Bibliografía 27-28






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títuloBibliografía 27-28
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Índice
Introducción 1-3

Hipótesis 4

Metodología 4

Ausencia de un Marco Jurídico Constitucional Adecuado 4-11

Ausencia de Controles Constitucionales Eficientes 11-15

La Ausencia de una Regulación Tributaria Accesible 15-20

La Centralización del Sistema Tributario en México 20-23

Conclusiones 23-25

Propuestas 25-26

Bibliografía 27-28


Introducción
El 2010 cerró el año fiscal con un déficit de alrededor de $22,039,000,000.00 millones de pesos. 1 Esta cantidad, supera bastante el PIB nacional, el cual, de acuerdo al INEGI, alcanzó el valor nominal de $13,880,244,589.00 mil millones de pesos, lo que es bastante bajo2, si se compara el crecimiento que ha tenido países como Chile, Argentina, y otros países que rebasan inclusive el 6.6% anual, cuando el de nuestra nación tan sólo ha sido del .67%. El dato nos indica ante todo que México cuenta con la problemática de contar con un sistema fiscal débil, lo cual implica un gran reto para el desarrollo económico estatal, pues a falta de recursos, las instituciones estatales pierden la fortaleza que necesitan para cumplir con sus obligaciones, como vendría a ser el contar con un sistema educativo fuerte, un adecuado nivel de desarrollo humano, o un sistema de seguridad y procuración de justicia. A su vez esto está debilitando la legitimidad del Estado como ente, ya que los individuos están notando una menor eficacia por parte del Estado para cumplir con sus obligaciones o atender a sus necesidades. Esto ocasiona un círculo vicioso en el cual las personas, pues la falta de legitimidad en las instituciones aumenta el déficit fiscal, y contribuye a empeorar el sistema financiero del país.
La falta de un sistema financiero y tributario fuerte, está inclusive contribuyendo al incremento en la pobreza, que abarca ya más de 60% de la población.3 Esto a su vez genera contribuye a otro círculo vicioso, pues ha fomentado la informalidad, y con ello, la evasión fiscal. Por si no fuera poco, cada día aumenta la cantidad de entes que en el mercado están evadiendo sus impuestos, ya que de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, 67% de las microempresas en México se han vuelto informales, y no pagan impuestos4, y de acuerdo al Banco Mundial, del 2005 al 2010 el porcentaje de empresas que pagan impuestos en el país bajó del 27% al 5%5.
Es importante que el Estado encuentre soluciones viables ante la problemática de contar con un sistema fiscal que sea débil, pues cada día es más difícil hacer retos como la Deuda Pública y la Deuda Exterior, ya que de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, la Deuda pública ya abarca más del 12% del PIB, y la Deuda externa alcanza el 11% del mismo.6 En un ámbito internacional, no estamos preparados para hacer frente a otra crisis como la ocurrida en el 2008, pues ya son cada día insuficientes las herramientas para hacer frente al capital especulativo., como bien lo Señala Salinas de Gortari.7 Por ejemplo, como bien lo Señala el político en cita, cada día son menos las personas que confían e invierten en bonos gubernamentales, debido a la falta de credibilidad en la fortaleza fiscal y financiera de los países, y más por su gran dependencia al mercado, lo cual, está minando la soberanía del país.
Es importante que analicemos cuales son los factores jurídicos y tributarios que están contribuyendo a la problemática de la falta de fortaleza fiscal y financiera en México, pues si bien se trata de un tema que abarca desde el aspecto económico, social y cultural, también el identificar las causas jurídicas que están contribuyendo al mismo, nos dará una posibilidad de contar con soluciones viables que hagan frente al mismo.
Hipótesis
Los factores jurídicos fiscales y financieros que están contribuyendo a que contemos con un sistema fiscal débil en México son los siguientes:


  1. La ausencia de una adecuada marco normativo constitucional que permita definir la naturaleza jurídica de las contribuciones, y los principios que las rijan.




  1. La ausencia de controles constitucionales adecuados que impidan la creación de contribuciones inconstitucionales.




  1. La ausencia de una regulación que sea accesible para el ciudadano, y garantice la efectiva recaudación de las contribuciones.




  1. La ausencia de una normatividad financiera que garantice la redistribución de manera estratégica, descentralizada y equitativa los recursos entre la Federación, los Estados y los municipios.


