CÁmara de diputados del congreso de la unióN, CÁmara de senadores del congreso de la unióN, presidente de los estados unidos mexicanos, secretario de






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V.- PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS:
Artículos 1, 4, 5, 9, 14, 16, 17, 25, 26, 123 Apartado A, Fracciones I, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI y XXIX, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 4, 13 de la Carta Democrática Interamericana; artículos 1, 2, 6, 13.1, 13.3, 15, 16, 19, 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Belém Do Pará, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales; artículos 2, 5, 13, 25, 26, 27, 40 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; artículos 2, 3, 5, 11.2, 12.2 y 14 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; artículos 1, 2, 3, 4, 26, 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño; Convenio OIT 11 sobre el Derecho de Asociación; Convenio OIT 26 sobre la Fijación de Salarios Mínimos; Convenio OIT 29 sobre el Trabajo Forzoso; Convenio OIT 30 sobre las Horas de Trabajo; Convenio OIT 34 sobre las Agencias Retribuidas; Convenio OIT 43 sobre las Horas de Trabajo en la Fabricación Automática de Vidrio Plano; Convenio OIT 87 sobre la Libertad Sindical y a la Protección al Derecho a la Sindicación; Convenio OIT 90 sobre el Trabajo Nocturno; Convenio OIT 95 sobre la Protección del Salario; Convenio OIT 96 sobre las Agencias Retribuidas de Colocación; Convenio OIT 99 sobre los Métodos de Fijación de Salarios Mínimos; Convenio OIT 100 sobre Igualdad de Remuneración; Convenio OIT 102 sobre la Seguridad Social; Convenio OIT 105 sobre la Abolición del Trabajo Forzoso; Convenio OIT 118 sobre la Igualdad de Trato; Convenio OIT 131 sobre la Fijación de Salarios; Convenio OIT 135 sobre la Protección y Facilidades que Deben Otorgarse a los Representantes de los Trabajadores en la Empresa; Convenio OIT 141 sobre las Organizaciones de Trabajadores Rurales; Convenio OIT 142 sobre Desarrollo de los Recursos; artículos 1, 2, 7, 14, 15, 16, 37 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículos 1, 2, 3, 4, 7, 22, 23, 23.4, 24, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Directrices de Maastricht; artículos 2.1, 2.2, 5, 8, 19.1, 19.2, 21, 22, 25 b 24.1, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Principios de Limburgo; y artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 9, 10, 16 del Protocolo de San Salvador; y los principios del Derecho Laboral a la estabilidad en el empleo, a la suficiencia salarial, a las condiciones satisfactorias de trabajo, a la seguridad social, a la equidad de género en las relaciones laborales, a los derechos para los menores trabajadores, a la libertad sindical.
ANTECEDENTES
PRIMERO.- En mil novecientos diecisiete, se promulgó y entró en vigor la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciéndose por primera vez en una Constitución, los denominados “Derechos Sociales”, entre otros, su artículo 5 el derecho de todo individuo al trabajo licito y justamente remunerado y consecuentemente en el artículo 123 los derechos fundamentales de los trabajadores mexicanos.
SEGUNDO.- El siete de noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco, el Estado mexicano ingresa a la Organización de las Naciones Unidas. El veintitrés de marzo de mil novecientos ochenta y uno, ratifica el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Tras la ratificación del Pacto, asume la responsabilidad de velar por la protección, respeto y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, dentro de los que se encuentra el derecho al trabajo.
TERCERO.- En mil novecientos cuarenta y ocho, ingresa a la Organización de Estados Americanos, tras la firma de la Carta de los Estados Americanos y de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. En mil novecientos noventa y ocho, entra en vigencia el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) en el que se reconoce el derecho al trabajo.
La obligatoriedad en la aplicación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, deriva de lo señalado en los artículos 1 y 133 de la Constitución, aunado a lo señalado en los artículos 11 y 14 de la Convención de Viena, firmada y ratificada por México el veintiocho de abril de mil novecientos ochenta y ocho, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de dichos instrumentos internacionales, se debe realizar, de acuerdo con lo señalado en su articulado, con base en los principios de universalidad, integralidad, interdependencia y progresividad de los derechos humanos.
CUARTO.- México es miembro de la Organización Internacional del Trabajo, motivo por el cual los Convenios emanados del mismo son obligatorios para el Estado Mexicano.
QUINTO.- El Estado mexicano recibió las siguientes recomendaciones:


