*16485* b-68725 "intendente municipal de san andres de giles c/ concejo deliberante de san andres de giles s/ conflicto art. 196 Const. Prov."






descargar 22.88 Kb.
título*16485* b-68725 "intendente municipal de san andres de giles c/ concejo deliberante de san andres de giles s/ conflicto art. 196 Const. Prov."
fecha de publicación16.03.2016
tamaño22.88 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Ley > Documentos


*16485* B-68725 "INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRES DE GILES C/ CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ANDRES DE GILES S/ CONFLICTO ART. 196 CONST. PROV."

La Plata, 7 de febrero de 2007.

AUTOS Y VISTOS

I. El apoderado del titular del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de San Andrés de Giles, acude a esta instancia por el andarivel fijado en los arts. 261 a 264 del decreto ley 6769/58, impugnando la Ordenanza nro. 1074 del 26 de febrero de 2006 y el decreto Nº 290 del 15 de junio de 2006, dictados por el Departamento Deliberativo de dicha localidad, por medio de las cuales se establece un régimen de subsidios para financiar actividades deportivas y culturales.

II. A los fines de la remisión de los antecedentes del conflicto, líbrese oficio por Secretaría al titular del Departamento Deliberativo de la Municipalidad de San Andrés de Giles, quien en el término de cinco (5) días deberá enviar a este Tribunal los antecedentes relacionados con la Ordenanza Nº 1074/06 y con el decreto Nº 290/06 (arts. 196 Const. Prov.; 261 y ss. decreto-ley 6769/58).

III. De la presentación efectuada, por la que se promueve conflicto en los términos de los artículos 196 de la Constitución de la Provincia, y de la documentación acompañada a la misma, traslado por el término de cinco (5) días al Presidente del Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Andrés de Giles, a quien se cita para que dentro del aludido término comparezca a estar a derecho y lo conteste, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar (arts. 196, Constitución de la Provincia; 261 y 262, L.O.M.; 59, C.P.C.C.). Notifíquese por cédula.

IV. Encontrándose reunidos los presupuestos establecidos en el artículo 261 del decreto ley 6769/58, suspéndense los efectos de la ordenanza nro. 1074/06 y del decreto Nº 290/06, hasta tanto se dicte resolución definitiva en este conflicto (arts. 196, Const. Prov. y 261, siguientes y concordantes del decreto ley 6769/58; doctr. causa B 63.089 "Municipalidad de Lomas de Zamora", res. del 19-IX-01; B 64.184 "Intendente Municipal de Morón", res. del 26-VI-02; B 67.747, “Honorable Concejo Deliberante de Olavarría”, res. del 6-IV-04; B.68.091 “Intendente Municipal de San Martín”, res. 9-XII-2004; B.68.108 “Intendente Municipal de General San Martín”, res. del 29-XII-04; B. 68.130, “Int. Municipal de Cnel. de Marina Rosales”, res. del 23—II—05 y B. 68.664, "Regueiro", res. del 7-VI-06), oficiándose por Secretaría, para su cumplimiento, con copia de la presente.

Regístrese y notifíquese.


Francisco Héctor Roncoroni

Hilda Kogan Luis Esteban Genoud


POR SU VOTO

I. A los fines de la remisión de los antecedentes del conflicto, líbrese oficio por Secretaría al titular del Departamento Deliberativo de la Municipalidad de San Andrés de Giles, quien en el término de cinco (5) días deberá enviar a este Tribunal los antecedentes relacionados con la Ordenanza Nº 1074/06 y con el decreto Nº 290/06 (arts. 196 Const. Prov.; 261 y ss. decreto-ley 6769/58).

II. De la presentación efectuada, por la que se promueve conflicto en los términos de los artículos 196 de la Constitución de la Provincia, y de la documentación acompañada a la misma, traslado por el término de cinco (5) días al Presidente del Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Andrés de Giles, a quien se cita para que dentro del aludido término comparezca a estar a derecho y lo conteste, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar (arts. 196, Constitución de la Provincia; 261 y 262, L.O.M.; 59, C.P.C.C.). Notifíquese por cédula.

III. Encontrándose configurada la situación pre-vista por el artículo 261 del decreto ley 6769/58, suspéndense los efectos de la ordenanza nro. 1074/06 y del decreto 290/06, hasta tanto se dicte resolución definitiva en este conflicto (arts. 196, Const. Prov. y 261, siguientes y concordantes del decreto ley 6769/58; doctr. causa B 63.089 "Municipalidad de Lomas de Zamora", res. del 19-IX-01; B 64.184 "Intendente Municipal de Morón", res. del 26-VI-02 y B 67.747, “Honorable Concejo Deliberante de Olavarría”, res. del 6-IV-04, B.68.091 “Intendente Municipal de San Martín”, res. 9-XII-04; B.68.108 “Intendente Municipal de General San Martín”, res. del 29-XII-04; B. 68.130, “Int. Municipal de Cnel. de Marina Rosales”, res. del 23—II—05; B. 68.664, "Regueiro", res. del 7-VI-06), oficiándose por Secretaría, para su cumplimiento, con copia de la presente.