Metodología
Con objeto de poder verificar la hipótesis se utilizará a través de todo el trabajo el método deductivo e inductivo o el e generalizado ya que el principal enfoque es analizar las reglas generales relativas al sistema financiero para arribar a conclusiones específicas, pero sin por ello descuidar el estudio de los fenómenos de facto que está viviendo México en cuestión tributaria para obtener reglas generales que fortalezcan este punto de vista.
Ausencia de un Marco Jurídico Constitucional Adecuado
El señalamiento que contiene la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en comento, consiste en la obligación generalizada de los particulares de contribuir al gasto público, realmente no dice, por el simple hecho que existen diversas maneras de contribuir. La redacción es demasiada ambigua, y se corre el riesgo que se atribuyan distintos significados contradictorios a este párrafo a través de la labor de la hermenéutica constitucional que realiza el Poder Judicial Federal.8
Este artículo no define de manera precisa que se ha de entender por contribuciones, o sus distintas especies como son los impuestos, las contribuciones de mejoras, las aportaciones de seguridad social, los derechos, etc., sino que de manera explícita remite a la legislación secundaria. En este orden de ideas, tampoco la constitución delimita los principios que han de guiar las contribuciones, o sus distintos tipos, más allá de lo que se refiere a la proporcionalidad y la equidad.
El problema consiste en que cuando se acude a la legislación secundaria para tratar de encontrar la definición de las contribuciones, el Código Fiscal de la Federación tampoco las define, sólo clasifica los tipos de contribuciones de acuerdo a los lineamientos ya mencionados.9 Esto implica que el alcance de la definición de las contribuciones y sus especies, así como de los principios, condicionarán de manera determinante su desarrollo, evolución, está totalmente al arbitrio del Poder Judicial Federal a través de la hermenéutica constitucional que realice. Esto implica un problema en el fortalecimiento del sistema tributario mexicano, porque se está legislando a través de la jurisprudencia, lo cual no le da seguridad jurídica al mexicano, y se expone al riesgo de caer en contradicción en la labor interpretativa de las contribuciones.
Vocablos como lo son proporcional y equitativo son criterios constitucionales muy ambiguos e insuficientes para determinar la manera en la que se han de marcar las contribuciones en la legislación secundaria. Esto se debe a que cada uno de estos términos se les puede asignar, a través de la labor interpretativa, distintas definiciones lo cual estará condicionado a cada contexto, o circunstancia en específico, y al método que se emplee. La inseguridad jurídica nace del hecho que la jurisprudencia, a comparación con al ley, no es obligatoria para acatar a los ciudadanos, ni para poderes distintos a los jurisdiccionales materialmente hablando.
El ciudadano no puede estar ateniéndose a lo que dice o no la jurisprudencia, y más cuando el ámbito de aplicación de ésta no es uniforme. Tanto la Suprema de Justicia de la Nación, y de los Tribunales Colegiados de Circuito, han emitido jurisprudencias contradictorias, o en donde se cambian los criterios sin darle la certeza al ciudadano sobre la distinta implicación de los principios que rigen las tributaciones.
Se podría argumentar en contra de lo establecido en el párrafo anterior que la jurisprudencia sí es una fuente formal del derecho, y a pesar que no legisla, sí es necesaria para colmar las lagunas existentes en el ordenamiento jurídico, o tratándose de establecer un criterio de ponderación cuando distintos principios chocan. No se duda de la importancia de la interpretación constitucional que se hace de los principios que rigen los tributos, ni mucho menos de aquellos que definan las contribuciones, el problema consiste en que se le está dando una carga muy grande al individuo, de tenerse que atener a textos distintos a la ley, a fin de poder cumplir con sus obligaciones tributarias.
Países como los Estados Unidos de Norte América cuentan con lineamientos generales como los de nosotros para delimitar las definiciones y los principios constitucionales que rigen a las contribuciones, como bien lo señala Jorge Carpizo.10 También sus disposiciones están abiertas a varias interpretaciones y a correr los mismos riesgos que en el sistema tributario mexicano. Por lo tanto, no se explica como en primera instancia porque gozan de un sistema tributario tan fuerte, cuando su texto constitucional es tan abierto a la interpretación como la de nosotros. Existen aquí dos factores jurídicos determinantes que permiten a los Estados Unidos de Norte América contar con un sistema tributario fuerte: el sistema del common law, y el haber regulado en su constitución cuales serían los distintos tipos de contribuciones.
A comparación de México, la Unión Americana cuenta con un sistema de derecho en donde la legislación nace también a través de la fijación del derecho que realizan los jueces. A través de stare décisis, la actividad jurisdiccional tiene la fortaleza de tener efectos generales, independientemente de si se trata de un sistema rígido o flexible, lo cual le da mayor seguridad jurídica al ciudadano, como bien lo establece Ronald Dworkin11. A su vez, el sistema del Common Law, le permite a Estados Unidos contar con una constitución eficaz, o viva, como.12 Esto implica que cuestiones como son la definición de los tributos, o la delimitación los principios constitucionales de las contribuciones, si cuentan con plena eficacia, circunstancia que no aplica a México. Ahora, retomando a Carpizo, la Carta Magna del sistema norteamericano delimita de manera expresa, los distintos tipos de contribuciones.13 Esto le da mayor seguridad jurídica al ciudadano, y sobre todo, mayor fortaleza al sistema tributario de los Estados Unidos, porque saben a comparación de México, a que atenerse.
