Carmen esther gómez cabrera






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Disposición séptima. Mientras se crea la Jurisdicción Especial del Sistema de Seguridad Social, son competentes para decidir los recursos contenciosos administrativos contenidos en la presente Ley, los Tribunales Superiores con competencia en materia de trabajo de la circunscripción judicial en donde se encuentre el ente que haya dictado el acto administrativo que dio origen al recurso inicial.

De estas decisiones se oirá recurso ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. (Negrillas de la Sala).

 

Esta competencia fue ratificada, por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 27 del 26 julio 2011, que señaló:

 

En este mismo orden de ideas, debe acotarse que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no incluyó dentro de los asuntos que deben conocer los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, las acciones de nulidad contra los actos administrativos emanados del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) o de los órganos adscritos al mismo, con ocasión de la aplicación de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

 

No hay duda pues de que la voluntad del legislador, en absoluta concordancia con las disposiciones constitucionales sobre la protección del hecho social trabajo y el entramado de relaciones jurídicas que del mismo deriva, tal como el régimen de seguridad y salud en el trabajo y las condiciones físicas y mentales del trabajador, atribuyen –de forma expresa y exclusiva- a los órganos que integran la jurisdicción laboral, la competencia relativa al conocimiento de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), pues lo relevante para determinar cuál es el juez natural que ha de conocer este tipo de pretensiones no es la naturaleza del órgano del cual emana sino la naturaleza jurídica de la relación.

 

Así las cosas, atendiendo la reciente doctrina vinculante emanada de la Sala Constitucional, en la que destaca la importancia de que la jurisdicción laboral conozca de las controversias que se deriven del hecho social trabajo y el entramado de relaciones jurídicas que del mismo derivan, por la relevancia que tiene el Estado Social de Derecho y de Justicia, así como la propia Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que establece los criterios atributivos de competencia en esta materia, debe determinarse que los órganos jurisdiccionales competentes para conocer y decidir situaciones como la de autos, son los de la jurisdicción laboral. Así se decide. (Destacado de la Sala).

 

Del criterio jurisprudencial supra citado, se colige que para determinar el juez natural debe atenderse a la materia objeto de la controversia o naturaleza jurídica de la relación, y no al órgano que dicta el acto administrativo, por lo que la competencia para el conocimiento de los recursos contencioso administrativos interpuestos contra las actuaciones provenientes del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), con ocasión de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, por tratarse de controversias que surgen del hecho social trabajo, corresponderá en primera instancia a los Tribunales Superiores del Trabajo, recurribles en apelación ante esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Así se establece. (…).

 

Pues bien, se aprecia de la decisión transcrita, el criterio que respecto a la competencia sostiene esta Sala, para el conocimiento y decisión de las acciones contencioso administrativas con las que se pretende la nulidad de los actos administrativos emanados del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, siendo diáfana la disposición transitoria séptima, en cuanto a la competencia temporal de los tribunales del trabajo hasta tanto se cree la Jurisdicción Especial del Sistema de Seguridad Social, por lo que corresponde a los Tribunales Superiores del Trabajo –en primera instancia– decidir los recursos contencioso administrativos previstos en dicha Ley; mientras que la Sala de Casación Social, resolverá el recurso de apelación que sea propuesto.

 

En consideración a los criterios citados y vista la naturaleza de la relación de la cual deriva el acto impugnado, esto es, de naturaleza laboral en la que está implícito el hecho social trabajo, esta Sala asume la competencia para resolver la consulta sometida a su consideración por el Juzgado Superior Séptimo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el marco delprocedimiento instado por la sociedad mercantil FESA MERPRO, C. A., mediante recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido contra un acto administrativo emitido por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales. Así se declara.

 

DE LA CONSULTA OBLIGATORIA

 

La sentencia sometida a revisión de esta Sala, proviene del Juzgado Superior Séptimo del Circuito Judicial del Trabajo aludido supra, actuando en primer grado de la jurisdicción, quien la remite en consulta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en virtud que laparte recurrida es la DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO MIRANDA, la cual goza de las prerrogativas y privilegios contemplados en el aludido artículo 72.

