La competencia de los árbitros para resolver cuestionamientos relacionados a su propia competencia






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títuloLa competencia de los árbitros para resolver cuestionamientos relacionados a su propia competencia
fecha de publicación15.03.2016
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¿Lo Anulamos o no lo Anulamos?1
Reflexiones acerca de la Anulación de un Laudo Parcial


Alberto Molero Rentería2

Juan José Pérez-Rosas Pons3

“…Los Reyes Christianos tienen su lugar en este mundo para fazer justicia, e derecho…”4

Introducción
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 59º de la Ley Nº 26572, Ley General de Arbitraje peruana, los laudos arbitrales son definitivos y contra ellos no procede recurso alguno, salvo los previstos en los Artículos 60º y 61º de la propia Ley y que están referidos a los recursos de apelación, el cuál no será tratado en el presente artículo, y anulación de laudo, respectivamente; también dispone además que el laudo tiene valor de cosa juzgada siendo complementado, en dicho sentido, por el artículo 83º de la citada norma, que precisa que el laudo arbitral consentido y ejecutoriado tiene valor equivalente al de una sentencia [judicial] y es eficaz y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las partes.
Establecido el marco normativo y la correspondiente definición de laudo que recoge nuestra Ley General de Arbitraje, debemos precisar que el objetivo del presente artículo, es analizar y explorar la implicancia y procedencia del recurso de anulación frente a resoluciones arbitrales que ponen fin a determinadas pretensiones dentro de un proceso arbitral y que, en puridad, no podrían ser consideradas como un laudo, de acuerdo a nuestra propia Ley General de Arbitraje.
En efecto, tal y como está redactada la Ley General de Arbitraje, hace suponer que, de acuerdo al artículo 58º de la acotada, contra las resoluciones distintas al laudo sólo procede recurso de reconsideración ante el propio Tribunal Arbitral, con lo cual, nos encontramos ante un vacío normativo, que determinaría que una resolución que resuelve, por ejemplo, una excepción que pone fin o que resuelve de manera definitiva una pretensión de determinado proceso, la misma pues, no podría ser impugnada vía recurso de anulación puesto que dicha resolución no se consideraría per se, un laudo.
En ese sentido, el presente artículo aborda tres temas fundamentales; el primero referido a la competencia del Tribunal Arbitral para resolver el cuestionamiento a su propia competencia; el segundo, relacionado con la cosa juzgada y su implicancia y límites en relación a un proceso arbitral y finalmente, la procedencia o improcedencia del recurso de anulación, contra una resolución, distinta al laudo, que pone fin a determinadas pretensiones dentro de un proceso arbitral.
El Principio Kompetenz-Kompetenz: la competencia de los árbitros para resolver cuestionamientos relacionados a su propia competencia.
A nuestro entender, todas las excepciones previstas en el Código Procesal Civil y que de alguna u otra manera pueden ser deducidas en un proceso arbitral, aunque no estemos de acuerdo en ello, se subsumen en una sola, que resulta ser, la excepción de incompetencia del Tribunal Arbitral o simplemente la oposición al arbitraje, por inexistencia, ineficacia o invalidez del convenio arbitral o, por no estar pactado el arbitraje para resolver la materia controvertida.
Siendo ello así, por excepción de incompetencia debemos de entender como la falta de aptitud válida de los árbitros para ejercer la función jurisdiccional en la controversia sometida a su conocimiento.
En este punto, la particularidad del arbitraje traducida en la no dilación del proceso así como evitar injerencias del Poder Judicial en el desarrollo del íter arbitri, radica en la necesidad de que sean los propios árbitros quienes resuelvan la excepción de incompetencia y que justamente dicha excepción cuestione la propia competencia del Tribunal Arbitral, para resolver la controversia suscitada; dicha facultad es conocida por la doctrina mas autorizada, como Kompetenz-Kompetenz.
Este principio, referido a la facultad de los árbitros para decidir acerca de su propia competencia, se encuentra expresamente reconocido en el artículo 39º de la Ley General de Arbitraje.
