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J………………., con domicilio, a efecto de notificaciones, en…………, C/………, número………. y DNI 12121212p, en su propio nombre y además (En su caso) en representación de……………… , con igual domicilio y DNI ………, ante la Gerencia Territorial del Catastro de Huesca
EXPONE:
I.- Que el……….. de octubre de 2008 por dicha Gerencia y a resultas de un “procedimiento de valoración colectiva de carácter general”, se expidió una notificación (Nº Notif. 000013218) al que suscribe, conteniendo el nuevo valor catastral del inmueble urbano de su titularidad (o cotitularidad), sito en la urbanización de Badaguas -Jaca- (Huesca), C/ ………, número……….. , con referencia catastral ………………………..

II.- Que contra dicho acto de valoración, que concreta la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana -IBI-, trasladando sus efectos sobre otros tributos directos e indirectos, y sobre la “Ponencia” de valores de la que trae causa, interpone en tiempo y forma (Arts. 12 y 29.5 del T. R. de la Ley del Catastro –R.D.Legislativo 1/2004, de 5 de marzo- en lo sucesivo TRLC) el presente recurso de reposición, en consideración a los siguientes hechos y fundamentos de derecho:
HECHOS:

1.- El….. de ………….. de …… la Gerencia Territorial del Catastro de Huesca me remitió una notificación de “alteración” catastral relativa a la citada finca - por cambio de titularidad -, expediente nº …….. (Doc 1 que se adjunta), con la misma referencia catastral antes expuesta, siendo sus elementos esenciales los siguientes: Aprobación ponencia 200?, módulo básico del suelo (MBR) de…….€/m2, módulo básico de la construcción (MBC) de ………., valor de repercusión del polígono (VRB) de ……, resultando un total valor catastral de la finca de………. €, de los que ………… € corresponden al valor del suelo y ………….. € a la construcción.

2.- La notificación del nuevo valor catastral del expositivo I anterior, cuya copia se adjunta (Doc. 2), sólo ha sido expedida y remitida a nombre del que suscribe este recurso. Sus módulos básicos son los siguientes: MBR 800’00 €/m2, MBC 550’00 €/m2, VRB 990’00 €/m2, factor Gastos y Beneficio - G+B-: 1’40. Los elementos construidos valorados son: Vivienda …… m2 (….. en planta calle más….. en primera planta), un llamado “almacén”, que corresponde a un “porche” de….. m2 y aparcamiento de ….. m2, resultando un total valor catastral de …….. € (notablemente superior al del anterior Hecho 1), de los que ……… € corresponden al valor del suelo y…….. € a la construcción.

3.- Por cuanto la Ponencia de valoración de la que trae causa el anterior valor catastral no fue notificada a esta parte, no se ha podido impugnar directamente la misma, ya que sólo se ha tenido conocimiento de su contenido tras la notificación individualizada del citado valor catastral


FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Esta parte considera (En su caso) que la notificación del expositivo I es defectuosa, tanto por que va remitida a uno sólo de los cotitulares de la finca valorada lo que pudiera causar indefensión al cotitular no notificado, cuanto por adolecer la notificación de un elemento esencial para la cuantificación del valor catastral como es el factor RM de referencia al mercado.

SEGUNDO.- Con carácter previo se debe concretar que el objeto directo de este recurso es el valor catastral notificado del Expositivo I anterior, lo que lleva implícito la impugnación indirecta de la Ponencia de valoración colectiva de la que trae causa, en la medida que en la misma existen elementos que entendemos no son ajustados a derecho. Y todo ello en consideración a una reiterada doctrina del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), que en aplicación del principio constitucional de tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de los administrados del Art. 24.1 CE, y extrapolando la esencia del “recurso indirecto contra reglamento”, admite la impugnación indirecta de las Ponencias de valores con motivo de la impugnación individualizada de los valores catastrales. Tal posibilidad está reconocida, entre otras, en las Resoluciones del TEAC de 10-09-1986, de 21-12-1988, 11-05-2001, 16-11-01, 21-12-01, y la más reciente de 18-04-2007 -Vocalía 9ª- (R.G. 00/3861/2006), cuyo Fundamento de Derecho Tercero señala que (…) este Tribunal viene admitiendo de forma reiterada la impugnación indirecta de una Ponencia de valores cuando, superado el plazo para la impugnación directa con motivo de su publicación edictal, los afectados reciben la notificación individual de los valores catastrales resultantes de su aplicación, como acontece en el presente caso, con la diferencia, respecto de la impugnación directa, de que si ésta prospera sus efectos alcanzarían no sólo a quien la promoviese sino a una pluralidad indeterminada de sujetos pasivos afectados por la Ponencia, mientras que si prospera la impugnación indirecta, sus efectos alcanzan exclusivamente al interesado que la promueve (…).

