República de Colombia Casación inadmite N° 33. 000 N corte Suprema de Justicia






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República de Colombia

Casación inadmite N° 33.000

N
Corte Suprema de Justicia
elson Jaimes Quintero y otro



Proceso n.º 33000

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado ponente:

YESID RAMÍREZ BASTIDAS


Aprobado Acta N° 267
Bogotá, D. C., agosto veinticinco (25) de dos mil diez (2010).
VISTOS:
Se procede a resolver sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por la defensora de los procesados Nelson Jaimes Quintero y Daniel Arnubio Guevara, contra la sentencia del Tribunal de Manizales que confirmó la proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de esa ciudad, mediante la cual se les condenó como coautores de los delitos de secuestro extorsivo agravado y rebelión.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL:
1.- Los primeros fueron tratados en el fallo impugnado de la siguiente manera:
El seis de abril de 2004, a eso de las 6:15 de la mañana, el señor Óscar Corrales Villegas salió como de costumbre a recorrer las calles del Municipio de Chinchiná (Caldas), cuando se hallaba por la calle que separa la manzana 2 de la 3 del barrio Departamental, fue interceptado por cuatro individuos quienes con revólver en mano lo metieron a un Jeep Willis J6, carpado, el que se movilizó por la carretera que conduce al Municipio de Santa Rosa, hasta trasladarlo a un paraje veredal denominado “Potreros”, donde veinte minutos después arribaron tres individuos, quienes le exigieron inicialmente un mil millones de pesos y luego, doscientos millones de pesos para su liberación. Una hora después, llegó un comando guerrillero al mando del sujeto apodado “Chucho” que lo hizo caminar por el parque nacional de los nevados “Carder” hasta llegar a un campamento donde se hallaban cuatro mujeres y seis hombres, en donde permaneció por seis días, luego lo trasladaron a otro sitio ubicado cerca de una quebrada donde tenían construida una jaula con troncos de madera en la que lo encerraron e inmovilizaron con cadenas por más de siete meses.
Después de trasegar por varios sitios, conocer a varios integrantes de la guerrilla y por fin pagado el rescate, fue liberado el domingo doce de junio de 2005 en una carretera de penetración, ubicada entre el Municipio de Murillo y la Esperanza, lugar donde fue entregado a un sacerdote amigo de la familia.

2.- Abierta la investigación y vinculados legalmente mediante indagatoria Claudia Janeth Noreña Pulgarín, María Esneda García de Giraldo, Jaime Antonio García, Luis Eduardo García Castaño, Darío Alberto Grajales Grajales, José Ramiro Arango Bedoya, Juan Carlos Giraldo García, César Augusto Arroyave Gómez, Gilberto Giraldo García, Carlos Adrian Arango Castrillón, Marino Dussan Montes, Orlando Alzate, y Rubén Darío Betancur Mejía, la Fiscalía Segunda Delegada de Caldas mediante resolución del 22 de septiembre de 2004 dispuso en su contra medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin derecho a libertad provisional, como presuntos coautores de los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir, decisión que se revocó el 28 de octubre siguiente y se les concedió la libertad.
3.- Se vinculó mediante indagatoria a Daniel Arnubio Guevara Abonce, Asdrubal Salazar Suárez y Nelson Jaimes Quintero, y la Fiscalía Segunda Delegada de Caldas mediante resoluciones del 12 de abril, 19 de mayo y junio 24 de 2005 dispuso en contra de Guevara Abonce medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin derecho a libertad provisional como presunto autor de los delitos de secuestro extorsivo agravado y rebelión, y a los otros dos como coautores de la primera conducta en cita.
4.- Cerrada la instrucción, la misma Fiscalía el 22 de noviembre de ese año precluyó la investigación a favor de Orlando Alzate, Claudia Janeth Noreña Pulgarín, Dairo Alberto Grajales Grajales, Carlos Adrian Arango Castrillón, Rubén Darío Betancur Mejía, César Augusto Arroyave Gómez, Juan Carlos Giraldo García, Marino Dussan Montes, Gilberto Giraldo García, José Ramiro Arango Bedoya, Jaime Antonio García García, María Esneda García de Giraldo y Luis Eduardo García Castaño, y profirió resolución de acusación contra Daniel Arnubio Guevara Abonce, Asdrúbal Salazar Suárez y Nelson Jaimes Quintero, al primero como coautor de los delitos de secuestro extorsivo agravado y rebelión, al segundo por la primera de las conductas en cita, y al tercero por el comportamiento referido y concierto para secuestrar, decisión que alcanzó ejecutoria el 3 de enero de 2006, cuando la Fiscalía Delegada ante el Tribunal la confirmó.
5.- Correspondió al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Manizales adelantar el juicio y celebrada la audiencia de juzgamiento, el 15 de agosto de 2006 condenó a Asdrúbal Salazar Suárez, Nelson Jaimes Quintero y Daniel Arnubio Guevara Abonce, a los dos primeros a las penas de treinta y un (31) años de prisión, y al último a treinta y cuatro (34) años de prisión, interdicción de derechos y funciones públicas por tiempo de veinte años, al pago de perjuicios morales en suma equivalente a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales, y les negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena como autores de los delitos por los que se les profirió resolución de acusación.