Eduardo Julio Pettigiani

POR SU VOTO

El señor Juez, doctor Soria, dijo:

1. Adhiero al pronunciamiento de los señores jueces, doctores Roncoroni, Kogan y Genoud en los apartados I, II y III.

2. El artículo 261 de la Ley Orgánica de las Municipalidades contiene una disposición tendiente a la eficacia de las decisiones que son impugnadas por vía del conflicto municipal consagrado en el artículo 196 de la Constitución provincial, similar a la previsión que, para los supuestos de suspensión o expulsión de concejales o del intendente municipal, trae el artículo 263 bis de aquella.

Si bien en diversos precedentes vinculados con la situación que aprehende la disposición citada en último término se ha interpretado que la neutralización de los efectos de la medida segregativa por la mera interposición del conflicto carece de la automaticidad que un examen literal de los textos autorizaría a sostener (doct. causas B. 66.400, “Intendente Municipal de General Lamadrid”, res. del 3—IX—03; B. 65.860, “González”, res. de 3—IX—03; B. 66.457, “Ostoich”, res. de 10—IX—03; B. 68.087, “Lutteral”, res. de 15—XII—04, entre otras) —de allí que en algún caso se declaró por excepción que no había mérito suficiente para conferir esa eficacia suspensiva (cfr. causa B. 64.253, “Ghironi”, res. del 17—VII—02) y en otros su pronunciamiento fue diferido (B. 68.087, “Lutteral”, res. del 1º—XII—04; B. 68.114, “Aguirre”, res. del 9—II—05)—, no cabe duda que la L.O.M. ha consagrado, en uno u otro caso, una modalidad especial, que escapa a los cánones ordinarios relativos al control jurisdiccional de las decisiones emanadas de los órganos gubernativos (leyes, reglamentos, ordenanzas, actos administrativos, etc.).

El sistema, sobre cuyo mérito no cabe expedirse en esta sede, tiende a asimilar las consecuencias de la interposición del conflicto a las propias de un “recurso” (rectius, pretensión impugnativa) con “efecto suspensivo”. Y en grado más tenue evidencia una función precautoria. Ello se evidencia en el artículo 261, en cuanto exige un pronunciamiento del Tribunal —bien que en forma imperativa—, al establecer que la Corte “... dispondrá que se suspenda la ejecución de las disposiciones controvertidas”.

3. El peculiar diseño dado por el Legislador (similar a algunos regímenes comparados [v. § 80.1. de la Ord. Proc. Adm. Alemana de 21-1-60, que asigna efectos suspensivos de pleno derecho a la interposición de la pretensión de impugnación de actos administrativos, salvo para determinados supuestos, y sin perjuicio del pedido de levantamiento que se confiere a la Administración] o al, más próximo, vigente en materia de control judicial de los actos del Tribunal de Cuentas, bajo la vigencia tanto del art. 32 de la ley 4.373, como del art. 36 de la ley 10.869 [según ley 12.008 reformado por ley 13.101]; v. causas B-49.635 “Magnanini”, res. 4-XII-84; B-49.943 “Otaduy”, res. 4-XI-86; B-63.785, “Malacrida”, res. de 24-IX-03; B-62.454, “Ruiz”, res. de 7-VII-04; B-63.759, “Teillagorri”, res. de 18-V-05), contrasta con el adoptado por la mayoría de los sistemas reguladores de la impugnación de la validez de las decisiones administrativas o de la constitucionalidad de normas legales y reglamentarias.

Estos últimos se asientan en la fuerza ejecutoria que se atribuye a los actos controvertidos. Ello explica por qué aparece regulada en cada uno de ellos, en modo más o menos directo, la suspensión de los efectos del obrar cuestionado como medida perteneciente al capítulo cautelar (arts. 22, 25 y concs., ley 12.008, texto según ley 13.101; 230, 232 en correlación con el art. 683, del C.P.C.C.; 22, ley 7.166, con sus reformas). De tal forma, salvo que el órgano jurisdiccional acoja la tutela suspensiva que le sea requerida, la ejecución de los actos o normas impugnados no ha de ser detenido o enervado.

A la inversa, en el conflicto municipal las normas relegan a un plano secundario el cumplimiento de los actos impugnados; parten de y entonces dan primacía a la eficacia suspensiva que inicialmente asignan a la promoción del litigio (arts. 261 y concs., L.O.M.), lo cual determina que la denegatoria de esa cualidad y la consecuente admisión de la subsistencia de la efectividad de las ordenanzas municipales que afectarían atribuciones del departamento ejecutivo o las decisiones de éste que menoscabarían las facultades de aquél, sólo resultarán, llegado el caso, de una expresa y, reitero, excepcional decisión judicial, dada en respuesta a la petición que formule en tal sentido el órgano comunal frente al cual se ha planteado la litis y en función de los elementos de convicción incorporados a la causa.

