Montesquieu y el espíritu de las leyes por Denes Martos






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MONTESQUIEU Y EL 
ESPÍRITU DE LAS LEYES 
por Denes Martos


 

La Teoría de la División del Poder

Hay una cosa que es necesario aclarar antes de cualquier evaluación de El Espíritu de las Leyes: el libro no es una obra dedicada a teoría de la separación de los poderes del Estado con su hoy ya casi clásica división en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es un libro en dónde dicha teoría está mencionada, y no precisamente con mucho detalle ni extensión, siendo que, además, Montesquieu no tiene derechos de propiedad intelectual sobre ella, ni mucho menos.

Por más que lo arriba afirmado asombre, y hasta posiblemente escandalice, a los representantes de la interpretación usual, la verdad objetiva es que, en toda la monumental obra en cuestión, el asunto de la división del poder ocupa apenas algunas páginas y bajo ningún concepto constituye el argumento central de la totalidad del trabajo. De modo que quien acometa la — por cierto, no demasiado entretenida — lectura de El Espíritu de las Leyes esperando encontrarse con una fundamentación coherente y medular de la teoría de la división del poder, debe quedar advertido desde el principio: no hay aquí un desarrollo sistemático, ni siquiera una exposición detallada y fundamentada, de dicha teoría.

La primera referencia al tema, y muy al pasar, se encuentra recién en el Libro IX, Cap I, cuando se dice que antaño:

"Una ciudad sin fuerza corría grandes peligros. Si era conquistada, no perdía solamente el poder legislativo y el ejecutivo, como sucede ahora, sino todo lo que es propiedad del hombre."

Recién dos tomos más adelante, en el Libro XI, Cap. VI, hallamos algo un poco más explícito. Allí, Montesquieu nos dice:

En cada Estado hay tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo de las cosas relativas al derecho de gentes, y el poder ejecutivo de las cosas que dependen del derecho civil.(...)

Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reunen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad; falta la confianza, porque puede temerse que el monarca o el Senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente.

No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos; como que el juez sería legislador. Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor.

Todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma córporación de próceres, la misma asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes: el de dictar las leyes; el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o los pleitos entre particulares.

(...) el poder legislativo debe confiarse a un cuerpo de nobles, al mismo tiempo que a otro elegido para representar al pueblo. Ambos cuerpos celebrarán sus asambleas y tendrán sus debates separadamente, porque tienen miras diferentes y sus intereses son distintos.

De los tres poderes que hemos hecho mención, el de juzgar es casi nulo. Quedan dos: el legislativo y el ejecutivo. Y como los dos tienen necesidad de un fuerte poder moderador, servirá para este efecto la parte del poder legislativo compuesta de aristócratas. Este cuerpo de nobles debe ser hereditario. (...) Pero, como un poder hereditario puede ser inducido a cuidarse preferentemente de sus intereses particulares y a olvidar los del pueblo, es preciso que las cosas en que tenga un interés particular, como las leyes concernientes a la tributación, no sean de su incumbencia; por eso los impuestos los fija y determina la cámara popular. Tiene parte la cámara hereditaria en la obra legislativa, por su facultad de impedir; pero no tiene la facultad de estatuir.

Llamo facultad de estatuir al derecho de legislar por si mismo o de corregir lo que haya ordenado otro. Llamo facultad de impedir al derecho de anular una resolución tomada por cualquiera otro: este era el poder de los tribunos de Roma. Aunque el que tiene el derecho de impedir puede tener también el derecho de aprobar, esta aprobación no es otra cosa que una declaración de que no usa de su facultad de impedir, la cual declaración se deriva de la misma facultad.

El supremo poder ejecutor debe estar en las manos de un monarca, por ser una función de gobierno que exige casi siempre una acción momentánea y está mejor desempeñada por uno que por varios; en cambio lo que depende del poder legislativo lo hacen mejor algunos que uno solo.

Una lectura atenta de este capítulo obliga a algunas conclusiones. Por de pronto y quizás la más notoria: todas estas ideas no son de Montesquieu. El capítulo — al que no por casualidad el autor le puso el título de "De la Constitución de Inglaterra" — está tomado, casi íntegramente del Cap. XII del Tratado del Gobierno Civil de John Locke.

Pero, aparte de esto que sería de escasa importancia si no fuera por el hecho que Montesquieu se apropia de las ideas de Locke no sólo sin citarlo sino, incluso, sin mencionarlo siquiera, lo que llama la atención es la afirmación: "De los tres poderes que hemos hecho mención, el de juzgar es casi nulo. Quedan dos: el legislativo y el ejecutivo". Uno se preguntaría: ¿En qué quedamos? ¿Necesita esos tres poderes el Estado? ¿O es que puede funcionar razonablemente bien con dos y un tercero "casi nulo"? Y, si puede funcionar bien con dos y un auxiliar, realmente no se ve demasiado bien por qué no habría de funcionar igualmente bien con uno y dos auxiliares.

