Regimen de inhabilidades de congresistas justificación. Finalidad / inhabilidades de congresistas justificación. Finalidad / congresistas régimen de inhabilidades: Justificación. Finalidad/ inhabilidades para acceder a cargos publicos concepto. Finalidad. Justificación






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CONSEJO DE ESTADO



SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO



Bogotá, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil once (2011)
EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

En efecto, en el proceso de nulidad electoral se enjuicia la validez del acto de elección para preservar la legalidad y la pureza del sufragio y, por ende, busca su desaparición en caso de que no se encuentre conforme a la Constitución y a la ley. En otros términos se cuestiona la legalidad del acto que permitió el acceso a la dignidad de parlamentario, acto que mientras no haya decisión judicial en contrario, está revestido de la presunción de validez.
Radicación numero: 11001-03-15-000-2010-00990-00(PI)
Actor: CESAR JULIO GORDILLO NUÑEZ Y PABLO BUSTOS SANCHEZ
Demandado: RUBEN DARIO RODRIGUEZ GONGORA

Corresponde decidir las solicitudes de pérdida de investidura (acumuladas) presentadas por los señores César Julio Gordillo Núñez y Pablo Bustos Sánchez (Red Ver).
  1. ANTECEDENTES



1. Las solicitudes
Los ciudadanos César Julio Gordillo Núñez y Pablo Bustos Sánchez, con fundamento en la Ley 144 de 1994, solicitaron en sendos escritos la pérdida de investidura de Congresista del señor Rubén Darío Rodríguez Góngora, como Representante a la Cámara, elegido por el Departamento del Tolima para el período constitucional 2010 - 2014, los cuales fueron acumulados al expediente 11001-03-15-000-2010-00990-00, mediante auto de 20 de octubre de 2010 proferido por la Magistrada Ponente.
Los actores presentan como fundamentos de hecho de sus solicitudes, en síntesis, los siguientes:
2.1. Que el señor Rubén Darío Rodríguez Góngora se inscribió como candidato a la Asamblea Departamental del Tolima para el período 2001-2003, resultando elegido como diputado.
2.2. Que el citado señor dentro del año anterior a la inscripción del cargo de elección popular de diputado ejerció autoridad administrativa y financiera como Gerente Regional del INPA- Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura en el Departamento del Tolima, motivo por el cual fue declarada la nulidad de su elección en Sentencia de 5 de junio de 2003, del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, por encontrarse incurso en la causal prevista en el artículo 179, numeral 2, de la Constitución Política (régimen de inhabilidades para ser Congresista).
2.3. Que por la misma razón aludida, posteriormente, mediante Sentencia de 21 de julio de 2004, radicada bajo el número 73001-23-31-0002003-02269 (PI), el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, declaró la pérdida de investidura de diputado del señor Rubén Darío Rodríguez Góngora.
2.4. Que, sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia T -1285 de 7 de diciembre de 2005, ordenó dejar sin efectos la providencia que decretaba la pérdida de investidura de diputado del señor Rodríguez Góngora.

