Copia del acto acusado requisitos / contestacion de la demanda confesión / copia simple del acto acusado validez cuando es objeto de contradicción / documento publico presunción de autenticidad. Antecedente jurisprudencial






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títuloCopia del acto acusado requisitos / contestacion de la demanda confesión / copia simple del acto acusado validez cuando es objeto de contradicción / documento publico presunción de autenticidad. Antecedente jurisprudencial
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COPIA DEL ACTO ACUSADO - Requisitos / CONTESTACION DE LA DEMANDA - Confesión / COPIA SIMPLE DEL ACTO ACUSADO - Validez cuando es objeto de contradicción / DOCUMENTO PUBLICO - Presunción de autenticidad. Antecedente jurisprudencial
Revisado el expediente y analizado el asunto, advierte la Sala que si bien el artículo 139 del C.C.A. señala como anexos de demanda la copia auténtica del acto acusado y adicionalmente, en ausencia del mismo, habilita a la parte demandante para así manifestarlo ante el Juez a fin de que sea solicitado por éste previa admisión de la demanda, previsión que busca la certeza de la autenticidad, integridad y legitimidad del contenido del acto administrativo sobre el que se adelantará el juicio de legalidad, tal exigencia legal y carga procesal a cargo de la parte demandante en este caso no genera la imposibilidad jurídica de resolver de fondo el asunto planteado, pues aun cuando el documento se aportó en copia simple por la demandante como se evidencia en el expediente, la Entidad demandada se pronunció dentro de su escrito de oposición aceptando la veracidad y autenticidad del mismo. Al respecto, debe precisarse que el escrito de contestación en estos casos no es simplemente un acto formal y de simple oposición a una pretensión subjetiva sino que su contenido se constituye, dentro del proceso y para fines probatorios, en una declaración de parte o confesión espontánea plenamente valorable por el juez, como en efecto se deduce del contenido del artículo 194 del C.P.C. Aunado a lo anterior se dirá que si bien en principio las copias simples de un documento público o de un acto administrativo carecen de valor probatorio dentro del proceso, una vez conocidas por la contraparte sin que ésta efectúe manifestación negativa o cuestionamiento alguno en su contra respecto de su legitimidad, éstas adquieren plena validez dentro del proceso, por cuanto milita a su favor de conformidad con el artículo 252 del C.P.C. una presunción de autenticidad que bajo tal presupuesto le corresponde desvirtuar total o parcialmente a la demandada. De lo expuesto se concluye que, en tanto en el sub examine la copia informal del acto acusado fue de pleno conocimiento de la Entidad demandada sin que cuestionara en algún momento, total o parcialmente su autenticidad y contenido, ésta adquirió plena eficacia jurídica para militar dentro del proceso bajo la presunción de autenticidad que le otorga la norma en comento, como quiera que el óbice para su revisión -que se concreta en la salvaguarda del derecho de contradicción de la contraparte- queda manifiestamente superado, más aun cuando existió reconocimiento expreso del acto por parte de la demandada al contestar el hecho 18 de la demanda como en efecto se observa a folio 204 del expediente, razón por la que se revocará la decisión inhibitoria del a quo y se estudiará el asunto de fondo propuesto.
FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTICULO 139 / CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTICULO 194 / CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTICULO 252
NOTA DE RELATORIA: Consejo de Estado, Sección Segunda, Exp. 1371-06, MP. GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN.
CONTRATO REALIDAD - Antecedentes jurisprudenciales / RELACION LABORAL - Elementos
El tema del contrato de prestación de servicios ha generado importantes debates judiciales; sobre el tema, la Corte Constitucional en sentencia C-154 de 1997, con ponencia del Dr. Hernando Herrera Vergara, analizó la diferencia entre tal contrato y el de carácter laboral. Lo anterior significa que el contrato de prestación de servicios puede ser desvirtuado cuando se demuestran los tres elementos que caracterizan una relación laboral, pero de manera fundamental cuando se comprueba la subordinación o dependencia respecto del empleador, evento en el cual surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista en aplicación inicialmente del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas en las relaciones laborales consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, independientemente de la denominación jurídica que se le haya dado a dicha relación. Al respecto, esta Corporación en fallos como el del 23 de junio