Para mostrar la falta de uniformidad o congruencia para establecer criterios fijos que den seguridad jurídica al sujeto pasivo de las contribuciones se puede tomar en cuenta la evolución jurídica del concepto de aportaciones de seguridad social. De acuerdo al fiscalista el Dr. Manuel Hermosillo Arellano, en la octava época del Poder Judicial Federal, se ve claramente la intención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que esta figura jurídica no gozaba de la misma naturaleza que las contribuciones.14 Esto se debe a que es una figura propia del derecho laboral, que se puede extraer del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.15 Por otro lado, vemos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación cambió de criterio al establecer en la novena época que efectivamente, sí se tratan de contribuciones, y que gozan de la misma naturaleza jurídica que éstas.16
Este cambio de criterio por parte del Poder Judicial Federal, como bien se desprende del análisis de estos preceptos, y de los estudios científico del derecho en cita, se debe al sólo hecho que las aportaciones de seguridad social están establecidas en el Código Fiscal de la Federación. Se trata de un cambio de interpretación a base de criterios meramente formales, que nada tiene que ver con el contenido de las contribuciones. Esta interpretación desconoce que puedan existir a nivel constitucional otro tipo de figuras de carácter tributario, guiados por principios distintos, debido a su superioridad jerárquica.
Otro ejemplo por el cual se puede verificar la falta de seguridad jurídica fue el cambio que se produjo en los criterios establecidos por el Poder Judicial Federal tratándose del capital constitutivo tratándose de las contribuciones de mejoras. Como bien lo señalaba el Dr. Hermosillo, en la octava época se plasmaba que para tenerse fundado y motivado el capital constitutivo era necesario acreditar cada prestación, además que ésta debería estar contemplada en la ley.17 Actualmente se consagra que para tenerse fundado y motivado al capital constitutivo sólo es necesario citar los aspectos esenciales al mismo.18 Se puede apreciar que el cambio de jurisprudencia es ante todo perjudicial para el individuo, desconociendo así el principio Pro Homine, es decir, que aplicando todo tipo de normatividad, o de interpretación jurídica, se deberá de estar aquello que más beneficie al individuo. 19
El principio de proporcionalidad tributaria es el mejor ejemplo del desarrollo legislativo por parte del Poder Judicial Federal, ya que ante la ausencia de normatividad para delimitar los alcances mínimos de este principio, este poder ha tenido que intervenir para llenarlos, pero no de manera general, si no atendiendo a la naturaleza de cada contribución. Esto es algo grave para el particular, porque la falta de lineamientos generales ha causado que se llegue a una conclusión totalmente contradictoria de este principio.
El Poder Judicial Federal ha aseverado en jurisprudencia que el principio de proporcionalidad está ligado al concepto de capacidad tributaba.20 Esto implicaría que cada contribución debería estar delimitada por el ingreso real de cada individuo, a efecto que paguen más los que más ingreso tienen. El problema consiste en que tratándose de contribuciones o tributos en sus distintos tipos, la capacidad contributiva del contribuyente ya no se toma en cuenta, de acuerdo al Poder Judicial Federal, como ocurre con las contribuciones de mejoras y los derechos.21 Pero este ente público no toma en cuenta otros criterios, que aún complican más cosas, ya que se tiene que tomar nuevamente el principio pro homine, y sobre todo el derecho al mínimo vital, ambos conceptos obligatorios y desarrollados por él.22
Por ejemplo, para cobrar un derecho como vendría a ser el agua, o los servicios a la misma, de acuerdo a la jurisprudencia tradicional, no se tiene que tomar en cuenta la capacidad contributiva de cada individuo, ya que lo que e toma en cuenta es el servicio prestado. Pero luego vemos que la jurisprudencia comete el error de no tomar los otros dos principios, ni mucho menos el alcance del derecho al agua, como derecho fundamental, constatado como tal por la interpretación jurídica realizada por las Naciones Unidas, a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Con esto se quiere dar a entender, que es inconcebible que si ni el propio Poder Judicial Federal establece de manera adecuada, certera sus propios criterios, y lo que es peor, sin tomar en cuenta criterios obligatorios para el alcance de derechos humanos consagrados en tratados internacionales, mucho menos lo hará el particular si no se establece en la ley de una vez y por todas, los lineamientos generales constitucionales que han de observarse para las contribuciones.
Como se puede constatar de los últimos ejemplos, es muy difícil para un particular conocer sus obligaciones fiscales, ya que los principios evolucionan sin uniformidad y congruencia. Con esto no se está intentando de desechar la importancia de la hermenéutica alrededor de los principios tributarios, pero si es importante que se definan debido a que esto restringe más la facultad discrecional interpretativa de la que goza actualmente el Poder Judicial Federal, se fortalece el sistema tributario mexicano, y con ello se salvaguarda la seguridad jurídica a favor del particular.
Ausencia de Controles Constitucionales Eficientes
