Tribunal superior de justicia






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títuloTribunal superior de justicia
fecha de publicación10.03.2016
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SENTENCIA:

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

CASTILLA Y LEON

SALA DE LO CIVIL Y PENAL
Ponente Ilmo. Sr. D. Antonio César Balmori Heredero

Secretaría Sr. Azofra García
ROLLO DE APELACION NUMERO 5 DE 2014

AUDIENCIA PROVINCIAL DE LEON

SECCION TERCERA

ROLLO NUMERO 36 DE 2013

JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 8 DE PONFERRADA (LEON)

PROCEDIMIENTO NUMERO 1 DE 2012 ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO

- SENTENCIA Nº 3/2014 -

Señores:

Excmo. Sr. D. José Luis Concepción Rodríguez

Ilmo. Sr. D. Antonio César Balmori Heredero

Ilmo. Sr. D. Ignacio María de las Rivas Aramburu

________________________________________________
En Burgos, a tres de julio de dos mil catorce.
La Sala de lo Civil y Penal de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Magistrados expresados, ha visto en segunda instancia la causa procedente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León seguida por incendio contra Alberto García González, cuyos datos y circunstancias ya constan en la sentencia impugnada, en virtud de recurso de apelación interpuesto por la entidad ECOLOGISTAS EN ACCION DE LA PROVINCIA DE LEON, representada por el Procurador don Jesús Miguel Prieto Casado y defendida por el Letrado don Simón-Andrés López Quero, siendo apelantes supeditados el Ministerio Fiscal, el Letrado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y la FUNDACION OSO PARDO, representada por el Procurador don Eusebio Gutiérrez Gómez y defendida por el Letrado don Carlos González-Antón Alvarez, apelado el acusado, representado por el Procurador don Andrés Jalón Pereda y defendido por el Letrado don Enrique Beamud Martín, y Ponente el Ilmo. Sr. D. Antonio César Balmori Heredero.
Se aceptan los antecedentes de hecho de la resolución recurrida, así como los hechos que declara probados.
-ANTECEDENTES DE HECHO-
PRIMERO.- El Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado de que dimana el presente Rollo de Sala dictó sentencia en la que se declaran probados los siguientes hechos: “El día 17 de octubre de dos mil once, el acusado Alberto García González que era Celador de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en la Reserva de Caza de Ancares, se dirigió desde su destino en Villafranca del Bierzo, conduciendo el vehículo que tenía asignado, un Land Rover corto de color verde, matrícula LE-9736-Y, hasta la localidad de Campo del Agua, con el fin de confeccionar a solicitud del ganadero Manuel Méndez López un parte de daños relativo a una vaca muerta al parecer por el lobo, llegando a dicha localidad sobre las 15 horas del citado día, y emprendiendo el regreso desde dicho punto a continuación, pasando por el Barrio de la Valiña de expresada localidad y continuando su marcha por una pista forestal que conduce a la localidad de Porcarizas, siguiendo en dirección a la localidad de Villar de Acero en donde se detuvo en casa de una vecina del citado pueblo, llamada María Luisa Alba González y, a quien le hizo entrega de una póliza de seguro que aquella le había encargado, a continuación tomó dirección a Villafranca del Bierzo, y cuando había recorrido unos diez Kilómetros, siendo sobre las 16,45 horas, se cruzo con una patrulla de agentes medio ambientales que circulaban en sentido contrario y que ya habían sido alertado del fuego, conversando con ellos breves momento, diciéndoles Alberto que acaba de oír por la emisora que había fuego para arriba, circunstancia que ya conocían los agentes citados. Siguiendo Alberto su marcha hacia Villafranca, a donde llegó sobre las 17 horas del expresado día 17 de octubre de 2011, concluida la jornada laboral.

