Doctrina






descargar 70.87 Kb.
títuloDoctrina
página2/3
fecha de publicación17.03.2016
tamaño70.87 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Ley > Documentos
1   2   3

1. Reseña del fallo

1. Se presenta el Sr. Miguel E. Ibrahim e inicia una acción de amparo a fin de paralizar la producción de la Azucarera del Sur SRL (Ingenio y Destilería La Trinidad) por cuanto resulta altamente contaminante. Solicita una medida cautelar a efectos de que se suspenda toda actividad del ingenio que pueda producir mayor degradación del “entorno vital”. Describe que su vivienda se encuentra situada enfrente del ingenio y que la actividad azucarera que éste desarrolla produce un alto grado de contaminación ambiental que se refleja en el aire y en las aguas donde desembocan sus efluentes. Expresa que dicha actividad resulta nociva para los vecinos de la ciudad y para los ciudadanos en general, “teniendo graves consecuencias más allá de nuestra provincia, como es de público conocimiento y objeto de numerosas presentaciones judiciales, de las que deriva la competencia del fuero federal, dado el carácter interjurisdiccional que asume la contaminación del medio en este caso”. Relata que a través de sus grandes chimeneas el ingenio elimina parte de sus desechos más peligrosos dejando un “manto negro” que cubre toda la ciudad de Concepción y afecta a ciudades aledañas. Asimismo, manifiesta que grandes cantidades de desechos (vinaza) son depositados en canales que desembocan en ríos nacionales.

2. Mediante la sentencia de fecha 23/5/2008, el juez a quo dispuso hacer lugar a la medida cautelar solicitada y ordenar a Azucarera del Sur SRL una serie de medidas, entre ellas: a) eliminación de cachaza con el uso de filtros e implementación de un plan de gestión de la cachaza; b) orden a peritos intervinientes para la presentación de un informe sobre comportamiento del suelo luego de iniciada la zafra; c) mantenimiento y limpieza de las 700 ha de la finca Auterlitz y canales de conducción de vinaza; y d) orden al Si.Pro.Sa para que efectúe el control médico de la población.

3. La demandada interpuso recurso de apelación deducido en contra de la resolución antes citada. Pese a que en el escrito de expresión de agravios se solicita la revocación de la resolución que cuestiona, centra los agravios solamente en lo referido a la cuestión de competencia que plantea, solicitando que se declare la competencia de la justicia ordinaria y la nulidad de los actos procesales que se hubieren cumplido. Pone de manifiesto el innegable perjuicio irreparable que ocasionará a su parte las actuaciones cumplidas por un juez incompetente, las que resultan nulas. La ley 25.612 regula la “Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios” y en su art. 55 establece la competencia de la justicia ordinaria que corresponda para entender en las acciones que derivan de su aplicación. Agrega que la materia investigada en estas actuaciones es la presunta violación del Ingenio La Trinidad a las normas pertinentes de la ley 24.051 y su modificatoria 25.612, que no se encuentran comprendidas en la órbita restringida y excepcional de la competencia federal, por lo que la actuación del a quo vulnera la garantía constitucional del juez natural consagrada en el art. 18, CN.

Expresa que la materia penal legislada por la ley 24.051 debe ser atendida por la justicia provincial, salvo cuando se compruebe que la contaminación del medio ambiente afecta a más de una jurisdicción, único supuesto en el que correspondería la intervención excepcional de la justicia federal. Sostiene que su parte viene explotando desde el año 2005, en calidad de arrendataria, el Ingenio y Destilería La Trinidad, y que como consecuencia del Acuerdo Individual en Producción Limpia celebrado entre su mandante y la Secretaría de Estado de Desarrollo Productivo – Ministerio de Salud Pública, provinciales, la totalidad de efluentes líquidos de esa fábrica azucarera y de su destilería alcoholera son recogidos en su propio predio en un cauce artificial de cemento denominado “acequia Méndez”. Aduce que de las constancias obrantes no surge que pueda producirse un efecto contaminante en extraña jurisdicción, no advirtiéndose algún interés federal comprometido. En definitiva, solicita que se revoque el auto apelado, se declare la competencia de la justicia ordinaria y la nulidad de los actos procesales que se hubieren cumplido.