En efecto, el citado artículo dispone: “los árbitros están facultados para decidir acerca de propia competencia, incluso sobre oposiciones relativas a la existencia, eficacia o a la validez del convenio arbitral (…). Los árbitros decidirán estos temas como cuestión previa. Sin embargo, el Tribunal Arbitral podrá seguir adelante en las actuaciones y decidir acerca de tales objeciones en el laudo…”.
Como sabemos, la competencia de los árbitros para resolver determinadas controversias, se encuentra determinada prima fascie por el acuerdo de las partes contratantes contenido en una cláusula arbitral; así, la autoridad de los árbitros para resolver estas controversias, resulta cierta, a partir del otorgamiento de facultades que para dicho efecto, le otorgan las propias partes, debiendo tenerse en cuenta que esta facultad no sólo implica resolver las cuestiones principales previstas en el convenio arbitral, sino que también importa conocer todas aquellas cuestiones subsidiarias, accesorias o incidentales vinculadas a la materia controvertida, conforme a lo dispuesto por el artículo 44º de la Ley General de Arbitraje.
Sobre el particular, Guillermo Lohmann ha señalado, al explicar el cuestionamiento de la competencia de un Tribunal Arbitral que, este cuestionamiento sólo puede ser planteado ante los propios árbitros y decidido por ellos, toda vez que éstos son toda y la única jurisdicción existente en un proceso arbitral sometido a su conocimiento, a diferencia de un proceso judicial en el que la jurisdicción y competencia se extienden a las instancias o grados previstos según el tipo de proceso5.
Y resulta lógico que, al ser las propias partes las que han facultado a los árbitros para que resuelvan sus conflictos, también los han facultado para que sean ellos mismos quienes resuelvan cualquier oposición o cuestionamiento relativo al convenio arbitral y sobretodo, respecto a su competencia para conocer dicho hecho.
En adición a ello, debemos mencionar que las características fundamentales del arbitraje, que lo diferencia sustancialmente del proceso judicial, son la celeridad y eficiencia, en términos de tiempo y especialidad, respectivamente, del proceso mismo, por lo que resultaría incongruente e ineficaz que sea otra instancia, entiéndase judicial o administrativa, la que resuelva temas vinculados al proceso arbitral y que por su propia naturaleza tienen que ser decididos por los árbitros, tales como verificar la propia validez del convenio arbitral y si procede resolver, en un proceso arbitral, las pretensiones planteadas ante ellos.
En ese orden de ideas, la facultad de los árbitros para resolver las cuestiones relativas a su propia competencia no sólo viene dada por la propia voluntad de las partes sino además por el sentido mismo del proceso arbitral, el cual encuentra su fundamento en la búsqueda de una solución eficaz del conflicto6.
Sin embargo, es en la propia Ley General de Arbitraje en la que encontramos dificultades respecto de la aplicación del principio Kompetenz-Kompetenz puesto que, como ya lo mencionamos al citar el artículo 39º de la norma, el Tribunal Arbitral, puede resolver el cuestionamiento a su propia competencia como una cuestión previa o reservarse dicho pronunciamiento al momento de laudar.
En efecto, los árbitros pueden reservarse la decisión respecto del cuestionamiento a su competencia hasta el momento de laudar; dicha reserva encuentra sustento en la existencia de una estrecha relación entre la competencia del árbitro y el fondo de la controversia, y emitir pronunciamiento de manera previa, podría interpretarse como un adelanto de opinión respecto del fondo de la controversia, si es que el cuestionamiento no resultase amparado. Tal es el caso, de una impugnación contra una pretensión que no estuviera delimitada dentro de los alcances del convenio arbitral, pero que, de un análisis previo, daría la impresión de que si lo estuviera, como por ejemplo, aquellas relacionadas al enriquecimiento sin causa.
Empero, esta reserva tiene, o al menos debería tener ciertos límites, puesto que podría darse el caso, por ejemplo, en que el convenio arbitral recogido en determinado contrato, sea manifiestamente nulo y los árbitros decidan resolver al momento de emitir el correspondiente laudo, y, en dicho acto, proceden a declarar su incompetencia, ocasionándole a las partes la consecuente pérdida de tiempo y dinero.
Por ello, consideramos que el sentido de la norma, en relación a la reserva de pronunciamiento de los árbitros respecto de su competencia, tiene por finalidad, evitar que el proceso arbitral sea paralizado o suspendido, mientras éstos resuelven dicho cuestionamiento como cuestión previa.