En el resto del citado Libro XI Montesquieu vuelve a hablar de tres poderes, como por ejemplo en el Cap. XI refiriéndose a los griegos, o en el Cap. XII y subsiguientes, cuando analiza el caso de Roma. De hecho, para ser totalmente justos y objetivos, no se puede negar que es bastante evidente que en la mente del buen barón la idea básica que giraba, con mayor o menor precisión conceptual, era la de una división tripartita, como queda de manifiesto por el hecho de dedicarle los capítulos XVI, XVII y XVIII del Libro XI a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la República Romana respectivamente. Lo que sucede es que ésta no es la idea principal de todo el más que voluminoso tratado. No es cuestión de medir la importancia de una idea por la cantidad aritmética de las palabras dedicadas a ella, pero en este caso tenemos que en 31 tomos, o "Libros", hay solamente uno en el que se trata con algún detalle la división del poder y esto en medio de varias otras consideraciones, siendo que en los restantes 30 tomos el tema brilla por su ausencia; tanto que, en la enorme mayoría de ellos, ni siquiera se lo menciona.

Sea de la forma en que se quiera evaluar El Espíritu de las Leyes de Montesquieu, una cosa es cierta e indiscutible: no es un tratado dedicado a la teoría de la división del poder político como muchas veces erróneamente se menciona o se sugiere. En el mejor de los casos, lo máximo que puede decirse con fundamento es que se trata de una gran obra, típica de la Ilustración y del Enciclopedismo, en dónde en uno de sus tomos esa teoría es mencionada con algún detalle y teniendo a la vista un modelo inglés no del todo bien interpretado como veremos más adelante. Y de cualquier modo que sea, lo seguro es que Montesquieu, quien estimaba que "el supremo poder ejecutor debe estar en las manos de un monarca", difícilmente pueda ser considerado como "el padre" de la doctrina de la separación de los poderes implantada por el liberalismo, ni aun teniendo en cuenta todas las demás consideraciones que nuestro autor hace sobre los regímenes republicanos a lo largo de su obra.

Es que, cuando en 1748 Montesquieu publicó su tratado, seguramente no tuvo ni la menor sospecha del uso que el demoliberalismo posterior le daría a sus ideas. Si Montesquieu resucitara y viera hoy la implementación concreta de esas ideas, no es imposible pensar en que escribiría otro tratado en 31 tomos amonestando muy seriamente a sus pretendidos discípulos. Sin embargo, ni siquiera la idea del propio Montesquieu hubiera sido jamás del todo viable, aún descontando las distorsiones posteriores. Y esto por toda una serie de razones.

En primer lugar, la propuesta de la división de poderes atenta contra uno de los principios básicos y elementales de la política: el poder político no se divide y, en caso de resultar dividido, buscará permanentemente y por todos los medios su reunificación. El poder político no se divide por la sencilla razón de que no se comparte voluntariamente. El poder político siempre tiende a concentrarse. Esto es así tanto en las empresas como en el Estado. Al poder se lo conquista, se lo consolida y se lo expande. Eventualmente se lo pierde; pero nadie en su sano juicio lo comparte, o lo cede, a menos que esté inevitablemente forzado a hacerlo.

En segundo lugar, Montesquieu viene influenciado por el modelo inglés de su época. Además de Locke, se inspira en la línea argumental de la oposición tory a Robert Walpole, el líderwhig, y los argumentos pueden rastrearse hasta en los escritos de Henry S. J. Bolingbroke. Pero resulta que Montesquieu arma una interpretación tan distorsionada de dicho modelo que los mismos ingleses resultaron sorprendidos por las teorías del pensador francés. Macaulay diría de él que construyó su esquema político con la misma liviandad y rapidez de quien construye castillos de naipes y Maitland se sorprendería de que alguien encontrase el ideal de la división de poderes justamente en Inglaterra, un país en dónde durante generaciones la justicia y la administración tuvieron una estrechísimamente interdependencia.

En tercer lugar, es bastante obvio que el Ejecutivo del sistema de Montesquieu estaba — consciente o subconscientemente — pensado para un rey, dentro del esquema de una monarquía constitucional, y recién la revolución norteamericana, con su constitución de 1787, fue la que sentó el primer precedente concreto en un marco republicano y antimonárquico, especialmente a instancias de Adams, Madison y Hamilton. Es a partir de este antecedente histórico que el modelo resultó copiosamente plagiado después, entrando la división de poderes en la arquitectura – y en la mitología – del demoliberalismo burgués.