de 2005 proferido dentro del expediente No. 0245 por el Dr. Jesús María Lemos Bustamante, ha reiterado la necesidad de que se acrediten fehacientemente los tres elementos propios de una relación de trabajo, pero en especial que se demuestre que la labor se prestó en forma subordinada y dependiente respecto del empleador. Tal tesis, se contrapone a la Jurisprudencia anterior en la que se sostuvo que entre contratante y contratista podía existir una relación de coordinación en sus actividades, de manera que concurra un sometimiento a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo cual incluye el cumplimiento de horario, el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores o de tener que reportar informes sobre sus resultados, sin que ello signifique necesariamente la configuración del elemento de subordinación. Así se estipuló en sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado del 18 de noviembre de 2003, Rad. IJ-0039 M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda. El razonamiento fue replanteado por la Sección Segunda, que en fallos como el inicialmente citado del 23 de junio de 2005, volvió a la tesis primigenia que había sido trazada ya desde la sentencia del 18 de marzo de 1999, con ponencia del Magistrado Flavio Rodríguez Arce (Exp. 11722 – 1198/98). De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se recoge, que para acreditar la existencia de una relación laboral, es necesario probar los tres elementos inicialmente referidos, pero especialmente, que el supuesto contratista desempeñó una función pública en las mismas condiciones de subordinación y dependencia que sujetarían a cualquier otro servidor público, constatando de ésta manera, que las actividades realizadas no son de aquellas indispensables en virtud de la necesaria relación de coordinación entre las partes contractuales.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 53
NOTA DE RELATORIA: Corte Constitucional, Exp. C-154 de 1997, MP. Hernando Herrera Vergara. Consejo de Estado, Sección Segunda, Exp. 0245, MP: Jesús María Lemos Bustamante; Exp. 11722 – 1198/98), MP. Flavio Rodríguez Arce; y Sala Plena, Exp. IJ-039, MP. Nicolás Pàjaro Peñaranda,
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - Principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades / PRESCRIPCION DE PRESTACIONES SOCIALES - No opera sino a partir de la sentencia constitutiva / CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - Cuando se desvirtúa da lugar al pago de prestación de servicios
La Sala ha hecho prevalecer entonces, la aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas, cuyos supuestos fácticos deben ser materia de prueba. Así, cuando se logra desvirtuar el contrato de prestación de servicios, se ha concluido el necesario reconocimiento de las prestaciones sociales causadas por el periodo realmente laborado, atendiendo a la causa jurídica que sustenta verdaderamente dicho restablecimiento, que no es otra que la relación laboral encubierta bajo un contrato estatal, en aplicación de los principios de igualdad y de irrenunciabilidad de derechos en materia laboral consagrados en los artículos 13 y 53 de la Carta Política respectivamente, superándose de ésta manera la prolongada tesis que prohijaba la figura indemnizatoria como resarcimiento de los derechos laborales conculcados. De otra parte, en aquellos casos en que se accede a las pretensiones de la demandada, la Sección ha concluido la no prescripción de las prestaciones causadas con ocasión del contrato realidad, en tanto la exigibilidad de los derechos prestacionales en discusión, es literalmente imposible con anterioridad a la sentencia que declara la existencia de la relación laboral, dado su carácter constitutivo, de manera pues, que es a partir de tal decisión que nace a la vida jurídica el derecho laboral reclamado y por tanto, no podría operar en estos casos el fenómeno procesal extintivo. Ahora, sobre las sumas causadas, debe precisarse que, como inicialmente se indicó, no opera el fenómeno prescriptivo por tratarse ésta de una sentencia de carácter constitutivo, a partir de la cual nace el derecho a favor de la actora, razón por la que sobre las cesantías reconocidas no habrá lugar a la aplicación del contenido de la Ley 244 de 1995 pues la morosidad empieza a contarse a partir de la ejecutoria de esta sentencia, como tampoco se aplicará la sanción reclamada por el no pago oportuno de aportes a seguridad social establecida en los artículos 22 y 23 de la Ley 100 de 1993.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 13 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 53 / LEY 244 DE 1995
NOTA DE RELATORIA: Consejo de Estado, Sección Segunda, Exps. 2776-05, MP. Jaime Moreno García; 1694-07, 2152-06 y 0157-08, MP. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
