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CUESTIONES PROCESALES DEL DERECHO AMBIENTAL

Pablo E. Wilk y Gustavo J. Leale

El presente trabajo intenta desarrollar un breve análisis relativo a las especiales características del proceso ambiental, tomando como marco argumentativo el sucinto análisis de dos específicos fallos: 1) "Asociación de Consumidores y Usuarios (ACU) v. Municipalidad de Río Grande y otro s/protección de intereses colectivos o difusos" y 2) "Ibrahim, Miguel E. v. Ingenio La Trinidadad", que a continuación se examinan.

CUESTIONES PROCESALES DEL DERECHO AMBIENTAL

 

I. Introducción

El presente trabajo intenta desarrollar un breve análisis relativo a las especiales características del proceso ambiental, tomando como marco argumentativo el sucinto análisis de dos específicos fallos: 1) “Asociación de Consumidores y Usuarios (ACU) v. Municipalidad de Río Grande y otro s/protección de intereses colectivos o difusos…” y 2) “Ibrahim, Miguel E. v. Ingenio La Trinidad…”, que a continuación se examinan.

II. Un caso por el saneamiento de la cuenca del Río Grande en Tierra del Fuego y acerca de la actuación de acompañamiento de la justicia

Caso : Juzg. Civ. y Com., 19/2/2010, “Asociación de Consumidores y Usuarios (ACU) v. Municipalidad de Río Grande y otro s/protección de intereses colectivos o difusos”, expte. P-12459, sent. 094, a cargo de la Dra. Silvia Herraez, t. XXXII de Sentencias Definitivas del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial, fs. 113/118.

1. Reseña del fallo

1. La Asociación de Consumidores y Usuarios de Tierra del Fuego (ACU) inició una acción de amparo contra la Municipalidad de Río Grande y el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego con el objeto de que se condene y constriña a dichas dependencias públicas a que en un plazo perentorio dispongan las medidas necesarias para paralizar y evitar los hechos y acciones que se encuentran contaminando de modo ilegal el cauce del Río Grande. En esa inteligencia la accionante se expresó en el sentido de que, como miembros de la ACU y personas que viven y habitan la ciudad, han notado con gran preocupación que las autoridades omiten el control de los asentamientos urbanos sobre el río y también sobre sospechosos desagües cloacales que pueden provenir de la zona industrial de la ciudad. Sostuvieron que la omisión de las autoridades violenta las normas tendientes a proteger el medio ambiente y en especial la ley 2797. A continuación describieron las observaciones que pueden realizarse por medio de las fotos satelitales que acompañaron a los actuados, afirmando que el río prima facie se encontraría contaminado; luego señalaron que cierta zona ribereña ya se ha convertido en un basural público en el que se arrojan residuos de la más variada índole. Sostuvieron que tanto la Municipalidad, como custodio ambiental de la cuenca del Río Grande, como el Gobierno provincial deben prever qué es lo que sucede con la ribera del río y controlar. Por último, fundaron en derecho su pretensión, ofrecieron prueba, peticionaron medida cautelar y solicitaron el dictado de una sentencia estimatoria, con costas.

2. El juzgado de primera instancia dispuso la adecuación del trámite conforme a los procedimientos de protección de intereses colectivos o difusos previstos por los arts. 654 y ss., CPCCLRM.

3. Ello así, la parte actora adecuó su presentación al procedimiento indicado por el tribunal.

4. Acto seguido, el juzgado interviniente ordenó difundir la demanda en los términos del art. 660, CPCCLRM, por diez días en los medios de comunicación, a los fines de la adhesión por parte de la ciudadanía.

5. La ACU amplía la prueba documental, presentando diversos muestreos de las aguas del río realizados por el laboratorio Galatea Group SA, cuyos resultados indicarían la existencia de contaminación.

6. Más adelante, a fs. 216 del expediente el tribunal de grado, dispone de oficio la realización de una inspección ocular, previa a la resolución de la medida cautelar peticionada. Fecho, se hace lugar parcialmente a la medida cautelar, requiriéndose a la Municipalidad de la Ciudad de Río Grande que en forma conjunta o coordinada con la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la provincia que implementen un plan de limpieza de las márgenes del Río Grande.