  • Continuar con las reformas iniciadas para garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos, en particular, la armonización de la legislación nacional con sus compromisos internacionales;




  • Incorporar de manera efectiva las disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos en la legislación nacional; y




  • Armonizar las leyes federales y estatales con instrumentos internacionales de derechos humanos.


SEXTO.- En el Diario Oficial de la Federación de fecha treinta de noviembre de dos mil doce, se publicó el Decreto emitido por el Congreso de la Unión, relativo a las reformas a la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene los dispositivos tildados de inconstitucionales e in-convencionales, decreto firmado el día veintinueve de diciembre de dos mil doce por el titular del Ejecutivo de la Unión, quien en cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expidió el Decreto de reformas a la Ley Federal del Trabajo que contiene los dispositivos tildados de inconstitucionales.
SÉPTIMO.- Por efectos del aludido Decreto, la Ley Federal del Trabajo fue reformada con efectos de vigor a partir del día sábado primero de diciembre de dos mil doce.
OCTAVO.- Las disposiciones reformadas, adicionadas o modificadas de Ley Federal del Trabajo, son inconstitucionales e in-convencionales, y en consecuencia, violatorias de los derechos fundamentales de los quejosos, en los términos y condiciones que se articulan en los conceptos de violación que se hacen valer.
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN
Ante las reformas Constitucionales del seis y once de junio de dos mil once, la primera respecto a la Ley de Amparo y la segunda respecto a los Derechos Humanos que gozarán todas las personas en los Estados Unidos Mexicanos que reconozca la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, en la reforma al artículo primero constitucional en su párrafo tercero establece la obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia y progresividad.
Las reformas a la Ley Federal del Trabajo que se combate, desconocen los derechos laborales que contiene el artículo 123 constitucional, pero además la reforma constitucional citada, que eleva los derechos laborales a la condición de derechos humanos, y en ejercicio del principio de convencionalidad también reconoce la aplicabilidad de los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
La reforma a la Ley Federal del Trabajo que hoy se impugna, frente al artículo 123 constitucional, es regresiva pues elimina derechos ya reconocidos, ejercidos y gozados por los trabajadores mexicano, de tal manera que las autoridades responsables reducen derechos fundamentales, como el de estabilidad en el empleo, nivel de protección de salario, condiciones de trabajo, prestaciones que el artículo constitucional contenía. Las modificaciones legislativas no pueden ser arbitrarias sino atender a la justicia social y la equidad, así las autoridades están obligadas a corregir las visibles desigualdades sociales que permitan facilitar la inclusión y la participación de los ciudadanos, frente a la expedición de normas; esta obligación se traduce en que una vez alcanzado cierto nivel de protección, goce y ejercicio de derechos fundamentales, en este caso en materia laboral para los trabajadores, es ilegal su regresividad, la potestad del legislador está limitada a ello frente a las obligaciones previstas en el párrafo tercero del artículo primero constitucional y responsabilidad internacional del estado mexicano de respetar los derechos humanos y armonizar su legislación interna en ese sentido, así el principio de no regresividad se convierte en un pilar del derecho laboral, consagrados en las reformas a la Constitución que reconoce que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la constitución y los tratados internacionales.
Sirven de apoyo los siguientes criterios del Poder Judicial de la Federación, mismos que a la letra señalan:
PRINCIPIOS DE OPTIMIZACIÓN INTERPRETATIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD). ORIENTAN LA INTERPRETACIÓN DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES EN ESA MATERIA Y SON DE INELUDIBLE OBSERVANCIA PARA TODAS LAS AUTORIDADES.
El 10 de junio de 2011 se promulgaron reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, de las que sobresale la modificación de su artículo 1o. que establece la obligación de toda autoridad, de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En virtud de éstos, la valoración de los derechos fundamentales queda vinculada a la premisa de que deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o preferencias (universalidad); además, tales derechos han de apreciarse como relacionados de forma que no sería posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras, sino que todos deben cumplirse en la mayor medida posible, así sea en diferente grado por la presencia de otro derecho fundamental que también deba respetarse y que resulte eventualmente preferible, por asegurar un beneficio mayor al individuo, sin que el derecho fundamental que ceda se entienda excluido definitivamente (indivisibilidad e interdependencia); asimismo, con el entendimiento de que cada uno de esos derechos, o todos en su conjunto, obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, mas no niegan la posibilidad de verse expandidos, por adecuación a nuevas condiciones sociales que determinen la necesidad y vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del individuo (progresividad). De esta guisa, los referidos principios orientan la interpretación de los restantes preceptos constitucionales en materia de derechos fundamentales, conduciendo a su realización y observancia más plena e inmejorable posibles, vinculando el proceder de toda autoridad en el cumplimiento del mandato de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de la materia, por lo que se constituyen como auténticos principios de optimización e interpretación constitucional que el legislador decidió objetivar en la Norma Suprema y, que por ende, resultan de ineludible observancia para todas las autoridades, y más aún para las jurisdiccionales.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Amparo directo 4/2012. Instituto Motolinía, A.C. 21 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.