6.- La providencia anterior fue apelada por los defensores de Jaimes Quintero y Salazar Suárez y el Tribunal Superior de esa ciudad el 20 de mayo de 2009, absolvió Asdrúbal Salazar Suárez, y confirmó lo decidido respecto de aquellos.
7.- El fallo de segundo grado objeto del recurso de casación se interpuso por los procesados.
LA DEMANDA:
La defensora de Guevara Abonce y Jaimes Quintero, formuló tres censuras así:
1.- En el cargo primero al amparo de la causal primera del artículo 207 de la ley 600 de 2000 acusó al Tribunal de incurrir en error de hecho derivado de falso juicio de legalidad porque el Sargento Jaime Granada Valencia adscrito al Grupo Gaula, escuchó el 24 de agosto de 2005 en declaración a la víctima Oscar Corrales Villegas sin que esa diligencia se hubiera autorizado por el funcionario instructor.
Adujo que esa recepción se halla viciada porque de acuerdo con el artículo 316 del Código de Procedimiento Penal, una vez iniciada la investigación penal “la policía judicial sólo actuará por orden del Fiscal”.
Consideró que el yerro es trascendente, toda vez que sobre el mismo se fundamentó el fallo condenatorio proferido en contra de los aquí procesados y sirvió para respaldar lo expuesto por los testigos de cargo.
Por lo anterior, solicitó a la Sala declare nulo de pleno derecho ese testimonio, casar la sentencia en la que se disponga la inexistencia del mismo, y proferir una de reemplazo de carácter absolutorio a favor de Daniel Arnubio Guevara Abonce y Nelson Jaimes Quintero.
2.- En el cargo segundo acusó al Tribunal de incurrir en error de hecho derivado de falso raciocinio porque al estimar los testimonios de Abimael Barbosa y Marisol Salas Garzón se les otorgó credibilidad con desconocimiento de las reglas de experiencia.
Transcribió apartes de lo declarado por Salas Garzón el 18 de marzo, 16 y 17 de mayo de 2005, y afirmó que la deponente incurrió en contradicciones sobre “aspectos determinantes” pues mientras en la primera narración manifestó que el conocimiento de los hechos lo obtuvo “por rumores de sus compañeros de campamento”, luego, expresó que “llegó a sostener conversación con el secuestrado y agregó detalles sobre la forma como se produjo la retención de este, historias que “contrarían la experiencia”, toda vez que el transcurso del tiempo hace perder la memoria, y ella antes que olvidar circunstancias de lo sucedido los comienzo a recordar en la forma como lo hizo en la segunda y tercera oportunidad.
Planteó que no resulta ajustado al postulado en cita, que ella en su versión inicial hubiese omitido que sostuvo conversación con el secuestrado, conoció minucias de su vida privada. Igualmente que olvidara que fueran alias “Machoman y William” quienes le comentaron detalles sobre los hechos investigados, y luego, aludir a ellos en lo declarado el 16 de mayo de 2005.
Adujo que es contradictorio que ella dijera en la tercera declaración que tuvo conocimiento porque fue a las reuniones que sostuvieron “Machomán y William” en la que “hablaban de esos secuestros”, aspectos que no reveló en forma inicial.
Expresó que en las organizaciones rebeldes como en cualquiera de carácter político-militar, operan los “principio de compartimentación y conspiratividad”, en virtud de los cuales cada persona conoce de manera estricta lo que en “razón de sus funciones debe conocer” para evitar el fracaso de los planes trazados y la reacción del enemigo, de donde infiere que difícilmente sea creíble que “una combatiente hubiera estado presente en reuniones a las que asistieron presuntos comandantes del ELN, y menos en las que se “ventilaran temas como el secuestro de civiles”.
Argumentó que a “la luz de las reglas de la experiencia” es dable inferir que Marisol Salas Garzón fue acomodando su versión para incriminar a quienes resultaron condenados, que sus declaraciones “no son coherentes”, incurrió en “abiertas y groseras contradicciones”, y mintió sobre el conocimiento que dijo tener de los hechos.
De otra parte, transcribió apartes de lo afirmado por Abimael Barbosa Franco el 3, 18 de marzo y 16 de mayo de 2005, y concluyó que éste al igual que su compañera, en cita, recobró de manera paulatina la memoria y suministró detalles cada vez que era llamado a declarar, circunstancia que es contraria a las reglas de la experiencia.
Adujo que aquél incurrió en contradicciones sustanciales, toda vez que el 18 de marzo referido, dijo que “Chucho entregó a Oscar Corrales Villegas a un comando del Frente Bolcheviques del Líbano (Tolima), pero el 16 de mayo afirmó que lo vio por última vez en un campamento cerca de Tesorito (vereda cerca de Pereira)”, lugar donde le dieron orden de comprar víveres porque el secuestrado sería trasladado, circunstancia que aprovechó para reinsertarse, con lo cual se indica que “no le consta la supuesta entrega del secuestrado a ese Frente”.
Planteó que los reinsertados rindieron sus testimonios el mismo día, y cada uno pretendió adicionar idénticos aspectos, de lo cual se infiere de acuerdo con la sana crítica que sus historias eran “conjuntamente preparadas” para hacerlas creíbles ante las autoridades judiciales.
Manifestó que el Tribunal incurrió en falso raciocinio, porque al valorar los testimonios en cita, desconoció reglas de la sana crítica que le impidieron detectar las contradicciones en las que incurrieron aquellos.
Refirió que al valorarlos en conjunto, salta a la vista “una grotesca incongruencia entre ellos” al punto que terminan narrando los hechos de manera diferente, en aspectos tales, como el lugar donde permaneció la víctima durante el cautiverio, las fechas en las que se le mantuvo privado de la libertad, y a cargo de quiénes estuvo, esto es, si de la Compañía Luis Enrique Guerrero o del Frente Bolcheviques del Líbano.