Uno de los factores que están contribuyendo de manera determinante a debilitar el sistema tributario mexicano consiste en que actualmente los controles constitucionales existentes son insuficientes para impedir la creación de impuestos que violen el texto fundamental. Esto se debe a que actualmente la justicia constitucional de México ha contribuido a la tolerancia de leyes irregulares y de un sistema tributario injusto.
El amparo en México es incapaz de fortalecer el sistema tributario en México debido a la fórmula otero. Coincidiendo con el pensamiento Humberto Enrique Ruiz Torres, el alcance individual del principio de la relatividad de la sentencia en el amparo está causando que se toleren normas inconstitucionales de manera injusta en el sistema jurídico tributario mexicano.23 Es injusto que si una norma haya sido declara de manera manifiesta constitucional, los efectos de dicha sentencia tengan que ser soportados por todos los demás a excepción de quien benefició la sentencia. Lo más lógico sería eliminar aquellas normas que hayan sido declaradas inconstitucional a través de este control constitucionalidad.
A través del derecho comparado vemos que varios países europeos, como es el caso de España, de Italia, de Alemania, o aquí en América Latina tratándose de Argentina o Colombia, cuentan con controles constitucionales en los que si su tribunal constitucional determina a través del proceso pertinente que una ley es inconstitucional, o a través de la jurisprudencia o interpretación de la constitución determinan que una ley tiene tal carácter, tiene efectos erga omnes.24 Tratándose de los Estados Unidos de Norte América, vemos cómo a comparación de Europa, en donde si bien se centralizó la justicia, pero con efectos generales, aquí se descentralizó con efectos particulares a través del control difuso de la constitución, el cual utiliza el judicial review o revisión judicial.25 Ruiz Torres demuestra como de manera evidente este principio fue uno de los factores determinantes para que en el amparo se consagrar la relatividad en la sentencia.26
El amparo también es un control constitucional que está fuera del alcance de la mayor parte de la población, ya que ante todo se trata de un recurso federal, que sólo se utiliza por lo general una vez que se hayan agotado todos los demás recursos ordinarios. Esto implica que la accesibilidad del amparo estará condicionado a la capacidad económica pecuniaria del quejoso. Independientemente que no existan costas judiciales en México, se tiene que tomar en cuenta el costo del abogado, de los peritos, de las copias, viajes, etc. Tratándose de la defensoría pública federal, no cuenta actualmente con suficiente infraestructura para atender a más de 54 millones de pobres, es decir, 51% de la población.27
Los otros dos controles constitucionales, están muy limitados para poder invalidar contribuciones que sean inconstitucionales. La acción de inconstitucionalidad se encuentra limitada por el tipo, la cantidad de sujetos, los días y el tipo de circunstancias en las cuales éstos la pueden ejercer. En la mayor parte, esta acción sólo la pueden ejercer los representantes elegidos popularmente siempre que lo hagan dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación de la ley, y siempre que la ejerciten el 33% de los integrantes del poder legislativo.28 Esto politiza la determinación de leyes o tratados internacionales que sean contrarios al texto constitucional. Aunque el porcentaje se hizo para respaldar a las minorías parlamentarias, el problema consiste en que varias legislaturas, existen partidos minoritarios que no alcanzan dicho porcentaje, por lo que es muy fácil que otro partido con poco números de diputados, se pueda aliar en contra del primero, para impedir que pase una ley, o mínimo para suspender su entrada en vigor. También esta es una arma de doble filo en donde si un partido político con mayoría política cree conveniente declarar inconstitucional un impuesto, no necesita que realizar demasiado esfuerzo para lograr ese 33%.
El hecho que el Procurador General de la República pueda utilizar la acción de inconstitucionalidad, realmente no garantiza nada, pues si bien es una institución de buena fe, también es cierto que es dependiente del Poder Ejecutivo Federal. Por lo tanto, es muy sencillo que sufra represalias por parte de este poder si ha de impugnar la inconstitucionalidad de una contribución que proviene de este poder.
Este filtro pequeño es ideal para poder pasar contribuciones inconstitucionales, pues lo único que tienen que hacer los partidos políticos para que pase una ley inconstitucional, es hacer uso omiso de su derecho. De tal manera que como la sentencia del amparo no tiene efectos erga omnes, sería una minoría muy pequeña quienes lograrían sustraerse como sujetos pasivos de un impuesto declarado de manera manifiesta inconstitucional por el Poder Judicial Federal, en la que una gran mayoría tienen que soportar un impuesto injusto.
Para fortalecer esta argumentación se toma como ejemplo el IETU. Este impuesto era claro que era inconstitucional, de tal manera que se presentaron más de 6 mil amparos en contra de éste, aunque en su mayor parte fueron empresas quienes lo presentaron. 29 Independiente de los conceptos de violación que se hayan hecho valer, sigue constatando el hecho que la ciudadanía queda indefensa frente a impuestos inconstitucionales en su mayor parte debido a que el poder público puede darse el lujo de pasar tributos inconstitucionales e injustos sin que el individuo pueda contar con herramientas adecuadas para defenderse.
