable, sin que a ninguna autoridad provincial le esté permitido desconocerlas (Fallos: 249:17). Ello es así, porque tan incuestionable como la libertad de juicio de los magistrados en el ejercicio de su función propia, es que la interpretación de la Constitución Nacional por parte de la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para toda la República. Ello impone el reconocimiento de la superior autoridad de que está institucionalmente investida (arg. Fallos: 212:51).

La institución de un tribunal al que se le encomienda como función propia y exclusiva el conocimiento de las causas previstas en el art. 117 de la Constitución Nacional, importa atribuir a la inteligencia que ese tribunal haga de ella una autoridad que no sólo es moral, sino institucional, es decir, que el orden de las instituciones de que se trata reposa sobre ella. Y es patente que la perturban los “tribunales inferiores” que prescinden pura y simplemente de aquélla, pretendiendo que la singularidad del caso permite la dilucidación del punto ya tantas veces juzgado (arg. Fallos: 212:251). La supremacía de la Corte, cuando ejerce la jurisdicción que la Constitución y las leyes les confieren, impone a todos los tribunales, nacionales y provinciales, la obligación de respetar y acatar sus decisiones (Fallos: 270:335).

Cabe manifestar también que el mismo carácter obligatorio de las decisiones por la Corte Suprema en ejercicio de su jurisdicción, abarca indiscutiblemente lo conducente a hacerlas cumplir (Fallos: 147:149; 180:297 y 264:443). Precisamente en este último caso se indicó que el quebrantamiento, en nuevos trámites, de lo decidido por el Tribunal, mantiene íntegra su jurisdicción y atribuciones y lo habilita para intervenir si en otro juicio o por procedimientos colaterales se pudiera llegar a la consecuencia de desplazar el pronunciamiento de la Corte (cons. 5º y 6º; cons. 5º del voto del juez Boffi Boggero).

– IX –

Sentado lo expuesto, a mi modo de ver, resulta evidente la legitimación de Daniel Pérsico para recurrir los pronunciamientos del Superior Tribunal local, circunstancia que impone desestimar las quejas que, en tal sentido, formula la actora.

Por lo demás, el acogimiento de la pretensión de la Provincia y la inconstitucionalidad declarada por el Superior Tribunal de Justicia en la sentencia 349 del 23 de septiembre de 2003, sin más trámite que la vista al Procurador General, con prescindencia del elemental traslado al Municipio demandado, así como, en definitiva, de todas las disposiciones que el código ritual de la Provincia prevé para las demandas de aquélla naturaleza (confr. arts. 439 y sgtes. de la ley 310) traduce una manifiesta violación al derecho de defensa del apelante.

Ello es así porque la Provincia promovió demanda de inconstitucionalidad y, por decreto de fs. 15, el Presidente del Superior Tribunal la tuvo por interpuesta, es decir, que abrió un proceso judicial tendiente a dilucidar las cuestiones planteadas por la actora. Por lo tanto, debió respetar las disposiciones que regulan el trámite judicial, en especial el de bilateralidad y defensa de las partes, dando oportunidad a la contraparte de ser oída y ejercer sus derechos en la forma y con las solemnidades que establecen las leyes (Fallos: 319:1600).

Cabe recordar al respecto, que las normas de procedimiento y sus reglamentarias no se limitan a una mera técnica de organización de procesos, sino que tienen por finalidad y objetivo regular el ejercicio de derechos y lograr la concreción del valor justicia en cada caso, en salvaguarda del derecho de defensa en juicio (Fallos: 310:870 y 319:1263), el cual supone –en sustancia– que las decisiones judiciales deban ser adoptadas previo traslado de la parte contra la cual se pide (Fallos: 317:1500)
– X –

Por las consideraciones que anteceden, opino que corresponde dejar sin efecto la sentencia de fs. 18/20 y las resoluciones dictadas en su consecuencia, en cuanto han sido materia de recursos extraordinarios.

Buenos Aires, de noviembre de 2004.-

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