Expresó que el Tribunal de Manizales incurrió en “problemas de argumentación” cuando puso en duda el testimonio de aquellos frente a la situación de Asdrúbal Salazar Suárez, y no lo hizo respecto de la responsabilidad de los aquí acusados, circunstancia que resta credibilidad, toda vez que es incorrecto fraccionar el análisis respecto de afirmaciones que versaron sobre un mismo objeto.
Por lo anterior, solicitó a la Sala casar la sentencia y proferir una sustitutiva de carácter absolutorio a favor de Guevara Abonce y Jaimes Quintero.
3.- En el cargo tercero acusó al Tribunal de incurrir en error de hecho derivado de falso juicio de existencia, toda vez que omitió valorar lo afirmado por Abimael Barbosa Franco en la audiencia de juzgamiento cuando dijo que Nelson Jaimes Quintero asumió “la conducción del Frente Luis Enrique Guerrero el 3 de mayo de 2004, aspecto del que se deriva la imposibilidad” que tenía de haber ordenado el secuestro de Oscar Corrales Villegas, lo cual ocurrió el 6 de abril de 2004 cuando no era el comandante de ese grupo.
Adujo que esa declaración contraría las manifestaciones anteriores de Barbosa Franco y Salas Garzón en las que fueron insistentes en señalar que Nelson Jaimes Quintero en su condición de jefe de esa compañía del ELN ordenó la privación de libertad de Corrales Villegas, hecho que no era posible por carecer de la calidad de comandante.
Por lo anterior, solicitó a la Sala casar la sentencia y proferir una de reemplazo absolutoria a favor de Nelson Jaimes Quintero.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
1.- El recurso extraordinario de casación entendido como control de constitucionalidad y legalidad de las sentencias proferidas en segundo grado se halla des-formalizado en lo relativo a las exigencias rigurosas de debida técnica que en el pasado se demandaban, a las que ahora no se les debe otorgar tanta preponderancia pues ello implicaría contrariar el principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal.
Pero debe resaltarse que la des-formalización no convierte a la casación penal en una tercera instancia para prolongar los debates dados en las instancias por errores de hecho derivados de falso juicio de legalidad, raciocinio y existencia recayentes sobre los testimonios fundamento de los fallos de primero y segundo grado, como fueron los planteamientos a los que aludió la casacionista.
En esta sede extraordinaria a efecto de la prosperidad de los cargos lo que se demandan son requerimientos lógicos, jurídicos y contundentes en la finalidad de demostrar con efectiva trascendencia sustancial que la declaración de justicia objeto de impugnación, la cual llega a esta sede extraordinaria amparada el principio de la doble presunción de acierto y legalidad, se fundó en errores de hecho o de derecho manifiestos o profirió al interior de un juicio viciado por irregularidades sustanciales que afectaron la estructura, desconocieron garantías del debido proceso o derecho de defensa, falencias diferenciadas en sus alcances que reclaman el correspondiente control legal o constitucional y los necesarios correctivos.
2.- Por tanto, cuando en la demanda de casación se omiten las exigencias relacionadas con una adecuada formulación del cargo y se deja de señalar con claridad y precisión debida sus fundamentos o cuando lo acusado se queda en el plano de los enunciados sin trascendencia como aquí ha ocurrido sin demostración ni incidencias reales de infirmación ni de mutación total o parcial de lo resuelto en la segunda instancia, la consecuencia procesal inmediata no puede ser otra que la inadmisión según así lo estatuye el artículo 213 de la Ley 600 de 2000.
3.- Las siguientes son las falencias que se advierten en la impugnación presentada por la defensora de Daniel Arnubio Guevara Abonce y Nelson Jaimes Quintero.
3.1.- En el cargo primero la impugnante planteó que el Tribunal incurrió en error de derecho derivado de falso juicio de legalidad por haber dado valor probatorio a la declaración que Óscar Corrales Villegas rindió ante el Sargento Jaime Granada Valencia adscrito al GAULA el 25 de agosto de 2005 después de su liberación, medio de convicción que consideró se halla viciado porque se recepcionó en contravía de lo dispuesto en el artículo 316 de la ley 600 de 2000, en el cual se establece que:
iniciada la investigación la policía judicial sólo actuará por orden del fiscal, quien podrá comisionar a cualquier servidor público que ejerza funciones de policía judicial para la práctica de pruebas técnicas o diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, lo cual podrá ser ordenado y comunicado por cualquier medio idóneo, dejando constancia de ellos. La facultad de dictar providencias interlocutorias es indelegable.
Los miembros de policía judicial pueden extender su actuación a la práctica de otras pruebas técnicas o diligencias que surjan del cumplimiento de la comisión, excepto capturas, allanamientos, interceptación de comunicaciones, las que atenten contra el derecho a la intimidad o cualquier actividad que represente la vinculación de los implicados a la actuación procesal.
Mayoritariamente se ha concebido por la doctrina nacional, extranjera y la jurisprudencia que la prueba ilegal o irregular extiende sus alcances hacia los “actos de investigación” y “actos probatorios” propiamente dichos, y es aquella:
En cuya obtención se ha infringido la legalidad ordinaria y/o se ha practicado sin las formalidades legalmente establecidas para la obtención y práctica de la prueba, esto es, aquella cuyo desarrollo no se ajusta a las previsiones o al procedimiento previsto en la ley1.
Desde la perspectiva de la estricta legalidad procesal, es claro que el Sargento Jaime Granada Valencia funcionario de Policía Judicial adscrito al GAULA no tenía facultades para recepcionar sin orden del Fiscal la declaración de Óscar Corrales Villegas, máxime cuando para el evento no se advierte que el titular de la instrucción se lo hubiese ordenado y comunicado por algún medio idóneo dejando constancia de ello en los términos inequívocos de que trata el artículo 316 ejusdem.

