Curso de teoría del delito. Aspectos teóricos y prácticos






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CURSO DE TEORÍA DEL DELITO. ASPECTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

PRIMER MÓDULO INSTRUCTIVO

BIEN JURÍDICO, ACCIÓN Y OMISIÓN


PREÁMBULO GENERAL

El presente texto es una herramienta básica para fortalecer la labor de los fiscales en su ejercicio cotidiano y se encuentra orientada en un contexto de acción con sentido final y del principio del bien jurídico como límite a la intervención punitiva estatal. Todos los temas aquí expuestos, pueden ser ampliados por los lectores, mediante consulta de la bibliografía recomendada que se anexa a cada módulo instructivo.

Introducción

El artículo 1º de nuestro Código Penal dispone que nadie podrá ser sancionado por un hecho que la ley penal no tipifique cómo punible, ni sometido a penas o medidas de seguridad que aquella no haya establecido previamente .

El artículo 18 de ese mismo cuerpo normativo establece que ese "hecho punible" puede ser realizado por acción o por omisión . Es claro que el contenido de ambos numerales, se ajusta a los lineamientos generales del principio de legalidad, contemplado en el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, según el cual, a nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad. De este último, se deriva a su vez el denominado principio de culpabilidad, plasmado en el artículo 30 del Código Penal, que impide que alguien pueda ser sancionado por un hecho expresamente tipificado en la ley, si no lo ha realizado con dolo, culpa o preterintención.

Si pretendiéramos construir una definición de "delito", partiendo de los términos empleados por nuestro legislador, en una primera aproximación, podríamos indicar que se trata de "una acción u omisión realizada -por una persona humana- con dolo, culpa o preterintención, la cual se encuentra previamente tipificado en la ley penal y es sancionada con una pena o una medida de seguridad".

En forma complementaria, la parte general del Código Penal contiene definiciones para algunos de estos institutos (v. gr. dolo, art. 31; preterintención, art. 32), disposiciones para determinar cuándo un conjunto de actos revisten suficiente relevancia para ser considerados punibles (v. gr. tentativa, art. 24), así como contempla supuestos en donde se excluye la existencia del delito, o bien se atenúa la responsabilidad de su autor (v. gr. causas de justificación, arts. 25 a 29; caso fortuito o fuerza mayor, art. 33; error, art. 34 y 35; inimputabilidad; arts. 43 y 43, etc.) .

No obstante, es claro que muchos de estos conceptos son puramente formales, y por sí solos, resultan insuficientes para orientar la labor de quienes los aplican, tanto en la interpretación de la ley penal, como en su vinculación con los casos reales, muchos de ellos bastante complejos.
Normalmente, los preceptos legales de la parte general y especial del Código Penal, no regulan todas las derivaciones de su aplicación, ni su armonización con las demás normas, de manera que en ocasiones nos preguntamos: ¿Qué es una acción en sentido jurídico penal? ¿Dentro de los posibles cursos causales generados por una acción, hasta dónde puede responsabilizarse a su autor? ¿Todos los delitos descritos por la ley en forma activa, admiten su comisión en forma omisiva? ¿Basta que una conducta encuadre en forma abstracta en un tipo penal para tener por existente el delito? ¿Puede invocarse la legítima defensa contra una conducta justificada? ¿Basta la conciencia potencial de la ilegalidad del acto que se comete, o es necesario su conocimiento pleno?
A la hora de resolver los conflictos que se presentan, se cuenta con dos posibilidades: la primera consistiría en partir de la solución que se prefiera para cada caso concreto, y luego buscar el soporte legal más apropiado para justificar la decisión.

No obstante, la utilización generalizada de esta fórmula de resolución de casos, provocaría gran inseguridad jurídica, puesto que las decisiones -principalmente de jueces y fiscales- dependerían entonces de sus consideraciones subjetivas, del azar y otros factores incontrolables, cuya consecuencia sería la aplicación incoherente e, incluso, arbitraria de la ley penal, en detrimento de los derechos y garantías constitucionales.
La otra opción consiste en utilizar, como guía para interpretación y aplicación de la ley penal, un sistema coherente y previsible que señale límites y defina conceptos, impidiendo así la resolución de los casos por simple intuición o por la valoración personal que inspiren.
En otras palabras, se trata de emplear una herramienta conceptual que permita analizar todos los casos, mediante el mismo método consistente en reglas de resolución, establecidas de previo, a partir de las diferentes prescripciones legales.