PROGRESIVIDAD. CÓMO DEBE INTERPRETARSE DICHO PRINCIPIO POR LAS AUTORIDADES A PARTIR DE LA REFORMA QUE SUFRIÓ EL ARTÍCULO 1O. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011.
El principio de progresividad persigue, esencialmente, la aplicación preferente de aquel ordenamiento que contemple un mayor beneficio al gobernado respecto de sus derechos humanos, por ello las autoridades deben estar atentas a la evolución de éstos, especialmente en los tratados internacionales, pues puede suceder que exista contraposición entre un derecho humano que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el previsto en el tratado, en cuyo caso, si éste es de mayor beneficio para la persona, es el que debe aplicarse, en observancia al referido principio y acorde con los fines de justicia, equidad y solidaridad social perseguidos por el Constituyente Permanente a partir de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGION CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA JALISCO.
Amparo directo 633/2011. Pedro Rodríguez Alcántara. 20 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretario: Nicolás Alvarado Ramírez.
102. El Tribunal observa que el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales ha sido materia de pronunciamiento por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el sentido de que la plena efectividad de aquéllos “no podrá lograrse en un breve período de tiempo” y que, en esa medida, “requiere un dispositivo de flexibilidad necesaria que refleje las realidades del mundo [...] y las dificultades que implica para cada país el asegurar [dicha] efectividad”. En el marco de dicha flexibilidad en cuanto a plazo y modalidades, el Estado tendrá esencialmente, aunque no exclusivamente, una obligación de hacer, es decir, de adoptar providencias y brindar los medios y elementos necesarios para responder a las exigencias de efectividad de los derechos involucrados, siempre en la medida de los recursos económicos y financieros de que disponga para el cumplimiento del respectivo compromiso internacional adquirido88. Así, la implementación progresiva de dichas medidas podrá ser objeto de rendición de cuentas y, de ser el caso, el cumplimiento del respectivo compromiso adquirido por el Estado podrá ser exigido ante las instancias llamadas a resolver eventuales violaciones a los derechos humanos.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Acevedo Buendía Y Otros (“Cesantes y Jubilados de La Contraloría”) Vs. Perú, Sentencia de 1 de Juliod 2009 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)
21. La Corte entiende que es reclamable o exigible la observancia del artículo 26 -norma imperiosa, no solo sugerencia política- ante instancias llamadas a pronunciarse sobre ese extremo, en el marco del Derecho interno o en el ámbito externo, conforme a las decisiones constitucionales y a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado. La valoración tiene dos dimensiones: la observancia de la progresividad, atenta al máximo esfuerzo para conseguirla, y la negación de la regresividad, que contraría los postulados y el espíritu del corpus juris de los derechos humanos y que también debe ser valorada por las jurisdicciones correspondientes.
Voto Concurrente del Juez Sergio García Ramírez en Relación con la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Acevedo Buendía y Otros (“Cesantes y Jubilados de La Contraloría”) del 1 de Julio de 2009.
Para describir con precisión los Conceptos de Violación, hechos valer en la presente vía, es menester precisar los artículos de la Ley Federal del Trabajo que se estiman inconstitucionales:
Artículo 2.- Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.
Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.
El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva.
Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón.
La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres.
Artículo 3.- El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio.