No obstante la falencia en cita, como aspecto singular, se proyecta en un todo sin trascendencia en orden a socavar lo decidido en los fallos de instancia y lograr una absolución de los aquí acusados, pues, incluso, en el evento de que lo declarado por Oscar Corrales Villegas se excluyera de la valoración probatoria, la declaración de responsabilidad penal atribuida a Daniel Arnubio Guevara Abonce y Nelson Jaimes Quintero se soporta con suficiencia en los testimonios rendidos por los ex guerrilleros Abimael Barbosa Franco y Marisol Salas Garzón, medios de convicción que fueron esencia y fundamentos de lo decidido en contra de aquellos.
El Tribunal se refirió a ellos, entre otras motivaciones, así:
En efecto, contaron los ex guerrilleros Abimael Barbosa Franco y Marisol Salas Garzón que cuatro individuos Machomán, Luis, Miguel y Mauricio, secuestraron a Óscar Corrales Villegas, lo que resultó cierto, pues la víctima en exposición rendida ante el GAULA, refirió que el seis de abril de 2004, en horas de la mañana fue secuestrado por cuatro individuos cuando se encontraba por el barrio Departamental de Chinchiná (…)
Igualmente indicaron los testigos de cargo que los medios de transporte utilizados para movilizar al secuestrado Corrales Villegas, fueron inicialmente, un vehículo automotor, y luego, un semoviente caballar, manifestación que concuerda con lo depuesto por el sujeto pasivo del secuestro quien dio fe de ello (…)