La forma en que esto se produjo no deja, sin embargo, de ser sorprendente. Durante el proceso de la Revolución Francesa las concepciones de Montesquieu chocaron contra las de Rousseau quien, afirmando la teoría de la unidad de la voluntad popular, llegó a calificar de ilusionismo a la idea de que el Estado podía ser primero dividido y luego tratado como una unidad (1). De allí llegó incluso Robespierre a la convicción de que el pueblo no obtendría ventaja alguna de las tensiones que surgirían entre los portadores de los distintos poderes, siendo que este pueblo garantizaría mucho mejor sus derechos mediante el desarrollo de su propio poder en forma hegemónica(2). El mismo Marx se maravillaría de que la división de poderes se considerase como una “ley eterna” cuando, obviamente, la teoría no hacía sino reflejar la situación específica de una época en la cual la monarquía, la aristocracia y la burguesía se disputaban el poder (3).

Si los propios padres del demoliberalismo y del socialismo dogmático pensaban de esa manera, es inevitable preguntarse: ¿por qué tuvo, entonces, tanto éxito la teoría de la división del poder apenas esbozada por Montesquieu?. La respuesta es simple y responde a una estrategia política tan vieja como el mundo: divide et imperat. Dividir para reinar. La división del poder es la estrategia ideal para quienes desean dominar un sistema político desde afuera. Es el recurso perfecto para quienes, poseyendo el poder real, tienen como objetivo el avasallamiento del poder formal eludiendo así las responsabilidades inherentes al ejercicio directo del poder. Lo que sucedió con la idea básica, no demasiado elaborada, de Montesquieu fue que resultó útil y funcional a una plutocracia que aspiraba a hacer depender la política del dinero y, para ello, la división del Estado en compartimentos casi estancos resultó ideal a fin de dominarlos mejor desde la estructura financiera, sin comprometer demasiado directamente al poder del dinero en los — bastante previsibles — fracasos del poder político.

Siendo que los puestos legislativos y ejecutivos dependen del resultado de campañas electorales, y siendo que la magnitud y la eficacia de estas campañas dependen casi directamente del dinero invertido tanto en ellas como en los medios de difusión que "construyen" la opinión pública a través de la opinión publicada, el poder plutocrático — que es el que financia esas campañas y aquellos medios — se reserva para si el poder de decisión sobre quienes podrán y quienes no podrán competir en la arena política con alguna razonable probabilidad de éxito. Y aún así, los que podrán deberán, antes, asumir los compromisos impuestos por los que mandan y financian. De este modo y a los efectos prácticos, el voto popular se convierte en una opción dentro de un espectro de posibilidades previamente seleccionado por la plutocracia. En otras palabras: el votante opta, pero no elige. Controlados así los dos "poderes" principales, el tercero — es decir, el Judicial — ciertamente resulta "casi nulo" porque, por un lado no tiene más margen de maniobra que el que le permiten las leyes dictadas por el Legislativo con la reglamentación del Ejecutivo y, por el otro lado, la designación de los miembros del Judicial es el producto de una negociación entre las diferentes facciones de los otros dos poderes.

La realidad concreta de la división del poder en el régimen demoliberal es que los jueces dependen de los políticos y los políticos dependen de quienes les financian y publicitan la campaña. Con ello, demás está decirlo, la corrupción generalizada de todo el sistema está prácticamente garantizada y la única regla realmente vigente es la regla del oro. Es decir: el que tiene el oro, hace las reglas.

El real aporte de Montesquieu

Seríamos muy injustos con Montesquieu si la evaluación de su obra se limitara a lo expuesto. Lo que sucede es que al hombre se lo cita constantemente por lo que en realidad no hizo y casi todo el mundo se olvida olímpicamente de valorarlo por lo que realmente aportó.

El Espíritu de las Leyes es un producto típico de su época. Con los errores típicos de la época dado el nivel de conocimientos científicos disponibles — y para comprobarlo basta leer la visión casi infantil que el autor tiene de la influencia del clima y del medioambiente, aunque también es cierto que este infantilismo ambientalista ha perdurado de alguna forma hasta la actualidad, aún a pesar del avance sustancial de nuestros conocimientos científicos. Lo que hallamos en Montesquieu es un casi penoso trabajo de erudición — otra vez: bastante típico de la Ilustración y la Enciclopedia — con más de una observación aguda digna de resaltar.

Quien desee profundizar en la estructura jurídica de la Edad Media (especialmente en Francia, por supuesto), quien desee enterarse de cómo se sustentó legalmente todo el sistema feudal construido luego del derrumbe del Imperio Romano, o cómo terminaron interrelacionándose de un modo bastante caótico el Derecho Romano con el Derecho consuetudinario traido por los germanos y otros pueblos "bárbaros", esa persona hallará en El Espíritu de las Leyes abundante material de referencia para el estudio. Y lo mismo puede decirse de las reflexiones que se encuentran en la obra sobre la estructura jurídica de los distintos regímenes y sistemas políticos, desde la monarquía hasta la república y desde la democracia hasta el despotismo autocrático.

