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. Hagamos un breve repaso.

Hace ya casi dos décadas se entendía que “es competente el juzgado federal para seguir entendiendo en la causa, si la gran cantidad de desechos derivados de un proceso industrial, que habrían contaminado el curso del agua, permiten sostener al solo efecto de resolver la cuestión de competencia y sin perjuicio de lo que resulte de la posterior investigación, que la conducta examinada encuadraría en las figuras legales contenidas en la ley 24.051 de Residuos Peligrosos” [6] . También que, teniendo en cuenta que las medidas adoptadas no permiten descartar que las sustancias volcadas a la vía pública no se encuentren alcanzadas por las previsiones de la ley 24.051, correspondía remitir las actuaciones al juez federal que previno [7] . Asimismo se sostuvo que es competente la justicia federal para conocer en la causa en la que se investiga si la contaminación ambiental resultante de la presencia en la atmósfera de un alto porcentaje de monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno constituye un hecho punible de los previstos en la ley 24.051 [8] .

Pero posteriormente se ha ido virando el criterio hacia la justicia local, entendiéndose que la intención puesta de manifiesto por el legislador en el debate parlamentario de la ley 24.051 fue la de respetar las atribuciones de las provincias para dictar normas de igual naturaleza, intención que quedó plasmada en la redacción final del art. 67 de la ley, y que “corresponde declarar la competencia de la justicia provincial para entender en la causa instruida por infracción a la ley 24.051 de Residuos Peligrosos, originada a raíz del secuestro de elementos con restos derivados de hidrocarburos arrojados dentro de un contenedor para residuos domiciliarios encontrado en una localidad de la provincia de Buenos Aires, toda vez que no se probó que los desechos pudieron afectar a las personas o al ambiente fuera de los límites de dicha provincia” [9] .

También en otro caso se sostuvo que correspondía confirmar la atribución de la competencia a la justicia provincial si hasta el momento no se habían verificado las circunstancias, ni que los supuestos desechos afectaran a las personas o al ambiente fuera de los límites jurisdiccionales [10] . Asimismo, hace pocos años se decidió que en la hipótesis que tiene por fin la recomposición del daño ambiental colectivo, la competencia corresponde a los tribunales de justicia ordinarios, y sólo excepcionalmente a los del fuero federal en aquellos casos en los que se encuentren afectados recursos naturales de distintas jurisdicciones (conf. art. 7°, ley 25.675) [11] .

De esta forma vemos cómo, una y otra vez, se ha forzado la intervención del Tribunal Cimero para que siente claramente cuál debe ser el criterio a adoptar, pero en mi opinión todavía no se halla resuelto, lo cual se comprueba claramente a través de las distintas decisiones adoptadas en los fallos antes citados.

5. Ahora bien, entendemos que resulta oportuno —hablando de reglas de competencia ambiental y distintos criterios adoptados por nuestra Corte Suprema— citar el fallo “Mendoza” [12] , donde sobre la base de la exigencia institucional de que las sentencias de esa Corte sean lealmente acatadas, se estableció una novedosa atribución de competencia a un juzgado federal de pri­mera instancia, fundamentado ello en “la necesidad de preservar, ade­más, un significativo grado de inmediatez de la magistratura con los sujetos del caso, (que) lleva al tribunal a considerar apropiado atribuir la competencia para la ejecución de la presente en los términos de lo dispuesto por los arts. 499 y ss., CPCCN, y las demás cuestiones que después se precisarán, en un juzgado federal de primera instancia con competencia en parte del asiento territorial de la cuenca hídrica”. [13]

