Sra. Elena Viyella de Paliza, Presidenta del conep






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CONSEJO NACIONAL DE LA EMPRESA PRIVADA, INC

CONEP

Discurso pronunciado por la

Sra. Elena Viyella de Paliza, Presidenta del CONEP,

En calidad de Oradora Invitada

En el Almuerzo Mensual de la

Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana

16 de junio del 2004

Salón La Mancha, Hotel Lina
Hacia el Futuro
Ante todo, gracias a la Cámara Americana de Comercio, Inc, por invitarme como Presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Inc. a compartir con ustedes algunas de nuestras ideas con relación al entorno y al futuro de nuestro país desde la perspectiva del empresariado.
Los ciudadanos dominicanos acabamos de dar otro ejemplo de comportamiento cívico, acudiendo a las urnas el pasado 16 de mayo de manera masiva, y votando ordenada y pacíficamente por los candidatos de su preferencia, dando nuevamente a los políticos una lección que deberían aprender de una vez por todas.
Sin embargo, el cumplimiento de este importantísimo deber cívico esencial en la vida democrática de toda Nación que haya elegido este método para escoger sus gobernantes, no significa el que podamos pensar que en la República Dominicana la democracia funciona a la perfección. Para ser justos, tenemos que reconocer que en nuestro país, al igual que en otros, este sistema ha sido incapaz de generar verdaderos beneficios económicos para quienes de verdad lo necesitan, no ha reducido la inequidad existente, y practicamente ha fracasado en la lucha contra la corrupción. Esto no es sostenible ni permisible.
Estamos convencidos, a pesar de los mencionados problemas, de que no hay mejor sistema que la democracia, pero el liderazgo político y empresarial tienen que conjuntamente realizar un gran esfuerzo para mejorar su funcionamiento. La República Dominicana necesita no sólo reformas económicas, sino que precisa de reformas políticas que obliguen a los partidos a practicar de manera transparente la democracia al interior de sus organizaciones, que fortalezcan verdaderamente nuestras principales instituciones, para que la ciudadanía pueda exigir sin temor mayor responsabilidad a quienes nos dirigen.

A 30 días de haber concluido el proceso electoral libre y transparente, tal y como se lo merecía todo el pueblo dominicano, es momento de pasar revista y analizar el entorno en que nos encontramos y hacia donde debemos ir.
Primero quisiera hablarles de los cinco problemas fundamentales cuya solución es imperiosa por su magnitud, por su impacto en la sociedad, en la economía, en el desarrollo y en el futuro de la República Dominicana que creemos son los siguientes: el reiterado incumplimiento del Acuerdo con el FMI, el déficit cuasi-fiscal del Banco Central y la deuda pública externa, el problema eléctrico, la corrupción y el déficit presupuestario.
EL Acuerdo con el FMI:
Todo país que decide recurrir al FMI, lo hace por una situación económica difícil. Lo hicimos en agosto del año pasado y demostramos nuestra incapacidad para cumplir con lo acordado en corto tiempo. Se nos exigió disciplina fiscal, disciplina monetaria, reducción del gasto público y cuando el FMI hizo la primera revisión, decidió suspender por nuestro incumplimiento los desembolsos en moneda dura que necesitábamos en el país. Volvimos a recurrir al FMI y se ha vuelto a suspender el acuerdo y los desembolsos porque hemos violado la mayoría de los topes y acuerdos a que habíamos llegado.
En otras palabras, el gasto corriente ha continuado aumentando por encima de los topes acordados y los niveles de endeudamiento público externo también ha sido sobrepasados, entre otros.
Tenemos que volver al orden, a la austeridad, y al cumplimiento de los compromisos que asumimos. Sólo así retorna la confianza y logramos credibilidad. De hecho, estamos en peores condiciones económicas hoy, que cuando recurrimos al FMI por primera vez.
Es imperativo que el Gobierno Dominicano cumpla los compromisos asumidos, ajuste sus gastos, asuma una política de austeridad, controle su endeudamiento y firme una nueva carta de intención como primer paso hacia la renovación del acuerdo. Por otro lado, el FMI requiere que el Gobierno electo para dirigir los destinos de la nación a partir del 16 de agosto, también esté de acuerdo y asuma dichos compromisos, ya que le tocará cumplirlos.
Si las cosas estuvieran tan bien como dicen algunos, los organismos multilaterales no estarían requiriendo una reforma fiscal con urgencia; si hubiéramos cumplido, no estaríamos con un acuerdo con el FMI “detenido”; si todo estuviera bien, la inflación estaría controlada. La realidad es que estamos ante una difícil situación de delicado manejo.
El Gobierno actual tiene el deber de gobernar hasta el próximo 16 de agosto y hacer todo lo que esté a su alcance para responsablemente reducir los daños que provoca la situación económica y entregar el país en la mejor condición posible. Hay tan sólo dos formas de entregar el Gobierno. Ambas serán enjuiciadas por la historia. Creo firmemente que la forma responsable contribuye muy favorablemente a la imagen histórica del presidente saliente.ay Hay H