A pesar de ello y de acuerdo a nuestra experiencia, la regla general es que los árbitros resuelvan estos temas como cuestión previa, pero dándole especial tratamiento y mayor énfasis cuando se trata de un convenio arbitral manifiestamente nulo o cuando la materia controvertida es también manifiestamente no arbitrable;7 del mismo modo, se resuelve de manera previa cuando así lo han dispuesto las partes en el convenio arbitral o lo hubiesen acordado los propios árbitros al momento de su instalación.
Ahora bien, ¿qué ocurre cuando los árbitros se declaran incompetentes para conocer determinada controversia?, ¿qué carácter tiene dicha decisión?, ¿esta decisión debe ser considerada un laudo?
Para responder estas interrogantes se hace necesario definir los alcances de la denominada Cosa Juzgada.
La Cosa Juzgada en el Proceso Arbitral
La cosa juzgada busca, en principio, lograr que un segundo proceso quede excluido por la decisión adoptada en un primer proceso arbitral.
Sin embargo, para que ello ocurra debemos estar frente a una identidad de acción, es decir, ante la existencia de los mismos sujetos, el mismo petitum y la misma causa petendi.
Con relación a la identidad de los sujetos, claro es que, sin ésta identidad no opería la función excluyente de la cosa juzgada, pues el interés en el resultado estaría depositado en personas distintas tanto en un proceso como en su relación con el segundo.
En lo que se refiere al petitorio o petitum, el mismo se encuentra circunscrito al objeto de un determinado proceso arbitral, es decir, lo que se pide, sea declarativo, constitutivo o de condena. Esto último se encuentra íntimamente relacionado con la causa petendi, en la medida que ella está referida al conjunto de hechos jurídicamente relevantes que fundamenta el pedido.
En el arbitraje, la cosa juzgada significa inmutabilidad y permanencia, sin embargo, de acuerdo al artículo 59º de la Ley General de Arbitraje, citado en la introducción del presente artículo, se refiere a la cosa juzgada material, pero también a la formal.
Cosa Juzgada formal es sinónimo de firmeza y tiene, sobre todo, efectos internos respecto del propio proceso arbitral. Se refiere y alcanza a toda clase de resoluciones dictadas, en el arbitraje (laudos parciales o definitivos, resoluciones que acuerden o denieguen medidas cautelares)… cualquier resolución es inamovible respecto de los árbitros que la dictaron (…) Una vez notificadas, las resoluciones arbitrales devienen intangibles para los árbitros que las dictaron, quienes no pueden modificarlas ni siquiera aunque estén completamente convencidos de que son erróneas o injustas (…) La cosa juzgada formal agota su eficacia, de ordinario en el proceso arbitral en el que se produce (…) la fuerza de la cosa juzgada es predicable tanto del laudo final o definitivo, como de los laudos parciales que los árbitros dicten…”8.
Empero, un sector de la doctrina sostiene que la cosa juzgada no sólo tiene como característica la firmeza de la decisión adoptada, sino que dicha característica proviene del carácter jurisdiccional que le otorga a la figura del arbitraje, tanto nuestra Constitución9 como la propia Ley General de Arbitraje10.
Esta corriente ha sido recogida por el Tribunal Constitucional peruano, que aunque podamos discrepar, admite expresiones de la jurisdicción que actúan fuera del ámbito del Poder Judicial11.
Sobre el particular, y admitiendo, para efectos del presente artículo, el carácter jurisdiccional del arbitraje, Eduardo Couture señala que “La cosa juzgada pertenece a la esencia de la jurisdicción. Si el acto no adquiere real o eventualmente autoridad de cosa juzgada, no es jurisdiccional. Si un acto adquiere autoridad de cosa juzgada es jurisdiccional. No hay jurisdicción sin autoridad de cosa juzgada12.
En ese sentido y al igual que lo sostenido por las sentencias judiciales, la cosa juzgada en sede arbitral, se encuentra referida a la inatacabililidad de la decisión adoptada por los árbitros, la misma que se fundamenta en la seguridad jurídica de las partes protegiéndolas de un posterior proceso arbitral sobre la misma controversia y evitando así, la existencia de decisiones contradictorias.
Por otro lado, Juan Monroy Gálvez, al comentar los alcances de la cosa juzgada señala que “…la función jurisdiccional manifiesta su máxima importancia en el hecho que las decisiones que en su interior se concreten pretenden ser definitivas y últimas, es decir, buscan acabar para siempre con el conflicto de intereses.