Podemos dividirla dicha atribución en dos: la primera, con competencia civil y contencioso-administrativa para conocer en todas las cuestio­nes concernientes a la ejecución de ese pronunciamiento y en la revisión de las decisiones finales tomadas por la Autori­dad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), ya que se dispuso que “tomará intervención en la revisión judicial que se promueva impugnando las decisiones de la autoridad de cuenca (arts. 18 y 109, CN), competencia que será de carácter exclusiva pues de este modo se procura ase­gurar la uniformidad y consistencia en la interpretación de las cuestiones que se susciten, en vez de librarla a los cri­terios heterogéneos o aun contradictorios que podrían resul­tar de decisiones de distintos jueces de primera instancia, frustrando así la más conveniente ejecución de la sentencia y estimulando una mayor litigiosidad que podría paralizar la actuación de la agencia administrativa interviniente” [14] ; asimismo, para disponer la acumulación de procesos y prevenir acerca de la situación de litispendencia existente, ordenando “la acumulación de todos los liti­gios relativos a la ejecución del plan por ante el juez en­cargado de la ejecución, y declarando que este proceso produ­ce litispendencia respecto de las demás acciones colectivas que tengan por objeto una controversia sobre el mismo bien jurídico, aun cuando sean diferentes el legitimado activo y la causa petendi ” [15] .

Y la segunda, con competencia en materia penal , resolviendo que “podrá ordenar la investigación de los delitos que deriven del in­cumplimiento de los mandatos judiciales que se ordenan en la presente sentencia” [16] .

Posteriormente, el Máximo Tribunal, con fecha 11/6/2009, y ante la solicitud del juzgado a cargo de la ejecución, resolvió no tomar intervención respecto del tema de competencia penal que se instara, pero con distintas opiniones, las cuales me parecen oportuno citar a los fines de su análisis. Una de ellas sostiene: “la competencia asignada al Juzgado Federal de Quilmes a raíz de lo decidido por esta Corte en el pronunciamiento dictado el 8/7/2008 (consids. 20 y 21) corresponde, en principio, por razones de conexidad, a los delitos de naturaleza ambiental que afecten tierra, agua y aire del territorio de la cuenca cuyo saneamiento se ha dispuesto, como a aquellos en que la materialidad de los hechos consista en alzamiento, desobediencia o resistencia respecto de los mandatos establecidos por el tribunal en el pronunciamiento cuya ejecución se encomendó al juzgado indicado” [17] .

Pero el voto en disidencia sostuvo: “por presentarse una situación que podría resultar frustratoria de lo decidido por esta Corte en la sentencia dictada en esta causa el 8/7/2008, corresponde tener por configurada una cuestión de competencia cuya definición, ante el grave riesgo institucional comprometido, corresponde a este tribunal según lo decidido —entre otros— en el precedente ‘Multicanal’ de Fallos 330:2767. Por ello se decide tomar intervención y conferir vista al señor procurador general de la Nación en los términos del art. 33, inc. a), apart. 2°, ley 24.946” [18] .

Mas ello no finalizo allí: con fecha 10/11/2009, nuestra Corte se expidió nuevamente en el fallo “Mendoza” en materia de competencia, pero decidió hacerlo sólo respecto de la competencia civil y contencioso-administrativa , disponiendo que “ con particular referencia a la competencia correspondiente a las causas que no sean de naturaleza penal, en el pronunciamiento de que se trata esta Corte atribuyó al Juzgado Federal de Quilmes el conocimiento en asuntos de di­versa índole que fueron agrupados en tres categorías” [19] . Las distintas decisiones, y en especial las distintas posturas que han adoptado los ministros de nuestro Máximo Tribunal —en su resolución de fecha 11/6/2009—, no dejan de ser sino una prueba más de la problemática que acarrean las cuestiones de competencia ambiental, lo cual —repito— considero uno de los inconvenientes jurídicos más necesarios de resolver.

