Puntos de encuentro familiar, la asociación para la protección del menor en procesos de separación de sus progenitores (aprome) y la libre competencia. Trato de favor a favor de dicha asociacióN. Revisión de convenios para evitar tratos de favor que impidan una libre competencia






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títuloPuntos de encuentro familiar, la asociación para la protección del menor en procesos de separación de sus progenitores (aprome) y la libre competencia. Trato de favor a favor de dicha asociacióN. Revisión de convenios para evitar tratos de favor que impidan una libre competencia
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SRA. CONCEJALA DELEGADA DEL SERVICIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, FAMILIA Y MUJER

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

Plaza Mayor s/n

34.001 PALENCIA- Concejala delegada del Servicio de Igualdad de Oportunidades, Familia y Mujer - Concejala delegada del Servicio de Igualdad de Oportunidades, Familia y Mujer

ASUNTO: PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR, LA ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MENOR EN PROCESOS DE SEPARACIÓN DE SUS PROGENITORES (APROME) Y LA LIBRE COMPETENCIA. TRATO DE FAVOR A FAVOR DE DICHA ASOCIACIÓN. REVISIÓN DE CONVENIOS PARA EVITAR TRATOS DE FAVOR QUE IMPIDAN UNA LIBRE COMPETENCIA.
Burgos, 15 de enero de 2.011
Estimada Sra.:
Desde hace unos quince años, la ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MENOR EN PROCESOS DE SEPARACIÓN DE SUS PROGENITORES (APROME) viene gestionando los PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR DE CASTILLA Y LEÓN, salvo mejor información.
Ha sido el año pasado, cuando la JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, por fin, ha publicado normas sobre finalidades, responsabilidades, titularidad, gestión, etc., mediante el DECRETO 11/2010, de 4 de marzo, por el que se regulan los Puntos de Encuentro Familiar en Castilla y León y su autorización de funcionamiento.
Es muy normal, que padres y madres, de diversas partes de esta comunidad, cuando hablan de recoger y entregar a hijos, al otro padre o madre, u otros familiares, que digan ir a APROME, cuando debieran decir, con más propiedad, PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR.
Estas son las consecuencias de tener, durante muchos años, un servicio público atribuido, en exclusiva a una determinada entidad, sin saber cuáles han podido ser las causas de que no haya podido haber otras ofertas o posibilidades, o que lo haya asumido la propia administración regional, o las diversas administraciones.
Sin género de dudas, este DECRETO 11/2010, de 4 de marzo, por el que se regulan los Puntos de Encuentro Familiar en Castilla y León y su autorización de funcionamiento, en su artículo 27, sobre solicitud y documentación, nos aclara:
Las personas interesadas que dispongan de los medios indicados podrán cursar sus solicitudes, junto con la documentación exigida que se digitalizará y aportará como archivos anexos a la solicitud, a través del Registro Electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, sin perjuicio de la posibilidad de requerir al particular la exhibición del documento o información original, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 35 apartado segundo de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.”
Nada indica que deba ser la ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MENOR EN PROCESOS DE SEPARACIÓN DE SUS PROGENITORES (APROME) la entidad, persona física o jurídica que debe tener la titularidad y/o la gestión de dichos servicios. Ahora bien, las distintas administraciones de Castilla y León, tanto la JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, como AYUNTAMIENTOS o DIPUTACIONES, que puedan tener convenios con la ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MENOR EN PROCESOS DE SEPARACIÓN DE SUS PROGENITORES (APROME) tienen un problema legal con los convenios que han firmado con esta asociación, que suelen tener renovación automática anualmente, normalmente, y es que el seguir manteniéndolos con la ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MENOR EN PROCESOS DE SEPARACIÓN DE SUS PROGENITORES (APROME), es favorecer a una entidad determinada, cuando cualquier otra empresa o persona, o entidad, que pretendiera gestionar estos servicios especializados de apoyo a las familias carece de esos cauces legales y facilidades, valorables dinerariamente, para ofertar los mismos servicios. Estarían en inferioridad de condiciones.
Pongamos un ejemplo. Este año, el Excmo. Ayuntamiento de Ávila ha modificado el convenio que mantenía con la ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MENOR EN PROCESOS DE SEPARACIÓN DE SUS PROGENITORES (APROME). ¿ Y que han hecho ?, pues solamente cambiar de piso, para adecuarse al decreto citado. Esa facilidad no la tiene otra persona o entidad que quiera ofertar dicho servicio. ¿ Con que nos encontramos ?. Sencillamente, una administración pública está favoreciendo a una determinada entidad, en contra de posibles terceros.
Es la propia Junta de Castilla y León la que reconoce el derecho a la libertad de mercado y la libre competencia. Sin buscar más legislación, miren lo que se indica en el DECRETO 36/2006, de 25 de mayo, por el que se atribuye la competencia en materia de defensa de la competencia y se crea el Tribunal para la Defensa de la Competencia de la Comunidad de Castilla y León:
La Constitución Española en su artículo 38 reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y señala que los poderes públicos protegerán su ejercicio. La defensa de la competencia, como principio rector de toda economía de mercado, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación, ha de entenderse como un mandato a los poderes públicos que enlaza directamente con el citado artículo 38. Atendiendo a ese mandato constitucional se aprobó la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, con la finalidad de garantizar la existencia de una competencia suficiente y protegerla frente a todo ataque contrario al interés público.”
Es de temer que ayuntamientos y diputaciones de esta comunidad de Castilla y León estén incumpliendo normas o leyes de la propia Unión Europea, en la que estamos integrados, que podría suponer la pérdida de ayudas por estos conceptos. No olvidemos que podrían ofertar asumir titularidad y gestión de PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR empresas o personas de otros países, en igualdad de condiciones que las del Estado Español.