Pero aparte de esto, que es importante, también el lector no demasiado interesado en cuestiones jurídicas puntuales encuentra varias observaciones agudas que, como mínimo, incitan a seguir pensando. Por ejemplo, la observación que las monarquías ". . . están llenas de guerras civiles sin revoluciones, y las historias de los Estados despóticos están llenas de revoluciones sin guerras civiles" (Libro V - Cap. XI). O aquella otra que sería bueno que nuestros políticos actuales tuviesen en cuenta: ". . . las leyes políticas y civiles de cada nación no deben ser otra cosa sino casos particulares en que se aplica la misma razón humana. Deben ser estas últimas tan ajustadas a las condiciones del pueblo para el cual se hacen, que sería una rarísima casualidad si las hechas para una nación sirvieran para otra". (Libro I Cap III). Especialmente los norteamericanos se beneficiarían mucho si repasaran en esto a su Montesquieu.

Muy aplicable a nuestra época y a todos nosotros es también lo dicho en el Libro IV - Cap. V: "La generación naciente no es la que degenera; si se corrompe, es que los hombres maduros estaban ya corrompidos". Y en cuanto a la libertad y a la democracia: "Es verdad que en las democracias el pueblo, aparentemente, hace lo que quiere; mas la libertad política no consiste en hacer lo que se quiere. En un Estado, es decir, en una sociedad que tiene leyes, la libertad no puede consistir en otra cosa que en poder hacer lo que se debe querer y en no ser obligado a hacer lo que no debe quererse." (Libro XI - Cap III) Y nótese esta curiosa coincidencia con el Spengler de "Años Decisivos": "Las riquezas de las naciones son hijas del comercio; el efecto de esas riquezas es el lujo; la consecuencia del lujo es el progreso de las artes. (LXXI - Cap. VI) .

Pero también hay cosas que requieren de alguna rectificación porque, como todos los seres humanos, también Montesquieu tenía sus preferencias y éstas, a veces, lo llevan a distorsionar las cosas. Por ejemplo, son bastante manifiestas sus escasas simpatías por España y la crítica que le hace al Imperio Español no es precisamente muy justa que digamos. Como que, para fundamentarla, cita a fuentes de más que dudosa autenticidad. En el Libro XXIII - Cap. VII y XI hace referencia a un tal Tomás Gago para subrayar ciertas supuestas barbaridades cometidas por los españoles en América. Más allá del hecho de que los conquistadores españoles no fueron precisamente ángeles inocentes y es perfectamente concebible que cometieran puntualmente unas cuantas salvajadas, sacar de ello una condena de prácticamente todo lo hecho por España en América es, como mínimo, una generalización abusiva. Sobre todo cuando, para fundamentarla, se parte del testimonio de un personaje como el mencionado Tomás Gago.

¿Quién es este señor? Pues fue un clérigo, seguramente un agente británico que, por obvios motivos, no tuvo por misión dejar bien parados a los españoles (4). Y, además, probablemente, un condenado a causa de abusos sexuales y otros escándalos (5) que quizás, justamente para escapar de la justicia española, terminó al servicio de Inglaterra. Con lo cual, de paso, llegamos a una cuestión que quizás también es preciso señalar: Montesquieu a veces no es muy preciso en materia de citas. No es un defecto a echarle demasiado en cara considerando que toda su obra contiene varios centenares de ellas y en esa magnitud hasta al más puntilloso se le puede escapar un error. Pero, como en el caso del susodicho Gago, uno esperaría de un enciclopedista ciertamente un poco más de criterio selectivo en la elección de las fuentes y los datos.

En resumen: El Espíritu de las Leyes es un gran trabajo de erudición jurídica que por cierto puede interesar y ser provechoso para los estudiantes de Derecho o para los interesados en el aspecto puntual de la jurisprudencia europea. No es un libro que le resulte demasiado útil al político actual, a no ser que el estudioso de Ciencias Políticas desee rastrear el origen de ciertas ideas y de ciertos mitos ideológicos que han sobrevivido hasta nuestros días, y no precisamente siempre para bien.

En última instancia es como dice el propio autor: "Soy como aquel anticuario que salió de su país, llegó a Egipto, dirigió una mirada a las Pirámides y regresó". (Libro XXVIII Cap. XLV) Es cierto que lo dice haciendo referencia a su análisis de la jurisprudencia francesa. Pero la frase podría aplicarse igualmente a todo su análisis político. Y es, fatalmente, el destino de todos los enciclopedistas porque, como dice el dicho popular de esa España tan poco querida por Montesquieu: "El que mucho abarca, poco aprieta". 

Denes Martos
Marzo 2010
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