Este fallo es el claro ejemplo de la complejidad que rodea la “competencia ambiental”, sea en materia civil o penal, puesto que la delgada línea que separa lo “local” de lo “interjurisdiccional” se halla —como en cualquier otro proceso judicial— atada a la valoración de prueba que realicen los operadores jurisdiccionales, lo cual amplía el abanico de soluciones que nuestra Corte debe zanjar como mayor garante y último intérprete. Por ello, cabe preguntarnos si alcanza para fundamentar una cuestión de competencia un informe redactado en forma potencial; su respuesta es una incógnita en la que se debe trabajar para evitar contiendas jurisdiccionales que retrasen el accionar de la administración de justicia.

IV. Colofón

Como colofón, se intenta demostrar con este análisis a la luz de dos fallos judiciales (de Tierra del Fuego y Tucumán) la complejidad que trae aparejada la materia ambiental y la necesidad constante de flexibilizar las normas y utilizarlas en conjunto para el fin último, que es la prevención (evitación del daño ambiental y la contaminación) —en su caso—, la recomposición y —por supuesto— el goce de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras [20] .



[1] Corte Sup., 20/6/2006, “Mendoza, Beatriz S. y ots. v. Estado Nacional y ots. s/daños y perjuicios; daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo”, y su correspondiente ejecución de sentencia dictada el 8/7/2007.

[2] Lorenzetti, Ricardo L., Teoría del derecho ambiental, 1ª ed., La Ley, Buenos Aires, 2008, ps. 97/112.

[3] Art. 32: “La competencia judicial ambiental será la que corresponda a las reglas ordinarias de la competencia. El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general. En cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida preparatoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá, asimismo, disponerlas, sin petición de parte”.

[4] Morello , Augusto M., “Experiencias y alternativas para repensar y asegurar la eficacia del servicio”, Estudios de derecho procesal. Nuevas demandas. Nuevas respuestas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, cap. XI, ps. 622-623; Morello , Augusto M. – Cafferatta , Néstor A., Visión procesal de cuestiones ambientales, 1ª ed., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, p. 200.

[5] Pigretti , Eduardo A., Derecho ambiental profundizado, Depalma, Buenos Aires, 1993, p. 60.

[6] Corte Sup., 19/10/1993, “Inhibitoria planteada al Juzg. Corr. Lomas de Zamora, n. 2”, Fallos 316:2374.

[7] Corte Sup., 10/05/1994 “Carabajal, Apolinar s/denuncia infracción ley 24.051”, Fallos 317:496.

[8] Corte Sup., 31/10/1995 “Melazo, César R. s/denuncia infracción ley 24.051”, Fallos 318:2118.

[9] 15/2/2000, “Lubricentro Belgrano s/infr. ley 24.051”, competencia nro. 547.XXXV.

[10] 20/5/2003, “Espínola, Bárbara I. s/incumplimiento de los deberes de funcionario público”, competencia nro. 97.XXXIX.

[11] Corte Sup., 25/9/2007, “Assupa v. San Juan, Provincia de y otros s/daños y perjuicios”, Fallos 330:4234.

[12] M.1569.XL, originario: 8/7/2008, “Mendoza, Beatriz S. y otros v. Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)”.

[13] Consid. 20 del fallo M.1569.XL, sent. del 8/7/2008.

[14] Consid. 21 y punto resolutivo 7 del fallo M.1569.XL, sent. del 8/7/2008.

[15] Consid. 22 y punto resolutivo 8 del fallo M.1569.XL, sent. del 8/7/2008.

[16] Consid. 21, in fine, y punto resolutivo 7 del fallo M.1569.XL, sent. del 8/7/2008.

[17] M.1569.XL. I00, 11/6/2009 (incidente sobre informes Juzgado Federal de Quilmes) , voto del presidente Dr. Ricardo L. Lorenzetti y del ministro Dr. Carlos S. Fayt.

[18] M.1569.XL. I00, 11/6/2009 (incidente sobre informes Juzgado Federal de Quilmes), voto de la vicepresidenta Dra. Elena I. Highton de Nolasco.

[19] M.1569.XL, 10/11/2009.

[20] Art. 41, CN.
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