Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión de investigación del infonavit y del issste, a cargo del diputado adrián pedrozo castillo, del grupo parlamentario del prd






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fecha de publicación12.03.2016
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CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL INFONAVIT Y DEL ISSSTE, A CARGO DEL DIPUTADO ADRIÁN PEDROZO CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 90 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 23, numeral 1, inciso f, y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta soberanía la proposición con punto de acuerdo que crea la Comisión de Investigación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al tenor de las siguientes.

Consideraciones y antecedentes

Primera. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías individuales y sociales que contempla nuestra Constitución Política, entre las que destaca el derecho que tiene toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, que satisfaga en todo momento los requerimientos mínimos de comodidad a los que cualquier persona aspira, para lo cual el artículo cuarto de la Carta Magna define la obligación de que la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios para alcanzar este objetivo.

Segunda. El artículo 123 de la propia Constitución establece el derecho de los trabajadores a la vivienda, definida a partir del concepto de habitaciones cómodas e higiénicas.

El apartado A del artículo 123 de la Constitución, en su fracción XII regula lo relacionado con los obreros, jornaleros, empleados domésticos, y en general todos los trabajadores que estén bajo un contrato laboral con empresas privadas, y contempla la obligación que tienen los empleadores de estos trabajadores, a proporcionar habitaciones cómodas e higiénicas. Dicha obligación constitucional debe cumplirse mediante las aportaciones que tales empresas hacen al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con la finalidad de constituir depósitos en beneficio de los trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar crédito barato y suficiente para que estos adquieran en propiedad tales habitaciones. Para cumplir con este objetivo se expidió la Ley del Infonavit que regula las formas y procedimientos mediante los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones.

De manera similar la fracción XI, inciso f, del apartado B del mismo artículo de la Ley Fundamental, referido a los trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal y de varias instituciones públicas incluidas en la ley que reglamenta este apartado, establece que mediante las aportaciones que el Estado haga, instituirá el Fondo Nacional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) a fin de constituir depósitos en favor de los trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. Dichas aportaciones son enteradas al Fovissste, que es un órgano desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encargado de administrar las aportaciones realizadas por las dependencias y entidades afiliadas a este instituto, constituidas para otorgar a los derechohabientes el financiamiento correspondiente. Ese fondo está regulado por la Ley del ISSSTE, la cual acota el objeto y el destino de los recursos del Fovissste en sus artículos 100 y 103.

Tercera. Es obligación de los patrones del sector privado observar las disposiciones legales relativas a la determinación de las cuotas y aportaciones a su cargo y enterar su importe al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores conforme a los mandatos definidos en las Leyes del Seguro Social y del Infonavit, respectivamente. Dicha aportación es prioritaria para que los trabajadores puedan recibir financiamiento para ejercer su derecho a la vivienda. Cabe señalar que las aportaciones que hacen los patrones a las subcuentas de vivienda son patrimonio de los trabajadores, de conformidad con el artículo 5 de la Ley del Infonavit; por lo que es indispensable detectar a las empresas que eluden sus compromisos con el instituto y por consiguiente, con sus empleados.

Todo lo anterior es materia de las regulaciones que la Ley Federal del Trabajo establece en sus artículos 136 al 153, en concordancia con lo dispuesto en el apartado A del artículo 123 de la Carta Magna.

Sin embargo el Infonavit gradualmente ha dejado de cumplir con el objeto social por el cual fue creado, por lo que se ha configurado en un organismo gestor de poderosos consorcios inmobiliarios que determinan la orientación de los programas de este fondo de los trabajadores, incumpliéndose así el carácter de organismo de servicio social definido en el artículo 2 de la Ley del Infonavit, de tal modo que el objeto por el cual fue instituido este organismo ha sido adaptado a las exigencias de esos consorcios, cuyo poder económico ha dado lugar a contrarreformas en al estructura, funcionamiento y operación del propio Infonavit.

Cuarta. En el caso del Fovissste las aportaciones las realiza el gobierno en su carácter de empleador. Cabe hacer mención que el marco jurídico que norma el funcionamiento y operación de dicho fondo han obligado al fondo a permanecer ligado y dependiente en términos jerárquicos, económicos y administrativos al ISSSTE, el cual es el organismo de la administración pública federal responsable de la seguridad social de los trabajadores del Estado.