En las condiciones reseñadas, la Sala encuentra certeza respecto de la intervención activa de los acusados Daniel Arnubio Guevara Abonce alias “Machomán” y Nelson Jaimes Quintero alias “Chucho” en la actividad relacionada con el secuestro extorsivo de que fue objeto el ciudadano Óscar Corrales Villegas, por lo que no existiendo duda respecto de la responsabilidad que les cabe por las delincuencias que fueron condenados en primera instancia, se confirmará dicho veredicto.
El error derecho derivado de falso juicio de legalidad cuya incursión anunció la demandante, en aras de proyectarse como un juicio lógico-jurídico contundente con la potencialidad de socavar en forma total o parcial lo sustancialmente decidido, comporta una singular metodología:
(i).- Exige que el censor señale la existencia material del medio de prueba que fue aducido, producido o incorporado de manera ilícita o ilegal.
(ii) Implica que el casacionista en el libelo se detenga en objetivar cuál fue la prueba que se obtuvo como resultado de violación de derecho y garantías fundamentales, efecto de algún delito en especial, o practicada sin las formalidades legales establecidas. Lo anterior a efecto de determinar su exclusión valorativa.
(iii).- Se hace necesario que el impugnante a partir de la inexistencia jurídica de esos instrumentos probatorios específicos o de los medios de convicción reflejos de estos, demuestre la trascendencia del yerro, de modo que sin su influjo se constate que el fallo se habría producido de manera sustancial, esto es, con mutaciones totales o parciales diferentes. Y,
(iv).- La impugnación no puede elevarse de manera solitaria y apenas enunciativa como en efecto se hizo en la demanda, sino que además corresponde relacionarla con los otros medios de convicción para el caso en concreto sí valorados, incluidos los juicios de inferencia indiciarios realizados, demostrando en vía de la concreción que excluida la prueba ilícita o ilegal o los medios de convicción reflejos de estas del acopio de motivaciones, la sentencia no se sostendría y conllevaría unos efectos diferentes, como podrían ser los de exclusión de la adecuación típica (o modificación favorable de la misma), de las formas de participación (modalidades autoría o de participación), eliminación de agravantes, ausencia de la antijuridicidad o de las expresiones de culpabilidad atribuidas, etc., aspectos de los cuales no se ocupó la casacionista.
Por lo anterior, el cargo se inadmite.
3.2.- En el cargo segundo acusó al Tribunal de incurrir en error de hecho derivado de falso raciocinio porque valoró y otorgó credibilidad al testimonio de los ex guerrilleros Abimael Barbosa Franco y Marisol Salas Garzón, quienes el 18 de marzo, 16 y 17 de mayo de 2005, de manera paulatina suministraron datos y detalles adicionales (a los que se hizo alusión), expresiones que contrarían dos reglas de experiencia a saber: 1.- que el transcurso del tiempo hace perder la memoria, 2.- los principios de “compartimentación y conspiratividad”, en virtud de los cuales cada rebelde conoce de manera estricta lo que en razón de sus funciones debe conocer para evitar el fracaso de los planes trazados y la reacción del enemigo.
Adujo que si la segunda instancia hubiera examinado esas declaraciones conforme a esas “reglas de la experiencia” no les habría otorgado credibilidad, por tratarse de testimonios “contradictorios” y porque no era dable que una “combatiente rasa de la guerrilla” se le hubiese permitido estar en reuniones donde se abordaran temas delicados como la planeación de un secuestro, razones de las que concluyó que aquellos son mentirosos.
La Corte al respecto de las máximas de experiencia, entre otros pronunciamientos ha dicho:
En la sentencia del 21 de noviembre de 2002, Radicado 16.472, dijo:
la experiencia es una forma específica de conocimiento que se origina por la recepción inmediata de una impresión. Es experiencia todo lo que llega o se percibe a través de los sentidos, lo cual supone que lo experimentado no sea un fenómeno transitorio, sino un hecho que amplía y enriquece el pensamiento de manera estable.
Del mismo modo, si se entiende la experiencia como el conjunto de sensaciones a las que se reducen todas las ideas o pensamientos de la mente, o bien, en un segundo sentido, que versa sobre el pasado, el conjunto de las percepciones habituales que tiene su origen en la costumbre; la base de todo conocimiento corresponderá y habrá de ser vertido en dos tipos de juicio, las cuestiones de hecho, que versan sobre acontecimientos existentes y que son conocidos a través de la experiencia, y las cuestiones de sentido, que son reflexiones y análisis sobre el significado que se da a los hechos.
Así, las proposiciones analíticas que dejan traslucir el conocimiento se reducen siempre a una generalización sobre lo aportado por la experiencia, entendida como el único criterio posible de verificación de un enunciado o de un conjunto de enunciados, elaboradas aquéllas desde una perspectiva de racionalidad que las apoya y que llevan a la fijación de unas reglas sobre la gnoseología, en cuanto el sujeto toma conciencia de lo que aprehende, y de la ontología, porque lo pone en contacto con el ser cuando exterioriza lo conocido (…)
Atrás se dijo que la experiencia forma conocimiento y que los enunciados basados en ésta conllevan generalizaciones, las cuales deben ser expresadas en términos racionales para fijar ciertas reglas con pretensión de universalidad, por cuanto, se agrega, comunican determinado grado de validez y facticidad, en un contexto socio histórico específico.
En ese sentido, para que ofrezca fiabilidad una premisa elaborada a partir de un dato o regla de la experiencia ha de ser expuesta, a modo de operador lógico, así: siempre o casi siempre que se da A, entonces sucede B2.