La diferencia entre ambos sistemas es relevante y fácilmente perceptible.

4. En definitiva, presentado el conflicto local contra la determinación del Concejo o el Departamento Ejecutivo y planteada la suspensión que prescribe la ley, corresponde al Tribunal disponerla, a menos que del examen del escrito en que se la deduce resultare manifiesta su improcedencia; extremo que, vaya dicho, no aparece configurado en el sub lite (arg. Causa B-66.400, cit.). Ello, claro está, no enerva la posibilidad de resolver luego el cese de tales efectos suspensivos, por ejemplo, frente al planteamiento que fundadamente realizare la autoridad municipal requerida.

5. Acordar a los citados preceptos de la L.O.M. la inteligencia antes señalada, al tiempo que respeta la voluntad legislativa, luce congruente con las características cautelares que pudieran atribuírseles. Es que, por un lado, las medidas precautorias deben pronunciarse y cumplirse inaudita parte (arg. Art. 198, C.P.C.C.) y, por el otro, tales providencias son provisionales, flexibles y mutables; pueden ser dejadas sin efecto o modificadas a consecuencia de la petición que se formulare en tal sentido o de un cambio de las circunstancias que las determinaron (arg. Arts. 202 a 204, C.P.C.C.; cfr. mi voto en la causa B. 68.825, “Lópes”, res. del 11—X—06).

6. Por las razones expuestas, corresponde suspender los efectos de la Ordenanza Nº 1074/06 y del decreto Nº 290/06, ello hasta tanto se dicte resolución definitiva en este conflicto (arts. 196, Const. prov. y 261, sigs. y concs. del decreto ley 6769/58).

Así lo voto.

Daniel Fernando Soria
DISIDENCIA PARCIAL

Los señores Jueces, doctores de Lázzari, Hitters y Negri dijeron:

I. Advertimos que la presente denuncia de conflicto municipal reviste similares características en su configuración a la debatida en la causa B. 68.347 "Intendente Municipal de Gral. San Martín contra Concejo Deliberante de General San Martín", resol. del 5-X-2005.

II. De tal modo adherimos a lo expuesto por los señores jueces Roncoroni, Kogan y Genoud en lo que atañe a los puntos I, II y III, entendiendo por lo demás que deberá diferirse el tratamiento de la medida cautelar solicitada para una vez evacuado el informe requerido.

Así lo votamos.


Eduardo Néstor de Lázzari Héctor Negri


Juan Carlos Hitters


Fdo. Ro.Ko.Ge.Pe.So.

Dis. DL.Ne.Hi.

Reg. 6a


Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

*16485* b-68725 \"intendente municipal de san andres de giles c/ concejo deliberante de san andres de giles s/ conflicto art. 196 Const. Prov.\" iconSolicitud de impugnación (mediante Derecho de Petición, Art. 23 de...

*16485* b-68725 \"intendente municipal de san andres de giles c/ concejo deliberante de san andres de giles s/ conflicto art. 196 Const. Prov.\" iconLa falla de San Andrés

*16485* b-68725 \"intendente municipal de san andres de giles c/ concejo deliberante de san andres de giles s/ conflicto art. 196 Const. Prov.\" iconSalidas san andrés-com. Hospitalario

*16485* b-68725 \"intendente municipal de san andres de giles c/ concejo deliberante de san andres de giles s/ conflicto art. 196 Const. Prov.\" iconSalidas san andrés-com. Hospitalario

*16485* b-68725 \"intendente municipal de san andres de giles c/ concejo deliberante de san andres de giles s/ conflicto art. 196 Const. Prov.\" iconUniversidad mayor de san andréS

*16485* b-68725 \"intendente municipal de san andres de giles c/ concejo deliberante de san andres de giles s/ conflicto art. 196 Const. Prov.\" iconUniversidad mayor de san andréS

*16485* b-68725 \"intendente municipal de san andres de giles c/ concejo deliberante de san andres de giles s/ conflicto art. 196 Const. Prov.\" iconMunicipio de san andres de sotavento cordoba

*16485* b-68725 \"intendente municipal de san andres de giles c/ concejo deliberante de san andres de giles s/ conflicto art. 196 Const. Prov.\" iconDel consejo pastoral de la parroquia san andres

*16485* b-68725 \"intendente municipal de san andres de giles c/ concejo deliberante de san andres de giles s/ conflicto art. 196 Const. Prov.\" iconUniversidad mayor de san Andrés facultad de ciencias económicas y financieras

*16485* b-68725 \"intendente municipal de san andres de giles c/ concejo deliberante de san andres de giles s/ conflicto art. 196 Const. Prov.\" iconCumplan los acuerdos de San Andrés como se firmaron: Velasco Coello






© 2015
contactos
ley.exam-10.com