En el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional se define la obligación de los titulares de las instituciones de la administración pública federal para cumplir con los preceptos normativos relativos a la vivienda de los trabajadores del sector público.

Esta situación ha impedido la conformación de una estructura orgánica que procese decisiones con autonomía técnica, administrativa y financiera que permitan el cabal cumplimiento de los objetivos sociales para los que fue creado el Fovissste, impidiendo así la libre planeación y puesta en práctica de sus atribuciones y actividades, repercutiendo en la calidad y atención de las necesidades de los trabajadores. Por tal motivo es necesario modernizar esta institución mediante reformas que contribuyan a cambiar la naturaleza del Fovissste, y dejar de ser un organismo dependiente del ISSSTE para erigirse en una institución con autonomía técnica, administrativa y financiera que cumpla con el mandato constitucional que inspiró su creación, superando también la subordinación que tiene respecto a los consorcios inmobiliarios y constructores que han distorsionado la política y los programas habitacionales respectivos.

Quinta. La Ley de Vivienda, reglamentaria de lo planteado en materia de vivienda en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece con previsión varias disposiciones explícitas que obligan a Infonavit y Fovissste a acatar diversos lineamientos jurídicos y programáticos. Ambos organismos deben sujetarse a lo establecido en la Ley de Vivienda y el Plan Nacional de Desarrollo (artículo 3, cuarto párrafo), dado que son parte del Sistema Nacional de Vivienda (artículo 14, fracción III), esto implica que deben atender las necesidades de vivienda en todos sus tipos y modalidades no exclusivamente para financiar la adquisición de viviendas producidas por empresas tales como Sare, Geo, Homex, Consorcio Hogar, Ara, Urbi, Demet, entre otras, que ejercen un control oligopólico del mercado habitacional (artículo 48, primer párrafo), debiendo por tal motivo establecer tasas preferenciales en sus programas de financiamiento, incorporando plenamente a los derechohabientes de menores ingresos para ejercer su derecho a la vivienda, para resolver la excluyente situación que está ocurriendo en los últimos años (artículo 57) así como articular programas de suelo y vivienda con sentido social (artículo 73) sin subordinar sus políticas a las determinaciones del mercado.

En su carácter de entidades de la administración pública federal, también deben sujetarse a la Ley de Planeación y el Programa Nacional de Vivienda (artículo 10), toda vez que los lineamientos del Programa Nacional de Vivienda, son obligatorios para la administración pública federal en su conjunto (artículo 9, tercer párrafo); lo anterior deriva de la clara definición de la vivienda como área prioritaria del desarrollo nacional que la Ley de Vivienda establece en el segundo párrafo de su artículo 1, por lo que debe haber equidad y no discriminar a los beneficiarios de los programas públicos de vivienda (artículo 3, primer párrafo). Por lo tanto, Infonavit y Fovissste deben orientar sus programas bajo el precepto de vivienda digna y decorosa definido en el artículo 2 de la propia Ley de Vivienda, superando las prácticas mercantilizadas que lejos de fortalecer el libre mercado han consolidado un mercado oligopólico subsidiado con recursos de los trabajadores, para lo cual se ofrecen institucionalmente "productos financieros" que muestran la subordinación oficial a las condiciones financieras, técnicas, arquitectónicas y de diseño urbano impuestas por empresas que basan su poderío en la especulación, además de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, en franca contradicción entre sus elevados niveles de ganancia y la precaria calidad de las viviendas que venden con el ignominioso apoyo de los dos fondos de los trabajadores, que además han modificado su gestión para consolidar la intermediación de instancias privadas como son las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) hipotecarias, que encarecen los créditos a los trabajadores.

Sexta. A partir de 1983, con la administración del entonces presidente Miguel de la Madrid, el régimen político mexicano abandonó de forma definitiva la política de Estado benefactor, que si bien no respondía a plenitud las exigencias de vivienda de la clase trabajadora, si asumía parcialmente tal responsabilidad a través de los organismos públicos emanados del artículo 123 comentado, la obligación constitucional de garantizar el derecho a la vivienda en el ámbito de los derechos de los trabajadores. Cabe hacer mención que recientemente esta Cámara de Diputados coeditó un libro con la Universidad Autónoma Metropolitana titulado "Entre el Estado y el mercado. La vivienda en el México de hoy", y donde se demuestran las negativas repercusiones de estas contrarreformas en el sector de la vivienda.