Paradójicamente, parecería que este dato debería de fortalecer el sistema tributario mexicano, pues sería muy fácil imponer cualquier clase de tributo, pero al contrario, la debilita, pues este tipo de medidas son las que hacen que el poder no quede legitimado en su actividad recaudatoria, y que cada día sean menos los que paguen algún tipo de contribución. Es decir, los individuos, de por sí agraviados por la pobreza, no van a pagar impuestos que consideran injustos, mucho menos las empresas que tienen los recursos suficientes para ampararse. Remitimos al lector a la parte introductoria consistente en los datos aportados por el Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo consistente en que cada día son más las grandes y micro empresas que no están pagando impuestos. Las primeras, cuentan con todos los recursos para ampararse y protegerse de impuestos inconstitucionales. Esto se corrobora a través de un informe de finanzas públicas que logró recabar la cadena televisiva CNN, en donde constató a través que la Secretaría de Hacienda está perdiendo la mayor parte de los juicios.30 Por lo tanto, la justicia tributaria, tratándose de controles constitucionales sólo está al alcance de una minoría.
La inaccesibilidad de los controles constitucionales a la mayoría de la población, garantizando sólo intereses de quienes cuentan con suficientes recursos, así como su ineficacia coadyuvan a que se escapen recursos que podría bien captar el Estado si se diera la molestia a tener buenos controles constitucionales, o legislar impuestos que sean acordes a los principios constitucionales. Independientemente de la falta de capacidad de los operadores jurídicos del SAT o de Hacienda, que defiendan al estado en juicios federales, el hecho es que debido la debilidad de la justicia constitucional fiscal garantiza que sólo un reducido de número de individuos paguen sus contribuciones, o lo que se conoce popularmente como el voto cautivo. Como la gran mayoría se va a la informalidad, y las grandes empresas tienen todas las de ganar en los procesos jurisdiccionales constitucionales, entonces sólo el asalariado que se encuentra económicamente indefenso dentro de la formalidad, paga el impuesto.
Si México ha de contar con un sistema tributario fuerte, necesita de controles constitucionales que permitan la aplicación eficaz de los principios constitucionales tributarios, a fin que el Estado pueda de manera sencilla tener un control sobre la regularidad constitucional de la legislación tributaria.
Se necesita sobre todo contar con un sistema de justicia constitucional que esté al alcance de la población, sobre todo a aquellos grupos vulnerables o marginados que no cuentan con suficientes recursos para acceder a la justicia. Esto ayudará a incrementar la legitimidad del Estado, y su fortaleza, inhibiendo la informalidad y la evasión fiscal. A su vez, le permitirá al Estado un mayor cúmulo de recaudación de las grandes y micro empresas que no podrán ampararse frente a un Estado que goza del respaldo de la población, y de leyes acordes a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Ausencia de una Regulación Tributaria Accesible
La regulación tributaria en México es inaccesible al común de la población. Esto se debe en gran parte a la complejidad del sistema de contribuciones, en donde el ciudadano necesita que depender mucho de los contadores y licenciados en derechos a fin de poder pagar sus contribuciones. La gran cantidad de impuestos especiales, así como criterios jurídicos complejos, inhiben a que las grandes, medianas y pequeñas empresas ingresen a la formalidad, y fomenta la evasión fiscal. Estos factores debilitan al sistema tributario de México por que ante la falta de una regulación tributaria sencilla y accesible al contribuyente, varios prefieren no pagar impuestos y con ello, sólo una minoría muy pequeña los paga.
Uno de los principios que deben de guiar a las contribuciones, consiste en la sencillez con las que éstos se pueden determinar. En México, la legislación tributaria está muy lejos de ser simple o sencilla para el ciudadano ya que implican en lo general el conocimiento de varias operaciones aritméticas y conocimientos jurídicos que la mayor parte de la población no cuenta, o bien, que no necesita porque conocerlos. Obtener un impuesto debería ser sencillo, y más que nada por el principio de legalidad que en teoría deberían de regir las contribuciones.
Actualmente el Poder Judicial Federal ha complicado de manera innecesaria el principio de legalidad, pues si antes consideraba que no podía haber contribución que no estuviera establecida en una ley; y que además era necesario que se especificara en todo ordenamiento jurídico el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de la contribución31, ya esto no es necesario. Esto se debe a que los criterios jurídicos que ha fijado el Poder Judicial Federal tratándose de los alcances de reglamentos, o inclusive de otras disposiciones, han sido con el objeto que éstas sean obligatorias. 32.
El principio de legalidad ha sido desaplicado en varias ocasiones debido a criterios jurisprudenciales que dejan en Estado de indefensión al particular. Tal es el caso de la interpretación del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación por el que se contempla la capacidad oficiosa del poder público de compensar por créditos fiscales cuando el contribuyente tiene cualquier adeudo a su favor, sin que se viole el derecho de audiencia.33 Esto equivale a decir, como bien lo ha señalado el Dr. Hermosillo, que se prive a los particulares de sus bienes al amparo de un criterio hecho a la medida del Poder Público. Lo adecuado hubiera sido que si un particular tiene un crédito fiscal a su favor, y éste se va a utilizar para solventar a una deuda, se tenga el consentimiento del individuo, pero que no se le prive de este derecho sin audiencia previa.

