Control de c onstitucionalidad de ley interpretativa






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Sentencia C-076/07
LEY INTERPRETATIVA-Requisitos
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY INTERPRETATIVA-Inconstitucionalidad por desconocimiento de requisitos que debe cumplir norma interpretativa
Se pregunta la Corte: ¿Qué sucede cuando por cualquier motivo se desconocen los requisitos constitucionales que ha de cumplir una norma interpretativa? A juicio de este Tribunal, en estos casos, la disposición interpretativa deviene en inconstitucional no sólo por desconocer los principios constitucionales de racionalidad mínima, irretroactividad de la ley, seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima, sino también por vulnerar el contenido normativo del artículo 150, numeral 1, conforme al cual se le encomienda al Congreso de la República hacer las leyes y, a través de ellas, cumplir la función de interpretar otras disposiciones legales.
LEY INTERPRETATIVA-No requiere ser motivada
A diferencia de otras funciones de interpretación de las leyes, como por ejemplo, las que se realizan en la actividad del juez o por la Administración Pública; la interpretación auténtica realizada por el propio legislador no requiere ser motivada, pues tiene su origen en un acto eminentemente político, cuya fuerza vinculante emana directamente del poder soberano, como se deduce de lo previsto en los artículos 3° y 133 de la Constitución Política.
LEY INTERPRETATIVA-Límites/LEY INTERPRETATIVA-No puede introducir nuevos mandatos o prohibiciones, ni realizar reformas, modificaciones o adiciones
Los límites de la función legislativa de interpretación se concretan en el respeto de los parámetros constitucionales que condicionan el ejercicio dicha función, esto es, en la obligación de expedir disposiciones que tiendan a aclarar o determinar el sentido exacto de las normas oscuras, vagas o imprecisas y, por ende, hacer posible su fácil y correcto entendimiento, con el propósito de lograr la integración en un sólo cuerpo jurídico de la norma interpretativa junto con el precepto interpretado. De ahí que, en el desarrollo de esta función, se prohíba establecer nuevos mandatos o prohibiciones, o realizar reformas o adiciones a lo consagrado en las disposiciones anteriores.
LEY INTERPRETATIVA-Efecto retrospectivo
PRINCIPIO DE RACIONALIDAD MINIMA EN LEY INTERPRETATIVA-Aplicación
En cuanto al principio de racionalidad mínima en que debe fundarse el proceso de expedición de una ley, la jurisprudencia de la Corte sobre la materia ha señalado que se trata de una exigencia constitucional mediante la cual se garantiza, entre otras cosas, el cumplimiento en el proceso de creación normativa de todos los debates previstos en la Constitución, la deliberación libre y permanente de los Congresistas y, especialmente, que las decisiones tomadas versen sobre materias plenamente conocidas por todos los integrantes de la Corporación respectiva. En lo que se refiere a la aplicación del citado principio en el caso de las leyes de interpretación.
COSTO O DEDUCCION EN IMPUESTO DE RENTA-Prohibición en relación con descuentos derivados de enajenación de títulos fiscales y cambiarios/IMPUESTO DE RENTA-Depuración de la base gravable/LEY INTERPRETATIVA EN MATERIA TRIBUTARIA-Inconstitucionalidad porque norma estableció una nueva prohibición/PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LEY TRIBUTARIA-Vulneración por ley interpretativa/PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA EN LEY INTERPRETATIVA-Vulneración/PRINCIPIO DE RACIONALIDAD MINIMA EN LEY INTERPRETATIVA-Vulneración/PRINCIPIO DE BUENA FE EN LEY INTERPRETATIVA-Vulneración
No existe duda que el Congreso de la República se extralimitó en el ejercicio de la función de interpretación de la ley, prevista en el numeral 1° del artículo 150 de la Constitución Política, pues en lugar de proferir una norma que permitiera aclarar el sentido exacto de una disposición preexistente, con miras a lograr su fácil y correcto entendimiento, procedió a establecer una nueva prohibición en relación con una operación económica susceptible de ser considerada como costo o deducción sobre el impuesto a la renta, según se deduce, entre otros, del artículo 107 del Estatuto Tributario. La Corte llama la atención acerca del propósito que están llamadas a cumplir las leyes de interpretación, pues éstas de acuerdo con la Constitución se deben limitar a fijar el sentido exacto de una ley preexistente, cuando la misma resulta confusa o imprecisa. De ahí que, cuando una norma dice interpretar otra tan sólo puede servir como herramienta jurídica para descifrar el contenido normativo de dicha disposición. El desconocimiento del citado límite, como ya se señaló, se traduce en una infracción a la función de interpretación prevista en el artículo 150-1 del Texto Superior y a los principios constitucionales de racionalidad mínima, seguridad jurídica, buena fe e irretroactividad de la ley. En relación con este último principio, es necesario señalar que en materia tributaria su reconocimiento se encuentra previsto en el artículo 363 del Texto Superior, el cual resulta vulnerado cuando la supuesta ley interpretativa, como lo era la norma demandada, se pretende aplicar como si se tratase de un sólo cuerpo normativo junto con la ley interpretada a partir de la entrada en vigencia de esta última, pues, en estos casos, se estaría convalidando la aplicación de una ley posterior cuyo objetivo es alterar la depuración de la base gravable del impuesto sobre la renta, a hechos acaecidos y debidamente consolidados al amparo de una ley previa. Lo anterior igualmente se traduce en una violación al inciso final del artículo 338 Constitucional, pues las modificaciones que afecten la base gravable de los impuestos de período, como lo es, el impuesto sobre la renta, tan sólo pueden aplicarse “a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”.
Referencia: expediente D-6383
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 53 de la Ley 383 de 1997, “por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando, y se dictan otras disposiciones”.
Demandante: Alejandro Buitrago.
Magistrado Ponente:

Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL

Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil siete (2007).
EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

Así las cosas, como lo señala el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y lo confirma la sentencia previamente citada del Consejo de Estado, lo que prohíbe el precepto legal demandado es que las pérdidas que surjan por la enajenación de un título derivado del cumplimiento de una obligación fiscal o cambiaria1, a raíz de su venta a un menor precio y antes del término de su redención (lo que en terminología financiera se denomina descuento), se considere un costo o deducción en el impuesto sobre la renta. De manera que, para el legislador tributario, la diferencia entre el valor presente de un título y el valor de su redención en el futuro, a partir de su enajenación para obtener liquidez, no puede considerarse como un gasto o expensa necesaria para el normal desarrollo de la actividad productora de renta.
Por consiguiente, a juicio de esta Corporación, es innegable que el Congreso de la República desconoció los requisitos constitucionales que rigen el ejercicio de la función de interpretación, por lo que, en la parte resolutiva de esta decisión, se procederá a declarar la inconstitucionalidad del artículo 53 de la Ley 383 de 1997.
13. Finalmente, la Corte llama la atención acerca del propósito que están llamadas a cumplir las leyes de interpretación, pues éstas de acuerdo con la Constitución se deben limitar a fijar el sentido exacto de una ley preexistente, cuando la misma resulta confusa o imprecisa. De ahí que, cuando una norma dice interpretar otra tan sólo puede servir como herramienta jurídica para descifrar el contenido normativo de dicha disposición. El desconocimiento del citado límite, como ya se señaló, se traduce en una infracción a la función de interpretación prevista en el artículo 150-1 del Texto Superior y a los principios constitucionales de racionalidad mínima, seguridad jurídica, buena fe e irretroactividad de la ley.
En relación con este último principio, es necesario señalar que en materia tributaria su reconocimiento se encuentra previsto en el artículo 363 del Texto Superior, el cual resulta vulnerado cuando la supuesta ley interpretativa, como lo era la norma demandada, se pretende aplicar como si se tratase de un sólo cuerpo normativo junto con la ley interpretada a partir de la entrada en vigencia de esta última, pues, en estos casos, se estaría convalidando la aplicación de una ley posterior cuyo objetivo es alterar la depuración de la base gravable del impuesto sobre la renta, a hechos acaecidos y debidamente consolidados al amparo de una ley previa.
Lo anterior igualmente se traduce en una violación al inciso final del artículo 338 Constitucional, pues las modificaciones que afecten la base gravable de los impuestos de período, como lo es, el impuesto sobre la renta, tan sólo pueden aplicarse “a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”. En el asunto bajo examen, al pretender que la supuesta ley interpretativa se incorpore junto con la ley interpretada desde la vigencia misma de esta última, se vería afectada la base gravable correspondiente al año fiscal 19972, cuando la misma al implicar la alteración de los hechos económicos que sirven para depurar el citado impuesto sobre la renta, tan sólo podía aplicarse a partir del siguiente período fiscal, esto es, el año 1998.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente


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