Superintendencia financiera






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CONCEPTO 2012055605-001 DE 2012

(Agosto 17)



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

LEASING HABITACIONAL, LOCATARIO PERSONA NATURAL



Síntesis: La reglamentación del leasing habitacional fue expedida por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1787 de 2004, incorporado en el Decreto 2555 de 2010, en el cual se consagraron dos modalidades de leasing habitacional: el destinado a la adquisición de vivienda familiar y el destinado a la adquisición de vivienda no familiar. Resulta imposible que en leasing habitacional el locatario sea una persona jurídica, por cuanto, a diferencia de lo que sucede con las personas naturales, aquellas no requieren de bienes para vivienda y menos para el goce de su núcleo familiar, como tampoco puede predicarse de ellas el derecho a la vivienda digna de que trata el artículo 51 de la Constitución Política.
«(…) consulta sobre el contrato de Leasing Habitacional y en especial si en esta clase de leasing el locatario puede ser una persona jurídica.
En primera instancia es importante anotar que el leasing habitacional se rige por lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 795 de 2003 y el Libro 28 de la parte 2 del Decreto 2555 de 2010. Es así como el artículo 7 estableció la posibilidad de que los bancos desarrollaran dicha operación en los siguientes términos:
(…) n) Realizar operaciones de leasing habitacional las cuales deben tener por objeto bienes inmuebles destinados a vivienda. Estas operaciones se considerarán leasing operativo para efectos contables y tributarios.
Para el desarrollo de esta operación los Establecimientos Bancarios deberán dar prioridad a los deudores de créditos de vivienda que hayan entregado en dación de pago el respectivo bien inmueble. Lo anterior siempre y cuando tales personas naturales, cumplan los requisitos legales mínimos relacionados con el respectivo análisis del riesgo crediticio.
En el reglamento que expida el Gobierno Nacional en desarrollo del presente artículo, adoptará medidas que garanticen la protección de los usuarios o locatarios.” (Subrayado fuera del texto)
Como se observa, la misma ley establece un criterio para determinar que el leasing habitacional está dirigido a los locatarios que tiene la condición de persona natural.
Es de señalar que el artículo en comento fue demandado en su constitucionalidad ante la Corte Constitucional quien lo declaró exequible mediante la Sentencia C-936 de 2003 “(…) en el entendido que el reglamento que debe expedir el Gobierno Nacional debe someterse a los objetivos y criterios señalados en el artículo 15 de la Constitución y en los artículos 1 y 2 de la Ley Marco 546 de 1999 y demás reglas de esta ley que sean aplicables al leasing habitacional y encaminadas a facilitar el acceso a la vivienda”.
En dicha sentencia se expresó:
(…) “En la disposición demandada se encuentran, además de elementos de naturaleza propia de una ley ordinaria –la autorización misma-, otros que son de clara estirpe de ley marco. Se trata de la obligación impuesta por el legislador al gobierno de dictar normas de protección de los usuarios o locatarios. Este mandato, aunque esté contenido en una ley ordinaria, afecta el contenido normativo de los artículos 1 y 2 de la Ley 546 de 1999 –actualmente marco en materia de financiación de vivienda a largo plazo -, los cuales habrán de interpretarse de conformidad con este mandato. (…)
Por último, y sin que la Corte agote las consecuencias del sometimiento del leasing habitacional a las normas marco del E.O.S.F. y de la Ley 546 de 1999, la Corporación observa que las distintas modalidades de oferta del leasing habitacional deben asegurar que los contratos se pacten en condiciones que, de la mayor manera posible, “consulten la capacidad de pago” del locatario y de su familia, de suerte que el cumplimiento de las cuotas o el ejercicio de la opción de compra no lleve, dentro de situaciones normales, al sacrificio de la satisfacción de sus necesidades básicas. En directa relación con lo anterior, el gobierno –mediante regulación- y los establecimientos bancarios –a través de los contratos -, tienen el deber de diseñar ofertas que procuren la “eficiente financiación” de esta modalidad de tenencia”. (…)
Ahora bien, la reglamentación de dicha figura fue expedida por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1787 de 2004, incorporado en el Decreto 2555 de 2010, en el cual se consagraron dos modalidades de leasing habitacional: el destinado a la adquisición de vivienda familiar y el destinado a la adquisición de vivienda no familiar.
Así pues, conforme al artículo 2.28.1.1.2 se entiende por operación de leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda familiar, el contrato de leasing financiero mediante el cual una entidad autorizada entrega a un locatario la tenencia de un inmueble para destinarlo exclusivamente al uso habitacional y goce de su núcleo familiar, a cambio del pago de un canon periódico; durante un plazo convenido, a cuyo vencimiento el bien se restituye a su propietario o se transfiere al locatario, si este último decide ejercer una opción de adquisición pactada a su favor y paga su valor.
En los términos del artículo 4 de la Ley 546 de 1999 las operaciones y contratos de leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda familiar son un mecanismo del sistema especializado de financiación de vivienda de largo plazo en desarrollo de lo cual, les serán aplicables las reglas previstas en los artículos 11, 12, 13, y 17 numerales 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 y parágrafo de la Ley 546 de 1999, los literales b) y c) del artículo 1 del Decreto 145 de 2000 y lo previsto en el presente decreto.
Por su parte, el artículo 2. 28.1.1.3 define el leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda no familiar como el contrato de leasing financiero mediante el cual una parte denominada entidad autorizada entrega a un locatario la tenencia de una vivienda, a cambio del pago de un canon periódico, durante un plazo convenido, a cuyo vencimiento el bien se restituye a su propietario o se transfiere al locatario, si este último decide ejercer una opción de adquisición pactada a su favor y paga su valor.
Bajo el anterior contexto normativo y jurisprudencia, es claro que resulta imposible que en leasing habitacional el locatario sea una persona jurídica1, por cuanto, a diferencia de lo que sucede con las personas naturales, aquellas no requieren de bienes para vivienda y menos para el goce de su núcleo familiar, como tampoco puede predicarse de ellas el derecho a la vivienda digna de que trata el artículo 51 de la Constitución Política.
Finalmente, es importante anotar que existe una clase de leasing denominado inmobiliario que se rige por las normas generales del leasing (Decreto 913 de 1993) y que corresponde a un contrato en el cual el bien objeto del leasing es un inmueble, generalmente es utilizado para el desarrollo de empresas, descartando la posibilidad de ser dirigido a sufragar necesidades de vivienda pues en tal caso se estaría en presencia del leasing habitacional.
(…).»


1 Se llama persona Jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente.”

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