4. Elevado el incidente a la alzada y corrida vista al fiscal general ante la Excma. Cámara, éste se expidió por la competencia de la justicia federal para entender en autos. Se entendió que pese a que el recurrente apela la resolución dictada por el juez de primera instancia, el ámbito de discusión de este recurso se limita a revisar la competencia de la justicia federal para entender en este proceso, sin emitir agravios concretos sobre la medida cautelar dispuesta por el juzgador.

5. Adentrándose en el análisis del recurso, la alzada —en mayoría— sostuvo que, según las constancias de autos, el ingenio genera efluentes líquidos con elevados contenidos de materia orgánica que superan la legislación provincial. De acuerdo con lo redactado por el acta de inspección labrada por la Gendarmería Nacional y el Si.Pro.Sa, el efluente que circula desde la planta hasta el canal Monteagudo hacia los terrenos de sacrificio finalmente (por desbordes, rebalses, etc.) alcanza a ríos tales como el Río Gastona, Río Chico o Río Medina, y de allí es vertido a un recurso hídrico que constituye un tributario del embalse de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, por lo que queda enmarcado en el art. 1°, ley 24.051. Del mismo informe surge la constatación de un desborde de una especie de “laguna o estero”, que por las características físicas que presenta el líquido (color marrón oscuro) podría tratarse del efluente que traslada el canal Monteagudo, ya que es el único en la zona por el cual circula agua de color marrón, producto del proceso industrial de la caña mezclada con vinaza de la destilería de alcohol, el cual se une al caudal del Río Chico. El trayecto del Río Chico culmina en el dique El Frontal, embalse Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.

Por ello, el tribunal entendió que si el efluente de referencia desemboca en el Río Gastona, en el Río Chico o en el Medina, afecta la cuenca Salí-Dulce, vertedora del dique El Frontal, contaminando recursos hídricos de la provincia de Santiago del Estero, así como los de la Laguna de Mar Chiquita, provincia de Córdoba, situación que constituye los presupuestos necesarios que prevé la normativa de medio ambiente para que las presentes actuaciones queden radicadas en la justicia federal. Por ello, comparte los argumentos vertidos por el fiscal general en el sentido de que el caso encuadra en el art. 7° apart. 2°, ley 25.675, y en el art. 1°, ley 24.051, y por tanto corresponde declarar la competencia de la justicia federal para continuar interviniendo.

6. Disidencia del juez de Cámara, Dr. Ricardo M. Sanjuán. En su desarrollo efectuó una serie de consideraciones: que el examen de la naturaleza federal del pleito debe ser realizado con particular estrictez de acuerdo con la excepcionalidad del fuero federal, de manera tal que si no se verifican los supuestos que la determinan, el conocimiento del proceso corresponde a la justicia local (Fallos 324:1137, entre muchos otros). Que la tutela del ambiente importa (tal y como lo ha sostenido la Suprema Corte en el famoso caso “Mendoza”) el cumplimiento de los deberes que cada uno de los ciudadanos tiene respecto del cuidado de los ríos, la flora, la fauna, los suelos y la atmósfera. Estos deberes son el correlato que esos mismos ciudadanos tienen a disfrutar de un ambiente sano, para sí y para las generaciones futuras, porque el daño que un individuo causa al bien colectivo se lo está causando a sí mismo (conf. “Mendoza, Beatriz y otros v. Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios”, fallo del 20/6/2006). El gran desafío del derecho ambiental es el equilibrio entre la preservación de la naturaleza y la actividad productiva del hombre. Los ordenamientos jurídicos vienen registrando esa realidad, incorporan al bien ambiental como objeto de protección y tienden a restringir el uso de la naturaleza y fijar reglas al desarrollo de actividades económicas en aras de lograr un desarrollo sustentable (Morello, Augusto M. – Sbdar, Claudia B., Acción popular y procesos colectivos: hacia una tutela eficiente del ambiente, Lajoune, Buenos Aires, 2007, ps. 219 y ss.). En ese orden de ideas, nuestra Constitución garantiza el derecho a un ambiente sano (arts. 41 y 43) y el Congreso Nacional dictó la Ley General de Ambiente (25.675) incorporando a nuestro sistema jurídico principios básicos de protección ambiental. Dado que uno de los principales ejes en la República Argentina es el referido a la relación Nación-provincias, la obligación impuesta a la Nación de dictar presupuestos mínimos de protección ambiental, que tendrán vigencia en todo el territorio, convierte a esta ley en un instituto estructurante, con un particular sistema que exige a la Nación fijar normas y a las provincias complementarlas, siempre garantizándose el respeto por las jurisdicciones locales, salvaguardadas expresamente por el art. 41, CN, y por el sistema federal de gobierno sobre el que se asienta nuestro régimen institucional (Maiztegui, Cristina – Walsh, Ricardo, “El paradigma de la sustentabilidad ambiental y el nuevo derecho ambiental argentino”, RDAmb., enero/marzo 2005, LexisNexis, Buenos Aires).

