Que reforma el artículo 31 de la ley del instituto de seguridad social para las fuerzas armadas mexicanas, a cargo del diputado carlos rojas gutiérrez, del grupo parlamentario del pri






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fecha de publicación10.03.2016
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QUE REFORMA EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ROJAS GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los suscritos diputados federales de diversos Grupos Parlamentarios de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, en tenor de la siguiente

Exposición de motivos

Las Fuerzas Armadas Mexicanas forman parte de las columnas que sostienen nuestro estado de derecho y, por lo tanto, de los soportes de la legalidad y las instituciones del país. Tienen una historia llena de gran patriotismo, de exaltación heroica, de indiscutibles virtudes cívicas y republicanas y de un origen eminentemente popular y revolucionario, motivo de gran orgullo para el país.

Hoy, en la mente del pueblo, indiscutiblemente nuestros soldados y marinos se identifican con la salvaguarda de la soberanía nacional, la seguridad y el orden interiores, la ayuda generosa a la población en casos de desastres naturales o producidos por el hombre y, hay que reconocerlo, el hacer valer la eficacia del derecho ante los embates de facto que la pretenden quebrar, como es el caso de la delincuencia organizada y el narcotráfico.

Hoy, la ciudadanía, y en especial los diputados y senadores que integramos la representación nacional y el gobierno, tenemos el deber ético-político de reconocer la labor y disposición permanentes –durante todos los días del año, sin importar jornadas ni horas de trabajo– de los miles de soldados y marinos de la patria, tanto los que están en activo, como los que pasaron a reserva después de haber entregado la mejor parte de sus vidas a México; ya que sin su labor y responsabilidad difícilmente podrían fructificar la vida democrática y la posibilidad de mayor bienestar que merecen los mexicanos.

Y precisamente este deber ético-político de la representación nacional y el gobierno con las Fuerzas Armadas Mexicanas, sólo se cumple a cabalidad, además del justo homenaje y reconocimiento que la patria y los órganos del Estado le rinden permanentemente, a través de la promulgación de leyes y la implementación de políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de los soldados y de sus familias, en claro cumplimiento a las garantías sociales consagradas en el artículo 123 de la Constitución general de la república; cuyo mejor fortalecimiento lo constituyen, entre otros, el pleno reconocimiento del derecho social a una pensión de retiro digna y suficiente, acorde con la lealtad y dedicación con que sirvieron al pueblo y al Estado mexicano durante la mayor parte de sus vidas, en la que pusieron por delante su amor a México, aún por encima de sus intereses legítimos personales y familiares.

El cumplimiento pleno del derecho social a una pensión digna y suficiente, se ha visto incrementado gradualmente a lo largo de la historia moderna del país. Son de mencionarse los esfuerzos realizados por los Poderes Legislativo y Ejecutivo en la iniciativa legislativa que prosperó en el año de 1998, gracias a la cual se otorgó el beneficio de la denominada "ayuda para militares retirados" la cual, si bien todavía insuficiente, fue un avance en ese entonces pues era el equivalente al sobrehaber mínimo vigente para los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas en el activo, aunque no fue extensiva a los pensionados ni a los familiares derechohabientes en caso de muerte del militar, ya sea en situación de retiro o en el activo.

Por su importancia, destacan también las iniciativas que pretendían reformar la ley de la materia, presentadas por un grupo de legisladores y el titular del Poder Ejecutivo federal en el año 2002, a partir de las cuales se aprobó, el 15 de diciembre del mismo año, el decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, el cual se envío al presidente de la república para su sanción correspondiente; quien lamentablemente lo vetó en el mes de marzo del año de 2003, al hacer observaciones a los artículos 31 y sexto transitorio del decreto emitido por el Congreso de la Unión.