El expresado día 17 de octubre de 2011 y sobre las 15,56 horas se desencadenó en la zona de la Sierra de los Ancares, en el término municipal de Villafranca del Bierzo, y correspondiente a las entidades de Porcarizas, Campo del Agua, y Villar de Acero, un pavoroso incendio forestal, ardiendo 305,40 hectáreas, de las cuales 56 hectáreas fueron de superficie arbolada en Montes de Utilidad Pública, y las 249,40 hectáreas restantes afectaron a superficie no arbolada y de las que 238 hectáreas lo fueron de Monte de Utilidad Pública y 10,80 hectáreas afectaron a montes particulares. La totalidad de la superficie afectada por el incendio se encuentra incluida en las figuras de Espacios Protegidos Red Natura 2000, y en concreto en el Plan de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León “Sierra de los Ancares”, tratándose también de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “ Sierra de los Ancares” y de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Sierra de los Ancares”. Como consecuencia del incendio la Junta de Castilla y León sufrió unos perjuicios por valor de 295.775, 48 euros, y a lo que ascendió las pérdidas ocasionadas, la estimación del impacto ambiental y los gastos de extinción, habiendo sufrido perjuicios también las entidades locales menores a las que afectó el incendio igualmente, y que fueron Porcarizas, Villar de Acero y Campo del Agua.

El jurado no ha considerado suficientemente probado que el autor del anterior incendio haya sido el acusado Alberto García González.”
SEGUNDO.- La parte dispositiva de la sentencia recaída en primera instancia, de fecha 25 de noviembre de 2013 , dice literalmente: “FALLO: En virtud del veredicto de NO CULPABILIDAD emitido por el Tribunal del Jurado, debo absolver y absuelvo con toda clase de pronunciamientos favorables al acusado ALBERTO GARCIA GONZALEZ, del delito de incendio forestal del que venía acusado en este procedimiento, declarando de oficio las costas procesales causadas y acordando dejar sin efecto las medidas cautelares que se hubieran adoptado sobre su persona o patrimonio en las correspondientes piezas de situación personal y de responsabilidades pecuniarias.

Notifíquese a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de diez días desde su última notificación.

Llévese testimonio de la presente resolución a los autos principales, uniendo certificación de la misma en el presente rollo, y remitiendo otra certificación al Juzgado de Instrucción núm. ocho de Ponferrada, para su constancia en la causa.

Así, por esta Sentencia, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. D. Manuel Ángel Peñin del Palacio, Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado. ”