Es de admirar la imparcialidad con que ha actuado el Excmo. Ayuntamiento de Burgos, gobernado por el Partido Popular, en la adjudicación un servicio municipal de catering y lavandería, que venía llevando la prestigiosa entidad católica CÁRITAS, con personas en riesgo de exclusión. Ha sido adjudicado a una empresa filial del poderoso grupo ACS, del presidente del Real Madrid, D. Florentino Pérez. Y el recurso que ha presentado CÁRITAS se someterá estos días a la votación de los partidos políticos en el consejo de administración de la Gerencia de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Burgos.
No les ha temblado el pulso a los responsables del Excmo. Ayuntamiento de Burgos al tomar esta decisión, en que los empleados de la empresa de CÁRITAS ven peligrar sus puestos de trabajo, y hablamos de personas en difícil situación social.
Independientemente de las bondades que vienen pregonando diversas responsables políticos a la hora de inaugurar PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR, y rostros sonrientes, en que se asocia, creando confusión, PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR=APROME, nos encontramos con una asociación, cuyos componentes, miembros, finalidades, patrimonio, estructura, etc., son desconocidos para los ciudadanos. ¿ Los conocen todas las administraciones, regidas por diversos partidos políticos ?.
Conforme a su propia página web,
http://www.aprome.org/
vemos que APROME está ejerciendo actividades empresariales a gran escala. Este es su imperio, conforme informan ellos mismos, y es impresionante. No se sabría si catalogarlo de mediana empresa, o algo más:

Actualmente gestiona 27 sedes repartidas por las comunidades autónomas de Castilla y León, La Rioja y la Comunidad de Madrid, con financiación de la Junta de Castilla y León, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y Gobierno de la Rioja, así como de los Ayuntamientos de Madrid y otras poblaciones limítrofes; de todas las cabeceras de provincia castellano-leonesas y otros partidos judiciales y de las Diputaciones Provinciales de Salamanca y Valladolid.”

Ese volumen de actividades ocupa, en condiciones que desconocemos, a muchas personas. Se relacionan con múltiples administraciones de tres comunidades autónomas, con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Se desconoce si reciben otros fondos de fundaciones, Cajas de Ahorro, etc. ¿ Pagan sus asociados cuotas ?.

Todo esto implica mover y gestionar mucho dinero, notoriamente, PÚBLICO. Como muestra, esto es lo que ha desembolsado la propia JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN a favor de esta entidad, desde el año 2.003 al año 2.010:

7.279.500,- euros

Sin embargo, la propia Junta de Castilla y León, con su decreto, ha prometido a todas las administraciones públicas de Castilla y León, que puedan colaborar con la ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MENOR EN PROCESOS DE SEPARACIÓN DE SUS PROGENITORES (APROME), lo que se indica en el artículo 32 del DECRETO 11/2010, de 4 de marzo, por el que se regulan los Puntos de Encuentro Familiar en Castilla y León y su autorización de funcionamiento:

La Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de familia promoverá la creación de una comisión en la que estén representados los organismos públicos que colaboren en la financiación de la Red de Puntos de Encuentro Familiar de Castilla y León. Dicha comisión realizará sus funciones en aras a procurar un marco de financiación estable y homogéneo de los Puntos de Encuentro Familiar que integran la Red y una prestación del servicio de calidad y acorde con las necesidades que presente la población de Castilla y León.”
Asimismo, en la disposición final primera (Desarrollo del Decreto), se cita:
Se autoriza a la Consejería competente en materia de familia a dictar cuantas disposiciones y resoluciones sean precisas para el desarrollo y aplicación del presente Decreto.”

La Junta de Castilla y León ha adquirido el compromiso, ante todas las administraciones públicas de Castilla y León, regidas por diversos grupos políticos, de resolver, mediante las disposiciones y resoluciones que sean precisas, las distintas incidencias que se vayan presentando y sean oportunas sobre la titularidad y gestión de PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR, y que se estima son EXIGIBLES por las distintas ADMINISTRACIONES PÚBLICAS que puedan estar dando facilidades a esa respetable ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MENOR EN PROCESOS DE SEPARACIÓN DE SUS PROGENITORES (APROME).