Desde esa primera etapa del neoliberalismo mexicano se transita a una política gubernamental supeditada a los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que cuentan con el respaldo político del régimen presidencialista para iniciar experimentos de "reingeniería institucional" desde la cual se inicia la reconversión institucional y programática para responder a las estrategias de ajuste macroeconómico que supuestamente pretendían resolver la crisis fiscal del Estado y atender la impagable deuda externa. Tal estrategia consistió en la apertura irrestricta de la economía a la inversión del capital extranjero, promoviendo para ello un fuerte abatimiento salarial, imponiendo topes salariales y la llamada flexibilización laboral, iniciando además el proceso de la contrarreforma de las políticas de vivienda para los trabajadores.

Durante las administraciones de los gobiernos neoliberales de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox se redujo el presupuesto público social y se privatizaron la mayoría de las empresas públicas. En suma, el país quedó a merced de las empresas trasnacionales. A pesar de que las políticas neoliberales no resolvieron los problemas económicos a los cuales la demagogia presidencial afirmaba dar respuesta definitiva para encaminar a la nación por la vía del progreso y el desarrollo, se insiste en continuar y profundizar estas nefastas políticas con la administración de Felipe Calderón, avanzando en una estrategia de privatización de las empresas públicas estratégicas que aún existen (Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad) y de los servicios públicos, incluyendo el sistema de seguridad social. Sin olvidar que la política agropecuaria de estos gobiernos ha creado una situación de desastre en el campo, como lo está mostrando crudamente la tolerancia del gobierno actual hacia las empresas especuladoras que aumentaron el precio de la tortilla sin ser sometidos al Estado de derecho, al contrario, cuentan con apoyo presidencial para atentar contra el pueblo mexicano.

Han transcurrido cuatro sexenios y la continuidad neoconservadora de los desgobiernos tiene como base de estrategia para garantizar mayores ganancias al gran capital la imposición de programas, decisiones y acciones en contra de los derechos sociales conquistados por los trabajadores a lo largo de varias décadas de luchas sociales. La amenaza a la seguridad social es de tal magnitud que la tendencia hacia su destrucción y posterior reforma hacia un sistema privatizado no debe ser permitido por esta soberanía. Debemos defender la Constitución ante el alto riesgo que representa la voracidad neoliberal que nuevamente se refugia en el discurso modernizador y de ver al futuro para regresar a nuestra nación a los tiempos de la tienda de raya y otras formas de explotación propias de regímenes de hambre y represión.

Séptima. La intensa campaña iniciada con Fox y continuada con Calderón acerca de los falsos logros en materia de vivienda oculta la realidad, falsea los hechos porque pretende ocultar que el rezago habitacional existente en 2000, según datos del propio gobierno federal, era de más de 4.2 millones de viviendas, mismo que aumentó durante el sexenio anterior en 2.5 millones de viviendas. Esto significa que actualmente el déficit es mayor a 6.8 millones de viviendas, es claro que las estrategias neoliberales y los programas del gobierno federal no tienen un compromiso con la sociedad, por ello sus resultados expresan el desinterés real por atender las necesidades sociales.

La situación es peor en las regiones más pobres y subdesarrolladas de nuestro país. Es la población de menores ingresos del sector formal y la no asalariada del campo y la ciudad la que esta más lejos del ejercicio del derecho a la vivienda reconocido en la Carta Magna. Para los funcionarios neoliberales que irresponsablemente tienen a su cargo a los organismos nacionales de vivienda (Infonavit, Fovissste, Fonhapo y Sociedad Hipotecaria Federal), orgullosos de la cantidad de créditos otorgados para adquisición de viviendas de mala calidad (y ubicadas en megaproyectos localizados en las periferias metropolitanas creando graves problemas urbanos y sociales) conforme a la política oligopólica de las empresas desarrolladoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, no hay problema, pues se trata solamente de imperfecciones menores del mercado, mismas que se resolverán con el enfoque financiero en curso, creando paquetes crediticios para los sectores con ingresos inferiores a tres salarios mínimos.