Que en la misma línea ideológica la Suprema Corte de nuestro país ha sostenido que corresponde reconocer a las autoridades locales la facultad de aplicar los criterios de protección ambiental que consideren conducentes para el bienestar de la comunidad para la que gobiernan, así como valorar y juzgar si los actos que llevan a cabo sus autoridades, en ejercicio de poderes propios, afectan el bienestar perseguido (Fallos 318:992). En tal sentido, en su art. 7° establece que “La aplicación de esta ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia, o las personas. En los casos en que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal”. En consonancia con esa disposición, el art. 32, primera parte, ha establecido que “La competencia judicial ambiental será la que corresponda a las reglas ordinarias de la competencia”. Asimismo, en la ley 25.612 (de Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicio) se dispone que “será competente para conocer de las acciones que derivan de la presente ley la justicia ordinaria que corresponda”.

7. Seguidamente, y en virtud del análisis de todas las constancias que se encontraban agregadas a los actuados, el Dr. Sanjuán, arribó a las siguientes conclusiones:

a) El Ingenio La Trinidad, en cumplimiento del PPPL, dispuso un canal para enviar los desechos a una laguna de sacrificio.

b) Dicho canal podría haberse desbordado por las intensas lluvias que azotan a la provincia durante los meses de verano (téngase en cuenta la fecha de los informes).

c) Aun habiendo acaecido el desborde del canal, no se ha demostrado fehacientemente que los efluentes producto del desborde hayan alcanzado a alguno de los ríos provinciales que desembocan en el embalse Río Hondo.

d) La contaminación denunciada, atribuida al Ingenio La Trinidad, en este caso, tendría su origen en territorio de la provincia de Tucumán.

Ello lo indujo al convencimiento de que no se encuentra acreditado —con el grado de verosimilitud que el caso exige— que “el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales” (art. 7°, ley 25.675), de modo de surtir la competencia federal. Sostuvo que para hacer surgir la competencia de este fuero la cuestión federal debe ser predominante en la causa, lo que no ocurre en la presente. Así, se incluyen temas de índole local y de competencia de los poderes locales, como los atinentes a la contaminación ambiental en la provincia y la protección ambiental que ésta debe brindar a sus habitantes.

En ese sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de nuestro país: “Frente a ello, y teniendo en cuenta que la indiscutible migración de los cursos de agua, y de elementos integrados a ella como consecuencia de la acción antrópica, no son datos suficientes para tener por acreditada la interjurisdiccionalidad invocada, no se advierte razón para concluir que el caso en examen deba ser sustanciado y decidido en la jurisdicción federal pretendida” (“Asociación Civil para la Defensa y Promoción del Medio Ambiente y Calidad de Vida”, Fallos 329:2469). La interdependencia es inherente al ambiente; sobre esta base podría afirmarse que siempre habrá daños a recursos interjurisdiccionales. Sin embargo, para determinar la competencia debe localizarse el factor posiblemente contaminante y resulta claro que en este caso dicho factor se encuentra en el territorio de la provincia de Tucumán. Por todo lo expuesto, votó en disidencia, sosteniendo que correspondía declarar la incompetencia de la justicia federal y remitir las actuaciones a la justicia provincial.