A finales del año 2.010, se ha pedido a la Secretaría General Técnica, de la Subdirección General de Estudios y Relaciones Institucionales, Registro Nacional de Asociaciones, del Ministerio del Interior, la información que se tenga sobre dicha ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MENOR EN PROCESOS DE SEPARACIÓN DE SUS PROGENITORES (APROME), pero, desgraciadamente, no se ha recibido información alguna al día de la fecha. Se desconoce si esta ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MENOR EN PROCESOS DE SEPARACIÓN DE SUS PROGENITORES (APROME) presenta cuentas de su intensa actividad empresarial en algún registro público, basada en la captación y recepción de múltiples ayudas y subvenciones, públicas, para los diversos servicios que oferta y gestiona.

Ante la complejidad de actividades, y multiplicidad de ayudas y subvenciones que está recibiendo la ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MENOR EN PROCESOS DE SEPARACIÓN DE SUS PROGENITORES (APROME), no es descabellado exigir a la ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MENOR EN PROCESOS DE SEPARACIÓN DE SUS PROGENITORES (APROME), el conocer el origen de las mismas, y la distribución que hace de las mismas, adaptadas a cada actividad realizada en cada punto de actividad concreto, señalando cuanto de cada subvención está dedicando, porque sería no aceptable por las diversas administraciones, por ejemplo, que utilizara subvenciones de Castilla y León en nuevos proyectos empresariales en la Comunidad Valenciana, por ejemplo. O que el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid dé ayudas que luego se utilizan en el PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR de Laguna de Duero.

Nada se indica, o se prohíbe, que, en la próxima o futuras legislaturas, con distintas afinidades políticas, por ejemplo, se contemplara que tanto la titularidad y la gestión sean públicas, como se contempla en el artículo 2 del DECRETO 11/2010, de 4 de marzo, por el que se regulan los Puntos de Encuentro Familiar en Castilla y León y su autorización de funcionamiento.

En ese momento, ¿ cómo quedan, o quedarían, los convenios anuales renovables con esa asociación, y afectando a otras posibles empresas, personas o entidades, de AYUNTAMIENTOS y DIPUTACIONES DE CASTILLA Y LEÓN ?.

Tampoco aclara la Junta de Castilla y León cuáles son las responsabilidades exactas que deben tener la Junta de Castilla y León y el ayuntamiento de la población o ciudad en que esté un PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR. O en relación con la Diputación Provincial que colabore. Tampoco se contempla, o se aclara, si en una ciudad puede haber, uno, dos o veinticinco PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR, y regidos por VEINTICINCO CONCESIONARIOS DISTINTOS y si se pueden mezclar titularidades públicas y gestión pública, con titularidades públicas y gestión privada, como estimo se hace en la ciudad de Ávila, en que el local o vivienda lo pone el Excmo. Ayuntamiento de Ávila.

Tampoco se habla de plazos de concesión del servicio.

En definitiva, las distintas administraciones locales y provinciales de Castilla y León, que están facilitando pisos o locales, o dando subvenciones dinerarias a la ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MENOR EN PROCESOS DE SEPARACIÓN DE SUS PROGENITORES (APROME), salvo mejor criterio razonado, tienen firmados unos convenios que se estima están incumpliendo su obligación constitucional contemplada en el artículo 38 de la Constitución Española:

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.”

Ante esta muy grave situación, se recuerda las responsabilidades personales de los distintos responsables de las administraciones públicas, de todo tipo de partidos, que mantienen convenios, acuerdos o facilidades con la ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MENOR EN PROCESOS DE SEPARACIÓN DE SUS PROGENITORES (APROME).

Tampoco es asumible por la ciudadanía que se puedan estar dando subvenciones con los criterios del famoso Gran Capitán, de la época de los llamados Reyes Católicos: muchas subvenciones, de muchos sitios, muchas actividades, muchos centros empresariales, y aquí no pasa nada, nadie preguntamos nada, y no pasa nada si esto sigue como si no pasa nada. Si que pasa, está el DECRETO 11/2010, de 4 de marzo, por el que se regulan los Puntos de Encuentro Familiar en Castilla y León y su autorización de funcionamiento que reconoce la libertad de empresa y la libre competencia en los PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR de la COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, y el derecho y obligación de tener una comisión en la que estén representados los organismos públicos que colaboren en la financiación de la Red de Puntos de Encuentro Familiar de Castilla y León, etc., etc.

Le recuerdo su obligación de contestar, al amparo del artículo 103.1 de la Constitución Española y de los artículos 3.1, 3.2 y 35 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Muchas gracias.

Jesús AYALA CARCEDO, de la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE BURGOS-A.P.F.S.-BURGOS.

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