El entusiasmo de los funcionarios mencionados constituye una mentira tecnócrata. Además de que cerca de la mitad de los hogares están excluidos del sistema de seguridad social y por lo tanto no tienen acceso a los programas de Infonavit y Fovissste según datos de la "Encuesta Nacional Ingreso-Gasto" del Instituto Nacional de Estadistica Geografía e Informática (INEGI). Pero además la mayor parte de los trabajadores perciben bajos salarios. En el caso de Infonavit 75% de los derechohabientes percibe menos de cuatro salarios mínimos y sistemáticamente han sido excluidos de los "novedosos" paquetes financieros sugeridos por el Banco Mundial.

La sociedad mexicana necesita más y mejor vivienda, mediante programas integrales donde el financiamiento no sea definido exclusivamente desde criterios de mercado, sino que esté sujeto al mandato constitucional y se base en los principio de equidad, calidad y protección a la vivienda de los trabajadores. La Constitución es clara en sus disposiciones: debe ponerse orden en beneficio de la mayoría de la población, no el orden de la violencia institucional que vulnera los derechos sociales.

Para hacer cumplir la Constitución deben democratizarse las decisiones en los organismos de vivienda de los trabajadores, en caso contrario la continuidad neoliberal seguirá imponiendo la desarticulación e incongruencia de los programas institucionales, sirviendo así a las poderosas empresas del llamado sector vivienda en detrimento de los derechos de los trabajadores.

La Comisión propuesta en este punto de acuerdo deberá estudiar la problemática actual, elaborando propuestas para reformar la Ley del Infonavit, la Ley del ISSSTE en lo relativo al Fovissste y la Ley de Vivienda para garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores establecido por la Carta Magna.

En el caso de la denominada vivienda económica, tenemos una necesidad que debe ser atendida en la perspectiva mencionada. Hemos demostrado que 75 por ciento de los trabajadores afiliados al Infonavit perciben menos de cuatro salarios mínimos. Este organismo público creó en 1992 un programa de vivienda económica para atender a este sector mayoritario de los trabajadores.

Sin embargo no nos engañemos, este programa recibe subsidio público. No es con el ahorro de los trabajadores que administra el Infonavit como opera este programa. Dentro de la demagógica argumentación que sustenta este programa se habla de esquemas de cofinanciamiento. Con recursos provenientes del Ramo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación, el programa "Tu Casa", administrado por Fonhapo, canaliza recursos fiscales para los trabajadores de bajos ingresos que deberían ser destinados para atender a la población no asalariada del campo y la ciudad, que conforma el universo de atención para el cual fue creado Fonhapo hace más de 25 años.

Estamos frente a un manejo perverso de los recursos fiscales. Al abdicar de las responsabilidades que nuestra Ley Fundamental establece en el artículo 123, Infonavit y Fovissste otorgan una parte del financiamiento a este sector de trabajadores pobres mientras que el gobierno federal complementa con alrededor de 30 mil pesos el "paquete" para que los trabajadores puedan acudir al mercado habitacional controlado por un poderosos sistema oligopólico que he mencionado anteriormente, de tal modo que los programas públicos son rediseñados para adaptar el "crédito barato y suficiente" enunciado en el artículo 123 constitucional a las condiciones del inexistente libre mercado.

Octava. Es claro que hoy en día el otorgamiento de créditos hipotecarios para los trabajadores es un jugoso negocio para un verdadera mafia que controla el mercado habitacional y que están cohesionados gracias al apoyo del gobierno federal y los organismos nacionales de vivienda, y también con la cobertura que les otorgan otras leyes secundarias como son las leyes del Infonavit, del ISSSTE y de Vivienda.

Así, en la industria de la construcción, en la comercialización y compra-venta de viviendas, así como con el financiamiento, Infonavit y Fovissste han modificado radicalmente sus estructuras, organización, funcionamiento y operación para dar cabida al sector privado oligopólico que participa a través de dos mecanismos, la incursión en el mercado de valores mediante la bursatilización de cartera, la cual en el caso de Infonavit representa aproximadamente 450 mil millones de pesos mediante los Certificados de Vivienda (Cedevis); entre los principales compradores de estos, están las Afores y las compañías de seguros. Vía bursatilización se esta vendiendo parte de la cartera, lo que permite que inversionistas privados compren ese papel y participen en el distorsionado financiamiento de los trabajadores del Infonavit de mayores ingresos; el segundo mecanismo utilizado para involucrar al sector privado está conformado por el cofinanciamiento y el Apoyo Infonavit.