Los argumentos principales que esgrimió Vicente Fox Quezada, entonces titular del Ejecutivo federal, son los siguientes: a) el impacto presupuestario de aprobarse la inclusión del sobrehaber promedio dentro de la base de cálculo para integrar el monto total del haber de retiro, no se contemplaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación de dicho año; b) la carga fiscal que representaba para el futuro, pues se trata de un pasivo laboral pensionario que debe ser cubierto en su totalidad por el erario federal; c) la insuficiencia financiera, por una mayor tasa de sobrevivencia de los militares respecto a los demás trabajadores, argumentando que la edad promedio de retiro de los militares es de 54 años, mientras la de los asegurados del IMSS e ISSSTE es de 60 años, frente a un promedio de expectativa de vida de 75 años para los mexicanos; d) la inequidad en el pago de las pensiones, pues con la nueva ley el promedio de las pensiones sería de 6 mil 670 pesos, mientras el costo promedio de las del IMSS e ISSSTE es de 3 mil 100 pesos, y e) el concepto de ayuda para militares se integra con el 60 por ciento adicional del haber de retiro.

Los argumentos que el entonces presidente Vicente Fox esgrimió en su veto, actualmente unos son superables y los otros caen por su propio peso. Al respecto, es importante expresar que, en primer lugar, se puede suponer que ahora sí existe la voluntad política del presidente de la república, para retribuir con justicia a los militares en situación de retiro, partiendo de la hipótesis de que Felipe Calderón Hinojosa, ha manifestado en reiteradas ocasiones la voluntad de fortalecer a las Fuerzas Armadas al reconocer el papel estratégico que representan para la vigencia del estado de derecho y la entrega y lealtad –muchas veces heroicas, con que prestan sus servicios; por lo que, en un acto de congruencia, el mejor reconocimiento sería hacer un esfuerzo, dentro de la finanzas públicas, para retribuir el papel de las Fuerzas Armadas con expectativas dignas y suficientes para el retiro, además de estimular la conducta proba e intachable de los militares que cumplen con disciplina, lealtad y honor el desempeño de sus obligaciones para con la patria, al brindarles un futuro seguro y de bienestar mínimo para ellos y sus dependientes económicos.

En segundo lugar, se hacen algunas consideraciones en torno a los principales argumentos que se utilizaron en el veto presidencial que impidió la entrada en vigor de la ley aprobada por el Congreso de la Unión en el año de 2002. En cuanto a la falta de previsión en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se está a tiempo para hacer las adecuaciones del presupuesto de 2008, que sería cuando comenzaran a aplicarse los beneficios que esta iniciativa propone. Además que con las reformas en materia fiscal el gobierno contará con recursos adicionales por alrededor de 2.6 puntos del PIB.

Los argumentos que se esgrimen en el veto presidencial acerca de la insuficiencia financiera, por una mayor tasa de sobrevivencia de los militares (la edad promedio de retiro de los militares es de 54 años, mientras la de los asegurados del IMSS e ISSSTE es de 60 años) respecto a los demás trabajadores no aplica, pues es diferente la naturaleza del trabajo de los civiles con el de los militares, en donde lo difícil de las tareas y la estricta disciplina castrenses –disposición permanente las 24 horas de todos los días del año sin importar días de descanso, arriesgar constantemente la vida y la integridad personal, la imposibilidad de complementar ingresos con otros trabajos, entre otras dificultades– los someten a una mayor presión que a la mayoría de los trabajadores civiles. Es importante tener muy claro que el desempeño que requiere el trabajo militar es diferente al de los civiles, pues la disciplina rigurosa, la disposición permanente e inmediata del servicio –frecuentemente en situaciones de emergencia– y el alto rendimiento que se requiere para la función que deben desempeñar las Fuerzas Armadas al servicio del Estado es muy importante y, por ende, su no deseable fracaso puede ser de costo muy alto para los intereses de la nación. Ante esto, evidentemente el Estado no se puede seguir haciendo a un lado y debe asumir estas diferencias pagando el costo con cargo al erario público, pues, de no hacerlo así, el costo para la paz, la sana convivencia, la seguridad y el orden jurídico serían mucho más costosos para el país, no sólo financieramente sino también en cuanto a las trabas para el desarrollo que ello implicaría.