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En la sentencia del 6 de agosto de 2003, Radicado 18.626, expresó:

Las máximas de la experiencia, son enunciados que registran la inmediatez del conocimiento perceptivo. Constituyen protocolos de observaciones inmediatas. Se refieren a lo dado, a los datos sensoriales. Pero lo que define su perfil de regla de la experiencia (o “cláusula protocolaria”, como la denominan los especialistas), es que ese dato inicial, o base empírica, pueda ser sometido a contraste y soporte las contrastaciones. Una afirmación que no sea contrastable, debido a su forma lógica, sólo sugiere una situación incierta (…)
La Corte, sobre la aplicación de las reglas de la experiencia en el análisis del testimonio, ha sostenido:
“Así pues, la experiencia forma conocimiento, y los enunciados basados en ésta conllevan generalizaciones, las cuales deben ser expresadas en términos racionales para fijar ciertas reglas con pretensión de universalidad, por cuanto, se agrega, comunican determinado grado de validez y facticidad, en un contexto sociohistórico específico”.
En ese sentido, para que ofrezca fiabilidad, una premisa elaborada a partir de un dato o regla de la experiencia ha de ser expuesta, a modo de operador lógico, así: siempre o casi siempre que se da A, entonces sucede B.
En la sentencia del 21 de julio de 2004, Radicado 17.712, dijo:

La Sala observa que las máximas de la experiencia en su carácter de tesis hipotéticas por su contenido, de las cuales se esperan que produzcan consecuencias en presencia de determinados presupuestos, se construyen sobre hechos y no sobre juicios sensoriales, cuya cualidad en su repetición frente a los mismos fenómenos bajo determinadas condiciones3.

Bien puede afirmarse que las máximas de experiencia obedecen su existencia “a cualquier ámbito imaginable de la vida de la naturaleza y del hombre”4, valga decir surgen en, por y para la praxis social colectiva5 y:
Vano sería el esfuerzo por querer encerrar en categorías a efectos clasificatorios, todos los ámbitos vitales de las que proceden esas máximas, o querer describirlas y determinar en número y contenido para puntos concretos (…) El cúmulo inagotable y sin cesar renovado de las relaciones vitales es irreductible a la catalogación, al sometimiento a la medida y a número, del mismo modo que la torrentera fluyente del arroyo se resiste a la sumisión a cualquier soberanía y derecho6.
No obstante que son irreductibles y hasta imposibles de numerarlas, clasificarlas e introducirlas en un catálogo, debe tenerse muy en claro con Stein que:
No pueden ser simples declaraciones sobre acontecimientos individuales, así como tampoco juicios plurales sobre una pluralidad de sucesos obtenidos mediante recuento. Por lo que respecta al contenido, tienen que estar en oposición a las declaraciones sobre los hechos del caso concreto, pues deben servir en la sentencia como premisas mayores de esos hechos y, lógicamente, lo que conduce de un hecho a otro es siempre el puente del principio o regla general, del mismo modo que, al revés, para la fijación de un hecho a través de conclusiones, no basta con juicios generales, sino que se precisan también juicios particulares. Por lo tanto, las máximas de experiencia no son nunca juicios sensoriales y no corresponden a ningún suceso concreto perceptible por los sentidos, de manera que no pueden nunca ser probadas por la mera comunicación de sensaciones7.
En dicho sentido puede afirmarse que aquellas también se integran las prácticas colectivas que hacen parte de un imaginario cultural (pueblos indígenas o afro descendientes) bastante amplio de cuyos contenidos en eventos se ocupan de manera concreta los estudios de la antropología y la sociología a las que se acude para que profieran singulares dictámenes a ser evaluados judicialmente, es decir, se trata de comportamientos que no pueden reducirse a reflexiones, suposiciones, anécdotas sueltas, episodios ni sucesos singulares que puedan ser dados en libre arbitrio por el juzgador, ni por ocurrencia de las partes acerca de una forma de acontecer de fenómenos que en últimas sus desenlaces son esporádicos, plurales u ocasionales.
En dicha proyección, las máximas de experiencia pueden ser tenidas como el resultado de prácticas colectivas sociales que por lo consuetudinarias se repiten dadas las mismas causas y condiciones y producen con regularidad los mismos efectos y resultados positivos o negativos, al punto que comienzan a tener visos de validez para otros8, y a partir de ellas se pueden explicar de una manera lógica y causal acontecimientos o formas de actuar que en principio tengan la apariencia de extrañas o delictuosas.
Las máximas de la experiencia corresponden al conocimiento que tiene el juez de lo usual, es decir, a pautas que provienen de la experiencia general, y que expresan la base de conocimientos generales asociados con el sentido común que pertenecen a la cultura promedio de una persona espacio-temporalmente situada en el medio social en el cual se encuentra el despacho judicial. Estas máximas ponen de manifiesto el contexto cultural y los conocimientos del sentido común, que se encuentran a disposición del juez como elementos de juicio para la valoración de las pruebas. Son tesis hipotéticas que indican las consecuencias que cabe esperar a partir de algunos presupuestos, es decir, en ciertas condiciones se repiten, como consecuencia, los mismos fenómenos. Se parte de lo que sucede en la mayoría de los hechos concretos, de los casos comprobados. Así, las personas que se encuentran en determinada situación se comportan de una manera particular (Stein 1999:24-25).
Todas las máximas de la experiencia son notorias, y expresan frecuencias de fenómenos (hechos observados) tendencias generales u opiniones; es de este elenco de pautas del sentido común que el juez puede extraer criterios a partir de los cuales es posible plantear inferencias de carácter probatorio. Tales guías del sentido común se expresan de múltiples maneras y abarcan una gran diversidad de situaciones.