 

Vista la remisión efectuada, se observa que la acción interpuesta trata de una causa de naturaleza contencioso administrativa con la cual se busca la nulidad de un acto administrativo emanado de un ente público, como lo es el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, quien fue creado mediante Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 3.850 en fecha 18 de julio del año 1986, disponiéndose en el artículo 12, que el mismo tiene personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional, a cuyo cargo estará la ejecución de la política nacional sobre condiciones y medio ambiente del trabajo, y que estará adscrito al Ministerio que establezca el Presidente de la República en Consejo de Ministros.

 

En relación al ente señalado, sostiene la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.236 en fecha 26 de julio del año 2005, que el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales conforma el Régimen Prestacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, siendo un ente de gestión, manteniendo su naturaleza de instituto autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional, tal como se estableció para la oportunidad de su creación.

 

Pues bien, la Ley Orgánica de Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.305, en fecha 17 de octubre del año 2001, en el capítulo referido a la descentralización funcional, contempla que los institutos autónomos son personas jurídicas de derecho público de naturaleza fundacional –hoy equivalentes a los institutos públicos, 2008- y que gozan de los privilegios y prerrogativas que la ley nacional acuerda a la República, los estados, los distritos metropolitanos o los municipios, privilegios y prerrogativas que se mantienen por disponerse en el artículo 98 de la vigente Ley Orgánica de la Administración Pública -2008.

 

En consecuencia, las decisiones proferidas en el contexto de un procedimiento contencioso administrativo cuya pretensión es la nulidad de un acto administrativo emanado de un instituto público como lo es elInstituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, las mismas serán sometidas a consulta, de acuerdo a lo previsto en el artículo 98 de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

 

Ahora bien, la consulta a que se someta el fallo, deberá desplegarse respecto de aquellas sentencias definitivas contrarias a la pretensión, excepción o defensa del instituto público que dicta el acto impugnado, y contra las cuales no se haya ejercido el recurso de apelación, en aplicación analógica de lo contenido en el artículo 72 de Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y de ese modo garantizar el agotamiento de la doble instancia.

 

En el caso sub iudice, se aprecia que el Juzgado Superior Séptimo mencionado, declaró con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra la Providencia Administrativa N° US-M/0011/2010, de fecha 25 de noviembre de 2010, emanada de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda “Delegado de Prevención Jesús Bravo”, adscrita al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), con la cual se impuso una multa a la sociedad de comercio demandante, por haber incurrido en la infracción prevista en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, esto es, una decisión definitiva contraria a la pretensión del ente emisor, por lo tanto contraria a sus intereses, y que transcurrido el lapso previsto legalmente para impugnarla, no fue interpuesto el recurso a tales efectos, por lo que la Sala procede a revisar la sentencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así se declara.

 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

En función revisora, la Sala evidencia que el a quo declaró con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad por cuanto consideró que del acto administrativo no se observa la cantidad de trabajadores afectados por la infracción en que incurrió la empresa multada, como tampoco se expresaron en el mismo los parámetros y condiciones de tiempo, modo y lugar que permitieron de forma expresa, adecuada, racional y proporcional establecer su monto, por lo que la administración contravino el ordenamiento jurídico, toda vez que excedió el límite máximo previsto para imponerla, resultando exorbitante y en consecuencia, desproporcionada, encontrándose comprometida la garantía constitucional del derecho a la defensa, preceptuada en el artículo 49. 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estando inficionado de nulidad el acto sancionatorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 19, cardinal 1 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

 

En ese orden de ideas, vista la decisión del a quo, se hace necesario efectuar el análisis de las pruebas que cursan en autos, de lo cual se observa:

 

PRUEBAS DE LA PARTE ACCIONANTE:

 

A los folios trescientos nueve al trescientos catorce (309-314), copia certificada expedida por la Inspectora del Trabajo Jefe en el Este del Área Metropolitana de Caracas, el 21 de octubre de 2010, de los siguientes documentos:

 

i.- Carta suscrita por el ciudadano Luis Ramírez, titular de la cédula de identidad N°9.098.456, en la que expone que renunció voluntariamente a la empresa y recibió efectivamente sus prestaciones en fecha 12 de marzo de 2010, que desiste de la solicitud contenida en el expediente N°2008-3937, por lo que solicita el cierre y archivo del expediente, asimismo se aprecia un sello húmedo del que se lee Sala de Fuero Sindical, Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas, Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, República Bolivariana de Venezuela, la fecha 16 de junio de 2010, y en manuscrito una firma ilegible, el cual es un documento privado suscrito por el referido ciudadano y recibido por el ente aludido, al que se le otorga valor probatorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 430 del Código de Procedimiento Civil.

 

ii.- Documento suscrito por el ciudadano Luis Ramírez, titular de la cédula de identidad N°9.098.456, en fecha 12 de marzo de 2010, dirigido a FESA MERPRO, S.A., en el que informa que decidió renunciar al cargo de Auxiliar de seguridad, que desempeñó en esa empresa desde el 5 de abril de 2004, el cual se tiene como documento privado, no impugnado, razón por la cual se le otorga valor probatorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 430 del Código de Procedimiento Civil.

 

iii.- Cálculo de liquidación de prestaciones sociales suscrito por el ciudadano Luis Ramírez, titular de la cédula de identidad N°9.098.456, el cual es un documento privado, al que no se le otorga valor probatorio por no agregar nada a la resolución de la controversia.

 

vi.- Auto de fecha 19 de junio de 2010, emanado de la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas, relativo al expediente N° 027-2008-01-03937, en el que el funcionario de la administración del trabajo, vista la diligencia presentada por el ciudadano Luis Ramírez, titular de la cédula de identidad N°9.098.456, el 16 de julio de 2010, con la cual desiste del procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos incoado contra la empresa FESA – MERPRO, y solicita el cierre y archivo del expediente, declara el desistimiento de la acción y acuerda el cierre y archivo del expediente requerido, el cual constituye documento público administrativo, por tanto se presume legítimo, auténtico y veraz al no haber sido impugnado.

 

v.- Documento suscrito por la ciudadana Yarillis Vivas, quien con el carácter de apoderada de la empresa FESA MERPRO, solicita le sean expedidas copias certificadas de actuaciones insertas en el expediente N° 2008-3937, en la Sala de Fuero Sindical, con firmas ilegibles, documento que nada aporta a los fines de la resolución de la controversia por lo que no se le otorga valor probatorio.

 

vi.- Auto de fecha 21 de octubre de 2010, emanado de la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas, relativo al expediente N° 027-2008-01-03937, en el que el funcionario de la administración del trabajo, vista la diligencia recibida el 20 del mismo mes y año, de la ciudadana Yarillis Vivas, con la que solicita copias certificadas del expediente indicado, acuerda expedir las copias peticionadas, a dicho documento no se le otorga valor probatorio por no aportar a la resolución de la controversia.

 

A los folios trescientos quince al trescientos treinta (315-330), copias certificadas expedidas por la Secretaria del Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en fecha 22 de octubre de 2012, de escrito dirigido al Juez Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, por la representación judicial de la sociedad mercantil FESA MERPRO, S.A. y recibido el 23 de septiembre de 2009, auto de admisión de fecha 24 de noviembre de 2009, del recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de la empresa FESA MERPRO, S.A. contra la Providencia Administrativa N° 00499-99 de fecha 11 de agosto de 2009, emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas.