TERCERO.- Contra esta resolución se interpuso recurso de apelación por la acusadora popular ECOLOGISTAS EN ACCION DE LA PROVINCIA DE LEON, expresando como fundamento el quebrantamiento de normas y garantías procesales.
CUARTO.- Admitido el recurso, se dio traslado del mismo a las demás partes, impugnándolo el acusado e interponiendo sendos recursos supeditados el Ministerio Fiscal, el Letrado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y la FUNDACION OSO PARDO, acusadora popular, que fueron impugnados a su vez por el acusado.
QUINTO.- Elevadas las actuaciones a este Tribunal, previo emplazamiento de las partes, se formó el oportuno Rollo de Sala y se señaló para la vista del recurso el día diez de junio de dos mil catorce, en que se llevó a cabo.
Se aceptan, en lo impugnado, los Fundamentos de Derecho de la resolución recurrida.
-FUNDAMENTOS DE DERECHO-
PRIMERO.- El primer motivo del recurso principal se formula al amparo del apartado a) del artículo 846 bis c) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y denuncia la infracción del 851, 3º, de la propia Ley, por no haber resuelto la sentencia todos los puntos que han sido objeto de la acusación, en concreto la existencia de riesgo para las personas, pero la omisión de esa circunstancia -que el Jurado, en su veredicto, declaró expresamente no probada- no juega papel alguno en la absolución del acusado, que lo ha sido por falta de pruebas de su autoría respecto del incendio, fuesen cuales fueren las características de éste.
SEGUNDO.- El segundo motivo de recurso principal se formula igualmente al amparo del apartado a) del artículo 846 bis c) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y denuncia la infracción del 851, 1º, de la propia Ley, por no expresarse en la sentencia clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideran probados, pero siendo el riesgo para las personas -declarado inexistente por el Jurado- el que se señala como omitido en la sentencia, nos hallamos ante la reproducción bajo otro epígrafe del primer motivo acabado de rechazar, que también ha de serlo desde esta otra perspectiva y por las mismas razones.
TERCERO.- El tercer motivo del recurso principal, que es también, aunque sólo nominalmente, el primero de los supeditados, se formula de nuevo al amparo del apartado a) del artículo 846 bis c) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y denuncia otra infracción del 851, 1º, de la misma, lo que no es en absoluto coincidente, como luego veremos, con la formal adhesión al mismo de las demás acusaciones, tratándose una vez más de la falta de expresión clara y terminante en la sentencia de los hechos que se consideran probados, referida ahora a la no constatación entre ellos de que determinado testimonio es controvertido, protesta que no ha lugar a tomar en consideración porque la calidad de los testimonios no es un hecho susceptible de ser declarado probado o no probado, sino un elemento de juicio.
CUARTO.- El cuarto y último motivo del primer recurrente tampoco coincide más que nominalmente con los que invocan los apelantes supeditados, pues se formula nuevamente por infracción del artículo 851,1º, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al amparo del apartado a) del 846 bis c) de la misma, y se concreta en la alegación de que no se ha expresado en sentencia de forma clara y terminante que los testigos de cargo no sólo vieron el coche a través de los prismáticos, sino también poco antes y a corta distancia, no habiendo visto ningún otro vehículo oficial de la Junta de Castilla y León circulando ese día y a esas horas por la zona del incendio; pero no se trata de recoger absolutamente todo lo relatado por los testigos, sino sólo lo significativo, y por esa razón no se le ha pedido al Jurado que declarase probados o no probados tales extremos -como tampoco, por cierto, si el acusado detuvo el vehículo, entró en el monte y seguidamente se inició el incendio en ese punto-, sino si se detuvo, salió del vehículo y prendió fuego al monte, lo que, declarado no probado, se ha consignado así en la sentencia.
QUINTO.- El más riguroso motivo de apelación, que ciertamente cabe entender común a todos los recurrentes bajo uno u otro enfoque, es el invocado en primer lugar por la acusación popular que formula recurso supeditado, al amparo del apartado a) del artículo 846 bis c) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su más genérico sentido, el de quebrantamiento de normas y garantías procesales causantes de indefensión, por falta de motivación del veredicto, vulnerando lo dispuesto en el apartado d) del artículo 61.1 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, alegación a la que se adhieren, más de hecho que expresamente, ambas acusaciones públicas.
SEXTO.- En efecto, tanto el Ministerio Fiscal, que refiere a la sentencia, no al veredicto, su denuncia de falta de motivación, y lo hace al amparo del derecho a la tutela judicial efectiva, en relación con los artículos 24 y 120.3 de la Constitución, como el Letrado de la Comunidad Autónoma, que entiende inmotivados uno y otra, desarrollan argumentos sustancialmente coincidentes en apoyo del motivo especificado en el anterior fundamento de derecho, por lo que su análisis será conjunto.