Por un lado, esta definitividad se expresa en el hecho que no se puede discutir jamás ante un órgano jurisdiccional una decisión dada por éste y, por otro, en que lo expresado en el fallo judicial antes obtenido debe cumplirse en los términos del propio mandato”.13
Trasladando lo descrito por Juan Monroy, aunque esto sea una utopía, al ámbito jurisdiccional del arbitraje, el sentido del artículo 59º de la Ley General de Arbitraje está orientado a evitar distintas decisiones respecto de una misma situación jurídica controvertida.
No obstante ello, la Ley General de Arbitraje no sólo dispone que el laudo tenga la calidad de cosa juzgada, sino que además, la decisión adoptada por los árbitros sólo puede ser cuestionada mediante el recurso de anulación por causales expresamente establecidas en el artículo 73º14 del citado cuerpo normativo.
Es en este estado de las cosas es donde consideramos que existe un vacío de gran relevancia dentro de nuestra propia Ley, pues, se ha omitido hacer mención a la vía idónea para cuestionar una decisión o una resolución arbitral que sin ser un laudo per se pone fin al proceso y, como ya hemos visto, el único recurso previsto contra un laudo es el de anulación, con lo cual, podríamos caer en el absurdo en que no pueda revisarse una decisión en sede arbitral que se pronuncia de manera definitiva sobre la improcedencia de una pretensión, aunque ella contravenga manifiestamente lo dispuesto en el artículo 73º citado anteriormente.
De hecho, la posición es controversial en la medida que existen autores tales como Fernández-Ballesteros que sostienen que “la cosa juzgada se refiere a laudos firmes que resuelvan el fondo del asunto; no, claro está, a aquellos laudos o resoluciones que se abstienen de entrar en el fondo del asunto, y absuelven de la instancia. Indiferente es que el laudo acoja excepciones relativas al convenio arbitral o cualquier otra de las excepciones u óbices procesales (…) que impiden a los árbitros dictar laudos sobre el fondo”.15
Sin embargo, consideramos que esa posición no puede ser acogida, pues de lo contrario podríamos colocar a la parte perjudicada en situación de indefensión, toda vez que no podría hacer valer sus derechos de manera adecuada al no existir medio impugnativo para dicho fin.
En efecto, si partimos de la premisa de que las resoluciones arbitrales que ponen fin a la reclamación de una pretensión, sin pronunciamiento sobre el fondo, no son consideradas laudo y por ende, tampoco considerado cosa juzgada, nos encontraríamos no sólo ante una resolución de una sola instancia, como lo es todo proceso arbitral, sino que estaríamos frente a un resolución que no puede ser impugnada por ninguna vía, es decir, una resolución “a prueba de balas”, transgrediendo con ello, el derecho de defensa y como consecuencia lógica, el debido proceso.
Por el contrario, nos parece adecuada la posición de Cadarso Palau, quién al comentar la resolución de las relaciones opuestas (excepciones) sostiene que: “(…) queda a la apreciación de los árbitros la conveniencia de que las cuestiones relativas a su competencia sean resueltas con carácter previo o junto con las cuestiones de fondo, lo que se coordina además con la posibilidad de que los árbitros puedan dictar tantos laudos como consideren necesarios, ya sea para resolver las cuestiones procesales o de fondo; o dictar un solo laudo resolviendo todas ellas”.16
Compartimos esta posición pues consideramos que toda decisión que pone fin a la controversia o a una de ellas, no puede ser otra cosa que una decisión definitiva e inimpugnable, y por tanto un laudo.
En ese orden de ideas, considerando laudo a aquella resolución que pone fin de manera definitiva a determinada controversia, aún cuando no exista un pronunciamiento sobre el fondo de la situación, ésta sólo podría ser cuestionada en sede judicial mediante el recurso de anulación de laudo.
En este punto, debemos incidir que bajo el término laudo no sólo debe considerarse a la resolución que se pronuncia sobre el fondo del asunto, sino también a aquellas resoluciones arbitrales que se pronuncian favorablemente, por ejemplo, respecto de una excepción deducida o incluso, respecto de la incompetencia de determinado Tribunal Arbitral, que pone fin al proceso.
Y esto se debe a la particular naturaleza y carácter decisivo de las resoluciones arbitrales, que no dejan duda, al menos a nosotros, que comparten la formalidad de un laudo y contra ellas procedería, válidamente, el recurso de anulación.
Laudo Parcial, Laudo Provisional, Laudo Preliminar, Laudo Interlocutorio o Laudo Estimatorio de la Excepción
Consideramos superada la discusión en el sentido en que toda resolución arbitral que pone fin al proceso, aun cuando no se pronuncie sobre el fondo del tema controvertido, es considerada un laudo; sin embargo, creemos que existe un tema aun más controvertido sobre el cual resulta necesario hacer algunas precisiones.
Nos referimos a los laudos parciales sobre los cuales la doctrina, inclusive en su denominación, no se ha puesto de acuerdo, puesto que también los llama laudos interlocutorios17 o laudos estimatorios de la excepción18.
