Actualizaciones para teoría general del derecho y derecho constitucional, para acceso a las carreras Judicial y Fiscal






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TEORÍA GENERAL DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL, para acceso a las carreras Judicial y Fiscal,


[J. Agustín Amorós y otros, Ed. 2007]

Novedad que afecta al Manual de Contestaciones al Programa:
Acuerdo de 12 de marzo de 2008, de la Comisión de Selección, a la que se refiere el artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por el que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de alumnos de la Escuela Judicial, para su posterior ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de Juez y del Centro de Estudios Jurídicos, para su posterior ingreso en la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal.
[BOE núm. 67 de 18 de marzo de 2008]
Tema a que afecta:
Tema 31º. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: composición y competencias. El Juez español como juez comunitario. La cuestión prejudicial y otros procedimientos ante el Tribunal de Justicia.

TEMA 31º
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS

COMUNIDADES EUROPEAS

(Esquema)

  1. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: COMPOSICIÓN Y COMPETENCIAS


A) Composición del TJCE:

a) Elegibilidad

b) Estatuto

c) Jueces

d) Abogados Generales

e) El Secretario

B) Organización y funcionamiento

C) El Tribunal de Primera Instancia

a) Competencias

b) Organización y funcionamiento

c) El recurso de casación

D) El Tribunal de la Función Pública


  1. EL JUEZ ESPAÑOL COMO JUEZ COMUNITARIO



A) Criterios del TJCE

a) Ha de dejar sin aplicación toda disposición de la ley nacional contraria al Derecho Comunitario

b) Puede acordar medidas cautelares suspendiendo, incluso, la aplicación de la ley nacional

B) Criterios del TCO

a) Derivaciones del principio de primacía del Derecho comunitario para los órganos jurisdiccionales españoles

Matizaciones:

1ª) La imposibilidad de impugnación directa de normas con rango de ley contrarias al Derecho comunitario.

2ª) Control de los reglamentos internos contrarios al Derecho Comunitario

3ª) La problemática de la contradicción del Derecho comunitario con las normas constitucionales

b) Posibilidad de control por vía del recurso de amparo de resoluciones de la jurisdicción ordinaria contrarias al derecho comunitario


  1. LA CUESTIÓN PREJUDICIAL Y OTROS PROCEDIMIENTOS ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA



1. La cuestión prejudicial

A) Planteamiento por los jueces nacionales

B) Procedimiento ante el TJCE

C) Efectos de las sentencias prejudiciales:

1º) De la sentencia prejudicial en interpretación

2º) De la sentencia prejudicial de apreciación de validez
2. El recurso de incumplimiento

a) Fase precontenciosa

b) Decisión del TJCE
3. Control de la legalidad comunitaria

A) El recurso de anulación:

- Actos atacables

- Legitimación activa

- Motivos de anulación

- Plazo

- Efectos de la sentencia de anulación

B) El recurso por omisión

C) La excepción de ilegalidad
4. El recurso por responsabilidad extracontractual
5. Control previo de constitucionalidad de Tratados a celebrar por la CE

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS

COMUNIDADES EUROPEAS
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: composición y competencias. El Juez español como juez comunitario. La cuestión prejudicial y otros procedimientos ante el Tribunal de Justicia.

I. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: COMPOSICIÓN Y COMPETENCIAS
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) constaba hasta 1988 de una sola instancia, pero el aumento de la litigiosidad comunitaria hizo necesario crear, a través del Acta Única Europea, otra instancia, subordinada a la anterior y denominada Tribunal de Primera Instancia (TPI), a la que el Tratado de Niza adiciona otra nueva, las denominadas Salas Jurisdiccionales para contenciosos específicos (art. 225 A). El Tratado de Niza ha introducido, además, cambios en la organización y funcionamiento del Tribunal y diseñado un nuevo reparto de competencias entre el TPI y el TJCE.
El TJCE y el TPI ejercen, pues, el poder judicial en las Comunidades Europeas, señalando el artículo 220 TCE que “garantizarán, en el marco de sus respectivas competencias, el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del presente Tratado”.
A) Composición del TJCE
Los miembros del TJCE son los Jueces y Abogados Generales, que designan, asimismo, un Secretario para que les asista en el ejercicio de sus funciones.
a) Elegibilidad
"Los jueces y los abogados generales del Tribunal de Justicia, elegidos entre personalidades que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio, en sus respectivos países, de las más altas funciones jurisdiccionales o que sean jurisconsultos de reconocida competencia, serán designados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros por un período de seis años.
Cada tres años tendrá lugar una renovación parcial de los jueces y abogados generales, en las condiciones establecidas en el Estatuto del Tribunal de Justicia" (223 TCE).
b) Estatuto
Los miembros del TJCE no pueden asumir ninguna función política o administrativa, ni tampoco ejercer actividades profesionales, sean o no remuneradas. Además, están obligados a fijar su residencia en el país donde tiene su sede el TJCE, Luxemburgo. Tampoco pueden intervenir en ningún asunto en el que hubieren participado anteriormente de alguna forma. En todo caso, pueden abstenerse y ser recusados.
Gozan de una inmunidad de jurisdicción total por cualquier tipo de acto cometido durante su mandato y, al concluir éste, de inmunidad respecto a los actos de carácter oficial. Esta inmunidad sólo puede ser levantada por el Pleno del TJCE y el miembro deberá ser juzgado en un Estado miembro por el órgano jurisdiccional supremo.
Otra garantía es la inamovilidad de su mandato, ya que sólo pueden ser relevados de sus funciones por decisión unánime de los demás miembros del TJCE, cuando consideren que no reúnen las condiciones requeridas o que han incumplido las obligaciones derivadas de su cargo.
c) Jueces
"El Tribunal de Justicia estará compuesto por un juez por Estado miembro" (221, I). "Los jueces elegirán de entre ellos al Presidente del Tribunal de Justicia por un período de tres años. Su mandato será renovable" (223).
d) Abogados Generales
"El Tribunal de Justicia estará asistido por ocho abogados generales. Si el Tribunal de Justicia lo solicitare, el Consejo, por unanimidad, podrá aumentar el número de abogados generales.
La función del abogado general consistirá en presentar públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia, requieran su intervención" (223).
La figura del Abogado General carece de equivalencia en el Derecho español. Presenta, en cambio, semejanzas con la del Comisario del Gobierno en el Consejo de Estado francés o con una institución homónima del Tribunal de Casación o Tribunal Supremo holandés.
e) Secretario
Es nombrado por los miembros del TJCE por un período de seis años y su mandato es renovable. Entre sus funciones destacan: la dirección, bajo la autoridad del Presidente, de los servicios administrativos, la gestión financiera y la contabilidad; custodia de archivos; publicaciones; recepción y verificación de la regularidad de las demandas; llevanza del Registro; comunicaciones de carácter procesal; asistencia a los miembros en sus funciones y actas de las vistas.
B) Organización y funcionamiento
"El Tribunal de Justicia actuará en Salas o en Gran Sala, de conformidad con las normas establecidas al respecto en el Estatuto del Tribunal de Justicia. Cuando el Estatuto así lo disponga, el Tribunal de Justicia también podrá actuar en Pleno" (221, II y III). Este precepto es desarrollado por los artículos 16 y 17 del Estatuto, conforme a los cuales las Salas pueden ser de tres o cinco jueces.
La Gran Sala debería estar formada por once jueces, pero su composición, a solicitud del TJCE, ha sido incrementada a trece jueces mediante la Decisión 2004/404/CE, Euratom. El Pleno lo forman todos los jueces y está presidido por el Presidente del Tribunal. Su quórum para deliberar se fija en quince jueces.
El Tratado de Niza ha invertido la anterior regla general de la intervención del Pleno, y ahora se presume la atribución del asunto a las Salas. Excepto que un Estado miembro o una institución comunitaria partes en el proceso soliciten la actuación de una Gran Sala, el Tribunal tiene libertad de elección entre los diferentes tipos de Salas.
El artículo 16 del Estatuto consagra el carácter excepcional de la intervención del Pleno, ya que se limitará a asuntos referidos a la destitución del Defensor del Pueblo o al cese de miembros de la Comisión o del Tribunal de Cuentas, así como a asuntos de importancia excepcional que el Tribunal, oído el Abogado General, decida remitirle.
El régimen lingüístico, previsto en el Reglamento de Procedimiento, permite que sean lenguas de procedimiento todas las lenguas oficiales de la CE. Ahora bien, cada procedimiento tendrá su propia lengua, empleada en los informes orales y en todos los documentos procesales, que se determina por diferentes criterios en función del tipo de proceso (los directos, normalmente, por la lengua del Estado miembro demandado o del demandado; los prejudiciales, la del órgano jurisdiccional que plantea la cuestión; los recursos de casación, la lengua de la resolución del TPI recurrida). Además, tal multilingüismo obliga a que, a efectos internos, se utilice una única lengua de trabajo, que actualmente es el francés.
C) El Tribunal de Primera Instancia
Su creación supone la introducción de una doble instancia en la jurisdicción comunitaria.
El Tratado de Niza ha reforzado la posición del TPI al proceder a su consolidación "constitucional" en los artículos 224 y 225 TCE. Sin embargo, dicha constitucionalización no se ha visto seguida de su reconocimiento como institución comunitaria, pues el artículo 7 TCE no se ha modificado para incluirlo entre éstas. Por tanto, el TJCE mantiene su naturaleza de institución única con un doble grado jurisdiccional o doble instancia.
a) Competencias