Esto también ocurre en el caso de la discrecionalidad jurídica con la que cuenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Presidente de la República para condonar, de manera discrecional, sin fundar y motivar, total o parcialmente, multas, o el pago de impuestos. Inclusive este último puede realizar como vea realizar de manera generalizada estímulos fiscales.
Tratándose de las facultades discrecionales de Hacienda, contenidas en el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, evidencian perfectamente que se viola el artículo 16 constitucional, ya que se espera que porque es una medida favorable al particular, no existe razón para poder delinear las razones para la condonación de la multa. 34Da a entender este artículo que sólo se podrá fundar y motivar cuando se esté perjudicando al particular. Sin embargo, no existe razón por la cual no se funde o motive la condonación de multas, ya que el actuar de la autoridad, debido al principio legalidad, no le permite margen de discrecionalidad, ya que esto da a entender que se está dando un trato privilegiado al particular en detrimento del trato que se le puede dar a otros.35
Otro problema de este artículo consiste en que no admite recurso alguno, lo cual es una falacia, ya que la discrecionalidad y la subjetividad para poder condonar multas, lo cual varía grandemente de un contribuyente a otro, es suficiente para poder acudir a través del amparo indirecto por violación al artículo 16 constitucional. Ante todo este artículo está fomentando que en aras de la legalidad se justifique la corrupción en la condonación de las multas fiscales. Esto no puede ser
Tratándose del artículo 39 el cual contempla en sus fracciones I y III la facultad discrecional del Presidente de la República para que a través de resoluciones de carácter general pueda condonar todo tipo de contribuciones, total o parcialmente siempre y cuando éstas afecten casi cualquier ramo de la economía, o la circunstancia excepcional así lo amerite, sin pedirle permiso al Congreso de la Unión, al Senado; y para poder realizar subsidios y estímulos fiscales donde lo vea conveniente.
Este artículo es inconstitucional porque viola el principio de igualdad ante la ley, pues con tal de proteger la economía se puede utilizar este artículo para darle un trato preferencial a grandes empresas, en detrimento de las pequeñas cuando ocurra una recesión, una depresión o una crisis financiera. Este artículo le da la facultad al Presidente sin rendirle cuentas a nadie de salvar las empresas o grupos minoritarios que controlen el capital especulativo siempre y cuando se venga un momento difícil en la economía. Varias familias podrían caer en la extrema pobreza a causa de este artículo, en un tiempo de bastante en el cual exista un gran problema financiero en el país, ya que ellos no cuentan garantía en que serán ayudados como los demás empresarios que decida el Presidente de la República. Es más la ayuda que está dando no está condicionada a ningún límite, puede ser tan extensiva o restrictiva como vea, pudiendo abarcar a un solo individuo. No existe limitante de cantidad para la facultad expresa en el artículo 39.
Tratándose de los estímulos o subsidios fiscales ocurre algo peor, ya que ésta disposición no está condicionada a ningún tipo de crisis financiera, sino que está al libre arbitrio del Presidente otorgar este tipo de trato a quien desee. Esto implica que las grandes empresas, o los grupos financieros que decida el presidente pueden acaudalar grandes riquezas al amparo de la ley, sin que jamás logren pagar un impuesto, como ya se comprobó en apartados anteriores.
Esto vuelve a tocar el tema del acceso que tiene el ciudadano a la justicia constitucional tributaria, ya que si antes se había dejado en claro que éstas tienen grandes probabilidades de ganar en el caso del amparo, y quedar exentas de pagar impuestos, con estas disposiciones fiscales, pueden hacer lo que quieran, y con el poder político en turno apoyándolos sin ningún inconveniente, lo cual representa una circunstancia totalmente inequitativa.
Tratándose de calcular los impuestos, la mayor parte de las contribuciones necesitan de realizarse a través de cálculos muy complicados para el ciudadano, como es el caso del artículo 2-a de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que contempla las tasas y cuotas a las que se sujetarán las personas que enajenen gasolina o diesel en territorio nacional.36 Este artículo es uno entre tantos en donde sólo existen operaciones aritméticas complicadas, en las que implica un conocimiento previo de químicos derivados de petróleo. El mismo ejemplo se repite con la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado37, y la Ley del Impuesto sobre la Renta.38
La imposición de la determinación del impuesto sobre lineamientos que el particular no tiene porque conocer, implica un costo extraordinario, ya que en todo caso se debe de pagar a un contador que determine los distintos costos a pagar por distintos tipos de contribuciones. Para una gran empresa que se encuentra en el mercado formal, estos costos no son tan grandes como lo es para una empresa pequeña, o para individuos en lo general. De tal manera que se está buscando legislar a base de criterios aritméticos, en una realidad financiera en donde la pobreza está orillando a los particulares a la informalidad y a la evasión fiscal.
Por lo tanto, si los ciudadanos no gozan de las mínima garantía del principio de legalidad, o de disposiciones jurídicas claras y simples que les sean accesibles para determinar ellos sus propias contribuciones, el sistema tributario mexicano inhibirá a los individuos a la evasión fiscal y a la informalidad, pues implica un costo extraordinaria para poder calcular impuestos a base de criterios en los que sólo un contador, o en todo caso tratándose de la complejidad jurídica, un licenciado en derecho puede poseer. Si los ciudadanos cuentan con circunstancias inequitativas en el mercado de competencia para pagar tributos, ya que el Ejecutivo puede de manera discrecional eliminar total o parcialmente impuestos, condonar multas, y dar estímulos fiscales sin rendirle cuentas a nadie a quien desee, entonces el particular, ante un escenario tan inequitativo no pagar impuestos. Es necesario gozar de un escenario de regulación tributaria que le permita al individuo contar con la mínima previsibilidad sobre lo que ocurrirá, y que se le dará la misma igualdad que a otros sujetos sin discrecionalidad, tratándose de sus contribuciones.