Sobre el particular, al definir los llamados laudos parciales, Laurence Craig, William Park y Jan Paulsson, en International Chamber of Commercial Arbitration, 2nd Ed., ICC Publications, Paris, 1990, sostienen: “…an ICC Tribunal has the power to render an award or awards prior to its final award. Such preliminary awards, where required, may deal with such questions as (…) prejudicial issues…”19
Respecto a los laudos interlocutorios, Ángela Ledesma, coincidiendo con lo dispuesto por el Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional20, señala que “…los árbitros tienen facultad para dictar soluciones sobre cuestiones incidentales y sobre las cuestiones previas que sea necesario resolver antes de analizar el fondo de la cuestión (…) Por lo tanto el Tribunal Arbitral podrá dictar también laudos provisionales, interlocutorios o parciales…”21
Por su parte, Cadarso Palau, se refiere al laudo estimatorio de la excepción, como aquel laudo que “…impide la continuación del arbitraje, situación procesal que se oscurece en cierta manera en tanto se ejercite y esté pendiente la acción de anulación de aquel. No parece desde luego que el acceso a la jurisdicción para dirimir la cuestión pueda quedar bloqueado en virtud de una declinatoria, pues hay laudo declarando la improcedencia del arbitraje…”.22
A pesar de las distintas denominaciones que se le atribuye a aquella decisión de los árbitros que pone fin a todo proceso arbitral o a una de las pretensiones planteadas de manera previa o sin pronunciamiento sobre el fondo, la posición mayoritaria de la doctrina coincide en que dicha decisión puede ser perfectamente cuestionada mediante el recurso de anulación de laudo previsto en nuestro ordenamiento por el artículo 61º de la Ley General de Arbitraje.
No obstante ello, cabría preguntarse respecto a la oportunidad en que dicho recurso de anulación debe ser planteado por la parte que se ha visto afectada por dicha decisión.
Al respecto, queda claro que si el laudo llámese parcial, interlocutorio, preliminar, provisional o estimatorio de la excepción, pone fin a todo el proceso, aun cuando los árbitros no se hayan pronunciado sobre el fondo del asunto, la parte afectada con dicho laudo, deberá proceder de conformidad con lo establecido en el artículo 71º23 de Ley General de Arbitraje.
Sin embargo, consideramos que en el artículo 71º citado de manera precedente, existe un problema de índole procedimental para aquellos laudos parciales que ponen fin a una parte de la controversia sometida a la decisión de los árbitros, en la medida que el proceso arbitral continua respecto de las demás pretensiones sobre los cuales no ha recaído pronunciamiento alguno.
En este caso, la parte afectada de la decisión de los árbitros que pone fin a determinada pretensión, deberá igualmente plantear la anulación del laudo parcial, respecto de dicha decisión del Tribunal Arbitral, ante el Poder Judicial.
Encontramos aquí el problema de índole procedimental citado, pues, el Juez que conozca del recurso de anulación, deberá solicitar a los árbitros o a la institución arbitral, la remisión del respectivo expediente a efectos de emitir pronunciamiento; sin embargo, el expediente aun se encontraría en trámite en sede arbitral respecto de aquellas controversias no resueltas.
Es por eso que, a efectos de no vulnerar el derecho de defensa de la parte impugnante, consideramos necesario precisar que el Juez debería dejar en suspenso la tramitación del recurso interpuesto, hasta que el Tribunal Arbitral emita pronunciamiento respecto de las controversias subsistentes al momento de la interposición del recurso de anulación del laudo parcial.
Finalmente, somos de la opinión que en ningún caso, la parte afectada con un laudo parcial se debe reservar el derecho de impugnar, vía recurso de anulación, el mismo, al momento de la conclusión definitiva del proceso arbitral, pues ello implicaría haber perdido el derecho a impugnar dicho laudo parcial, al haber vencido el plazo previsto en el artículo 71º de la Ley General de Arbitraje.
CONCLUSIONES
Los árbitros son competentes para resolver cuestiones relacionadas a su propia competencia, aún cuando ésta sea promovida de oficio.
Toda decisión de los árbitros que pone fin a una controversia, aunque no se pronuncien sobre el fondo de la misma, constituye un laudo, y por tanto es considerado cosa juzgada.
Del mismo modo, los laudos que ponen fin a una controversia sin pronunciamiento sobre el fondo, son denominados, laudos parciales, provisionales, interlocutorios, preliminares o estimatorios de la excepción, con lo cual, la vía idónea para cuestionarlos es el recurso de anulación de laudo.
Por último, el recurso de anulación de laudos parciales debe interponerse en la misma oportunidad prevista para la impugnación del laudo final, con la salvedad que, cuando existan pretensiones pendientes en sede arbitral, la tramitación por parte del Juez que conozca el recurso, debería suspenderse hasta el pronunciamiento final y definitivo por parte de los árbitros.