El articulo 225 TCE le atribuye el conocimiento de los siguientes procedimientos: todos los recursos directos, excepto el recurso de incumplimiento y con las salvedades que determine el Estatuto; los recursos de casación o, excepcionalmente, de apelación, contra resoluciones de las futuras Salas Jurisdiccionales; y cuestiones prejudiciales en materias específicas.
La Decisión 2004/407/CE, Euratom, ha modificado los artículo 51 y 54 del Estatuto, y así, además de todos los recursos directos interpuestos por personas físicas y jurídicas, de los que ya conocía, va a conocer ahora en primera instancia de todos los recursos de anulación y por omisión, excepto los que tienen por objeto el control jurisdiccional de la actividad normativa de base y la resolución de conflictos interinstitucionales, que se reservan en exclusiva al TJCE.
Además de ello, el nuevo artículo 51 del Estatuto establece dos series de excepciones en función de la materia con respecto al criterio precedente:
- Atribución al TPI de los recursos de anulación y por omisión interpuestos por Estados miembros contra decisiones del Consejo en materia de ayudas de Estado, de aplicación de las normas generales sobre protección comercial contra prácticas ilícitas y contra actos del Consejo mediante los que éste ejerce competencias de ejecución de conformidad con el procedimiento del artículo 202 TCE.
- Reserva al Tribunal de Justicia de los recursos interpuestos por los Estados miembros contra los actos de la Comisión en materia de cooperación reforzada.
El Estatuto, sin embargo, no identifica ningún tipo de cuestión prejudicial resoluble por el TPI, por lo que, de momento, se mantiene el monopolio de la competencia prejudicial por el TJCE.
b) Organización y funcionamiento
"El Tribunal de Primera Instancia contará con al menos un juez por Estado miembro. El número de jueces será fijado por el Estatuto del Tribunal de Justicia. El Estatuto podrá disponer que el Tribunal de Primera Instancia esté asistido por abogados generales" (224).
El procedimiento de designación de jueces, su mandato, elección de Presidente y Secretario y su estatuto, son coincidentes con el de los jueces del TJCE.
Aunque carece de Abogados Generales, el Estatuto prevé que los jueces puedan desempeñar esa función, no pudiendo intervenir, como es lógico, como juez, en ese mismo asunto.
c) El recurso de casación
Para evitar que la creación del TPI pudiera introducir disfunciones en la interpretación unitaria del Derecho Comunitario, el artículo 225 ha previsto un "recurso de casación ante el Tribunal de Justicia limitado a las cuestiones de Derecho, en las condiciones y dentro de los límites fijados en el Estatuto".
El artículo 57 del Estatuto contempla como únicos motivos invocables para dicho recurso: incompetencia del TPI; irregularidades de procedimiento que lesionen los intereses del recurrente; violación del Derecho Comunitario.
D) El Tribunal de la Función Pública:
Creado mediante Decisión del Consejo de 2 de noviembre de 2004, está formado por siete jueces y está especializado en los contenciosos sobre dicha materia.
Otros contenciosos especiales sobre los que se crearán previsiblemente Salas Jurisdiccionales son los relativos a los títulos comunitarios de propiedad industrial y comercial (de hecho ya existe una propuesta de la Comisión para instaurar el Tribunal de la Patente Comunitaria).


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