7. La Municipalidad de Río Grande manifiesta que previo al inicio de la acción se encontraba en pleno proceso de ejecución de obras tendientes a paliar el objeto de la demanda y propone un plan de acción para lograr el objetivo propuesto por el tribunal. Siguiendo la misma orientación, el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego – Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, presenta un plan para la gestión hidroambiental del estuario del Río Grande.

8. La Municipalidad de Río Grande presenta informe y recortes periodísticos que dan cuenta de la realización de tareas de saneamiento de la ribera del río, a fin de cumplir con la manda judicial. En tal sentido, manifestó que se encontraba cumpliendo con sus obligaciones, y asimismo que estaría en condiciones de implementar juntamente con la provincia acciones directas con el fin de sanear el Río Grande, para lo cual peticionó que se realice una audiencia con el objeto de aunar criterios de las políticas a seguir y la delimitación de responsabilidades.

9. El juzgado hizo lugar a la viabilidad de la acción en los términos de los arts. 654 y concs., CPCCLRM, y se fijó una audiencia preliminar. Durante la celebración de la audiencia el tribunal instó a las partes a llevar adelante acciones conjuntas en torno al objeto del proceso, sentando las bases (marco-acuerdo) para su implementación y otorgándoles un plazo para su presentación.

A fs. 1167/1175 de los actuados se encuentra adjunto el plan de trabajo conjunto (Municipalidad de Río Grande – Gobierno de la Provincia), del que se le dio oportuno traslado a la ACU. Ello así, en los términos del art. 370.5 del Código de rito, al celebrarse la audiencia preliminar quedó fijado en forma definitiva el objeto del proceso, dejándose establecido que éste persigue el logro de dos objetivos concretos: a) determinar los actuales niveles de contaminación del Río Grande y b) establecer las acciones que los demandados deben adoptar en orden a su saneamiento, fijando sus plazos.

10. El tribunal considera que la existencia de contaminación en el Río Grande no ha sido negada por los demandados, quienes se han limitado a poner de resalto que, con anterioridad al inicio de la acción, se encontraban realizando gestiones para abordar la problemática planteada. Por tal motivo en la audiencia mencionada se circunscribió el objeto de la litis a implementar las medidas necesarias para luchar contra dicha contaminación, acciones que habrán de ser adoptadas bajo la supervisión del tribunal, toda vez que la contaminación del río no sólo vulnera el derecho de los habitantes de esa ciudad a poseer y disfrutar de un ambiente sano, sino que también se erige en un factor de riesgo para la salud de la población, por lo que existe de por medio un interés social que se debe priorizar. Es así que la juez propuso la celebración de un marco-acuerdo dentro del cual las partes encararán, en forma conjunta, las acciones a seguir.

11. En cuanto al derecho aplicable, el tribunal dejó establecido que la acción encuentra sustento en el art. 41 de la Constitución Nacional, que contiene un mandato dirigido a todas las autoridades para que persigan la preservación y utilización de los recursos naturales y del medio ambiente en general.

Las leyes que en su consecuencia han sido dictadas, en especial la Ley General del Ambiente 25.675 (norma de aplicación en todo el territorio nacional y cuyas disposiciones son de orden público) y la ley nacional 25.688 (de Presupuestos Mínimos Ambientales para la Preservación de las Aguas) profundizan y amplían el mandato constitucional en lo atinente a la preservación del ambiente y de las aguas en particular y a las acciones tendientes a su recomposición.

En el orden provincial se ha dictado la ley 55 de Medio Ambiente, mientras que la Carta Orgánica Municipal otorga al Poder Ejecutivo municipal el carácter de custodio ambiental de la cuenca del Río Grande (art. 16, Carta Orgánica Municipal). Sentado ello, el tribunal entendió entonces que el deber constitucional y legal de preservar el río cobra significativa trascendencia dada la circunstancia denunciada por la parte actora de que sus aguas están siendo contaminadas, lo que hace surgir la obligación de la magistratura de asumir una actitud activa en defensa del derecho de la comunidad riograndense a su preservación y saneamiento.

12. En consecuencia, se reconoció a la ACU legitimación activa para el inicio de la acción, en tanto esta legitimación en materia ambiental resulta amplia, existiendo vinculación entre su objeto estatutario y la pretensión vinculada en el proceso. A tal condición los accionantes agregaron su calidad de vecinos asentados en esta ciudad, a la que el río provee de agua. Posteriormente se agregaron numerosas adhesiones por parte de la ciudadanía de conformidad con las características de este tipo de acción y la circunstancia procesal de que la legitimación activa de la ACU en ningún momento fuera cuestionada por la contraria.