CONTRATO REALIDAD - Elementos de la relación de trabajo / CONTRATO REALIDAD - Pruebas
Se ha concretado el tratamiento jurisprudencial de los contratos realidad, de donde se concluye en cuanto a su configuración, que constituye un requisito indispensable para demostrar la existencia de una relación de trabajo, que el interesado acredite en forma incontrovertible los tres elementos de la relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio (de manera permanente), la remuneración respectiva y especialmente la subordinación y dependencia en el desarrollo de una función pública, de modo que no quede duda acerca del desempeño del contratista en las mismas condiciones de cualquier otro servidor público, siempre y cuando la subordinación que se alega no se enmarque simplemente en una relación de coordinación entre las partes para el desarrollo del contrato, en virtud de las particularidades de la actividad para la cual fue suscrito. Así las cosas, la viabilidad de las pretensiones dirigidas a la declaración de un contrato realidad, depende exclusivamente de la actividad probatoria de la parte demandante, dirigida a desvirtuar la naturaleza contractual de la relación suscrita y la presencia real dentro de la actividad desplegada de los elementos anteriormente señalados, especialmente el de subordinación, que como se mencionó, es el que desentraña fundamentalmente la existencia de una relación laboral encubierta, lo que obliga al análisis del conjunto probatorio que acompaña el expediente en aras de establecer las condiciones reales de prestación del servicio en éste caso.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS - Ordenes de prestación de servicios / CONTRATO REALIDAD - Empleo público en el Sistema Nacional de Salud / SERVICIO MEDICO - Empleos en el Sistema de Seguridad Social en Salud
En reiteradas ocasiones se ha afirmado jurisprudencialmente que en el caso de quienes prestan servicios de salud es válida la suscripción de Ordenes de Prestación de Servicios, en tanto sus servicios se ajustan al contenido del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en donde se prescribe la posibilidad de celebrar estos contratos con personas naturales cuando la actividad a contratar no puede ser realizada por el personal de planta de la Entidad respectiva o cuando para tal efecto, se requiere de conocimientos especializados; de manera que en atención a los conocimientos especializados que se requieren para la prestación del servicio médico en sus diferentes disciplinas y a la autonomía e independencia inherente a la aplicación y ejercicio de los mismos, se ha habilitado dicha modalidad para la contratación del personal médico, excluyéndose de plano en tales casos la posibilidad de un trabajo subordinado y por ende la existencia de derechos laborales originados en los servicios prestados. Al respecto dirá la Sala que, si bien en muchos casos resulta legítima la figura del contrato estatal para satisfacer las diferentes necesidades del servicio público de salud por disposición expresa de la Ley 10 de 1990 que reorganizó el Sistema Nacional de Salud, la especialidad de que se revisten los servicios Médicos -entratándose de personas naturales-, no excluye por sí sola la posibilidad del empleo público, y mucho menos la configuración en ciertos casos de una verdadera relación laboral con el Estado al extralimitar el contenido real y la naturaleza de un contrato de prestación de servicios, de manera que no puede admitirse de manera absoluta que en cuanto a tales servicios no quepa la figura del contrato realidad, desde luego, cuando a ello haya lugar, más cuando la prestación del servicio de salud constituye una función pública a cargo del Estado, inherente al objeto de las Entidades Estatales prestadoras del mismo. Ahora, respecto del servicio médico en concreto, debe precisarse además, que en sus diferentes modalidades y especialidades se encuentra previsto como un empleo público del nivel profesional dentro del Sistema Nacional de Salud y la organización del Subsector Oficial de Salud de las Entidades Territoriales y sus entes descentralizados, con denominación y funciones detalladas en la Ley, más exactamente en el artículo 3° del Decreto 1335 de 1990, por medio del cual el Gobierno expidió el Manual General de Funciones y Requisitos de los empleos pertenecientes al Subsector Oficial del Sector Salud, y los artículos 21 y 27 del Decreto Ley 1569 de 1998, que estableció el sistema de nomenclatura y la clasificación de los empleos de las Entidades Públicas que conforman el Sistema de Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 443 de 1998.
FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTICULO 32 / LEY 10 DE 1990 - ARTICULO 6 / DECRETO 1335 DE 1990 - ARTICULO 3 / DECRETO LEY 1569 DE 1998 - ARTICULO 21 / DECRETO LEY 1569 DE 1998 - ARTICULO 27 / LEY 443 DE 1998 - ARTICULO 66
