Tercera lectura del curso derecho penal II parte especial






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TERCERA LECTURA DEL CURSO DERECHO PENAL II – PARTE ESPECIAL –

CATEDRATICO:

Mg. César Martín Ramírez Luna

Año 2012
DELITOS CONTRA EL HONOR
Nuestra Constitución Política en su artículo 2º inciso 7) reconoce, como un derecho fundamental al honor y la buena reputación, así como la intimidad personal, familiar, la voz e imagen propia.

Ésta valía Suprema, también ha sido reconocida como tal en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.1 

El honor es un concepto jurídico, ciertamente indeterminado y variable, cuya delimitación depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento histórico, pero que en todo caso, desde una perspectiva objetiva, aluden a la suma de cualidades que se atribuyen a la persona y que son necesarias para el cumplimiento de los roles específicos que se le encomiendan. Desde un sentido subjetivo el honor importa la conciencia y el sentimiento que tiene la persona de su propia valía y prestigio; reputación y la propia estimación, son sus dos elementos constitutivos.2

Por ello, a fin de protegerlos o tutelarlos, nuestros codificadores han incluido en nuestro sistema penal, una gama de tipos penales, denominados “delitos contra el honor”; que reúne a la injuria, calumnia y difamación, éste último delito, en España no se ha constituido como tipo penal independiente, sino más bien, como una conducta agravadas de la injuria.

Estos delitos que atentan contra el honor, tienen un trato especial en cuanto a su procesamiento; como por ejemplo su terminación, la misma que puede ser por sentencia, además de la conciliación o transacción entre las partes e incluso por el desistimiento del ofendido.

Sin embargo, es importante mencionar, que ciertas corrientes doctrinales, pugnan por despenalizar estos delitos, siendo la última iniciativa, la que se produjo en nuestro Congreso de la República. Al respeto, el profesor constitucionalista, Luis Huerta Guerrero; nos recuerda que: En el período legislativo 2006-2011 este tema fue dos veces analizado por el Congreso de la República. La primera ocasión fue a propósito del proyecto de ley presentado por el Congresista Javier Valle Riestra (proyecto de ley 912-2006-CR), por medio del cual se propuso despenalizar los delitos contra el honor y establecer un proceso especial para su tutela a través de la vía civil. Luego de un amplio e interesante debate, la Comisión de Constitución y Reglamento se pronunció por archivar la propuesta, principalmente porque sus miembros consideraron que una medida de este tipo implicaba una desprotección del derecho al honor.3 

El maestro Roy Freyre (año 1974, pag. 284), citando a las lumbreras: Carrara, Quintano Ripolles y Soler, menciona que sobre el honor existen hasta tres posiciones bastantes claras y generalmente aceptadas:

  1. Que el honor es un bien jurídico penalmente tutelado, siendo ociosa tarea tratar de demostrar, por ser un hecho evidente, que el hombre tiene derecho a que sea respetado su honor y también a que las ofensas dirigidas contra esa nobilísima parte de su patrimonio natural puedan y deban, en los casos pertinentes, perseguirse como delitos.

  2. Que es necesario una cierta concreción de su sentido, ya que el honor constituye el objeto material y el interés jurídico de ciertos delitos que le afectan.

  3. Que el concepto jurídico del honor debe extraerse, por vía de inducción y síntesis, de las normas legales.

Por otro lado, si bien el derecho al honor, tiene su reflejo en nuestra Constitución Política, también lo es que, todo ciudadano también tiene derecho a la libertad de información y expresión mediante los medios de comunicación social, incluso a través de empresas periodísticas, que bajo ciertos parámetros difunden tales pensamientos, sin censura; sin embargo, por ser éste último derecho uno de característica relativa, está sujeta a las responsabilidades de Ley.

Por ello, el honor por ser un derecho absoluto, tiene primacía frente a la libertad de expresión, pudiendo existir responsabilidades penales y civiles si es que tales difusiones atentan contra el honor de las personas así como la buena reputación, que es el fin supremo de la sociedad.

En cuanto al bien jurídico, el penalista Peña Cabrera Freyre (año 2,008, pag. 307), citando a Macia Gómez, describe que en cuanto a la posición fáctica, el honor tiene dos vertientes, a) objetiva, lo que implica la estimación que tiene la sociedad en cuanto a la honorabilidad del sujeto, si tuviere más prestigio la afectación sería mayor; b) el aspecto subjetivo hace alusión a la estimación individual que cada uno tiene de sí mismo , quienes tienen una alta auto estima recibirán mayor protección del que no la tiene.

Después de estas definiciones, cabe preguntarse, si las personas jurídicas tienen derecho al honor, en éste caso de reputación; en cuanto a ello, nuestro Tribunal Constitucional ha manifestado: “el reconocimiento de los diversos derechos fundamentales es, en principio, a favor de las personas naturales. Por extensión, considera que también las personas jurídicas pueden ser titulares de algunos derechos fundamentales (…)”.4

Asimismo, agrega al respecto: “aunque la buena reputación se refiera, en principio, a los seres humanos, este no es un derecho que ellos con carácter exclusivo pueden titularizar, sino también las personas jurídicas de derecho privado, pues, de otro modo, el desconocimiento hacia estos últimos podría ocasionar que se deje en una situación de indefensión constitucional ataques contra la “imagen” que tienen frente a los demás o el descrédito ante terceros de toda organización creada por los individuos” 5.