Sobre el déficit cuasi-fiscal del Banco Central:
Se origina ante una decisión política, en desconocimiento de la Ley Monetaria y Financiera, de devolverles los recursos a todos los ahorrantes de los bancos colapsados. Para ello, el Banco Central más que duplicó la emisión monetaria a través de adelantos y redescuentos, y luego a través de la emisión de certificados de participación, todo lo cual agravó radicalmente la devaluación y la inflación, empobreciendo a la Nación.
Hoy tenemos en circulación más de RD$83,000MM en certificados de participación que generan intereses por encima del 50% ocasionando una emisión monetaria constante.


  • El déficit cuasi-fiscal del Banco Central constituye la mayor amenaza para el logro de la estabilidad cambiaria y de precios en la economía dominicana.

  • El financiamiento inorgánico de este déficit:

    • Aumenta las presiones devaluatorias de la moneda nacional, a la vez que genera mayor inflación

    • Distorsiona el mecanismo de tasas de interés en el sistema financiero, ya que, al basarse en altas tasas de interés, desincentiva el proceso de capitalización de la banca privada y provoca un deterioro de la cartera de créditos de la banca.


El déficit cuasi-fiscal del Banco Central está provocando un daño irreversible en todos los sectores productivos del país. Como consecuencia de una política de altos intereses y de drenar la liquidez en pesos de la economía, los sectores productivos, y especialmente las pequeñas y medianas empresas y los sectores agropecuarios, agro-industriales y de manufactura están siendo penalizados con altos costos financieros que están continuamente erosionando sus capitales de trabajo y retrasando sus posibilidades de insertarse con éxito y competir en mercados más globalizados vía los tratados de libre comercio que hemos firmado. Esto, agravado con altos costos de energía y un suministro muy precario, están destruyendo su productividad y su capacidad de competir. Esto tiene que revertirse. Es necesario crear las condiciones para que haya suficiente financiamiento para estos sectores, y que éste financiamiento sea competitivo, en otras palabras, que sea similar en costo y plazos a los financiamientos que reciben los productores de los países con que competimos.
Servicio a la Deuda Pública Externa:
El déficit cuasi-fiscal del Banco Central y el servicio de la deuda externa representan cerca del 50% de los ingresos corrientes del Estado para este año. Esto, sin tomar en consideración la deuda pública interna que es incuantificable, pero que existe y es de gran magnitud, tanto con la banca privada como a través de cuantiosos sobregiros en el Banco de Reservas; a lo que debemos agregar además los pagos pendientes a contratistas y al sector eléctrico. En este último caso, los montos no están registrados en el Presupuesto Nacional. Esto de por sí, hace inviable la ejecución de cualquier Presupuesto Nacional puesto que el 50% restante no permite el desenvolvimiento de la Administración Pública. Sencillamente, los recursos no dan.
El problema eléctrico:
Hoy, nueva vez, nos encontramos ante un colapso del sistema energético nacional que azota a la población con extensos apagones, facturas que ofenden por sus montos y la mala calidad de servicio. Esto está provocando una ola de violencia en los barrios mientras la ciudad permanece a oscuras.
En primer lugar, es bueno aclarar que todas las empresas generadoras tienen como negocio mantener sus plantas funcionando. Cuando están paradas, pierden dinero, salvo contadas excepciones. Si están apagadas no es por voluntad propia, sino esencialmente porque no cuentan con suficientes recursos para comprar combustibles para generar.
A la vez, es bueno recordar que hoy el país tiene suficiente capacidad de generación para cubrir toda su demanda con plantas nuevas y eficientes construidas e instaladas después del año 2000, y otras que han sido remodeladas con cuantiosas inversiones.
Durante los últimos 18 meses, sufrimos una devaluación de más de un 100% y un enorme incremento de los precios del petróleo.
Sin embargo, el gobierno y las empresas distribuidoras eligieron no subir la tarifa eléctrica ni oportunamente ni proporcionalmente a los incrementos de sus costos. Por un lado, al Gobierno no le convenía políticamente aumentar la tarifa y por el otro, a las distribuidoras les resultaba más fácil cobrarle una compensación directamente al Gobierno que tener que hacer esfuerzos adicionales de cobro.
Al no haber aumento de tarifa oportuno, ni pago a tiempo de los subsidios, ello provocó la descapitalización de las distribuidoras. Estas a su vez, no pudieron pagar a los generadores la energía que compraban, arrastrándoles con ellas a la insolvencia. Por ésto, el sistema ha colapsado. A modo de ejemplo, durante tan sólo el mes de abril, el sistema registró un déficit de más de US$25MM, de los cuales US$4.5MM corresponden al pago mensual por concepto de la compra de Edesur y Edenorte.
Esta es la cruda realidad del sector y la razón principal del viacrucis que vive todo el país.
Otra razón, aunque en menor grado, es que el Estado no cumple con el pago de los subsidios eléctricos de los sectores más necesitados ni paga toda la luz que consume.
Por otro lado, este déficit corresponde y lo pierde en un 83% el propio Estado Dominicano, puesto que las empresas de distribución son suyas en ese porcentaje.
Dejo a ustedes, buenos entendedores, que se formen su propio criterio acerca de la situación del sector y a quien le corresponde pagar las deudas que existen.