La observación presidencial de la supuesta inequidad de las pensiones que proponía la ley vetada para los militares (mientras que el promedio de las pensiones militares llegaría a 6 mil 670 pesos, el costo promedio de las que otorgan el IMSS y el ISSSTE sería de 3 mil 100 pesos, lo cual consideran inequitativo) es una falacia usada para hacer nugatorios derechos a los militares en situación de retiro. Pues si bien es cierto el promedio de las pensiones que otorga el IMSS y el ISSSTE efectivamente es inequitativo e, indudablemente, debe hacerse algo para superar esta injusticia; el que las pensiones de los militares sigan siendo injustas no salva la equidad de las primeras. Al respecto, habría que expresar que remediar la injusticia de las pensiones de los militares debe ser una prioridad por los argumentos antes expuestos y que hay que proceder en consecuencia para, posteriormente, buscar remediar el problema de la inequidad de las pensiones del IMSS y el ISSSTE. Llama poderosamente la atención que el veto presidencial utilice el argumento de la inequidad de las demás pensiones para detener el beneficio otorgado por el Congreso de la Unión a los soldados y marinos de la patria y que el gobierno federal siga propiciando regímenes pensionarios de excepción como el de los mismos trabajadores del IMSS, cuyo promedio de pensiones era en 2006 de 11 mil 727 pesos, el de los trabajadores de Pemex que en el mismo año era de 19 mil 726 pesos, el de los de la Comisión Federal de Electricidad que era de 26 mil 523 pesos, el de Luz y Fuerza del Centro de 33 mil 535 pesos, y que en 2005 el promedio de las pensiones de los servidores públicos del sector público financiero haya sido: Nacional Financiera (Nafin) de 15 mil 792 pesos, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) de 18 mil 218 pesos, Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) de 19 mil 300 pesos, Banco de México (Banxico) de 19 mil 890 pesos y Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) de 25 mil 833 pesos1. De igual manera llama la atención que el promedio de las pensiones de los trabajadores del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito) sea en el mismo 2005 de sólo 4 mil 852 pesos. En este tema debería explicarse qué ha sucedido, por qué, por un lado, se detienen beneficios justos argumentando que dichas pensiones serían mayores que las de otros trabajadores retirados y, por el otro, se siguen propiciando privilegios pensionarios para trabajadores de empresas públicas y servidores del sistema financiero público; haciendo incluso a un lado de estos privilegios a la institución financiera de las Fuerzas Armadas.

Después del veto del presidente al decreto que aprobó la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas en 2002, pretendiendo resolver dicho veto el Congreso de la Unión aprueba reformas cortas que dejan de resolver el problema de fondo: la injusticia e insuficiencia de las pensiones de los militares en situación de retiro y sus familias; y, en su lugar, se otorgan algunos incrementos notoriamente insuficientes para quienes sirvieron patrióticamente a la nación.

La iniciativa que se propone reformaría el artículo 31 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para recalcular los montos que corresponden al "haber de retiro", al determinar que éste se integrará tomando como base el doble del haber que se reconozca para efectos de retiro y adicionándole el 70 por ciento del mismo, los demás conceptos que lo integran, como son las percepciones por condecoraciones de perseverancia, las asignaciones de técnico de vuelo, de salto o técnico especial y todas las demás a las que tenga derecho, se conservan igual.

Se trata de una propuesta que favorece a todos los militares que pasen a situación de retiro, pero con un criterio de justicia y proporcionalidad, es decir busca beneficiar con mayores incrementos porcentuales a los militares que perciben menos ingresos antes de pasar a retiro, así tenemos que, por ejemplo, un sargento primero, con 20 años de servicios, verá incrementado su haber de retiro en 111.6 por ciento, un capitán segundo, con la misma antigüedad, percibiría un incremento de 44.41 por ciento, un teniente coronel, con 30 años de servicios, vería incrementado su haber en 67.96 por ciento y un general de brigada se beneficiaria con un incremento de 37.56 por ciento.