De esta forma, el primer cometido de la teoría del delito, consiste en el estudio de las características comunes que debe reunir cualquier acción u omisión, para que pueda ser considerada como susceptible de sanción, tomando como punto de partida un determinado marco legal y constitucional.
Si bien es cierto que la segunda parte de nuestro Código Penal, así como también varias leyes especiales (v. gr. Ley Forestal, Código Electoral, Ley de Psicotrópicos, Ley de Procedimientos de Observancia de la Propiedad Intelectual, etc.), contienen delitos de diversa naturaleza, todos ellos poseen elementos estructurales en común, cuya verificación constituye la esencia de esta teoría. Por tanto, no es misión de la teoría del delito estudiar las particularidades de cada conducta punible, sino los elementos constantes en todas ellas y los caracteres genéricos y específicos.
El segundo cometido de la teoría del delito, consiste en procurar, a través del método dogmático, el entendimiento de la conducta punible en su conjunto, para elaborar una construcción coherente y armónica del derecho penal, la cual reúna las notas de racionalidad, objetividad e igualdad, a fin de que sea utilizado como modelo de análisis que facilite a los operadores del sistema penal, el planteo y la decisión de los casos que se le presenten, propiciando así la seguridad jurídica. A la vez se constituye en límite para el poder punitivo del Estado, al asegurar que la imposición de una sanción penal, no pueda llevarse a cabo: a) si no hay una acción humana (principio de nullun crimen sine conducta); b) si esta no se encuentra contemplada previamente en una ley penal (principio de tipicidad); c) si no infringe una lesión significativa a un bien jurídico tutelado por esta última (principio de lesividad); c) si se constata que existió un permiso legal para realizarla (antijuridicidad); d) y finalmente, si no se le puede reprochar a su autor como mínimo a título de culpa (principio de culpabilidad).
Si bien se han enunciado múltiples teorías del delito, las categorías manejadas en todas ellas (conducta humana, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), no han sufrido mayores modificaciones a lo largo de los últimos años.
En general, se afirma que la estructura básica de la conducta punible debe responder a un doble juicio de desvalor que recae: a) Sobre la conducta humana; y b) Sobre el juicio de desvalor que se realiza sobre la conducta del autor de esta.
En el primer juicio de desvalor, se incluyen la conducta realizada por acción u omisión, los medios y formas en que se realiza, sus objetos y sujetos y la relación causal y psicológica con el resultado. Aquí se incluye la tipicidad (la adecuación de un hecho cometido a la descripción que se hace en la ley penal de ese hecho) y la antijuridicidad (la contrariedad de ese hecho típico con el ordenamiento jurídico).
Cuando una conducta es a la vez típica y antijurídica, se denomina injusto penal que se constituye en el requisito mínimo para la reacción jurídico-penal por parte del aparato estatal.
En el segundo juicio de desvalor, denominado culpabilidad, se encuentran las facultades psíquicas del autor (imputabilidad o capacidad de culpabilidad), su conocimiento del carácter prohibido de la acción u omisión y la exigibilidad de un comportamiento distinto.
De esta forma, la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad son las características comunes de todos los delitos. No obstante, no se encuentran desconectadas entre sí, sino en carácter secuencial, una a continuación de la otra, en una relación interna que responde a las leyes lógicas, de tal modo que cada elemento posterior presupone el anterior.
El punto de partida será entonces la tipicidad (previa constatación de una acción u omisión humana), pues solo la conducta típica puede servir de base a las posteriores valoraciones. Corresponde luego el examen de antijuridicidad, es decir, si la conducta típica fue realizada o no conforme a derecho (si existe una causa de justificación, se excluye el delito).
Una vez comprobada que la conducta es típica y antijurídica (tipo de injusto), se debe verificar si el autor poseía las condiciones mínimas indispensables para atribuirle el hecho, es decir, si es culpable.
Esta es la fórmula que hemos adoptado para la elaboración del presente manual práctico, por considerar que proporciona un alto grado de racionalidad en la aplicación del derecho; además, la facilita y previene contradicciones y arbitrariedades.
Debemos destacar que estas categorías o grados de imputación penal, que analizaremos en el texto, no pueden ser desvinculadas de su contenido valorativo, ya sea, de una determinada concepción del ser humano, de la sociedad y del Estado, porque la neutralidad en esta materia, debe ser siempre tomada con reservas.
El derecho penal que ha regido en los distintos momentos históricos, nunca ha sido neutro. Lo cierto es que ha servido para proteger y garantizar derechos y libertades fundamentales; pero también para reprimirlas y violentarlas desde el mismo Estado.
De nosotros depende en buena medida, el camino que pueda seguir el nuestro.