 

Del referido documento se evidencia, la interposición de una demanda contencioso administrativa de nulidad contra la Providencia Administrativa N° 00499-99 de fecha 11 de agosto de 2009, dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual se acordó el reenganche y pago de salarios caídos del ciudadano Luis Enrique Ramírez, ejercida por parte de la sociedad de comercio FESA MERPRO, S.A., así como la admisión de la misma en fecha 24 de noviembre de 2009, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial mencionada, sin que conste la resolución judicial respecto a la nulidad demandada, de lo que se colige que al no estar desvirtuado en cuanto a la nulidad el acto administrativo que ordenó el reenganche del trabajador, debe entenderse comprobada la infracción por la empresa que dio lugar a la imposición de la multa, esto es, la prevista en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

 

A los folios veintinueve al cuarenta (29-40), copia simple de la Providencia Administrativa USM/0011/2010, dictada en fecha 25 de noviembre de 2010, por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda “DDP Jesús Bravo”, con la cual se sanciona a la sociedad de comercio FESA MERPRO, S.A., que al ser copia de un documento público administrativo, se presume veraz, legítimo y auténtico.

 

PRUEBAS DEL ENTE QUE PROFIERE EL ACTO IMPUGNADO:

 

A los folios noventa y cinco al doscientos ochenta y cuatro (95 al 284), copias certificadas por el Director de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores del Estado Miranda del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, de fecha 19 de julio de 2012, de actuaciones correspondientes al expediente administrativo N° USM/004/2009, continente del procedimiento sancionatorio seguido a la empresa FESA MERPRO, - LA URBINA, C.A., y en el que cursa el acto administrativo atacado de nulidad, las cuales se valoran como documento público administrativo en cuanto a las actuaciones emanadas de la autoridad administrativa, por tanto opera la presunción de legitimidad, autenticidad y veracidad, mientras que los documentos emanados de las partes, insertos en dichas copias certificadas, se aprecian como documentos privados, no impugnados, por lo que adquieren eficacia probatoria, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil. 

 

De las documentales supra, se evidencia la infracción en que incurrió la parte accionante respecto a las obligaciones que como empleador le imponen las normas de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, toda vez que la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas acordó el reenganche del trabajador, en virtud que para el momento de los hechos era acreedor de la inamovilidad laboral devenida de su carácter de delegado de prevención de la empresa reclamada, por tanto infringió lo contemplado en el artículo 44 eiusdem, lo cual motivó la imposición de la sanción, con base a lo dispuesto en el artículo120, cardinal 18 ibidem.

 

DE LAS DENUNCIAS FORMULADAS:

 

De acuerdo con las delaciones realizadas por la accionante en su escrito libelar, y las motivaciones efectuadas en la sentencia para la resolución de cada una de ellas, procede esta Sala a establecerlas en el orden siguiente.

 

Con respecto a la incompetencia del funcionario que suscribe el acto administrativo impugnado de nulidad, en razón a la ausencia de delegación atributiva de competencia en el Director de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Estado Miranda, de conformidad con lo expresado en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 18, cardinal 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, toda vez que la delegación debe ser expresa, no presumible, aunado a que dejó de cumplirse con la formalidad de la publicación de esa transferencia de competencias, limitándose el Presidente del Instituto de adscripción a efectuar la designación del Licenciado Aureliano Sánchez como director, según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 378.763 (Rectius: 39.487) de fecha 13 de agosto de 2010, designación que no constituye la delegación de competencias, correspondiéndole al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, la aplicación de sanciones por disponerlo el artículo 18, cardinal 7 citado, por tanto hace susceptible de nulidad absoluta el acto sancionatorio; vale destacar, que la administración estableció preliminarmente su competencia a los fines de conocer y resolver el asunto planteado.

 

Es así que, en la propia providencia administrativa impugnada, el ente emisor estableció su competencia material y territorial para conocer la propuesta de sanción en contra de la empresa presunta infractora, con base a lo dispuesto en el artículo 18, cardinal 7 y artículo 133 ibidem, en armonía con lo establecido en el artículo 16, cardinal 7 del Reglamento Parcial de la ley, y de acuerdo a lo acordado en las Providencias Administrativas Nros. 23 y 02, de fechas 13 de diciembre de 2004 y 31 de agosto de 2006, en ese orden, emanadas de la Presidencia del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, y publicadas en la Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.556, en fecha 3 de noviembre de 2006.