Estas máximas remiten a criterios de inferencia respecto de los pasos enunciados relativos a hechos; sin embargo, tales máximas han de ser de carácter general y no se deben limitar a ser únicamente expresión de valoraciones, de suerte que no todo razonamiento basado en dichas máximas resulta aceptable. Tales máximas se encuentran asociadas con lo verosímil, que corresponde a lo normal o habitual9.
Dentro del universo de las máximas de experiencia se incluyen, también, las que “sólo son conocidas en círculos reducidos gracias a conocimientos técnicos específicos en cuanto a principios de un arte o ciencia”10, de donde se traduce que por la circunstancia de tratarse de unos órdenes de saber altamente especializados, el juez debe recurrir a la prueba pericial para que sean evaluadas por el experto en el caso concreto de que se trate, y a partir de los dictámenes, esto es, apoyado en ellos, proceder a efectuar las inferencias que correspondan11.
Aquellas pues, resultan útiles, instrumentales y aplicativas como “premisas mayores” con referencia a unos hechos objeto de valoración (premisas menores), y a partir de ellas se pueden construir hipótesis de responsabilidad penal o de exclusión de la misma, y por ende arribar mediante inferencias lógicas a conclusiones deductivas razonables, en procura de evidenciar con criterios de verdad concreta y singular o negación de la misma lo que para el caso concreto se postula.
Debe hacerse claridad que aquellas no dicen relación con el conocimiento privado o experiencia individual que tenga o hubiese tenido el juez en una situación singular. En efecto, no es dable que los juzgadores construyan motivaciones a partir de sus anécdotas.
Debe tenerse en cuenta que las máximas de experiencia entendidas como prácticas sociales colectivas, no expresan ni reflejan algo en concreto. Por el contrario, por tratarse de generalidades que pueden constituir criterios de facticidad, su función está dada en ser útiles en la aclaración o explicación positiva o negativa acerca del por qué de un determinado comportamiento.
Para el caso concreto, no es dable tener como máxima de experiencia de carácter generalizado y con ribetes de postulado de sana crítica lo planteado por la casacionista, esto es, “que el transcurso del tiempo hace perder la memoria”.
Ese planteamiento general que desde luego es cierto dependiendo de ciertas causas y condiciones, no obedece a criterios de lo absoluto, por el contrario, obedece a relativos, y depende de varios factores, entre ellos la edad avanzada de la persona, los años corridos entre la ocurrencia de los fenómenos y el tiempo en que aquellos se narran o en que se pone a prueba la memoria para evocarlos. Entre más numerosa sea la suma de anualidades dejadas atrás, es claro que la imagen y bordado de los sucesos se vuelve difusa, borrosa, pierde claridad, detalles, precisiones, se difumina al igual que le ocurre a las fotografías antiguas que pierden el color y el brillo, y se presentan dificultades para volver a reconstruirlos, aun cuando, hay eventos fuertes que por lo impactantes de sus huellas dejadas en el cuerpo o sentimientos del hombre, jamás se olvidan y son dables rememorarlas con facilidad.
En lo que corresponde al secuestro de Óscar Corrales Villegas y sus pormenores narrados por los testigos de referencia, no es dable plantear “pérdida de memoria”, “hipótesis de mentira” ni “sospechas de la credibilidad” de lo relatado por Abimael Franco Barbosa y Marisol Salas Garzón, por la circunstancia de que en las versiones hubiesen suministrado detalles de manera paulatina, efecto que para nada contraría máximas de experiencia ni reglas de la sana crítica en la forma como la casacionista lo planteó en libre discurso.
No deja de ser inane plantear que dos personas jóvenes, para el caso ex guerrilleros, antes que recordar, debían olvidar hechos o detalles de la forma como se llevó a cabo el secuestro de Óscar Corrales Villegas. La circunstancia de que éstos en las versiones rendidas el 18 de marzo, 16 y 17 de mayo de 2005, hubiesen sido graduales en las narraciones, contar que sostuvieron conversaciones con el plagiado, conocido minucias de su vida privada, relatar que fueron los aquí procesados quienes se involucraron en el punible objeto de examen, toda vez que asistieron a reuniones en las que se habló del tema, no es constitutivo para sospechar de sus afirmaciones, ni para poner en entre dicho su credibilidad y tacharlos de mentirosos por tratarse de testimonios contradictorios, máxime cuando las ambivalencias no se advierten y porque el tiempo transcurrido es entre otras corto como para plantear lagunas o ausencias de memoria.
De otra parte, dígase que tratándose del principio lógico de “no contradicción”, postulado que rige los ejercicios de verificabilidad de la sana crítica en orden a la valoración de la credibilidad o su ausencia de la prueba testimonial, se comprende por la lógica material, para el caso referida a los aspectos jurídico sustanciales en discusión, que los juzgadores, como es de suyo, no pueden valorar de manera positiva contenidos que en sus expresiones fácticas se nieguen, se contradigan en sus aspectos principales o que por virtud de las contradicciones excluyan o terminen haciendo invisible o inexistente la conducta punible de secuestro extorsivo agravado objeto de atribución.
Para que el referido principio sea aplicable como ley de la lógica en la valoración de los testimonios y otros medios de convicción, debe tratarse de contradicciones esenciales, esto es, principales más no accesorias o secundarias, ni que se trate de matices o variaciones que antes que excluir el aspecto o aspectos fundamentales de la conducta material objeto de investigación, lo que en últimas hacen es reafirmarla en lo que corresponde a sus coautores y circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Las contradicciones sobre aspectos accesorios no destruyen la credibilidad del testimonio aunque si la aminoran sin que ello traduzca ruptura de la verosimilitud, pero al recaer sobre contenidos secundarios terminan siendo un desacuerdo aparente, esto es, no real y por ende superable o conciliable que habrá de ser valorado con ponderación y razonabilidad adoptando una especie de hermenéutica de favorabilidad apreciativa al interior de las expresiones fácticas dispares en lo no esencial.
Lo que destruye el valor y la credibilidad de los testimonios vistos en su unidad o con relación a otros es la verdadera contradicción sobre aspectos esenciales relevantes y esa depreciación será mayor cuando sea menos explicable la contradicción, divergencias de esa naturaleza que para el evento objeto de examen no se advierten.
Es cierto que uno de los presupuestos para la eficacia probatoria del testimonio es su claridad, precisión y conformidad, es decir, que no comporten contradicciones internas en sus expresiones, ni externas en relación a otros medios de convicción.
Puede afirmarse que el testimonio en general incluido el testimonio de los guerrilleros que se desmovilizan, se puede ver afectado en su credibilidad por ser contradictorios, excluyentes (en lo interno o externo) en sus referencias fácticas a los aspectos principales, esenciales de la conducta punible materia de investigación o juzgamiento, por obstáculos o minusvalías en su capacidad intelectiva, sensorial, visual o auditiva, o por la imposibilidad de registros, o en circunstancias en que hubiese tenido motivos que le generaran una intención de engañar por odio o venganza hacia sus comandantes o superiores, aspectos que en manera alguna se reportan ni evidencian en lo declarado por Abimael Barbosa Franco y Marisol Salas Garzón.
Siendo laxos, y a partir de los modos de comportamiento de las organizaciones al margen de la ley, en las que como es cierto y dice la casacionista operan las formas de actuar de “conspiración y compartimentación” en las que cada integrante de la organización criminal, por principio, que no es absoluto sino relativo, por razón de sus funciones tiene conocimientos limitados de los planes trazados por quienes se encuentran en la cúpula, se podría restar verosimilitud a algunos aspectos secundarios narrados por los ex guerrilleros que aquí fungen como testigos y concluir que se trata de desacuerdos o aspectos disímiles nada esenciales, pero que no hacen invisible el comportamiento punible, pues lo cierto y evidente es que el delito de secuestro en la persona de Óscar Corrales Villegas fue una realidad incontrastable al punto que Marisol Salas Garzón narró que conversó con éste cuando se encontraba en cautiverio, ni hacen inexistente ni borrosa la autoría responsable de los acusados, y que para el caso concreto se trata de los aquí procesados ligados a esa organización delictiva del ELN, razones más que suficientes para concluir que ningún error derivado de falso raciocinio se advierte en el fallo de segundo grado.
Por lo anterior, el cargo se inadmite.
3.3.- El cargo tercero mediante el cual se acusó al Tribunal de incurrir en error de hecho derivado de falso juicio de existencia por omisión valorativa porque no tuvo en cuenta lo declarado por Abimael Barbosa Franco en la audiencia de juzgamiento, cuando dijo que Nelson Jaimes Quintero asumió la jefatura del Frente Luis Enrique Guerrero del Ejercito de Liberación Nacional el 3 de mayo de 2004, lo que es indicativo de que no pudo ser el autor de secuestro de Óscar Corrales Villegas que se produjo el 6 de abril de ese mismo año cuando no ostentaba esa calidad, es una censura que no tiene ninguna vocación de éxito.
En lo que corresponde a lo así acusado, dígase que la omisión denunciada, antes que corresponder a la modalidad de vicio in iudicando postulada, es dable ubicarla dentro del falso juicio de identidad por cercenamiento fáctico en el punto señalado, supuesta falencia que se reporta en un todo intrascendente y que de manera solitaria no tiene la potencialidad de socavar lo decidido en las instancias.
El error de hecho en la modalidad de falso juicio de identidad, cuya incursión de manera aproximada enunció la demandante, en aras de proyectarse como un juicio lógico-jurídico contundente con la potencialidad de socavar en forma total o parcial lo sustancialmente decidido, comporta unas pautas de forma y contenido a saber:
(i).- Exige que el censor señale la existencia material del medio de prueba de que se trate, sean estos individuales o plurales.