13. En los considerandos la propia jueza dijo que “la materia ambiental coloca al juez en la obligación de adoptar todas las medidas que considere necesarias e idóneas para evitar y prevenir situaciones como la presente, extremo que aleja a las resoluciones adoptadas en el presente proceso de su molde tradicional. Tal por ejemplo la cautelar adoptada a fs. 218/221 por la que se ordena a las autoridades la limpieza de las márgenes del río, especialmente la remoción de la basura allí asentada, así como implementar una campaña pública de educación al respecto”.

14. Finalmente, en la sentencia del 19/2/2010 se resolvió: a) hacer lugar a la demanda entablada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Tierra del Fuego contra la provincia de Tierra del Fuego y la Municipalidad de la Ciudad de Río Grande; b) en su mérito, tener por acreditada la existencia de contaminación en el Río Grande; c) tener por acreditado que ello, a la fecha del resolutorio, no afecta la potabilidad del agua de consumo domiciliario; d) aprobar el plan de saneamiento conjunto presentado por la Municipalidad de la Ciudad de Río Grande y el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego a fs. 1168/1175; e) disponer la realización de mediciones semestrales de contralor del grado de contaminación del río, a partir del día 1/9/2010, con citación a la ACU, y cuyos resultados deberán ser adjuntados a la causa; f) fijar para el día 15/9/2010 a las 11 horas la realización de la inspección ocular judicial de las tareas de limpieza ribereñas, y g) requerir a la Municipalidad de la Ciudad de Río Grande que priorice las tareas de control urbano ambiental, a fin de prevenir la aparición de nuevos focos contaminantes provenientes de asentamientos irregulares a la vera de río; y el tratamiento de las alternativas de solución para los núcleos ya asentados.

2. Comentario del fallo

1. El fallo en análisis pone de resalto una adecuada visión de la teoría de la implementación del derecho ambiental, donde la magistrada interviniente obró como una verdadera “jueza ambiental”, con decidido activismo jurisdiccional y dejando de lado el tradicional rol de mero árbitro que nutre al clásico modelo procesal.

2. Sin duda alguna, nos encontramos ante una sentencia que se nutre de las innovadoras herramientas jurídicas y doctrinarias que nos dejó “Mendoza” [1] . Sin perjuicio de ello, el caso en cuestión reviste una relevancia aún más superadora, puesto que deja evidenciada, de una vez y por todas, que son los jueces de primera instancia los que están tomando las riendas del novísimo procedimiento judicial ambiental, sin titubeos y a pesar de tratarse de megacausas que por su propia naturaleza conllevan la prosecución de litigios masivos encuadrados en macroprocesos colectivos ambientales, los cuales tienen por objeto la recomposición y prevención del daño ambiental colectivo de un ecosistema complejo.

3. Uno de los factores más relevantes del decisorio en cuestión es que el Poder Judicial dicta una sentencia con pretensiones de continuidad en la regulación. Se trata de una verdadera sentencia mixta, de condena, declarativa y de ejecución (o que al menos establece los criterios de ejecución) y de carácter prospectiva, que incluye no sólo las generaciones presentes sino las futuras, otorgándole el alcance de sustentabilidad que debe imperar en toda decisión de carácter proambiental. Estamos frente a un caso que ilumina al nuevo paradigma del derecho ambiental, cuya clave de bóveda es la proyección hacia el futuro, a través de un procedimiento atípico, adaptativo, plástico, pragmático, transversal, en el que el juez ejerce facultades amplias moldeadoras, que conllevan un grado de flexibilidad procesal extraordinario, donde las decisiones que se adopten influirán o incidirán sobre terceros que no han sido parte en el proceso, que en su mayoría no han sido oídos en el proceso y ni siquiera han intervenido como terceros en él. Es así que probablemente sólo en la etapa ejecutoria se logre la equidad del caso, respetándose siempre lo resuelto en la sentencia “madre” pero con los ajustes que sean necesarios para su efectivo objetivo proambiental.

4. Dicho lo cual, nos encontramos en posición de afirmar que todas esas modalidades apuntadas precedentemente son las que concretamente nutren la teoría de la implementación del derecho ambiental, tan bien expuesta por el Dr. Ricardo L. Lorenzetti [2] .