SEPTIMO.- La explicación de las razones por las que el Jurado ha rechazado declarar determinados hechos como probados es ciertamente sucinta, según ordena y no sólo autoriza el apartado d) del artículo 61.1 de su Ley Orgánica reguladora, y su consideración como suficiente o no reviste una importancia decisiva en el caso que nos ocupa, pues los hechos de que se trata no son periféricos ni episódicos, sino precisamente los determinantes de la culpabilidad o inocencia del acusado, por lo que han de examinarse con el mayor detenimiento los términos literales en que se han expresado los elementos de convicción tenidos en cuenta por el Jurado, procurando verterlos en una sintaxis correcta que no altere su sentido.
OCTAVO.- El Jurado a (ha) creído que la testifical principal, de los testigos que les (le) vieron desde el punto 2, a través de los prismáticos, no les dan la suficiente veracidad significa lisa y llanamente que no están seguros de que José Antonio González del Río y José Miguel Abraila San Juan digan la verdad, y si este pronunciamiento no se considera admisible, lo que se está cuestionando es la propia institución del Jurado, cuya función primordial es apreciar de modo colectivo, a través de distintas mayorías según los casos, la virtualidad de las pruebas practicadas en el acto del juicio, sin que su valoración pueda ser sustituida por la del Magistrado-Presidente ni por la del tribunal de apelación.
NOVENO.- El Jurado no ha dicho que considera insuficiente para declarar culpable al acusado el hecho de haber sido visto por los testigos bajar del vehículo, adentrarse en el monte y acto seguido alejarse de inmediato del fuego que se iniciaba precisamente en ese lugar, declaración de inculpabilidad que podría impugnarse razonablemente desde el punto de vista de la lógica deductiva, sino que no cree que sea verdad lo que dicen los testigos, y de esto sólo puede discreparse dándoles crédito, es decir, valorando la prueba de otro modo, que es precisamente lo que está vedado al Magistrado-Presidente y a este Tribunal.
DECIMO.- No hay nada en el caso de autos que impida al Jurado negar credibilidad a esos testigos, porque las concretas acciones que atribuyen al acusado en el momento y lugar del inicio del incendio no están corroboradas por ninguna otra prueba -sin que la mayor o menor credibilidad de los testigos de descargo tenga nada que ver en ello-, y pretender que en el veredicto se expliquen, más allá de la sucinta constatación de que no se considera creíble una prueba no fehaciente, las razones de esa incredulidad, es pedir lo excusado, salvo que se atribuya al Legislador una improbable exigencia de incursión en el fuero interno colectivo, acompañada de una exposición razonada de sus resultas, labor ya ardua para un jurista, cuánto más para un tribunal popular.
UNDECIMO.- Como en el fondo de las alegaciones que contemplamos no subyace otra cosa que el principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad (artículo 9.3), la exigencia de mayores explicaciones tendría sentido en el caso de que el Jurado se negase a dar por bueno lo evidente, o, en la línea de lo prevenido para la casación por infracción de ley en el artículo 849, 2º, de la de Enjuiciamiento Criminal, se apartase de lo acreditado por un documento fehaciente o rechazase unas conclusiones técnicas fundadas; pero cuando la inculpabilidad del acusado se declara por falta de pruebas, y se consigna expresamente que ello es porque la testifical de cargo que sustenta la acusación no ofrece credibilidad, la motivación está dada, y no cabe pedir otra de segundo grado, preguntando al Jurado por qué no cree a los testigos, en una progresión explicativa teóricamente ampliable ad infinitum.
DECIMOSEGUNDO.- Desestimada válidamente la principal prueba de cargo, no acompañada de otras concluyentes -la presencia del acusado deambulando con su vehículo por la zona a la hora del incendio no ha sido considerada suficiente-, y basándose en ello el veredicto de inculpabilidad, no en haber dejado de considerar ninguna de carácter objetivo o computado indebidamente alguna de descargo, la sentencia absolutoria del Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado no puede sino ser confirmada, con costas a los apelantes.
En atención a lo expuesto, administrando justicia en nombre del Rey,
-FALLAMOS-
Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por las acusaciones contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado en el procedimiento de que dimana el presente Rollo, debemos confirmar y confirmamos íntegramente la misma con costas a los apelantes.
Así, por ésta nuestra sentencia, contra la que cabe recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma, que podrán prepararse en esta misma Sala dentro de los cinco días siguientes al de su última notificación, para su interposición ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con arreglo a la ley, que se notificará a las partes en legal forma y de la que se unirá certificación al Rollo de Sala, así como a las actuaciones de que trae causa, que se remitirán a la Audiencia de origen, para su cumplimiento y demás efectos, una vez firme, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
E./
PUBLICACION.- Leída y publicada fue la sentencia anterior por el Iltmo. Sr. Magistrado-Ponente Don Antonio César Balmori Heredero, estando celebrando sesión pública la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, en el mismo día de su fecha, de que certifico.

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