 

De los actos normativos mencionados como sustento de las competencias atribuidas a la DIRESAT con el cometido de dictar el acto administrativo en cuestionamiento, quiere ésta sala manifestar que la Providencia Administrativa N° 23, del 13 de diciembre de 2004, emanada del Directorio del INPSASEL, contiene el acuerdo mediante el cual se aprobó la desconcentración funcional de las competencias sobre condiciones y medio ambiente de trabajo en el área de prevención, salud, seguridad y bienestar de dicho instituto entre las ocho (8) Direcciones Estadales de Salud de los Trabajadores creadas de acuerdo a su estructura organizativa funcional, entre ellas, la DIRESAT Distrito Capital, en la que se desconcentró de manera transitoria la competencia territorial de los Estados Vargas y Miranda.

 

No obstante, mediante providencia administrativa N° 1 de fecha 14 de diciembre de 2006, dictada por la Presidencia del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.592, en fecha 27 de diciembre de 2006, fue nuevamente modificada la desconcentración territorial de las Direcciones Estadales de Salud de los Trabajadores, con el ánimo de optimizar la capacidad de asistir, asesorar, orientar, atender, prevenir y garantizar condiciones seguras y saludables en el entorno laboral, en ejercicio de su obligación de atender y prevenir a los trabajadores a nivel nacional, por lo que se creó la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores del Estado Miranda, revertiéndose la competencia de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores con competencia en el Distrito Capital y los Estados Vargas y Miranda, en lo que respecta al Estado Miranda, es decir, que para la oportunidad en que se dictó el acto administrativo, se encontraba derogada la Providencia Administrativa N° 23 aludida, sin embargo, la DIRESAT Miranda estaba legalmente dotada de competencia para desplegar su actividad sancionatoria en los términos en que lo hizo, tal como se dispuso en la indicada Providencia administrativa N° 1.

 

En lo que concierne a la Providencia Administrativa N° 02, del 31 de agosto de 2006, la misma no guarda relación con el acto atributivo de competencia, lo cual no hace susceptible de nulidad el acto. Así se establece.

 

Por otra parte, en cuanto a la vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso que se deriva del acto administrativo cuestionado, y que por tanto infringe el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debido a que no queda establecido de donde proviene el monto de la multa impuesta, al no indicar la cantidad de trabajadores expuestos o afectados por la cual multiplica la unidad tributaria para el monto de la misma, establece el a quo que:

 

(…) se observa que para la imposición de la sanción hay unos limites (Sic) que regula la ley que rige materia, siendo el límite mínimo de setenta y seis (76) unidades tributarias (equivalentes para la fecha a la cantidad de Cinco Mil Setecientos Bolívares - Bs. 5.700,00 -), y un límite máximo de cien (100) unidades tributarias (equivalentes para la fecha a la cantidad de Seis Mil Bolívares - Bs. 6.000,00 -), por cada trabajador involucrado, no pudiendo la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores (Diresat) del Estado Miranda, imponer sanción por debajo o por encima de estos limites (Sic). Así se establece.

 

En tal sentido, evidencia esta alzada que a los autos consta providencia administrativa donde se sancionó a la Sociedad Mercantil (Sic) Fesa Merpro, C.A., por la cantidad Bs. 1. 252.680,00, por incurrir en la Infracción (Sic) contemplada en el artículo 120 numeral 18 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, no observándose que estuviere involucrado mas (Sic) de un trabajador, ni que se haya indicado los parámetros y condiciones de tiempo, modo y lugar que permitieron de forma expresa, adecuada, racional y proporcional, llegar a dicho monto, lo cual conlleva a que la Dirección in comento (Sic) actúo en contravención con el ordenamiento jurídico, al excederse sobremanera del límite máximo al que está legalmente facultada para imponer este tipo de sanciones, infringiendo con tal proceder la garantía constitucional consagrada en el artículo 49 ordinal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que la sanción impuesta resulta afectada de nulidad al establecerse de forma arbitraria un monto exorbitante que supera abiertamente el limite (Sic) máximo establecido en la ley para teles efectos, quedando subsumida dicha actuación en el supuesto de hecho previsto en el artículo 19 ordinal 1 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por lo que, al ser desproporcionada la multa denunciada a través de la presente acción, resulta ajustada a derecho la solicitud realizada por el recurrente y en consecuencia nula la providencia in comento(Sic). Así se establece.