CURSO DE TEORÍA DEL DELITO. ASPECTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

PRIMER MÓDULO INSTRUCTIVO

EL BIEN JURÍDICO. HERRAMIENTA INTERPRETATIVA EN LA TEORÍA DEL DELITO
1.- El concepto de bien jurídico y su finalidad

2.- Breve incursión en la evolución histórica del concepto

3.- Bienes jurídicos supraindividuales

4.- El concepto personal de bien jurídico

5.- Tutela del peligro y de los riesgos en el moderno derecho penal

6.- Bien jurídico como límite a la intervención punitiva

7.- El bien jurídico en la política criminal y en las políticas de persecución del Ministerio Público

8.- El bien jurídico en la jurisprudencia costarricense

9.- La acción penal

9.1. La conducta humana como base de la teoría del delito

9.1.1. Responsabilidad de las personas jurídicas

9.1.2. Acción y resultado

9.1.3. Teorías para explicar la relación de causalidad

9.2. Ausencia de acción (o de conducta)

9.2.1. Ausencia de manifestación externa

9.2.2. Fuerza física irresistible

9.2.3. Estado de inconsciencia

9.2.4. Acto reflejo

9.2.5. Caso fortuito

10.- La omisión

10.1. Estructura de la omisión

10.2. Aspectos objetivos y subjetivos

10.3. Clases de omisión penalmente relevantes

10.4. Delitos omisivos propios

10.5. Delitos de omisión impropia o de comisión por omisión

10.6. Relación causal entre la omisión y el resultado en los delitos de comisión por omisión

10.7. El deber de evitar el resultado (posición de garante)


1.- El concepto de bien jurídico y su finalidad
La construcción del concepto de bien jurídico, dentro del derecho penal liberal, tiene como finalidad, la imposición de barreras infranqueables al Estado en el desarrollo de su política represiva.
En esta óptica, el concepto de bien jurídico fundamental se construye como un criterio para la menor criminalización posible, para el mantenimiento y mayor extensión de la esfera de autonomía de las personas.
Desde este punto de vista, es también concebido en estrecha relación con la persona, individual o colectivamente considerada, como referente material de protección, y no una herramienta de conformación social, dirigida a promocionar la confianza en la norma jurídica.
Se trata de una realidad y no de una realidad normativa o fenómeno aséptico, sino de una herramienta de análisis constitucional que puede operar dentro de la teoría del delito, para valorar casos concretos.
La vida en sociedad requiere la protección de ciertas zonas e intereses individuales y de ciertos límites de relación entre sujetos y de relación entre el poder estatal y los sujetos.

Bienes jurídicos fundamentales son entonces aquellos intereses humanos relevantes de las personas en tanto sujetos sociales que requieren de protección penal.

La protección de las instituciones y la sociedad, se realiza solo cuando sea condición de posibilidad para la protección de la persona.
Ese concepto personal de bien jurídico, impone una limitación mayor a la potestad punitiva del Estado, este solo puede seleccionar como delito, aquellas conductas con las cuales se evidencia la afectación de intereses humanos.
Este punto de partida permite plantear el interés prevalerte de las personas, como base o fundamento de la discusión político-criminal, sobre la elección de bienes que se deben proteger penalmente.
El bien jurídico es un elemento del injusto, en cuanto es requisito de la acción que exige en la misma, una manifestación de determinado grado de lesividad de un ente o relación de convivencia.
Su definición plantea dos dimensiones ligadas al componente político. Una es su dependencia de la voluntad legislativa y otra es la necesidad de su valoración desde el punto de vista judicial (en su consideración de elemento fundamental para la relación de convivencia).
Pregunta de reflexión: ¿Constituye, efectivamente, el bien jurídico un límite a la potestad punitiva del Estado?
2- Breve incursión en la evolución histórica del concepto
El concepto de bien jurídico, dentro de una concepción de derecho penal liberal, como señalamos, tiene como función primordial, la imposición de límites infranqueables al Estado, en el ejercicio de su potestad punitiva.
Para comprender su real significación en el desarrollo del derecho penal, es útil presentar una somera incursión en su evolución histórica. El bien jurídico ha estado sujeto a una serie de vicisitudes de carácter ideológico que algunos autores explican dentro del desarrollo y la lucha por un concepto de Estado, desde la transición de un Estado basado en un principio monárquico, hasta la llegada a un Estado basado en la "rule of law", y a los límites de carácter constitucional al ejercicio del poder, pasando por el nacionalsocialismo, el Estado benefactor y, en los últimos tiempos, el Estado ubicado más allá del individuo, involucrado en el simple manejo de los códigos y los acoples entre los sistemas sociales. Por tanto, comprende un Estado en donde el derecho a vivir con dignidad se logra, cuando se es reconocido por las fuerzas del mercado como un ser útil, en tanto partícipe de la interacción que esas fuerzas generan.
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