2.5. Que el señor Rubén Darío Rodríguez Góngora se inscribió el 1 de febrero de 2010 como candidato a la Cámara de Representantes por el Departamento del Tolima, resultando elegido para dicho cargo en las elecciones llevadas a cabo el 1 de marzo de ese mismo año para el período constitucional 2010 - 2014.
2. Las causales alegadas
2.1. El actor César Julio Gordillo Núñez invoca como causal la violación del régimen de inhabilidades para ser congresista prevista en el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política.
A su juicio, el congresista demandado se encuentra incurso en la inhabilidad contemplada en el numeral 4 del artículo 179 de la Carta, al haber perdido la investidura como diputado en Sentencia de 21 de julio de 2004, providencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por no ser menos estricto dicho régimen que el de congresista según el artículo 229 ibídem.
Agrega que si el Consejo de Estado despojó al demandado de la investidura de diputado del Tolima, con fundamento en el numeral 4 del artículo 179 de la Constitución Política, debe aplicar la misma disposición en este proceso al hoy Representante a la Cámara, porque si se pierde la investidura de diputado por violación al régimen de inhabilidades de los congresistas, con mayor razón siendo congresista debe decretarse la pérdida de esa dignidad, en concordancia con el numeral 1 del artículo 183 de la Carta.
2.2. Por su parte, el actor Pablo Bustos Sánchez invoca las siguientes causales:
2.2.1. La violación del régimen de inhabilidades por representación legal de entidades públicas que administren tributos o contribuciones parafiscales dentro del semestre anterior a la elección, de conformidad con el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política y con base en la inhabilidad establecida en el numeral 3 del artículo 179 ibídem.
Lo anterior, porque el señor Rubén Darío Rodríguez Góngora, dentro de los seis meses anteriores a la realización de un certamen electoral a una corporación de elección popular, ejerció cargo de autoridad administrativa y financiera como Gerente Regional del INPA- Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura en el Departamento del Tolima, inhabilidad que se predica en cualquier tipo de elección.
2.2.2. La violación del régimen de inhabilidades por pérdida de investidura, numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política, con fundamento en el numeral 4 de artículo 179 ejusdem.
Considera el actor que, cuando un diputado pierde su curul por sentencia judicial en firme, especialmente, por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y luego funge como parlamentario dicha pérdida de investidura está subsumida en la causal de inhabilidad de pérdida de investidura como congresista.
Afirma que la pérdida de la curul en un proceso de nulidad electoral o de pérdida de investidura conlleva la inhabilidad para ser elegido congresista, en tanto los dos procesos tienen idéntico efecto, esto es, que deje de ejercer como tal y la imposibilidad de presentarse a otra corporación de elección popular. De ahí que, en su concepto, al haberse anulado mediante sentencia ejecutoriada la elección como diputado a la Asamblea del señor Rubén Darío Rodríguez Góngora, “por sí sola lo inhabilita de por vida para ejercer cargo público de elección popular…”
Manifiesta que “la causal de inhabilidad invocada es de carácter y rango constitucional, (…) cual es el resultado que puede ser generado como se ha expresado por varios caminos jurídicos, uno de ellos pero solo uno es la acción de pérdida de investidura, otro es la acción de nulidad electoral, interpretación contraria llevaría un contrasentido de confundir la acción con el resultado, el mecanismo procesal con la consecuencia material”.
2.2.3. Tercera: indebida destinación de dineros públicos, establecida en el numeral 4 del artículo 183 de la Constitución Política, causal que se extiende a circunstancias o hechos anteriores a la postulación o elección como parlamentario, que se sustentan en el hecho de que el demandado en su condición de servidor público con su conducta positiva distorsionó o cambió los fines y cometidos estatales consagrados en la Constitución y en la ley, para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, como es el pago de remuneración de honorarios y prestaciones múltiples por varios años cuando se hallaba plenamente inhabilitado para ejercer el cargo -diputado- como servidor público, por inhabilidad constitucional predicable antes y después de la vigencia de la Ley 617 de 2000.
3. La oposición
El Congresista demandado, por medio de apoderado, se opuso a las pretensiones de la solicitud y en relación con los hechos aceptó unos y negó otros y en particular manifestó, en esencia, que la sentencia de pérdida de investidura de diputado fue dejada sin efectos por la Corte Constitucional en Sentencia T-1285 de 7 de diciembre de 2005, en la cual se ampararon los derechos al debido proceso, acceso a cargos y funciones públicas y a elegir y ser elegido. Añadió que el Consejo de Estado, Sección Primera, en providencias de 16 de mayo de 2007, confirmó la sentencia que profirió el Tribunal de Cundinamarca negando la tutela que se había interpuesto contra la sentencia dictada por la Corte Constitucional. Además, señaló que el hecho de que se haya proferido la sentencia de pérdida de investidura de diputado no configura la causal de inhabilidad para ser congresista de que trata el numeral 4 del artículo 179 de la Constitución Política.
Formuló las excepciones de (i) cosa juzgada y (ii) de atipicidad e inexistencia constitucional y legal de la causal de indebida destinación de recursos públicos. En cuanto a la procedencia de la primera excepción, estimó que la Sentencia T-1285 de 7 de diciembre de 2005 hizo tránsito a cosa juzgada, de manera que el fallo que despojó de la investidura de diputado a Rubén Darío Rodríguez Góngora, al que alude el denunciante, perdió sus efectos jurídicos y no se puede desconocer dicha decisión, la que debe ser respetada y acatada por toda autoridad administrativa y judicial. Y, en relación con el mérito de la segunda excepción, puntualizó que “…los actos de la administración se presumen legales, esto es, ajustados a la reglas cuyo cumplimiento les es obligatorio. En ese sentido actuó Rubén Darío Rodríguez Góngora, quien devengó como diputado a la Asamblea del Tolima la remuneración a que tenía derecho de acuerdo con la Ley 617 de 200 hasta cuando se le aceptó la renuncia de su investidura el 31 de enero de 2002, fecha en la que aún no se tenía conocimiento de las resultas de la acción de nulidad interpuesta cuya sentencia de primera instancia que fue fallo absolutorio se produjo el 2 de diciembre de 2002. Es decir la renuncia se presentó año y medio antes de la sentencia de nulidad que como aparece fue el 5 de junio de 2003.”