La Centralización del Sistema Tributario en México
El sistema tributario en México está centralizado a favor de la Federación, en detrimento de las entidades federativas. A comparación de otros países federales en donde cada entidad grava los impuestos que considera pertinente, se le dio mayor fortaleza financiera al ente federal, siendo que los estados, y los municipios cuentan con una autonomía fiscal bastante reducida. El problema que esto representa consiste en un constante debilitamiento de los Estados, lo cual no sólo viola el pacto federal, pero también debilita el sistema tributario del país. Esto se debe a que la inadecuada redistribución de los recursos ocasiona que se inhiba el fortalecimiento tributario general del país, y con ello, el detrimento de toda la federación.
Jorge Carpizo demuestra que en la historia del sistema tributario de México, fue la Federación quien a través de reformas constitucionales paulatinas, fue reservándose la facultad de recaudar, recibir y redistribuir los distintos recursos.39 José Barragán Barragán, nos demuestra que fue el artículo 124 que le ha permitido a la Federación adueñarse de manera exclusiva facultades que le son concurrentes tantos a las entidades federativas como al primer ente público mencionado.40
Si revisamos el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tenemos que arribar a la misma conclusión que el autor demuestra a través de su obra jurídica, consiste en que no existen facultades implícitas en la Constitución; y que, para que una facultad sea exclusiva de la federación, se necesita que la propia Constitución de manera expresa la declare como tal. Si analizamos el artículo 73 de la Carta Magna, nos damos cuenta que las facultades que se reservan al Congreso de la Unión nunca son “exclusivas”.41 Esto ha causado, como bien lo demostró el Dr. Barragán, que se malentienda el federalismo, y con ello, que a pesar de consagrar a éste como forma de gobierno, México se comporte en la actualidad como un estado centralista.
Siguiendo esta línea de ideas, no debería existir impedimento para que los Estados pudieran expedir contribuciones sobre recursos naturales, hidrocarburos, tabaco, cerillos y fósforos, producción y consumo de cerveza etc. Se podría argumentar en contra de esta tesis que esto no es así, pues las leyes que rigen dichas disposiciones son federales y por lo tanto es obvio que las contribuciones tienen que ser de dicha naturaleza. Sin embargo, si nos remitimos a la tesis sustentada por el Dr. Barragán, e inclusive por la propia jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos damos cuenta que tanto la federación como los estados tienen el mismo nivel jerárquico.42 Por lo tanto una ley federal no puede obligar a las entidades federativas a actuar de determinada manera pues efectivamente se estarían invadiendo esferas competenciales, lo cual sólo se podría hacer si la Constitución, en la repartición de facultades entre ambos entes, le diera la exclusividad sobre dicha área a la federación y no a las entidades federativas.
Inclusive, si sostenemos que ambas tesis son válidas, el hecho es que es mucho más útil fortalecer un Estado Federal en donde las entidades federativas cuenten con suficiente autonomía y fortaleza tributaria, que sea un ente entre 32, quien tenga toda la autonomía financiera. De nada le sirve al país contar con un sistema en el cual el único que puede hacer frente a una crisis económica es la federación, la cual además tiene que garantizar el bienestar económico de las demás entidades federativas porque es la única que cuenta con los recursos suficientes para hacerlo.
La teoría sostenida por el Doctor Barragán es mucho más sana y útil en una economía global en donde cada vez se necesitan de más fluidez, eficiencia y recursos por parte del Estado para poder hacer frente al reto que implica el capital especulativo. El gasto burocrático que tiene que absorbe el Estado por centralizar las contribuciones es demasiado grande, y de por sí lo hace muy complejo, por lo que es más factible que sean las Entidades Federativas quienes garanticen la mayor parte de las contribuciones. Además, la Federación como ente tiene propósitos mucho más restringidos que los de las entidades federativas. No se sitúa tanto como un ente superior, si no como uno que busca proteger los intereses que incumben a todas las entidades que han decidido federarse. En ese caso, otorgarle mayores recursos de los que realmente necesita, no ayuda en nada al sistema federal, pues contribuye al detrimento de las instituciones gubernamentales estatales. Son éstas, y no las de la federación quienes necesitan en mayor grado el continuo flujo de recursos que provienen de las contribuciones. Esto se aplica tanto para la educación, la salud, el mantener un medio ambiente sustentable, la cultura, et.; ya que en todos casos, no existe impedimento para que sean los entes federales y no la federación quienes asuman la responsabilidad, siempre que sigan los lineamientos generales que determinen la calidad y los mínimos de derechos que están obligados a dar. Nadie mejor que los Estados saben sus problemas, por los que trasladar el conocimiento y el diseño de soluciones a base de recursos de los contribuyentes para un solo ente es bastante ineficaz. El gran entramado burocrático que se necesita para realizar esta hazaña hace que el sistema sea más lento, y por ende, la respuesta también.
No podemos aplicar una interpretación originalista para solucionar el problema contributivo legal del federalismo, porque implicaría atarnos al pasado. Tenemos que hacer frente que la recaudación para evitar el déficit fiscal, y el debilitamiento del sistema tributario mexicano, sólo es posible en un sistema descentralizado, en donde costo para obtener el tributo, y administrarlo para el destino público sea lo más mínimo posible, y se utilice de la manera más eficiente que se pueda.
Si México ha de tener un sistema tributario fuerte, es necesario que se federalice realmente la tributación, ya que sólo así se garantizará una mayor rapidez, para responder durante problemas económicos graves, y con una descentralización que le permita recaudar de manera más eficiente las contribuciones, y prevenir posibles problemas financieros. Ante todo, la federalización de los impuestos reduciría el riesgo que implica que el problema económico de un país lo resuelva sólo un ente, cuando vendrían a ser varios entes, con suficiente fuerza financiera quienes podrían aportar soluciones más viables.
Conclusiones