Novena. Desde 1993, en pleno auge del Salinato, los fondos de los trabajadores han padecido de mala administración y corrupción, no sólo en los mecanismos tradicionales que provocan pérdidas y deterioro financiero, sino también por el incumplimiento del mandato constitucional, donde tenemos que no se cumple con los preceptos de "habitaciones cómodas e higiénicas" del artículo 123 y en referido a la "vivienda digna y decorosa" del artículo cuarto.

Esto implica una corrupción de otro tipo: violar la Constitución con base en el poder político como garante del incumplimiento del orden jurídico. Lejos de crear bases para el desarrollo nacional, se atenta contra las bases del mismo, que se encuentran en la propia sociedad. Tratar los derechos sociales como mercancías es un abuso de autoridad, una perversión política y un ejemplo de ausencia de ética y moral pública.

Todo esto ha contribuido al auge de los negocios inmobiliarios de carácter especulativo, ajenos al desarrollo social, urbano y sustentable, ligado íntimamente con la intención privatizadora de la seguridad social, dejando de lado la esencia solidaria y el carácter social del bienestar colectivo, sustituyéndola por una racionalidad mercantil, especulativa y de despojo social, en contra de los derechos sociales garantizados por nuestra Constitución.

La seguridad social y los organismos encargados de administrar y proteger el derecho a la vivienda de los trabajadores debe estar bajo la custodia de instituciones de otro tipo, con el objetivo de construir un sistema de Seguridad Social Universal, de calidad en los diversos niveles de atención, vivienda digna y barata; para lograrlo debemos reconstruir las instituciones y reformar las leyes y reglamentos, en pro del desarrollo social, incluyendo la vivienda como satisfactor básico para el bienestar individual y colectivo.

Décima. El reto de dignificar la vivienda para los trabajadores demanda que esta soberanía asuma como guía de actuación parlamentaria y trabajo legislativo la estricta observancia de nuestra Constitución.

En virtud de lo anterior, considero inaplazable que esta soberanía, que este poder público apruebe la creación de una comisión responsable de dar respuestas a la problemática de la vivienda de los trabajadores, como una instancia colegiada que analice, supervise en su ámbito de competencia y lleve seguimiento y fiscalice a Infonavit y Fovissste, orientando su trabajo legislativo a favor de reformas integrales de ambos organismos públicos con la finalidad de rescatar la seguridad social de su actual situación, reivindicar su esencia solidaria y dar marcha atrás al proceso de privatización en curso, por supuesto que sin menoscabo de la necesidad de viabilidad financiera que requieren los organismos en comento, pugnando por la transparencia en todos los aspectos de organización, funcionamiento y operación, así como no ceder en el necesario combate a la corrupción imperante.

En razón de lo anteriormente fundado y motivado, me permito presentar ante esta soberanía, solicitando su voto favorable, el siguiente.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura crea la Comisión de Investigación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Segundo. El objeto de la Comisión es analizar si ambos organismos han cumplido con el derecho a la vivienda de los trabajadores en el marco de los cambios que en los últimos años ha tenido la legislación en la materia.

Tercero. Esta Comisión investigará las causas por las que las viviendas de los trabajadores se ha encarecido ya que los precios de éstas han quedado al libre juego del mercado, atentando contra el derecho a la vivienda.

Cuarto. Esta Comisión funcionará de conformidad con los ordenamientos correspondientes establecidos la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas, de tal modo que contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Quinto. La comisión estará integrada por 15/30 legisladores, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al Pleno de esta soberanía.

Sexto. La Comisión materia del presente acuerdo, funcionará durante la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión.

Séptimo. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2007.