 

Vista la motivación precedente, en la que en apariencia se analizan las omisiones del INPSASEL, referidas a la cantidad de trabajadores involucrados en la infracción, las condiciones de modo, tiempo y lugar que condujeron a fijar el monto de la multa, sin embargo, la sentencia persiste en similares omisiones, al considerar una unidad tributaria no vigente para la oportunidad en que se instó al órgano administrativo del trabajo en protección de la inamovilidad transgredida y las circunstancias que rigieron el establecimiento de la sanción impuesta, motivo por el que debe la Sala verificar la norma, fundamento de la administración para la determinación del monto de ésta a la supuesta empresa infractora.

 

Es así que, el artículo 120, cardinal 18 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, dispone que el INPSASEL, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o disciplinarias, sancionará al empleador o empleadora con multas de setenta y seis (76) a cien (100) unidades tributarias (U.T.) por cada trabajador expuesto cuando se viole la inamovilidad laboral de los delegados o delegadas de prevención, de conformidad con esa Ley y su Reglamento, norma que establece límites mínimo y máximo para la determinación de la multa, siendo el primero hasta setenta y seis (76) unidades tributarias, mientras que el segundo o máximo previsto, es de hasta cien (100) unidades tributarias.

 

Demostrada la infracción en que incurrió la empresa, prevista en el artículo 44 eiusdem, al afectar la inamovilidad del trabajador derivada del desempeño como delegado de prevención de la accionante, a través de su despido, quien obtuvo a su favor una orden de reenganche al puesto de trabajo, mediante la Providencia Administrativa N° 00499-09 de fecha 11 de agosto de 2009, que cursa en el expediente N° 027-08-01-03937, continente del procedimiento administrativo sustanciado ante la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas, el INPSASEL impuso una multa por la cantidad de un millón doscientos cincuenta y dos mil seiscientos ochenta bolívares con cero céntimos (Bs.1.252.680,00).

 

Pues bien, para fijar el monto de la sanción la Administración debe atender, a consideración de esta Sala, a la situación fáctica constitutiva de infracción de la ley y que genera la imposición de la multa, esto es, el despido del trabajador denunciante, así como la oportunidad en que es interpuesto el reclamo ante la instancia administrativa del trabajo, hecho último que ocurrió el 29 de diciembre de 2008, momento para el cual la unidad tributaria había sido reajustada por la autoridad competente en la cantidad de cuarenta y seis bolívares fuertes sin céntimos (Bs.46,00), mediante Providencia N° 0062, de fecha 22 de enero de 2008, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.855, en la misma fecha.

 

En ese sentido, al efectuar un ejercicio de cálculo de la sanción entre el límite mínimo (setenta y seis (76) unidades tributarias) por el valor de la unidad tributaria vigente para momento de la solicitud de protección por parte del trabajador, de cuarenta y seis bolívares fuertes sin céntimos (Bs.46,00), equivale a tres mil cuatrocientos noventa y seis bolívares fuertes sin céntimos (Bs. 3.496,00); mientras que en el límite máximo (cien (100) unidades tributarias), equivale a cuatro mil seiscientos bolívares sin céntimos (Bs. 4600,00), considerando un (1) trabajador expuesto, es decir, el trabajador despedido, no obstante, la omisión cometida por la Administración.