Concluyó que por las razones expuestas resulta inconsistente la invocación de las causales constitucionales de inhabilidad y de indebida destinación de recursos públicos como origen de la pérdida de su investidura de congresista.
4. Las pruebas
Mediante providencia de 3 de noviembre de 2010, se abrió el proceso a prueba y, en consecuencia, se decretó: i) tener como prueba, con el valor que les corresponda, los documentos aportados en la demanda y su contestación en los dos expedientes acumulados; ii) a solicitud del demandado se ofició: a) a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación para que expidiera con destino a este proceso, copia auténtica de la Sentencia de 16 de mayo de 2007, expediente radicado al No. 1100110315000200700246-01; Actor: Orlando Arciniegas Lagos, Demandado: Corte Constitucional, Consejero Ponente: Camilo Arciniegas; b) al Consejo Nacional Electoral para que expidiera con destino a este proceso, copia auténtica de la Resolución No. 1194 de 9 de junio de 2010, por medio de la cual se rechazó la solicitud de revocatoria de la inscripción del candidato a la Cámara de Representantes de Rubén Darío Rodríguez Góngora.
5.Audiencia pública
El 7 de diciembre de 2010 se llevó a cabo la audiencia pública prevista en el artículo 11 de la Ley 144 de 1994. Asistieron los actores, el Congresista demandado y su apoderado y la Procuradora Quinta Delegada ante el Consejo de Estado. Oportunamente, salvo el actor Bustos Sánchez, los sujetos procesales presentaron por escrito el resumen de sus intervenciones, en los que, en esencia, reiteraron lo expuesto en las solicitudes y en la contestación a las mismas, respectivamente, en los siguientes términos:
5.1. El señor Gordillo Núñez, parte actora en el proceso No. 11001-03-15-000-2010-00990-00, reiteró la solicitud de pérdida de investidura contra el representante por violación al régimen de inhabilidades previsto en el numeral 1 del artículo 180 de la C.P. en concordancia con el numeral 4 del artículo 179 ibídem, originada en el fallo de pérdida de investidura de diputado proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, situación que le impedía postularse y ser elegido como Representante a la Cámara por el Departamento del Tolima.
5.2. El señor Bustos Sánchez, parte actora en el proceso No. 11001-03-15-000-2010-01027-00, se sumó a los anteriores planteamientos, y agregó que el demandado se desempeñó como diputado estando inhabilitado por haber ejercido el cargo de Gerente Regional del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura -INPA-, dignidad que le atribuyó autoridad administrativa y financiera un año antes de la elección. Consideró que el representante incurrió en violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y se encuentra incurso en las causales de pérdida de investidura alegadas en razón a que la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de su elección como diputado, cargo en el que percibió remuneración en sus servicios y además tuvo la facultad de destinar dineros del erario.
5.3. El demandado, señor Rodríguez Góngora y su apoderado, solicitaron desestimar las pretensiones de la demanda, por cuanto las causales de inhabilidad y de pérdida de investidura contempladas en los artículos 179 y 183 de la C.P. son aplicables a los congresistas, más no a quienes ejercen la dignidad de diputados, concejales o ediles, ya que las mismas son taxativas y no pueden ser de creación jurisprudencial. Para el caso, expusieron los antecedentes de la Sentencia T-1285 de 7 de diciembre de 2005 proferida por la Corte Constitucional que resolvió a favor del demandado la tutela interpuesta dejando sin efectos la sentencia de la Sección Primera que declaraba la pérdida de su investidura de diputado, providencia que hizo tránsito a cosa juzgada y permitía que pudiera postularse para el cargo de Representante a la Cámara y que, por tanto, no podía ser desconocida por los actores. Acusaron que los actores actuaron con temeridad y mala fe, con lo cual, añadieron, pueden estar incursos en faltas al estatuto de ética del abogado.
5.4. La Procuradora Quinta Delegada ante el Consejo de Estado conceptuó que debía negarse la solicitud de pérdida de investidura porque, a su juicio, el demandado no incurrió en la causal de violación del régimen de inhabilidades, ni en la de indebida destinación de dineros públicos, contenidas en los numerales 1 y 4 del artículo 183 de la C.P.
Luego de referirse a los fundamentos de las demandas y su contestación y a las pruebas aportadas, concluyó que la causal de inhabilidad prevista en el numeral 2 del artículo 179 de la Carta Política, se refiere específicamente a la elección de curules al Congreso de la República y no a otras Corporaciones, en la medida en que se supedita a los supuestos y circunstancias de tiempo que se cuentan desde la fecha de la elección, sin que pueda convertirse la causal de inhabilidad en intemporal. Así mismo, expuso que no existen elementos de convicción que indiquen que el demandado haya ejercido como empleado público autoridad o jurisdicción política, civil o administrativa, dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección como representante a la Cámara.
Adicionalmente, señaló que la declaración de nulidad de una elección contenida en una sentencia no genera que la persona afectada con dicha decisión pierda la investidura y recuerda que la Corte Constitucional, en Sentencia T-1285 de 2005, dejó sin efectos la sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, hecho que significa que tampoco por esta razón se configura la causal alegada.
Por último, partiendo de la jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con la indebida destinación de recursos públicos, indicó que en este caso los dineros recibidos por el demandado, hasta el momento de la aceptación de su renuncia como diputado, corresponden a una retribución por las funciones que desempeñó en la Asamblea del Departamento del Tolima.
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