Consideramos que la solución a los problemas del sector debe producirse por la siguiente vía:
En primer lugar, se requiere que se concilien con transparencia, claridad y celeridad todas las cuentas entre los agentes del sector eléctrico: Distribuidores, empresa de transmisión, generadores y el Gobierno. Creo que debemos dejar la discusión estéril y la desinformación de los forjadores de opinión sobre las deudas del sector. Se ha desviado la atención hacia lo irrelevante. El problema no reside en sí el Gobierno debe o no.
Segundo: Se requiere de inmediato que el Gobierno cubra el déficit mensual de las distribuidoras y los montos que adeuda por otros conceptos, para que éstas puedan pagar a los generadores y el país pueda contar con electricidad. De la misma manera, los generadores que deban a la empresa de transmisión, a otros generadores y a la CDE deberán cumplir con sus obligaciones de pago. Esto no puede esperar.
Tercero: Que el Estado y los agentes privados del sector presenten un plan coherente de sostenibilidad financiera para el sistema, que permita subsanar la descapitalización del sector eléctrico, plan éste que los organismos multilaterales puedan apoyar con asistencia financiera.


Cuarto: Proponemos que la facturación de la energía eléctrica sea transparentada y desglosada y que se separe del precio de la energía el componente de tarifa básica y el ajuste por combustible y tasa de cambio para que el consumidor final pueda entender su factura.
Ningún gobierno tiene por qué asumir el costo político de los precios de los combustibles, absolutamente ninguno, porque, que sepamos, no tenemos petróleo, y no contamos con materia prima nacional para producir ni gasolina, ni gasoil, ni energía, ni ningún combustible.
Quinto: El problema no son los costos de generación sino los precios de venta de los contratos de compra y venta de energía, que deberían ser revisados de mutuo acuerdo por expertos internacionales de reconocida solvencia ética y profesionales en la materia, que puedan garantizarle al país una negociación abierta y transparente que redunde en una reducción de los precios de la energía que compran las distribuidoras.
Si bien es necesario que se paguen los costos reales de la energía y que se indexe la misma a la devaluación, esto no puede hacerse de ninguna manera sino se indexa el poder adquisitivo de los salarios.
Se requiere también, que en el sector privado, si bien al sector público le resulta imposible en estos momentos, nos aboquemos a discutir los niveles de salarios mínimos en el Comité Nacional de Salarios.
Aclaro, que en el sector empresarial cuando se ajusta el salario mínimo del trabajador hacia arriba, esto resulta en una revisión general de todos los salarios en las empresas. De hecho, muchas empresas ya lo han hecho.
Y por último, lo más importante, hay que despolitizar la electricidad, tal como se despolitizaron los combustibles. La energía es combustible y al igual que suben los precios de la gasolina y del diesel, tenemos que reconocer en los precios de la energía las alzas y las bajas de los combustibles.
A la vez, estamos conscientes de la necesidad imperiosa de que los más necesitados cuenten con un apoyo estatal que les permita consumir sus pocas necesidades a precios subsidiados.
Por otro lado, se requiere de una campaña de concienciación acerca de que la energía no es un derecho, sino un servicio por el cual todos tenemos que pagar, y de que en la medida que todos paguemos, bajará el valor de la factura en el tiempo, porque en la actualidad los que pagamos, pagamos por los que no pagan.
Ahora bien, todo esto se resume en que hay que institucionalizar el sector eléctrico y aplicar la Ley Eléctrica. Esta ley no es perfecta, nada lo es, pero es buena. Pocos la cumplimos, pero todos tenemos que cumplirla, empezando por el Estado y sus autoridades.
Permitamos, y que el Estado permita, que las instituciones cumplan con la función para la cual fueron creadas. Tengamos un regulador, el Superintendente de Electricidad, que asuma su rol con energía, valga la redundancia y con absoluta transparencia e independencia, regulando y aplicando sanciones allí donde correspondan, para que todos cumplamos con la Ley. Institucionalizar el sector es urgente y necesario si queremos resolver el problema eléctrico de una vez por todas.