(ii).- Implica que el casacionista en el libelo se detenga en objetivar los contenidos, es decir, en identificar de manera puntual las expresiones referidas a los aspectos sustanciales objeto de discusión mediante los cuales los juzgadores desfiguraron o distorsionaron el cuerpo o identidad íntegra de la prueba, haciéndole decir lo que expresaba por agregados o impidiéndole expresar lo que aquél en forma integra revela por cercenamientos.

(iii).- Además, se hace necesario que el impugnante a partir de esos referentes probatorios, demuestre la trascendencia de los agregados o de las mutaciones fácticas, de modo que sin su influjo se constate que el fallo se habría producido de manera sustancial diferente.

(iv).- La impugnación no puede elevarse de manera solitaria o incompleta como en efecto se hizo en la demanda, sino que además corresponde relacionarla con los otros medios de convicción para el caso en concreto sí valorados, incluidos los juicios valorativos o de inferencia realizados, demostrando en vía de la concreción que con la prueba vista en su identidad corpórea sin afectaciones de extensiones ni restricciones al haberse integrado a los restantes medios de prueba, la sentencia no se sostendría y conllevaría unos efectos diferentes, como podrían ser:

(a).- los de exclusión de la adecuación típica, (b).- eliminación de las modalidades autoría o de participación, (c).- ausencia de la antijuridicidad o de las expresiones de culpabilidad atribuidas, (d).- modificación del tipo objetivo hacia otro especial o alternativo o ubicado al interior de un nomen juris diferente, (e).- cambio del tipo subjetivo hacia uno de menor reprochabilidad, (f).- eliminación de una circunstancia agravante genérica o específica, inclusión de una atenuante general o especial, (g).- aplicación del in dubio pro reo, etc.,

Aspectos de los que no se ocupó la demandante, pues para el caso resulta sin trascendencia la fecha en la que Nelson Jaimes Quintero asumió como jefe del Frente Luis Enrique Guerrero del ELN, un mes justo después del día en que se produjo el secuestro de Oscar Corrales Villegas, sin que ese dato sea significativo para excluirlo de la coautoría, forma de participación que fue narrada de manera detallada por Abimael Barbosa Suárez y Marisol Salas Garzón, testimonios a los que el Tribunal les otorgó credibilidad en la forma citada en acápites anteriores.
Por lo anterior, el cargo se inadmite.
4.- Puede afirmarse que los desarrollos de lo aquí impugnado no convocan ni persuaden a la Corte sobre la necesidad de admitir la demanda ni desde la perspectiva oficiosa se advierte violación de derechos o garantías fundamentales de incidencia sustancial o procesal que permitan superar los defectos de lo demandado y suscitar un pronunciamiento sustitutivo de reemplazo de absolución a favor de los aquí acusados.

A mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1.- Inadmitir la demanda de casación presentada por la defensora de Daniel Arnubio Guevara Abonce y Nelson Jaimes Quintero.
2.- Contra esta providencia no procede ningún recurso.
Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen.

Cúmplase.


MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ
TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria




1 MANUEL MIRANDA ESTRAMPES, El concepto de prueba ilícita y su tratamiento en el proceso penal, Barcelona, Editorial Bosch, 1999, pág. 47.

2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 21 de noviembre de 2002, Radicado 16.472.

3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 21 de julio de 2004, Radicado17.712.


4 Frieedrich Stein, El conocimiento privado del juez, Editorial Temis, Segunda Edición, Bogotá, 1999, p. 22.


5 “Las máximas de la experiencia están dadas por las fuentes inagotables como el hombre, la naturaleza, y las situaciones sociales en las que se desenvuelve; de todo esto hacen parte las relaciones comerciales no descritas en los códigos, las tradiciones culturales, el lenguaje usado, la actitud frente a situaciones religiosas, las ropas que se visten (…)” Cáceres, Leonel Gustavo, El falso raciocinio, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 2005, p. 121.


6 Frieedrich Stein, ob cit., p. 23

7 Ibídem.

8 “Son definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos” Friedrich Stein, ob, cit., p. 27.

9 Jairo Iván Peña Ayazo, Prueba Judicial, Análisis y Valoración, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Bogotá, 2008. pp. 65 y 66.


10 “Es evidente que cada ciencia cuenta al menos con algunos principios que a toda persona instruida son familiares, junto a otros que sólo el técnico conoce, y que el paso de aquellos a éstos es imperceptible. De las banales verdades de la vida cotidiana a las leyes matemáticas, físicas o químicas, cuya mera comprensión exige ya profundos conocimientos, ese paso se efectúa sin salto brusco y sin posibilidad de señalar una frontera nítida. Y sigue siendo cierto que el conocimiento técnico y la cultura general varían según las épocas y los pueblos, siendo diferentes incluso de un día para otro y de una persona a otra” Freidirich Stein, ob. cit., p. 27.


11 “Por ello, es una verdad hace tiempo conocida que los peritos son medios de prueba fungibles que están a disposición del juez y que éste selecciona a discreción en contraste con los testigos (…) Al escoger a los peritos el juez no tiene más que examinar si se puede esperar de ellos los conocimientos deseados (…) Por otra parte, el Tribunal tiene que alcanzar el convencimiento de que la supuesta máxima de la experiencia descansa efectivamente en la experiencia y de que no se trata de una hipótesis de carácter puramente especulativos” Fiedrich Stein, ob, cit., p. 69.


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