A través de este trabajo de investigación se verificó que los cuatro factores determinantes para el debilitamiento del sistema tributario Mexicano se debe a:


  1. La ausencia de una adecuada marco normativo constitucional que permita definir la naturaleza jurídica de las contribuciones, y los principios que las rijan.




  1. La ausencia de controles constitucionales adecuados que impidan la creación de contribuciones inconstitucionales.




  1. La ausencia de una regulación que sea accesible para el ciudadano, y garantice la efectiva recaudación de las contribuciones.




  1. La ausencia de una normatividad financiera que garantice la redistribución de manera estratégica, descentralizada y equitativa los recursos entre la Federación, los Estados y los municipios.


Del primer factor, se demostró que actualmente la ausencia de una adecuado marco normativo constitucional que permita definir la naturaleza jurídica de las contribuciones que las rijan están debilitando el sistema tributario financiero debido a que la falta de seguridad jurídica en la legislación ha causado que los contribuyentes tengan que depender de la actividad legislativa que ha tenido que desarrollar el Poder Judicial Federal debido a la gran ambigüedad de las normas. La falta de criterios uniformes, y contradictorios de este ente, sólo fomentan la evasión fiscal, pues hacen innecesariamente complicado el sistema fiscal.
El segundo factor demostró que ausencia de una justicia constitucional eficaz está debilitando el sistema tributario del país, ya que no es accesible a la mayor parte de la población, y con ello fomenta la evasión fiscal. Además, los controles constitucionales actuales están muy limitados para poder derogar, abrogar e impedir que existan leyes contrarios a la Constitución Política. El gran costo que representa para la mayor parte de la población poder acudir a la justicia constitucional tributaria, y la tolerancia de leyes inconstitucionales, lo cual se demostró que se contribuye en gran parte debido al amparo, es lo que contribuye en gran parte a que sólo una minoría de la población pague impuestos, ya que las grandes y micro pequeñas empresas, así como el sector informal que representa la gran mayoría de la población están exentas de los mismos.
Se demostró a través del segundo factor que la ausencia de un sistema jurídico tributario que sea accesible a la población inhibe a éstos que paguen impuestos y debilita el sistema tributario mexicano. Entrar en el mercado formal para pagar impuestos representa un costo muy grande para la mayor parte de la población, pues las leyes tributarias no son sencillas para que la población, en el contexto actual, las aplique. Se necesita erogar varios recursos en abogados, contadores, entre otros expertos o peritos, para poder cumplir de manera adecuada las obligaciones tributarias, por lo que el particular prefiere un mercado sencillo en donde no tenga que gastar tantos recursos. También se demostró que aunado a la complejidad, la ley sólo beneficia la corrupción, y la discrecionalidad en el manejo de recursos públicos a favor de grandes empresas, lo cual está causando que los recursos provenientes de las contribuciones más importantes no sean erogados.
En el cuarto punto se demostró como la ausencia de la federalización del sistema tributario debilita a éste, pues se sobre carga el ente federal al tener tantas obligaciones y funciones, lo que implica un gasto muy grande para mantener una máquina burocrática que realice tantas funciones. Por lo tanto, ante cualquier problema económico o financiero del país, como todo depende de un solo ente, la respuesta que da el Estado es por lo general lenta, centralizada e ineficaz.
Propuestas
Para que México cuente con un sistema tributario fuerte, se necesitan de varias reformas jurídicas que fortalezcan a este, la cuales a continuación se enumeran:


  1. Se necesitan establecer de manera clara y precisa en la Constitución, la definición y los distintos tipos de contribuciones, así como delinear los alcances de los principios que los rigen, pues esto dará mayor certeza jurídica a los contribuyentes, y por lo tanto, se le dará mayor previsibilidad, y con ello, mayor legitimidad al sistema tributario mexicano, lo cual a su vez lo fortalece.




  1. Se necesita reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal a efecto que se contemplen controles constitucionales, que vayan desde la inconstitucionalidad por omisión legislativa, así como el amparo con efectos generales para tener un mejor control sobre la constitucionalidad de las leyes secundarias. También se necesita hacer más accesible figuras como la acción de inconstitucionalidad, ciudadanizarlas, ya que actualmente se encuentran politizadas. Esto le dará mayor legitimidad al Estado, y al contar con impuestos constitucionales, será más sencillo que los recaude sin erogar tantos recursos en juicios innecesarios.



  1. Se necesita de una reformar las distintas leyes que contemplen impuestos especiales a efecto que estos sean simples, y que el particular los pueda calcular sin la necesidad de erogar recursos para cubrir los honorarios de un abogado o de un contador. De esta manera se inhibirá la evasión fiscal, y se le darán mayores oportunidades al particular para que participe dentro de la formalidad, en el mercado del capital especulativo.




  1. Se necesita reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 124, y 73 a fin que se federalice de manera clara los tributos a fin de contar con entidades federales fuertes que sean capaces de contener y resolver problemas financieros y tributarios como ente colectivo, y no como unidad aislada.


Bibliografía
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