 

Como se aprecia, del cálculo de la sanción realizado por esta Sala, con base al valor de la unidad tributaria que rigió para la fecha del requerimiento de protección a la estabilidad laboral, en los límites dispuestos en la norma que la consagra, para lo cual se toma en consideración un trabajador expuesto, se evidencia un exceso en la actuación de INPSASEL en su función de ente sancionador, toda vez que, no permite el acto administrativo cuestionado, establecer el monto de la multa, por falta de indicación del valor de la unidad tributaria tomada como base de cálculo y de los trabajadores de la empresa que han sido expuestos por la infracción establecida, y aún determinándola, trastoca la proporcionalidad de la sanción –artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos- al exceder el límite máximo previsto en la norma, en consecuencia, la Providencia Administrativa N° US-M/0011/2010, de fecha 25 de noviembre de 2010, configura vulneración del derecho a la defensa de la accionante denunciado, por resultar desproporcionada la multa y por inmotivación del acto, por falta de indicación de la cantidad de trabajadores que pudieron resultar afectados a consecuencia de la infracción, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 12 y 18, cardinal 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 49, cardinal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se establece.

 

En el cuanto a la siguiente de las denuncias realizadas, referida a que la sanción impuesta se soporta en un acto administrativo que no se encontraba definitivamente firme, motivo por el que no produce los efectos sancionatorios, debido a que el requirente de protección a la inamovilidad presentó desistimiento al procedimiento de reenganche, previa renuncia al cargo que desempeñaba en la empresa, desistimiento que fue homologado por la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas, por lo tanto provoca el acto impugnado vulneración del derecho a la defensa, precisa necesario esta Sala realizar las siguientes consideraciones, dada la omisión parcial del tribunal en la motivación de la misma.

 

En cuanto al desistimiento, dispone el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, que:

 

(…) En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad de consentimiento de la parte contraria. (…).

 

Dentro de lo dispuesto en la norma, constituye una potestad del demandante, abandonar o renunciar a la situación procesal (Rengel Romberg), lo cual podrá hacer en cualquier estado y grado de la causa, y una vez se exprese en autos, el órgano jurisdiccional le otorgará fuerza de cosa juzgada.

 

En correspondencia con lo expuesto por la parte accionante, respecto al desistimiento efectuado, y lo que sobre la institución procesal contempla la norma adjetiva transcrita, vale comentar el criterio que al respecto estableció la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº RC-00981, de fecha 12 de diciembre de 2006, en los términos que se transcriben:

 

(…) El desistimiento, tal y como lo enseña la doctrina de nuestros procesalistas clásicos (Borjas y Marcano Rodríguez), es un acto jurídico que consiste en el abandono o renuncia positiva y precisa que hace el actor o interesado, de manera directa, ya de la acción que ha intentado, ya del procedimiento incoado para reclamar judicialmente algún derecho, o de un acto aislado de la causa o, en fin, de algún recurso que hubiese interpuesto.

 

Como todo acto jurídico está sometido a ciertas condiciones, que si bien no todas aparecen especificadas en el Código de Procedimiento Civil, han sido establecidas por la jurisprudencia en razón de lo cual el desistimiento deberá manifestarse expresamente, a fin de que no quede duda alguna sobre la voluntad del interesado.

 

Se requiere además, para que el juez pueda darlo por consumado, el concurso de dos condiciones:

 

a) Que conste en el expediente en forma auténtica; y

b) Que tal acto sea hecho pura y simplemente, es decir, sin estar sujeto a términos o condiciones, ni modalidades ni reservas de ninguna especie. Para desistir se exige capacidad para disponer del objeto sobre el cual verse la controversia, y que se trate de materias en las que no están prohibidas las transacciones.

 

El procesalista venezolano Dr. Arístides Rangel- Romberg, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el nuevo Código de 1987; Teoría General del Proceso; Tomo II, Editorial Arte, 1994, paginas (Sic) 367 y 368, al referirse al desistimiento del recurso, afirma:

 

(...) Como el desistimiento del procedimiento, o renuncia a los actos del juicio, tiene por objeto el abandono de la situación procesal del actor, nacida de la existencia de la relación procesal y él puede ocurrir en cualquier estado y grado del juicio, se sigue que el desistimiento afectará a toda relación procesal o a una fase de ella, según que el juicio se encuentre en primer grado o en apelación al momento del desistimiento. El desistimiento del recurso (...) se refiere precisamente a esta última situación: al desistimiento o renuncia a los actos del juicio en apelación; figura que está implícitamente prevista en nuestra Ley Procesal, al regular uno de los efectos de este desistimiento (las costas); en el art. 282 C.P.C. Esta disposición establece:”Quien desista de la demanda, o de cualquier recurso que hubiera interpuesto, pagará las costas si no hubiera pacto en contrario (...).

