Actualizaciones para teoría general del derecho y derecho constitucional, para acceso a las carreras Judicial y Fiscal






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VI. LIMITES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES


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En la doctrina es habitual encontrar el tratamiento de esta cuestión al analizar cada uno de los distintos derechos fundamentales; por ello, sin perjuicio de ese tratamiento específico, nos referiremos en este epígrafe a la cuestión en general, siguiendo básicamente el planteamiento que al respecto realiza PEREZ TREMPS.

El Tribunal Constitucional, desde la Sentencia 11/81, afirma que, como cualquier derecho subjetivo, los derechos fundamentales no son derechos absolutos que puedan ejercitarse sin límite alguno, sino que su ejercicio está sujeto a límites más allá de los cuales resulta ilegítimo. Por ello, es capital determinarlos, puesto que una excesiva amplitud en su definición podría reducir el ámbito de los derechos fundamentales hasta llegar a eliminarlos.

PEREZ TREMPS distingue distintos tipos de límites al ejercicio de los derechos fundamentales, internos y externos, y dentro de éstos, expresos e implícitos. En todos los casos, como señala CAMARA VILLAR, el Tribunal Constitucional ha afirmado que cualquier limitación de los Derechos Fundamentales debe venir justificada por la necesidad de proteger o preservar otros bienes, valores o derechos constitucionalmente protegidos (SSTC 11/1981, 2/1982 y 110/1984).

  1. Límites internos

Este primer grupo estaría formado por aquellos límites que sirven para definir el contenido mismo del derecho, resultando intrínsecos a su propia definición, y constituyendo las fronteras del propio derecho.

A modo de ejemplo, PEREZ TREMPS menciona, entre otros supuestos, como no puede invocarse el derecho a la libre circulación por el territorio nacional para justificar la colisión intencionada contra otro vehículo.

Pese a la evidencia del planteamiento, no siempre resulta tan sencillo trazar este tipo de límites, ni de deslindarlos de los límites externos. Por ello, su definición sólo puede provenir de los operadores jurídicos; al legislador le corresponde fijar las fronteras en la regulación de los derechos fundamentales; los tribunales tienen que controlar que dicho trazado sea el correcto, completándolo y adecuándolo ante las exigencias cambiantes de la realidad social mediante la resolución de los diversos problemas interpretativos y de aplicación que se puedan plantear.

  1. Límites externos

A diferencia de los anteriores, que “nacen” del propio derecho, los límites externos se imponen por el ordenamiento al ejercicio legítimo y ordinario de los derechos, pudiendo distinguir dos tipos

  1. Límites expresos

La Constitución reconoce en numerosos preceptos del Título I límites expresos al ejercicio de los derechos fundamentales, estableciéndolos en algunos casos de forma general y, en otros, respecto de derechos concretos.

Con carácter general, la Constitución establece un límite, como es el ejercicio de los derechos de los demás, consagrado en el art.10.1. Sus contornos no son precisos, por cuanto presupone la colisión del ejercicio de derechos por distintas personas, y ello conlleva, necesariamente, que la solución a este tipo de conflictos debe darse caso por caso, atendiendo a la naturaleza de los derechos en conflicto, y al uso que de ellos hayan realizado sus titulares.

Respecto de derechos concretos se dan mucho más frecuentemente este tipo de límites, y deberemos delimitar su alcance en el estudio de cada uno de los mismos. Por ejemplo, el orden público se establece como límite a la manifestación de las libertades ideológica, religiosa y de culto en el art.16; la inviolabilidad del domicilio cede en caso de delito flagrante (art.18); las libertades de expresión, de producción, creación, de cátedra y de información (art.20) tienen como límites los demás derechos del Título I y, especialmente, los derechos al honor, intimidad personal y familiar, propia imagen, así como la protección de la juventud y de la infancia (art.20.4); finalmente, el art.33.2 consagra la función social como límite del derecho de propiedad.

  1. Límites implícitos

Junto a los anteriores, el Tribunal Constitucional ha reconocido reiteradamente la existencia de otros límites que vienen impuestos por la propia lógica del ejercicio de los derechos y del ordenamiento. Ahora bien, no es admisible que cualquier bien o principio jurídicamente protegible pueda actuar como límite de los derechos fundamentales, ya que de lo contrario, sería sencillo vaciarlos de contenido mediante la invocación de esos principios o bienes.

En esta línea, el Tribunal Constitucional ha señalado que existen fines sociales que deben considerarse de rango superior a algunos derechos individuales, pero ha de tratarse de fines sociales que constituyan en sí mismos valores constitucionalmente reconocidos, y la prioridad ha de resultar de la propia Constitución (STC 22/84). En el mismo sentido, se ha indicado que los derechos fundamentales sólo pueden ceder ante los límites que la propia Constitución expresamente imponga al definir cada derecho o ante los que de manera mediata o indirecta de la misma se infieran al resultar justificados por la necesidad de preservar otros derechos constitucionalmente protegidos (STC 120/90).

De acuerdo con esta doctrina, no sería aceptable invocar principios vagos e imprecisos, como el bien común, para justificar la limitación de derechos fundamentales, ya que ésta sólo puede basarse en la existencia de otro bien constitucionalmente protegido. No es ésta una tarea fácil, ya que se ve dificultada por la característica generalidad de los preceptos constitucionales; como criterio hermenéutico, la doctrina insiste en la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, que implica la interpretación restrictiva de sus límites.

En la interpretación de los límites de los derechos fundamentales, CÁMARA VILLAR, partiendo de la remisión del art.10.2 a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y al resto de tratados internacionales suscritos por España en la materia, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio de Roma, observa cómo en ellos se establece que “en el ejercicio de sus derechos y el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la Ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en la sociedad democrática” (art.29.2 DUDH). De esta forma se configura un marco dentro del cual el legislador puede establecer los límites para el ejercicio de los derechos, siempre que la finalidad perseguida esté constitucionalmente protegida; dicho de otro modo, que existen claros límites para el legislador en la limitación de los derechos y libertades fundamentales.

Uno de estos límites a la posibilidad de limitación es el contenido esencial del derecho (art.53.1 CE), cuestión a la que no es posible responder de forma general y apriorística, sino caso por caso, siguiendo los criterios proporcionados por el Tribunal Constitucional. También destaca el autor el juego del principio de proporcionalidad, que ha venido a completar las orientaciones jurisprudenciales, y que opera en una triple dimensión:

    1. Las limitaciones que se establezcan en relación con cualquier derecho no pueden obstruirlo más allá de lo razonable (SSTC 53/86 y 120/90)

    2. Las medidas limitadoras han de ser racionales, adecuadas y razonables en orden a la consecución del fin perseguido, que ha de estar constitucionalmente amparado (STC 62/82).

    3. La restricción resultante del derecho ha de ser proporcional a la situación en que se halle aquel a quien se impone, incluso en los casos en los que los sujetos titulares de los derechos en cuestión se encuentren en una situación de las llamadas de sujeción especial (SSTC 37/89 y 120/90)

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