Diputados: Adrián Pedrozo Castillo, Pablo Trejo Pérez, Javier González Garza, Alejandro Sánchez Camacho, Faustino Soto Ramos, José Luis Gutiérrez Calzadilla, Santiago López Becerra, Hugo Eduardo Martínez Padilla, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Raymundo Cárdenas Hernández, Miguel Ángel Navarro Quintero, Francisco Sánchez Ramos, Susana Monreal Ávila, Aurora Cervantes Rodríguez, Silbestre Álvarez Ramón, Santiago Gustavo Pedro Cortés, Víctor Gabriel Varela López, Mónica Fernández Balboa, Moisés Félix Dagdug Lützow, Javier Hernández Manzanares, María Soledad López Torres, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Octavio Martínez Vargas, Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Ramón Almonte Borja, Concepción Ojeda Hernández, Aleida Alavez Ruiz, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Juan Dario Lemarroy Martínez, Juan Manuel San Martín Hernández, Joaquín Conrado de los Santos Molina, Fernando Enrique Mayans Canabal, Alberto López Rojas, Miguel Ángel Solares Chávez, Carlos Sánchez Barrios, Maribel Luisa Alva Olvera, Roberto Mendoza Flores, Antonio Ortega Martínez, Amador Campos Aburto, Odilón Romero Gutiérrez, David Sánchez Camacho, Ramón Félix Pacheco Llanes, Gerardo Villanueva Albarrán, David Mendoza Arellano, Andrés Lozano Lozano, Maricela Contreras Julián, Venancio Luis Sánchez Jiménez, Daniel Dehesa Mora, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Alejandro Martínez Hernández, Martín Zepeda Hernández, Armando Barreiro Pérez, Valentina Valia Batres Guadarrama, Holly Matus Toledo, Francisco Javier Calzada Vázquez, Irene Aragón Castillo, Isidro Pedraza Chávez, Martín Jaime Espejel Lazcano, Juan Dario Arreola Calderón, José Antonio Saavedra Coronel, Miguel Ángel Peña Sánchez, Alma Lilia Luna Murguía, Rosario Ignacia Ortiz Magallón, Ana Yurixi Leyva Piñón, Martín Ramos Castellanos, Carlos Orsoe Morales Vázquez, Víctor Manuel Lizárraga Peraza, Neftalí Garzón Contreras, Adriana Díaz Contreras, Carlos Ernesto Navarro López, Héctor Narcía Álvarez, Francisco Javier Santos Arreola, César Flores Maldonado, Jesús Evodio Velázquez Aguirre, Miguel Ángel Arellano Pulido, Humberto Wifrido Alonso Razo, Rafael Villicaña García, Mario Vallejo Estevez, Francisco Márquez Tinoco, Silvia Oliva Fragoso, Efraín Morales Sánchez, Lourdes Alonso Flores, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Higinio Chávez García, María Eugenia Jiménez Valenzuela, Sergio Hernández Hernández, Ruth Zavaleta Salgado, Alliet Mariana Bautista Bravo, Cuitlahuac Condado Escamilla, Jesús Humberto Zazueta Aguilar, Daisy Selene Hernández Gaytán, Benjamín Hernández Silva, José Jacques y Medina, Modesto Brito González, Salvador Ruíz Sánchez, Layda Elena Sansores San Román, Juan Ignacio Samperio Montaño, Jorge Godoy Cárdenas, Aída Marina Arvizu Rivas, Elías Cárdenas Márquez, Rafael Franco Melgarejo, Tomás José Luis Varela Lagunas, José Luis Aguilera Rico, María del Carmen Salvatori Bronca, Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, Martha Angélica Tagle Martínez, Humberto López Lena Cruz, José Antonio Almazán González, Claudia Lilia Cruz Santiago, Marcos Matías Alonso, María Elena Torres Baltasar, Raciel Pérez Cruz, Víctor Aguirre Alcalde, Othón Cuevas Córdova, Carlos Roberto Martínez Martínez, Antonio Soto Sánchez, Irineo Mendoza Mendoza, Gloria Rasgado Corsi, Victorio Rubén Montalvo Rojas, Gloria Ángela Bertha Lavara Mejía, Carlos Alberto Puente Salas, Joaquín Humberto Vela González, Rafael Plácido Ramos Becerril, Jaime Cervantes Rivera, Rubén Aguilar Jiménez, Rodolfo Solís Parga, Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, Mario Enrique del Toro, Emilio Ulloa Pérez, Juan Adolfo Orcí Martínez, Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbricas)

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