No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana.

No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada.

Es de interés social promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad y la calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones.
Artículo 15-A.- El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas.

Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes condiciones:

a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo.

b) Deberá justificarse por su carácter especializado.

c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante.

De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social.

Artículo 15-B.- El contrato que se celebre entre la persona física o moral que solicita los servicios y un contratista, deberá constar por escrito.

La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a que se refiere el párrafo anterior, que la contratista cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.
Artículo 15-C.- La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse permanentemente que la empresa contratista, cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta última.

Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación debidamente acreditada y aprobada en términos de las disposiciones legales aplicables.

Artículo 15-D.- No se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales; en este caso, se estará a lo dispuesto por el artículo 1004-C y siguientes de esta Ley.
Artículo 22 Bis.- Cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a un menor de 14 años fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato cese en sus labores. Al patrón que incurra en esta conducta se le sancionará con la pena establecida en el artículo 995 Bis de esta Ley.

En caso de que el menor no estuviere devengando el salario que perciba un trabajador que preste los mismos servicios, el patrón deberá resarcirle las diferencias.

Se entenderá por círculo familiar a los parientes del menor, por consanguinidad, ascendientes o colaterales; hasta el segundo grado.
Artículo 25.- ...

I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, Clave Única de Registro de Población, Registro Federal de Contribuyentes y domicilio del trabajador y del patrón;
II. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada, de capacitación inicial o por tiempo indeterminado y, en su caso, si está sujeta a un periodo de prueba;

III. ...

IV. El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo;

V. a IX. ...

Artículo 28.- En la prestación de los servicios de trabajadores mexicanos fuera de la República, contratados en territorio nacional y cuyo contrato de trabajo se rija por esta Ley, se observará lo siguiente:

I. Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito y contendrán además de las estipulaciones del artículo 25 de esta Ley, las siguientes:

a) Indicar que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario contratante;

b) Las condiciones de vivienda decorosa e higiénica que disfrutará el trabajador, mediante arrendamiento o cualquier otra forma;

c) La forma y condiciones en las que se le otorgará al trabajador y de su familia, en su caso, la atención médica correspondiente; y

d) Los mecanismos para informar al trabajador acerca de las autoridades consulares y diplomáticas mexicanas a las que podrá acudir en el extranjero y de las autoridades competentes del país a donde se prestarán los servicios, cuando el trabajador considere que sus derechos han sido menoscabados, a fin de ejercer la acción legal conducente;

II. El patrón señalará en el contrato de trabajo domicilio dentro de la República para todos los efectos legales;

III. El contrato de trabajo será sometido a la aprobación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la cual, después de comprobar que éste cumple con las disposiciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo lo aprobará.

En caso de que el patrón no cuente con un establecimiento permanente y domicilio fiscal o de representación comercial en territorio nacional, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje fijará el monto de una fianza o depósito para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. El patrón deberá comprobar ante la misma Junta el otorgamiento de la fianza o la constitución del depósito;

IV. El trabajador y el patrón deberán anexar al contrato de trabajo la visa o permiso de trabajo emitido por las autoridades consulares o migratorias del país donde deban prestarse los servicios; y

V. Una vez que el patrón compruebe ante la Junta que ha cumplido las obligaciones contraídas, se ordenará la cancelación de la fianza o la devolución del depósito que ésta hubiere determinado.
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