1 El Título se nos ocurrió a partir de la lectura de un reciente artículo publicado por el doctor Mario Castillo Freyre en la Revista de Derecho Administrativo Económico denominado “Lo recusamos o no lo recusamos”.

2 Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); Diplomado en Arbitraje en las Contrataciones Públicas por la Universidad Ricardo Palma; Asistente de Cátedra del Curso de Conciliación, Mediación y Arbitraje de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC); Miembro de la Gerencia de Conciliación y Arbitraje del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE); Coordinador de diversos diplomas, cursos y seminarios relacionados con la aplicación del arbitraje respecto de la norma de contrataciones.

3 Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); Diplomado en Arbitraje en las Contrataciones Públicas por la Universidad Ricardo Palma; Asistente de Cátedra del Curso de Arbitraje Comercial Nacional e Internacional de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); Asistente de la Gerencia de Conciliación y Arbitraje del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE); Miembro del Círculo Peruano de Arbitraje; Expositor en diversos Seminarios respecto de la Aplicación de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; Expositor en temas de los Medios Adecuados de Resolución de Conflictos (MARCs); Expositor en el Seminario de Capacitación para funcionarios de Gobiernos Regionales y Locales, realizado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo – USAID; Coordinador de diversos seminarios relacionados con la aplicación del arbitraje respecto de la norma de contrataciones.

4 Alfonso, el Sabio, Ley XIII, Título IIII, Partida I.

5 LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo. Interferencia Judicial en los Arbitrajes. En: Revista Peruana de Arbitraje 2/2006. Lima. Editora Jurídica Grijley. 2005. Página 277.

6 No debemos dejar de mencionar que la facultad contenida en el principio de Kompetenz – Kompetenz puede ser resuelta de oficio por los propios árbitros, pues son ellos quienes al aceptar el encargo encomendado por las partes o por una institución arbitral, adquieren la calidad de directores del proceso y en atención a ello, plena facultad para decidir acerca de su propia competencia aún cuando las partes no la hayan cuestionado.

7 De acuerdo al artículo 1º de la Ley General de Arbitraje, no son arbitrables:

  1. Las controversias que versan sobre el estado o la capacidad civil de las personas, ni las relativas a bienes o derecho de incapaces sin la previa autorización judicial.

  2. Las controversias sobre las cuales ha recaído resolución judicial firme, salvo las consecuencias patrimoniales que surjan de su ejecución en cuanto conciernan exclusivamente a las partes del proceso.

  3. Las controversias que interesan al orden público o que versan sobre delitos o faltas. Sin embargo, si podrá arbitrarse sobre la cuantía de la responsabilidad civil en cuanto ella no hubiera sido fijada por resolución judicial firme.

  4. Las controversias directamente concernientes a las atribuciones o funciones de imperio del Estado, o de personas o entidades de derecho público

8 FERNÁNDEZ-BALLESTEROS Miguel Ángel. Cosa Juzgada y Revisión de Laudos Firmes. En: Comentarios a la Nueva Ley de Arbitraje 60/2003, de 23 de diciembre. Navarra. Editorial Aranzadi S.A. 2004. Páginas 457-458.