Existe la problemática en definir, si las personas fallecidas tienen derecho al honor; como ya lo hemos visto, todo ciudadano tiene derecho al honor y la buena reputación, siendo indiferente que cualquier persona física, pueda ser el sujeto pasivo. Sin embargo, nos preguntamos si las personas muertas tienen este mismo derecho; al respecto, el artículo 5º del Código Civil Peruano, precisa la irrenunciabilidad de los derechos fundamentales; para el caso que nos ocupa “el honor”; esto guarda consonancia con el artículo 61º del mismo cuerpo legal acotado que prescribe “la muerte pone fin a la persona”.

Siguiendo ésta línea, sólo podría admitirse la acción por estos delitos contra el honor, cuando afecte este derecho a una persona viva; sin embargo el numeral 138º del Código Penal establece que “(…) Si la injuria, difamación o calumnia ofende a la memoria de una persona fallecida, presuntamente muerta, o declarada judicialmente ausente o desaparecida, la acción penal podrá ser promovida o continuada por su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos”. En consecuencia nuestro codificador penal, ha realzado como bien jurídico la memoria de los muertos; discutible.

INJURIA

Precisa el artículo 130º: “El que ofende o ultraja a una persona, con palabras, gestos o vías de hecho, será reprimido con prestación de servicio comunitario de diez a cuarenta jornadas o con sesenta a noventa días – multa”.
BIEN JURIDICO

Lo que se tutela en este delito es el honor, pudiendo ser tanto la persona individual así como la persona jurídica; teniendo presente lo que refiere nuestro Tribunal Constitucional cuando menciona: “aunque la buena reputación se refiera, en principio, a los seres humanos, este no es un derecho que ellos con carácter exclusivo pueden titularizar, sino también las personas jurídicas de derecho privado, pues, de otro modo, el desconocimiento hacia estos últimos podría ocasionar que se deje en una situación de indefensión constitucional ataques contra la “imagen” que tienen frente a los demás o el descrédito ante terceros de toda organización creada por los individuos”.
SUJETOS

Sujeto activo en la comisión de este delito, será cualquier persona individual estando consciente de sus actos; no señala el tipo penal ninguna calidad o cualidad especial en él, basta que sea mayor de edad.

Sujeto pasivo será siempre el destinatario de la ofensa o descrédito, tanto personal como social.

Ahora bien, nos preguntamos ¿La tutela al honor siempre será objeto de protección para adultos?; al respecto, hay discusión en considerar esta contingencia; sin embargo como apunta el Maestro Ricardo Nuñez, el niño tiene atributos personales, no sólo como tal, sino como futuro hombre o mujer6; en consecuencia como apunta Peña Cabrera Freyre (año 2008; pag. 320), habrá que valorar cada caso concreto, dependiendo de las circunstancias, pues puede que llamar “bastardo” a un niño por parte de su profesor, vaya que constituye una expresión ofensiva.

Para el caso de los fallecidos, si consideramos en forma literal lo preceptuado por la norma, notaremos que empieza diciendo: “El que ofende o ultraja a una persona”; por consiguiente se trata de una persona viva, puesto que contrariamente el artículo 61º del Código Civil, declara que “la muerte pone fin a la persona”; sin embargo el artículo 138º del C.P. contradictoriamente acepta la probabilidad de ofender por este delito la memoria de una persona fallecida, presuntamente muerta, declarada judicialmente ausente o desaparecida.
COMPORTAMIENTO

El sujeto activo realiza cualquiera de estos verbos rectores: ofender o ultrajar.

Por “ofender”, se entiende que una persona injuria de palabra o agravia a otro en su honor, reputación, fama, etc, es el acto también de humillar o herir el amor propio o la dignidad de alguien, o ponerlo en evidencia con palabras o con hechos; proviene del latín offendere.

Se entiende por ultrajar el hecho de injuriar gravemente a alguien, así como denotar un desprecio, es el tratar mal de palabra a alguien para humillarle; proviene del latín  ahajar.

Es irrelevante si la ofensa o el ultraje al honor o reputación del sujeto pasivo sea un hecho cierto o no; puesto que, no se admite la exceptio veritatis que señala el artículo 134º del C.P.

Ahora bien, los medios para expresar la ofensa o ultraje, conforme el tipo penal son:

  1. Palabras.- Es el medio escrito o verbal de lanzar la frase ofensiva o ultrajante.

  2. Gestos.- Es el movimiento del rostro o las manos con lo cual expresamos algo, en este caso es la ofensa o ultraje.

  3. Vía de hecho.- Es el movimiento corporal, distinto a las expresiones realizadas con los gestos, con el cual se lanza la expresión ofensiva y ultrajante.