 

Si bien es cierto que el desistimiento es “la renuncia de la facultad para llevar adelante una instancia promovida mediante recurso” (Vocabulario Jurídico de Eduardo E. Couture), y “el acto de abandonar la instancia, la acción o cualquier otro trámite del procedimiento” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio), no es menos cierto que en nuestro ordenamiento jurídico tal actuación requiere de mandato en el cual específicamente se contemple esa facultad. En efecto, en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, señala lo que sigue:

 

(...) El poder faculta al apoderado para cumplir todos los actos del proceso que no estén reservados expresamente por la ley a la parte misma, pero para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho del litigio, se requiere facultad expresa (...).

 

Atendiendo a lo que expresa la sentencia transcrita, el desistimiento es el negocio jurídico con el que el actor renuncia o abandona la acción interpuesta, el procedimiento, un acto aislado de la causa o algún recurso. Éste negocio jurídico precisa de condiciones para que la autoridad judicial lo tenga como válido, esto es, que debe ser expreso, debe constar en autos de manera auténtica, en el sentido que no quede dudas de la voluntad manifestada, y que se haga en forma pura y simple, es decir, no condicionado. Adicionalmente, la parte que manifieste el desistimiento, deberá tener disponibilidad del objeto litigioso, y efectuarlo sobre materias en las que no esté prohibida la transacción, como aquellas en las que esté involucrado el orden público o versen sobre el estado de las personas.

 

Como quiera que el desistimiento emerge en un procedimiento, el interesado debe asistirse o representarse judicialmente. 

 

Pues bien, de la revisión a las actas procesales, en función de la denuncia formulada, considera ésta Sala que el desistimiento a que hace alusión la parte accionante se produjo sin asistencia jurídica del trabajador para manifestar su acto volitivo de renunciar al procedimiento y a su pretensión, lo cual excede la simple administración, sin embargo, la instancia administrativa del trabajo procedió a su homologación, por lo que se presume con eficacia jurídica.

 

No obstante lo expuesto, y en atención a que el objeto del desistimiento lo constituye la renuncia o abandono por el interesado de la acción o del procedimiento, el cual se puede producir en cualquier estado y grado de la causa, tal desistimiento fue realizado en fecha 16 de junio del año 2010, ante el órgano administrativo del trabajo, órgano que para el día 11 de agosto de 2009, había emitido la Providencia Administrativa N° 00499-99, es decir, existiendo pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto planteado, en razón de lo cual, resuelto lo peticionado por el interesado, no puede provocar efectos jurídicos dicho desistimiento en el estado en que se encontraba la causa, ni aun con el consentimiento expresado por la contraria, tal como lo impone el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil, por lo tanto no puede considerarse que para el momento en que fue impuesta la sanción, tal acto administrativo no se encontraba firme. Así se decide.

 

Conteste con las argumentaciones precedentes, deviene para esta Sala confirmar la decisión sometida a consulta, con las modificaciones realizadas en la motiva de esta sentencia. Así se establece.

 

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley,CONFIRMA la decisión dictada el 20 de febrero del año 2013 por el Juzgado Superior Séptimo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la empresa FESA MERPRO, C.A.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Superior antes mencionado.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas a los siete (7) días del mes de                       julio de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

________________________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ

 

La Vicepresidente,                                                                     Magistrado,

 

__________________________________                   ___________________________

CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA                    OCTAVIO SISCO RICCIARDI

 

Magistrada,                                                                        Magistrada Ponente,

 

___________________________________      __________________________________

SONIA COROMOTO ARIAS PALACIOS      CARMEN ESTHER GÓMEZ CABRERA

 

El Secretario,

 

_____________________________

MARCOS ENRIQUE PAREDES

 

Consulta Nº AA60-S-2013-001047

Nota: Publicado en su fecha

El Secretario,
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