NOTA DE RELATORIA: Consejo de Estado, Sección Segunda, Exp. 5685-02, MP. Jesús María Lemos Bustamante.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD - Pruebas para desvirtuarlo / CONTRATO REALIDAD - Existencia en contrato de prestación de servicios con médico / RELACION LABORAL - Existencia encubierta bajo un vínculo contractual
En el sub examine, afirma la demandante que laboró en el cargo de Médica General en CAPRESOCA E.P.S. entre el 16 de mayo de 1997 y el 30 de marzo de 2001, mediante Ordenes de Prestación de Servicios sucesivas, de manera continua y permanente, durante 3 años, 10 meses y 7 días, desempeñando las funciones consagradas en la Ley para la prestación del Servicio Público de Salud bajo la subordinación del Gerente y el Coordinador Científico de la Entidad, quienes afirma eran sus superiores jerárquicos, cumpliendo un horario de 4 horas continuas diarias, en jornada de la mañana. El análisis de los testimonios dan cuenta de: i) la prestación personal de los servicios de la demandante como Médico General en las instalaciones de CAPRESOCA E.P.S de manera permanente (sin que se haya logrado precisar por alguno de los testigos el periodo exacto o lapso en el que se prestaron los servicios), ii) el horario desarrollado por ésta de manera continua dentro de la Entidad, que correspondía a 4 horas diarias en jornada de la mañana, esto es, de 7 a 11 a.m. de lunes a viernes, iii) del cumplimiento de sus funciones en igualdad de condiciones con los demás Médicos de planta, atención de pacientes en consulta externa y asistencia a Juntas Médicas dispuestas para la totalidad del personal médico adscrito a la Entidad, iv) la dependencia y subordinación de la actora al Gerente de la institución como su Jefe inmediato y su sujeción a las directrices impartidas por éste, v) la supervisión permanente a la labor médica desempeñada por la demandante por parte del Coordinador Médico de la Entidad, quien además debía impartir visto bueno a las solicitudes de permiso elevadas por el personal médico entre ellos la actora, antes de que fueran dirigidas al Gerente. El conjunto probatorio enlistado precedentemente permite concluir a la Sala la existencia de una relación laboral encubierta bajo la modalidad del contrato de prestación de servicios.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 13 / CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO 53
EMPLEOS DE MEDIO TIEMPO - Definición / CONTRATO REALIDAD - No excluye su configuración en jornada laboral parcial de cuatro horas / JORNADA LABORAL DE MEDIO TIEMPO - Configuración del contrato realidad
El artículo 21 del Decreto 1042 de 1978 aplicable por remisión expresa del numeral 2° del artículo anteriormente citado, define que se entiende por empleos de medio tiempo los que tienen una jornada diaria no inferior a 4 horas cuya remuneración se efectuara en forma proporcional al tiempo laborado, y que proscribe además la existencia de empleos públicos cuya jornada de trabajo sea inferior a medio tiempo; norma que pese a su derogatoria tácita ocurrida con la expedición de la Ley 4ª de 1992, se encuentra vigente en cuanto a la regulación de la jornada parcial se refiere. De conformidad con lo anterior, precisa la Sala que la prestación permanente del servicio bajo una jornada laboral parcial de 4 horas, no excluye en lo absoluto la configuración del contrato realidad, ni permite concluir que en tal caso exista autonomía e independencia por parte del presunto contratista -lo que se ha afirmado bajo la posibilidad que éste tendría de ocupar el tiempo restante en otra actividad o empleo-, pues como se observa, el empleo público puede ser también de medio tiempo y además, en la prestación de servicios de salud por disposición expresa de la Ley 269 de 1996, se admite la flexibilización de los horarios a fin de garantizar la atención en salud como servicio público esencial, permitiéndose al personal médico el desempeño de más de un empleo en Entidades de Derecho Público, siempre y cuando no exista concurrencia de horarios. Se colige entonces que en el sub examine, las pretensiones de la actora en cuanto al contrato realidad subsisten plenamente, como quiera que aun cuando la prestación del servicio fue de tiempo parcial o medio tiempo, es decir, durante 4 horas diarias, el empleo público por sí mismo admite dicha modalidad, lo que sumado a la configuración de todos los elementos de la relación laboral desvirtúa el vínculo contractual establecido e impone el amparo de los derecho laborales conculcados pero de manera proporcional al tiempo laborado, tal como lo ordena la norma citada al respecto.
FUENTE FORMAL: DECRETO 1042 DE 1978 - ARTICULO 21 / LEY 269 DE 1996