5. Los casos ambientales de esta clase requieren una actividad jurisdiccional extraordinaria cuyo marco normativo descansa en el art. 32, ley 25.675 [3] , y que se acentúa en la práctica por la propia naturaleza del litigio ambiental. Es que el derecho ambiental vino a cambiar las reglas clásicas del derecho, adaptándolas a un encuadramiento donde impera una carga de la prueba dinámica, de colaboración efectiva, cuya valoración debe ser sistémica, comprensiva, globalizante y totalizadora.

6. En ese contexto, un esquema clásico de la actividad jurisdiccional (juez neutral que actúa a pedido de partes, pasivo y distante) no respondería a la solución pragmática de los conflictos ambientales, los cuales requieren valerse de jueces activos, que actúen de oficio, socialmente comprometidos, que vayan más allá de lo peticionado en la demanda, pensando ya no sólo en las generaciones presentes sino además en las futuras; jueces menos formalistas, más flexibles, verdaderos guardianes del ambiente, de participación activa con miras a la prevención del daño ambiental, de tutela efectiva. En palabras de Morello: “Un juez que está en el centro del ring pero no ya en la actividad neutral (la del referí) sólo para impedir los golpes bajos. Ha quedado atrás esa posición de mero mediador, de asegurador o garantía del juego formal y privatístico de los contendientes” [4] .

7. El derecho ambiental por tanto nos obliga a ingresar definitivamente en una nueva cultura jurisdiccional, que debe partir de una visión totalizadora, protectoria de nuestro medio ambiente, donde la agresión a él incide (ya sea en forma de afectación —actual o futura— o lesión directa) en los seres humanos que actualmente habitan el planeta —y que incluye al juez (de ahí el concepto de “juez parte”)— y a las generaciones por venir.

8. Resulta virtuoso así el fallo dictado por la Dra. Silvia Herraez, pues demuestra que comparte la interpretación analizada en este trabajo, en cuanto a cuál debe ser el accionar que deben llevar a cabo los jueces para dirimir conflictos de carácter ambiental. Ello así, es en los considerandos de la sentencia en comentario donde la magistrada nos ilustra literalmente en el entendimiento de que el fuero ambiental coloca al juez en la obligación de adoptar todas las medidas que considere necesarias e idóneas para prevenir situaciones de afección ambiental, extremo que aleja a las resoluciones adoptadas en el presente proceso de su molde tradicional, agregando que en procesos de esta naturaleza los jueces no se encuentran limitados por las peticiones de las partes ni las pruebas ofrecidas.

9. La jueza, así, deja claramente plasmado en el papel cuál será su accionar procedimental durante toda la ejecución de la sentencia, el cual prevé medidas de contralor y de gestión en beneficio de los intereses del ambiente (que redundan directamente en los seres humanos). Incluso va más allá y deja expresado que con el resultado de las gestiones saneadoras se proveerá la continuidad de las medidas dispuestas a partir del fallo o su futura modificación. Esto último nos habla a las claras de la notable facultad moldeadora y elástica con la que cuenta el “juez ambiental”.

10. Ello así, el juez en megacasos ambientales como éste debe caminar constantemente sobre la cornisa lindera al poder de la Administración Pública, y por tanto necesita tener la suficiente cintura para exigir las medidas necesarias recomponedoras del ambiente sin entrometerse en las funciones propias de los órganos administrativos. Ello requiere del juez un comportamiento activo y de compromiso social, pero sumamente equilibrado, que a todas luces no resulta nada sencillo dados los gastos económicos y los intereses políticos que en general despierta la tutela administrativa ambiental.

11. Dicho de otra manera, en palabras de Eduardo Pigretti: “podemos hablar de un ‘juez parte’, porque le interesa que el agua que bebe siga siendo fresca, cristalina, pura; porque le interesa que el aire que respira mantenga esa condición; porque le interesa que determinada forestal no sea afectada (…). El juez siempre es un juez interesado, dado que tiene un interés ambiental humano, que es ínsito a su condición” [5] . Este juez es justamente el que irradia el menesteroso activismo jurisdiccional; que ya vislumbra la aparición de jueces directores, administradores, gestores, protagonistas e involucrados, como la jueza que entendió en el caso comentado.

III. Complejidad de los efectos ambientales de la actividad de los ingenios azucareros y la competencia ambiental judicial

Caso : C. Fed. Tucumán, 24/2/2010, “Ibrahim, Miguel E. v. Ingenio La Trinidad”.
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