TERCERO.- Consideramos que la revisión del valor catastral notificada no es oportuna ya que, con independencia de los altísimos incrementos de valores, sobre todo en lo relativo al suelo, el polígono y plan parcial de Badaguas, en el que se enclava nuestra finca, son de recientísima construcción, de tal manera que aún ni se ha producido la recepción de la urbanización por parte del Ayuntamiento de Jaca, titular del tributo –IBI- cuyo valor catastral –base del impuesto- ahora impugnamos. Corporación esta que, en el momento presente, aun no presta servicios esenciales, como alumbrado público, recogida de basuras, etc. Por tal motivo entendemos que la urbanización de Badaguas tendría que haber sido objeto de una ponencia parcial sujeta a un procedimiento de valoración colectiva también de carácter parcial, según lo que resulta de los Arts 26.2 y 28.3 b) del TRLC. Y de no ser así, también consideramos que, en vez de clasificar la zona donde se enclava nuestra finca como zona R de “valor de repercusión”, debería haberse clasificado como zona de valor unitario (…) con un valor inferior hasta que se hayan hecho las obras de urbanización (…), según se informa en la página 2 –in fine- del ServicioWMS de ponencias de valores de la D.G. del Catastro.

CUARTO.- Con independencia de lo anterior, entendemos que la valoración es excesiva y contraviene los criterios y límites contenidos en el Art.23 del TRLC, sobre todo en lo relativo al suelo. Tal valoración, que en nuestro caso implica una repercusión del suelo sobre la vivienda de más de………….. de las antiguas pesetas, no se corresponde con los valores de mercado y comporta aplicar el total beneficio de la (…) actividad empresarial de promoción (…) (apartado 1c del precepto) al valor del suelo, posiblemente por el hecho de las ulteriores repercusiones que ese parámetro de la base imponible podrá tener en el Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Dicha valoración del suelo es contraria al espíritu de la norma invocada, el establecer en su apartado 2 que (…) el valor catastral ....... no podrá superar el valor del mercado (…).

Sin menoscabo de lo que antecede, lo que aún resulta más cuestionable es que se haya aplicado el mismo valor de repercusión de la vivienda de 990’00 €/m2, al suelo correspondiente al aparcamiento y al llamado almacén (En su caso) que, como se indicó, se trata de un porche, sin paramentos frontal ni laterales, sin utilidad para guarda o custodia de ningún bien y que, posiblemente, ni aún merecería la consideración de construcción conforme al Art. 7.4, a) del TRLC, ya que los pilares de madera sobre los que se apoya están atornillados a unas pletinas desmontables, sin que (…) se encuentren unidos (…) de un modo permanente al suelo, como exige el precepto. Por otra parte dar un valor unitario de la construcción similar al porche y al aparcamiento, así como estimar dicho valor (sin instalaciones, solado, sanitarios, revocados, etc) en un 60% del valor unitario de la construcción de la vivienda y aplicar el mismo coeficiente G+B a estos elementos, conduce a un resultado que se aleja del límite del valor de mercado de dichos elementos.

QUINTO.- Por otra parte, dado que la propuesta de la Junta Técnica Territorial de Coordinación Inmobiliaria de 7 de mayo de 2008, asumida por la Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria (Pag. 11 de la Ponencia), y por la propia Ponencia, establecen un módulo básico de repercusión 3 –MBR 3-, un MBC 4 y un componente de gastos y beneficio –G+B- de 1’40, para el núcleo urbano de Jaca, los que equipara, sin motivación razonada, con los núcleos agregados de Astún y Badaguas, mientras que el resto de los núcleos agregados son MBR 6, MBC 6, y G+B=1’10 (sensiblemente inferiores), entendemos que tal proceder es (en términos de defensa) un tanto arbitrario y de dudosa legalidad / constitucionalidad (interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos -Art. 9.3 in fine CE -), por cuanto ni los servicios públicos de Badaguas (sanidad, educación, trasporte, etc.), ni sus condiciones de habitabilidad (comercio consolidado, servicios municipales de abastecimiento y saneamiento, etc.) y consecuentemente, la repercusión de suelo sobre vivienda, son parangonables en el núcleo de Jaca y en el núcleo agregado de Badaguas a aquel equiparado, como tampoco lo son los costes de construcción de Astún y Badaguas (sensiblemente inferiores estos últimos) como consecuencia de sus distintas características orográficas y climatológicas.

Tampoco nos parece ajustado a los principios de justicia, igualdad y equitativa distribución de la carga tributaria ( ex Art. 31.1 CE y Art. 3.1 de la LGT.), por su inadecuación con el límite del valor de mercado, el que la Ponencia, causante de nuestro valor catastral, en sus páginas 17 –in fine- y 18, al tratar de los “coeficientes correctores” y en concreto, del “suelo valorado por repercusión”, establezca, sin motivación razonada, que (…) Dado que el valor de repercusión lleva incluidos la mayoría de los condicionantes, tanto intrínsecos como extrínsecos, del valor del producto inmobiliario, únicamente se podrán aplicar los coeficientes A –parcela con varias fachadas- y B –longitud de fachada- de los definidos en el apartado siguiente(….). Ello impide que, en nuestro caso concreto, no se aprecien los coeficientes correctores del valor del suelo C (forma irregular, se adjunta plano como Doc 4) y sobre todo, el factor “corrector de suelo y construcción” N, de depreciación económica, que debería de haber sido considerado en momentos como los actuales de profunda crisis económica y recesión del mercado inmobiliario, como la propia Ponencia reconoce en la primera y segunda de sus “Conclusiones”, en la página 41.