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
SUBSECCION "A"
Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN
Bogotá, D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil diez (2010).
Radicación número: 85001-23-31-000-2003-00015-01(1413-08)
Actor: ERIKA MARIA NOVOA CABALLERO
Demandado: CAPRESOCA E.P.S.


Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 27 de marzo de 2008 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, en la que se inhibió de resolver acerca de las súplicas de la demanda instaurada por la señora Erika María Novoa Caballero contra CAPRESOCA E.P.S., en procura del reconocimiento y pago de los derechos salariales y prestacionales originados en los servicios profesionales prestados a dicha Entidad como Médica General.


  1. ANTECEDENTES


1. LA ACCIÓN

En ejercicio de la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, la actora por intermedio de apoderado judicial presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Casanare para obtener la nulidad del Oficio No. 0535 de agosto de 2002, mediante el cual el Gerente de CAPRESOCA E.P.S. negó el reconocimiento del contrato realidad emanado de los servicios prestados por la actora como Médica General y el consecuente reconocimiento y pago de los derechos salariales y prestacionales correspondientes.

Como consecuencia de lo anterior, pide que se declare la existencia de una relación laboral entre la actora y CAPRESOCA E.P.S., durante el tiempo en que prestó sus servicios bajo Órdenes de Prestación de Servicios, es decir, desde el 16 de mayo de 1997 hasta el 2 de abril de 2001 inclusive, sin solución de continuidad, y que por ser despedida sin justa causa debe ser además indemnizada.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la demandada a pagar los valores correspondientes a las cesantías e intereses de cesantías causadas durante dicho lapso en el que se desempeñó como Médica General, más las primas, vacaciones, indemnización de vacaciones, afiliación a salud, pensiones, riesgos profesionales y caja de compensación familiar correspondientes. Pide además, que se declare la nulidad de su despido y que se ordene el reintegro en el cargo que ocupaba, con la indemnización respectiva, y que se ordene a la Entidad demandada cancelar a su favor la sanción establecida en la Ley 100 de 1993 por no haberla afiliado a los fondos de pensiones y a salud, como también el pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990. Por último, solicitó la actualización de la condena y el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A..

2. FUNDAMENTOS FÁCTICOS

Relata la actora en el acápite de hechos, que prestó sus servicios profesionales a CAPRESOCA E.P.S. como médico general desde el día 16 de mayo de 1997 hasta el 2 de abril de 2001, en forma continua y permanente, recibiendo como remuneración una suma pactada entre las partes, vinculación que se efectuó mediante Contratos Administrativos de Prestación de Servicios.

Señala que laboró para CAPRESOCA en una jornada de cuatro horas diarias, acatando continuamente las directrices impartidas por los Directores de dicha Entidad. Aclara que su jefe inmediato fue el Dr. Rafael Rozo que se desempeñaba para la época como Coordinador Médico de la E.P.S. y de quien recibía ordenes, orientaciones, sugerencias y permisos para ausentarse de su trabajo, bajo una permanente supervisión ejercida por los Gerentes de ese entonces, tal como quedó consignado en los contratos suscritos.

Narra que el 2 de abril de 2001, luego de atender sus pacientes, sin justa causa y sin agotar el trámite legal le fue comunicada verbalmente la prescindencia de sus servicios, decisión que se materializó y notificó por escrito al día siguiente, con efectos a partir del 30 de marzo del mismo año.

Afirma que la figura de los Contratos Administrativos de Prestación de Servicios utilizada para su vinculación se desnaturalizó, toda vez que la relación se adelantó bajo subordinación y absoluta dependencia, se prolongó de manera permanente en el tiempo y le permitió la percepción periódica de una contraprestación por sus servicios, de donde surgió su derecho a las acreencias laborales y prestacionales que reclamó a CAPRESOCA E.P.S. mediante derecho de petición fechado del 29 de julio de 2002 y radicado en la Entidad el 6 de agosto de mismo año, resuelto negativamente con el acto acusado con fundamento en la relación contractual suscrita durante el tiempo efectivamente laborado.
3. DISPOSICIONES VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Invocó como normas violadas los artículos 13, 25, 48 y 53 de la Constitución Política, 23 y 24 del Código Sustantivo de Trabajo, 32 de la Ley 80 de 1993, 99 de la Ley 50 de 1990 y 22 y 23 de la Ley 100 de 1993.