La Corrupción:
El país es signatario de la Convención Interamericana contra la Corrupción, los miembros de la OEA en la XXXIV Asamblea de la Organización de los Estados Americanos celebrada en Quito, Ecuador hace pocos días resolvieron negarle refugio a todo funcionario público o ejecutivo privado acusado en su país de origen como autor o cómplice de actos de corrupción. Asimismo, han convenido que cada país miembro de la OEA propiciará los medios para la extradición de personas perseguidas por malas prácticas en sus países, así como la repatriación de los bienes en poder de los perseguidos. Esta Declaración indica que “el compromiso con la democracia tiene que ver con la gobernabilidad democrática y la lucha contra la corrupción” y resalta que este flagelo afecta a la institucionalidad democrática y al crecimiento económico de los países. Puntualizan además que los actos de corrupción “atentan contra la confianza ciudadana, lo que compromete la estabilidad política y genera a su vez, el incremento de la pobreza”.
Hemos notado que en nuestro país, cada vez hay una masa crítica mayor de ciudadanos que repudia la corrupción, que entienden que les afecta negativamente y que están dispuestos a dar la cara para combatirla.
Es oportuno aprovechar esta iniciativa de la OEA, para fortalecer esta posición y ayudar a cada dominicano a comprender que la corrupción es la responsable de que los enfermos de Sida no reciban sus medicamentos, de que en los hospitales no haya medicinas, de que en las escuelas no haya materiales o peor aún, de que no haya suficientes escuelas ni suficientes maestros, de que la corrupción es la responsable de que el país no tenga hoy un mejor sistema de educación y de servicios de salud, entre otros.
Capitalicemos esta resolución de la OEA para fortalecer en nuestro país la Justicia, su independencia y su eficiencia, para que no refugiemos en nuestro país a aquellos responsables de actos de corrupción sean éstos públicos o privados.
Deben investigarse las denuncias de irregularidades en la Cámara de Cuentas, dos de sus miembros han renunciado por entender que hay irregularidades. Esta situación tiene que aclararse y no es suficiente mandar a hacer una auditoría. La Ley 10/04 que regula la Cámara prevé que sea una compañía privada la que la realice y que ésta deberá ser “contratada siguiendo procedimientos transparentes y públicos de selección”. Apoyamos la propuesta de que la Cámara delegue en la Comisión Bicameral de Reforma Institucional y Modernización del Congreso y la Cámara de Cuentas esta selección y que la empresa elegida tenga prestigio y aporte credibilidad al proceso de dicha auditoría con independencia. Recordemos que la Cámara de Cuentas es una de las instituciones fundamentales en la lucha anticorrupción.
Cada uno de nosotros conoce mejor que los demás un caso específico de corrupción, son tantos, que todos conocemos varios. Lo que sí nos tiene que unificar es nuestro repudio a los abusos a que nos someten los corruptos y corruptores permanentemente para que esto nos haga cambiar de actitud y los repudiemos, pues si bien es importante el sometimiento y la sanción pública, es también importante la sanción moral y el repudio social y el que los señalemos como tales permanentemente.
Repudiemos la corrupción y exijamos que en nuestro país el combate al flagelo de la corrupción sea una prioridad nacional.
Se ha dicho y se insiste que el período de transición es excesivamente largo, esto sería cierto si asumiésemos que todo Gobierno saliente actuará con desdén frente a las necesidades del país, pero podría ser totalmente incierto si el Gobierno saliente asumiese su responsabilidad como creo que sucederá, de defender los mejores intereses de los dominicanos.
Insto por tanto a que todos apoyemos los esfuerzos del Presidente Mejía por gobernarnos con responsabilidad hasta el final de su período, conscientes, como debemos de estarlo, de sus permanentes buenas intenciones y a que tome medidas para evitar que durante este período muchos de sus partidarios pretendan apoderarse de propiedades que pertenecen a todos. Estos son momentos de concertación, no de enfrentamiento.
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