2. Comentario del fallo

1. En cuanto al fallo en estudio, resulta interesante analizar las distintas interpretaciones que realizan los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, puesto que ponen sobre el tapete la problemática de la competencia en materia ambiental, que hoy consideramos como uno de los inconvenientes jurídicos más necesarios de resolver. Ello debido a las distintas interpretaciones que los magistrados realizan de las leyes federales y locales existentes, lo que se relaciona estrechamente con la problemática probatoria para decidir sobre la competencia.

En este caso, el informe de Gendarmería dice que la contaminación podría extenderse mas allá de la provincia de Tucumán —restando la necesidad de producir más prueba a fin de determinarlo fehacientemente—, con lo cual cabe preguntarse si el juez, a los fines de establecer la competencia, puede fundarla en cuestiones de probabilidad o de certeza informativa manifiesta, porque, en definitiva, la certeza debe resultar manifiesta al momento del dictado de la sentencia y poner fin al pleito. Entendemos que el informe redactado en forma potencial alcanza para fundamentar la cuestión de competencia, en particular porque su potencialidad es en un sentido positivo —de que sí es interjurisdiccional— y surge implícitamente la necesidad de continuar produciendo las certificaciones necesarias para ello, por lo que considero que fue correcta la decisión que adoptara la alzada, debiendo continuar el juzgado que previno.

2. El encuadre jurídico en cuestiones ambientales reviste una gran complejidad en cuanto a la determinación a priori del alcance de la contaminación en términos de extensión espacial. Siempre que se demanda por afectación ambiental, lo que se busca es probar la contaminación producida a través del cauce de la tramitación de todo el expediente (como finalidad), pero dadas las características particulares de las reglas de competencia en materia jurisdiccional ambiental —fundamentalmente en cuanto al alcance de la justicia ordinaria o federal—, resulta necesario que el juez que previene realice una valoración probatoria a priori (ex ante), que muchas veces no resulta tan sencilla, debido a la problemática que acarrea la cuestión probatoria en materia ambiental, y este caso es la prueba de ello.

3. Resulta también interesante resaltar la opinión del magistrado en disidencia, el cual sostiene que “la interdependencia es inherente al ambiente”, puesto que en cuestiones ambientales el juez previniente debe contar con una verosimilitud de las circunstancias que acarrean el grado de competencia jurisdiccional. No debe basarse en meras posibilidades de contaminación extensiva, porque es naturaleza propia del ambiente su calidad extensiva de los daños que a través de él se acarrean. Justamente el ambiente es un transmisor natural de contaminación, extensión que, a priori, es muy difícil determinar con exactitud.

4. En paralelo a la problemática probatoria, podemos también sumar el criterio actual que posee la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que la competencia federal es estricta y debe el proceso de conocimiento hacerse en sede local, pero entiendo que ello está sujeto a cada caso en concreto y a la valoración que hagan los jueces locales o federales de las probanzas aportadas. Pero ello no ha sido tan simple y estricto; las dificultades planteadas han tenido distintas soluciones con el transcurso del tiempo, y prueba de ello es el abanico de criterios que nuestra Corte ha implementado para zanjar esa incertidumbre
1   2   3

similar:

Doctrina iconBoletín de doctrina constitucional penal número 29 enero de 2011...
«Boletín de Doctrina Constitucional Penal» contiene extractos de las Sentencias del Tribunal Constitucional publicadas en el tercer...

Doctrina iconBoletín de doctrina constitucional penal número 35 enero de 2013...
«Boletín de Doctrina Constitucional Penal» contiene extractos de las Sentencias del Tribunal Constitucional publicadas en el tercer...

Doctrina iconVelar por la sana doctrina
«instrucciones», rv, rvr), de instrucciones concernientes a la reunión de los creyentes; en 2Th 2: 15, traducido «doctrina» (RV,...

Doctrina iconLa doctrina de la escritura

Doctrina iconDoctrina y jurisprudencia Taller

Doctrina iconDoctrina de Incorporación Selectiva

Doctrina iconNormas Técnicas Doctrina

Doctrina iconCongregación para la doctrina de la fe

Doctrina iconTaller de doctrina y jurisprudencia

Doctrina iconCongregación para la Doctrina de la Fe






© 2015
contactos
ley.exam-10.com