Afirmó con apoyo jurisprudencial que el Contrato Administrativo de Prestación de Servicios se celebra con el Estado en aquellos eventos en los que la función de la Administración no puede ser cumplida por el personal de planta o cuando se requiere de conocimientos especializados para su desarrollo, relación contractual que tiene como características fundamentales, la autonomía e independencia del contratista y la vigencia temporal de su suscripción. Así, cuando tales servicios se convierten en ordinarios y permanentes, corresponde a la Entidad adoptar las medidas pertinentes para que el empleo quede contemplado en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.

Señala que del examen de la situación de la actora, se advierte que en contravía de la naturaleza de los Contratos Administrativos de Prestación de Servicios, la relación existente entre ésta y CAPRESOCA E.P.S. se encontraba enmarcada por una relación real de subordinación y dependencia, y que además se dio de manera directa y permanente durante 3 años, 10 meses y 7 días, con un pago regular, uniforme, periódico y retributivo por los servicios prestados, por lo que se afirma la existencia de una verdadera relación laboral entre las partes, que amerita en aplicación de los artículos 13, 25 y 53 de la Carta Política, el amparo y protección del Estado, garantizando el pago de los derechos prestacionales que le asistían durante el periodo laborado.

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

CAPRESOCA E.P.S., establecimiento público del Orden Departamental creado mediante Ordenanza No. 062 de 24 de noviembre de 1995, acudió oportunamente a dar contestación a la demanda mediante apoderado judicial legalmente constituido (fl. 184 y 203 C-1), oponiéndose en su escrito a todas y cada una de las pretensiones de la actora.

Propuso como medios exceptivos la falta de individualización de las pretensiones, la indebida acumulación de las mismas y la falta de estimación razonada de la cuantía, las que sustentó sucintamente dentro del escrito de oposición.

Rechaza la posibilidad de un reconocimiento de carácter laboral a favor de la actora, en tanto su vínculo con la Entidad fue netamente contractual, regido por las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993 en donde se expresa con toda claridad que tales contratos no generan relación laboral alguna ni prestaciones sociales de ninguna índole.

II. LA SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Casanare declaró la ineptitud sustantiva de la demanda y se inhibió del conocimiento de fondo de la controversia propuesta, al considerar que la demandante no acompañó con el libelo copia auténtica del acto acusado, situación que impedía jurídicamente abordar el estudio de legalidad impetrado ante la protuberante omisión del interesado (fl. 248).

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte demandante interpuso oportunamente recurso de apelación (fl. 255).

Afirmó que al tramitarse la demanda durante tantos años, concretamente desde el 18 de diciembre de 2002, era injusto un pronunciamiento inhibitorio por parte del Tribunal cuando existieron las etapas procesales para advertir la falencia anotada, lo que en su criterio vulnera los derechos constitucionales de la demandante.
Señala que en la etapa inicial del proceso se ordenó la corrección de la demanda otorgando el término de 5 días para que fuera subsanada por haberse presentado en conjunto con otro demandante, sin que el Tribunal advirtiera ninguna otra falencia de ordena formal o sustancial, razón por la que la decisión acusada se traduce en una denegación de justicia.

Por lo anterior, solicita se revoque la sentencia apelada y se estudie de fondo el asunto, a fin de que se acceda a las pretensiones reclamadas, toda vez que del material probatorio se puede concluir que entre la demandante y CAPRESOCA E.P.S. existió una verdadera relación laboral.

Solicitó se tuviera como prueba la copia auténtica del acto acusado aportado con la alzada y además, que se decretara en segunda instancia el traslado de las pruebas obrantes en el proceso adelantado bajo la misma finalidad e identidad de hechos y pretensiones por el señor Pedro Cruz Gutiérrez, con quien inicialmente agotó vía gubernativa.


Mediante providencia del 29 de agosto de 2008, fue admitido el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fl. 271); luego, por auto del 31 de octubre de 2008 y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 del C.C.A. se denegaron las pruebas solicitadas por la apelante (fl. 273). El 31 de julio de 2009, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión (fl. 276), sin que éstas o el Ministerio Público acudieran a efectuar pronunciamiento alguno al respecto.

Agotado el trámite procesal y al no observarse causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a decidir previas las siguientes,


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