9 Artículo 139.1 de la Constitución Política del Perú: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente con excepción de la militar y la arbitral”.

10 Artículo 4º de la Ley General de Arbitraje: “Salvo pacto en contrario, las partes podrán someterse de modo exclusivo y excluyente a la jurisdicción arbitral”.

11 Expediente Nº 6167-2005-PHC/TC, Lima, Fernando Cantuarias Salaverry. Sentencia del Tribunal Constitucional dictada en Lima a los 28 días del mes de febrero de 2006, en sesión de pleno jurisdiccional, con la presencia de los Magistrados, García Toma, Presidente; Gonzáles Ojeda, Vicepresidente; Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y Landa Arroyo, con el voto discrepante en el fundamento Nº 20, pero coincidente en el fallo, del Magistrado Gonzáles Ojeda.

12 COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil, De Palma, Buenos Aires, 1958.

13 MONROY GÁLVEZ, Juan F. La Formación del Proceso Civil Peruano. Segunda Edición Aumentada. Palestra Editores. Lima 2004, Página 171.

14 Artículo 73º de la Ley General de Arbitraje: El laudo arbitral sólo podrá ser anulado por las causales siguientes, siempre y cuando la parte que alegue, pruebe:

  1. La nulidad del convenio arbitral, siempre que quien lo pida lo hubiese reclamado conforme al artículo 39º

  2. Que no haya sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón hacer valer sus derechos, siempre y cuando se haya perjudicado de manera manifiesta, el derecho de defensa, habiendo sido el incumplimiento u omisión objeto de reclamo expreso en su momento por la parte que se considere afectada, sin ser subsanado oportunamente.

  3. Que la composición del Tribunal Arbitral no se ha ajustado al convenio de las partes, salvo que dicho convenio estuviera en conflicto con una disposición legal de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de convenio, que no se han ajustado a dicha disposición, siempre que la omisión haya sido objeto de reclamo expreso en su momento por la parte que se considere afectada, sin ser subsanado oportunamente.

  4. Que se ha laudado sin las mayorías requeridas.

  5. Que se ha expedido el laudo fuera del plazo, siempre que la parte que invoque esta causal lo hubiera manifestado por escrito a los árbitros antes de ser notificada con el laudo.

  6. Que se ha laudado sobre materia no sometida exprese o implícitamente a la decisión de los árbitros. En estos casos, la anulación afectará sólo a los puntos no sometidos a decisión o no susceptibles de ser arbitrados, siempre que los mismos tengan sustantividad propia y no aparezcan inseparablemente unidos a la cuestión principal.

  7. No obstante lo establecido en los incisos anteriores, el Juez que conoce el recurso de anulación podrá anular de oficio el laudo total o parcialmente, si resultará que la materia sometida a la decisión de los árbitros no pudiera ser manifiestamente, objeto de arbitraje, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º. La anulación parcial procederá sólo en el caso de que la parte anulada sea separable del conjunto del laudo.

15 FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, Miguel Ángel, Op. Cit. Páginas 458-459

16 CADARSO PALAU, Juan. Potestad de los Árbitros para decidir sobre su Competencia. En: Comentarios a la Nueva Ley de Arbitraje 60/2003, de 23 de diciembre. Navarra. Editorial Aranzadi S.A. 2004. Páginas 265-266.

17 LEDESMA, Angela Ester. Eficacia del Laudo. En: El Arbitraje en el Derecho Latinoamericano y Español. Cultural Cuzco S.A., Lima, 1989.

18 CADARSO PALAU, Juan. Op. Cit.

19 Traducción Libre: Los Tribunales Arbitrales de la Cámara de Comercio Internacional tienen la facultad de dictar laudos antes de emitir el laudo final. Estos laudos previos cuando sean solicitados pueden referirse a temas prejudiciales.

20 En el Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional la expresión Laudo, hace referencia, entre otros, a un laudo interlocutorio, parcial o final.

21 Ibid, Op. Cit.

22 CADARSO PALAU, Juan. Op. Cit.

23 Artículo 71 de la Ley General de Arbitraje: El recurso de anulación del laudo arbitral deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes de notificado el laudo arbitral.

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