TIPO SUBJETIVO

Estos tipos de delitos se efectúan a título doloso, con conciencia y voluntad el agente ofende o ultraja a la víctima; se requiere asimismo de un elemento subjetivo adicional que es el ánimus injuriandi, que no es más que la intención o ánimo de injuriar, de ofender, de deshonrar o desacreditar a la víctima. Basta que exista "animus injuriandi" para que exista éste delito, no requiriéndose la intención de causar un daño a la víctima.

Los autores7 han elaborado una larga lista de "animus" que demuestran la falta de "animus injuriandi", y por tanto, la inexistencia del delito de injuria. Nos referimos a los más importantes de ellos:

1) Animus jocandi: ánimo o intención de bromear, es el caso típico del que, por diversión, por hacer un chiste, manifiesta algo de otro, pero sin que exista la intención de ofenderlo. Para determinar si existió animus jocandi, se deben tener en cuenta las circunstancias que rodearon al hecho; la existencia de amistad entre el sujeto activo y el pasivo; etc.

2) Animus narrandi: ánimo o intención de contar algo, de narrar. Es, por ejemplo, el caso del historiador que para reconstruir un hecho histórico, se refiere a las personas que han actuado en él, evidenciando los defectos o imperfecciones de los protagonistas.

3) Animus defendendi: ánimo o intención de defenderse; excluye toda ilicitud. Las palabras o actos, que en otros casos, podrían significar ofensa al honor o reputación de otra persona, se pronuncian o ejecutan sin otro fin que el de defenderse. Ejemplo: el acusado de estupro, que, a su vez, acusa a la víctima de deshonesta; el que siendo imputado por un delito, a su vez, señala al verdadero autor. El animus defendendi lo vemos reconocido en el art. 133 del C.P. cuando se sujeta sólo a correcciones disciplinarias las injurias proferidas en juicio por los litigantes, apoderados o defensores.

4) Animus retorquendi: ánimo o intención de "devolver injuria por injuria". Quien devuelve injuria por injuria, no tiene en realidad como fin ofender, sino reaccionar contra la ofensa recibida. Estos casos guardan cierta relación con el animus defendendi, y están contemplados en el art. 137 del C.P. que autoriza al juez, en caso de injurias recíprocas, a declarar según las circunstancias, exentas de pena a ambas partes o sólo a una de ellas.

5) Animus consulendi: ánimo o intención de aconsejar, de informar. Ejemplo: el que aconseja a su amigo que no le conviene tener relaciones con Fulano, porque éste tiene mala reputación y eso le va a perjudicar; la agencia de informes que comunica a su cliente la inconducta comercial de una sociedad; etc.

6) Animus corrigendi: ánimo o intención de corregir. El propósito no es ofender, sino plenamente de corregir a otro. Se da generalmente en aquellas personas que tienen un derecho de corrección sobre otras determinadas; tal es el caso del padre sobre el hijo, del maestro sobre el alumno, etc. Ejemplo: el maestro que le dice a su discípulo que es un negligente o un impuntual.
PERFECCIONAMIENTO DEL DELITO - TENTATIVA –

Es irrelevante que el ultraje u ofensa sea verdadero o falso atendiendo a que este delito no encuadra en los supuestos del instituto de la Excepto Veritatis, que contiene el artículo 138º del C.P. (sólo en los delitos de difamación se puede probar la veracidad de los hechos), el delito de injuria se perfecciona cuando la ofensa o ultraje es llegado a percibir por el destinatario; si éste último decide consentir el mensaje ofensivo, es causal de atipicidad.
PENALIDAD

El que ofende o ultraja a una persona, con palabras, gestos o vías de hecho, será reprimido con prestación de servicio comunitario de diez a cuarenta jornadas o con sesenta a noventa días – multa. Este artículo prescribe una sanción alternativa, considerando que hay dos tipos de sanciones, la primera trata de una pena limitativa de derechos y la segunda de una pena típicamente pecuniaria; sólo importa la imposición de una de ellas.
CALUMNIA
Prescribe el artículo 131º: “El que atribuye falsamente a otro un delito, será reprimido con noventa a ciento veinte días – multa”.
BIEN JURIDICO

Es posición mayoritaria en el sentido de establecer que el objeto de tutela o protección es el honor o reputación de una persona natural o física.
SUJETOS

En cuanto a los participantes en esta figura penal, es de considerar a cualquier persona como sujeto activo, y el sujeto pasivo será siempre una persona natural o física.
COMPORTAMIENTO

Menciona la norma que el supuesto de hecho o forma comportamental del agente es “atribuir falsamente a otro un delito”; de ésta expresión, se desprende los siguientes elementos: a) atribución falsa: Es una imputación de acciones que son contrarias a la realidad; b) delito: es una acción u omisión dolosa o culposa, ambas típicas, que se encuentran sancionadas por la ley penal; para el presente caso, siempre será por acción.
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