Con ello, además de un acto de justicia social elemental, se contribuye también a fortalecer el espíritu de cuerpo y dar incentivos que premien la perseverancia y la permanencia de los miembros de nuestras fuerzas armadas en beneficio de los altos intereses del país y de la seguridad nacional.

Estos beneficios se aplicarían a partir del primer día de enero del año de 2008, para que se tenga el tiempo suficiente para que los órganos competentes hagan las previsiones presupuestales que la aplicación de la reforma requiere.

Con esta reforma se haría justicia sin duda a los soldados y marinos de la patria y, al mismo tiempo, se fortalecerían a las Fuerzas Armadas Mexicanas, pues lo más valioso de dichas instituciones es su capital humano, ejemplo de servicio, dedicación y entrega a las mejores causas de México.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 31 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Artículo 31. Para integrar el monto total de:

I. Haber de retiro, se tomará como base el doble del haber que se reconozca para efectos de retiro conforme al porcentaje que corresponda por lo años de servicios y se adicionará a éste el 70 por ciento de dicho haber, más las primas complementarias del haber que les corresponda por condecoraciones de perseverancia ya otorgadas, así como las asignaciones de técnico de vuelo, de salto o técnico especial y aquellas otras asignaciones que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando las estén percibiendo los militares en el momento en que ocurra alguna de las causales de retiro señaladas en las fracciones I, II, III y IV del artículo 24 de esta ley o bien al cumplirse el plazo a que se refiere la fracción V del mismo precepto, o a la fecha en que se formuló la solicitud mencionada en la fracción VI del artículo citado anteriormente;

II. La compensación por tiempo de servicios o por fallecimiento, se integrará con el 70 por ciento del haber que se ostentó en servicio activo, las primas complementarias por condecoraciones de perseverancia ya otorgadas y asignaciones que se vengan percibiendo al darse la causa de retiro o el fallecimiento, tomando como base el haber del grado que haya ostentado el militar en servicio activo;

III. Para la integración de la pensión por fallecimiento del militar fuera de actos del servicio, se tomará como base el porcentaje del haber del grado que le hubiere correspondido al militar en caso de retiro y se adicionará a éste el 60 por ciento de dicho haber, más las primas complementarias por condecoraciones de perseverancia ya otorgadas, así como las asignaciones de técnico de vuelo, de salto o técnico especial y aquellas otras asignaciones que haya autorizado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que estuviere percibiendo el militar a la fecha del fallecimiento;

IV. La pensión por el fallecimiento del militar en situación de retiro con haber de retiro, se integrará con el porcentaje del haber del grado que se reconoció al militar para efectos de retiro, más el 60 por ciento de dicho haber y las primas de perseverancia y asignaciones que se le hubieren reconocido en su haber de retiro, y

V. Para los efectos de los párrafos anteriores el haber de retiro, la pensión y la compensación serán calculados con base en el haber fijado en los tabuladores autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o en el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente, en la fecha en que el militar cause alta en situación de retiro o en la reserva o baja por fallecimiento.

Los militares que pasan a situación de retiro con mas de 45 años de servicios efectivos, se les fijará el haber de retiro como se indica en la fracción I del presente numeral, aumentado en un 10 por ciento.

Artículos transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día primero de enero de 2008.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se opongan a este decreto.

Tercero. A todos lo militares que estén en situación de retiro con derecho a percibir haber de retiro, antes de la entrada en vigor de la presente ley, se les aplicará el beneficio que este decreto otorga, para lo cual se deberá efectuar el cálculo correspondiente tomando en cuenta lo que percibiría en activo de acuerdo al grado y antigüedad.

Nota:
1. Estimación de costo de pensión acumulada de instituciones, 2004-2006. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2007.

Diputados: Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Roberto Badillo Martínez (rúbrica), Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), Israel Beltrán Montes (rúbrica), Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Nelly Asunción Hurtado Pérez (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante (rúbrica), Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Cesar Flores Maldonado (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), Celso David Pulido Santiago (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica).

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