Finalmente, se ha de señalar que, según parece deducirse del “punteo” efectuado sobre el plano denominado “Polígonos y zonas de valor núcleo Badaguas” (plano 9 que se adjunta como Doc 5), la obtención de los valores aplicables en nuestra zona se ha materializado singularmente sobre las fincas ubicadas en la parte correspondiente al antiguo núcleo urbano del pueblo de Badaguas, que por sus características constructivas, exigidas por el plan parcial (acomodación a su fisonomía histórica, fachadas de piedra natural, etc.), comporta unos mayores costes constructivos y de repercusión del valor del suelo, por lo que no constituye una muestra significativa de los valores €/m2 construido del resto de las construcciones adosadas, como la de los reclamantes, fundadas sobre suelo que, antes del Plan parcial de Badaguas, era de naturaleza rústica de indudable menor valor constructivo y de mercado.

SEXTO.- Aun cuando trascienda al ámbito material de las facultades revisoras en esta vía administrativa, creemos oportuno invocar algunas consideraciones sobre, a nuestro parecer, dudosa legalidad / constitucionalidad de parte de las normas que regulan la base imponible del IBI –el valor catastral-, así como del procedimiento de notificación edictal publicado en el Boletín de la Provincia, acuñado para la notificación de las Ponencias de valoración colectiva, lo que no cuadra con la enorme trascendencia fiscal y extratributaria que dicho parámetro de cuantificación de las obligaciones comporta, al exceder el ámbito material del IBI y proyectarse sobre la “plusvalía municipal”, el IRPF –rentas presuntas del capital inmobiliario de las segundas y ulteriores viviendas-, el Impuesto sobre el Patrimonio, el de Transmisiones Patrimoniales y el Sucesiones y Donaciones (“valores de referencia”) y sobre otras relaciones jurídicas publicas y privadas.

Efectivamente, la lacónica delimitación que el Art. 65 del T. R. de la Ley de Haciendas Locales – RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo- (en lo sucesivo TRLHL) nos ofrece de la base imponible del IBI, al referirla estrictamente al valor catastral, que por otra parte queda ciertamente indeterminado en lo que resulta de la redacción de los citados Art. 22 y Art. 23.1, 2 e) y 3 del TRLC, cuyos apartados incluso relegan al desarrollo reglamentario (…) Cualquier otro factor relevante que reglamentariamente se determine (…), así como (…) los conceptos, reglas y restantes factores que ..... permitan determinar su valor catastral (…). Entendemos que tal delimitación de la magnitud económica del hecho imponible (ex Art. 50.1 LGT) es contraria al principio de reserva de Ley del Art. 8 LGT al establecer que: Se regularán en todo caso por Ley: a) La delimitación del hecho imponible, del devengo, de la base imponible y liquidable, la fijación del tipo de gravamen y de los demás elementos directamente determinantes de la cuantía de la deuda tributaria (…).

Finalmente, entendemos, que el procedimiento de notificación edictal de las Ponencias en el BOP correspondiente, no ofrece garantías jurídicas suficientes (Art. 9.3 CE) para el ciudadano medio. El propio poder legislativo se hizo eco del defecto denunciado en el punto segundo de la moción aprobada por el Congreso de los Diputados de 18 de diciembre de 1990, que establecía como uno de los requisitos de las futuras revisiones catastrales el que se debería (…) asegurar un tramite informativo previo, individualizado y detallado, que facilite al contribuyente el conocimiento de los criterios aplicados en la valoración del inmueble (…).

En consideración a los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos, los reclamantes

SOLICITAN:

Que se tenga por presentado este recurso de reposición con los documentos que se adjuntan y en su virtud, se impulse la revocación de la aplicabilidad de la Ponencia de valoración colectiva de carácter general citada, para la determinación del valor catastral de la finca de los reclamantes, según lo previsto en el Art. 219 de la Ley 58/2003 LGT y en todo caso, se anule el acto de valoración catastral notificado.

OTRO SI DIGO: (NO DE MOMENTO)

Para informar que, en escrito separado de esta misma fecha, se ha instado la suspensión de ejecutividad / eficacia del valor catastral notificado, con dispensa de garantías, tanto por cuanto el acto notificado no es en sí mismo determinante de una deuda tributaria, cuanto por que su no suspensión podría provocar perjuicios de imposible o difícil reparación a los recurrentes, dada la trascendencia tributaria y extrafiscal del acto recurrido, según se expuso. Y todo ello, en virtud de lo previsto en el Art. 12.4 TRLC y Título V de la Ley 58/2203 LGT.

Zaragoza a --- de noviembre de 2008.

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE HUESCA




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