Actualizaciones para teoría general del derecho y derecho constitucional, para acceso a las carreras Judicial y Fiscal






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V. EFICACIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, EN PARTICULAR EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES


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Prescindiendo de antecedentes más remotos, DE ESTEBAN considera que el concepto moderno de los derechos fundamentales comienza claramente cuando los derechos abstractos reconocidos de forma inconexa entraron a formar parte de las Constituciones, convirtiéndose así en reglas jurídicas. Ahora bien, este reconocimiento no implica por sí mismo la garantía y eficacia de los derechos proclamados, puesto que en la mayoría de los casos, no existían instrumentos jurídicos para hacerlos efectivos.

En relación con la eficacia de los derechos fundamentales, CAMARA VILLAR distingue entre su eficacia directa e inmediata, eficacia mediata y eficacia en las relaciones entre particulares, planteamiento que asumimos en la exposición.

1. Eficacia directa e inmediata de los derechos fundamentales frente a los poderes públicos

Los derechos y libertades fundamentales constituyen derecho directamente aplicable y, por ello, vinculan como dice el art.53.1, a todos los poderes públicos, lo que no deja de ser una reiteración específica para el caso de los derechos de la previsión del art.9.1 CE; por ello, los derechos fundamentales son origen inmediato de derechos y obligaciones, y no meros principios programáticos, no existiendo más excepciones a este principio de aplicación inmediata que las que la propia CE establezca, o las que la legislación de desarrollo introduzca, respetando siempre su contenido esencial, que el legislador completará y desarrollará (SSTC 15/1982 y 254/1993).

Los derechos fundamentales son verdaderos derechos subjetivos que permiten a su titular su exigencia ante los tribunales frente a los poderes públicos cuando su derecho haya sido conculcado; es decir, los derechos fundamentales desarrollan constitucionalmente frente al poder público una eficacia vinculante que tiene carácter inmediato y directo.

Por ejemplo, el derecho a la objeción de conciencia del art.30.2 CE no se pudo hacer efectivo hasta que se reguló en 1984, pero ello no significó que los declarados objetores quedaran en desamparo hasta entonces, sino que su incorporación al servicio militar quedó suspendida sine die hasta que el legislador estableciera el desarrollo necesario para que el derecho a la objeción de conciencia fuera plenamente operativo y eficaz. De otra forma, el contenido esencial del derecho hubiera sido vulnerado por la inacción del Estado.

Esta eficacia directa e inmediata, establecida como principio general, debe matizarse según la estructura de la norma concreta que regule el derecho, que en ocasiones, puede modular la eficacia del derecho reconocido. El ejercicio de los derechos fundamentales en ocasiones puede depender de que su titular sea nacional o extranjero, persona física o jurídica, por ejemplo. Se discute en este caso si la vinculación estricta de los poderes públicos a los derechos fundamentales opera también en los casos en los que el Estado actúa sometido al Derecho privado en relaciones de estas características; a lo que la doctrina mayoritariamente responde que sí, puesto que de lo contrario, estaríamos admitiendo una reserva extraconstitucional en la que el Estado pudiera librarse arbitrariamente de la vinculación a los derechos fundamentales.

2. Eficacia constitucional mediata de los derechos fundamentales

La eficacia constitucional de los derechos fundamentales tiene una proyección mediata en tanto que con su reconocimiento y protección no sólo se trata de garantizar el respeto de los poderes públicos a los derechos fundamentales, sino también de conseguir su plena efectividad, por lo que la acción de los poderes públicos ha de estar orientada a hacerla posible, tal como ha reconocido el TC (SSTC 53/1985, 129/1989 y 181/2000), al afirmar que la vinculación de los poderes públicos a la Constitución no sólo implica la obligación del Estado de no lesionar los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que también debe contribuir a su efectividad; y ello obliga especialmente al legislador, que debe establecer los mecanismos o supuestos de defensa de los derechos fundamentales.

3. Eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares

El hecho de que la jurisdicción, como poder público, esté vinculada por los derechos fundamentales nos plantea la cuestión de cómo compatibilizar en el ámbito civil el principio general de la autonomía de la voluntad que rige en las relaciones entre particulares con la eficacia de los derechos fundamentales en esas mismas relaciones.

Tradicionalmente, los derechos fundamentales sólo regían en las relaciones entre el individuo y el Estado; este planteamiento necesariamente debe ser revisado en el Estado constitucional democrático, donde la Constitución vincula a todos, poderes públicos y ciudadanos, y en el que no es posible sostener sin más que los derechos fundamentales carezcan de eficacia frente a terceros, siendo el legislador y la jurisdicción los cauces ordinarios a través de los que se hace normalmente posible esta eficacia.

En efecto, el legislador está concernido con la regulación de las relaciones sociales conforme al respeto de los derechos fundamentales, mientras que los jueces y tribunales están obligados a respetar y a dotar de eficacia en tales relaciones a los derechos fundamentales, por los que se encuentran vinculados como poder público.

Partiendo de su consideración como elementos esenciales del ordenamiento jurídico, y no como meros derechos subjetivos de sus titulares, los derechos fundamentales han de tener operatividad en el Derecho común funcionando como principios o cláusulas generales que influyen y modulan a los principios y reglas que rigen las relaciones privadas entre particulares, e influyen y modulan el desarrollo concreto en esas relaciones del derechos fundamentales de que se trate. En este sentido, se habla de la eficacia horizontal o social de los derechos fundamentales, dirigida a preservar también en el ámbito privado un contenido mínimo de libertad, de dignidad y de igualdad, que podría verse perjudicado o vulnerado en las relaciones entre particulares. Pensemos, por ejemplo, en las relaciones en las que actúan como sujetos grupos privados de gran poder económico y social, en situaciones de cuasi monopolio, o en las relaciones laborales entre trabajador y empresario.

En los casos en que tales contenidos mínimos pudieran verse afectados, sobre el legislador recae la primera obligación de regular normativamente estas relaciones de forma que en ellas siempre queden preservados y garantizados los derechos fundamentales. Si ello no se produjera, o lo fuera de forma imperfecta, debe entrar en juego la doctrina de la eficacia social u horizontal de los derechos fundamentales, para hacer efectivo el sistema axiológico que para el Estado constitucional democrático conforman los derechos fundamentales, estableciendo los caminos para que quienes hayan visto lesionados sus derechos puedan obtener su tutela del poder judicial.

Además, existen algunos derechos fundamentales cuyas garantías constitucionales se predican de manera específica directamente frente a particulares, como sucede en los derechos que protegen el honor, la intimidad personal y familiar, y la propia imagen (art.18 CE). En la mayoría de los casos, las violaciones de tales derechos vendrán cometidas por particulares y no por poderes públicos.

En la actualidad, esta doble concepción sobre la eficacia de los derechos fundamentales (inmediata frente a los poderes públicos, y mediata frente a los particulares) está siendo revisada por la doctrina, ya que se entiende que la superación del Estado liberal y su evolución al Estado social y democrático de Derecho implica necesariamente la vinculación inmediata y directa tanto de los poderes públicos como de los ciudadanos a los derechos fundamentales, partiendo de la superación de la teoría de los derechos públicos subjetivos, y la asunción de la doble naturaleza, subjetiva y objetiva, de los derechos fundamentales con la que éstos son concebidos este modelo de Estado. En la CE, esta revisión encuentra fundamento en preceptos como 1.1, 9.1, 9.2, 10.1, 53.1 y 53.2, además de la consideración general del carácter normativo de la misma.

En las relaciones entre particulares, el Estado no sólo es sujeto pasivo, sino también el sujeto general obligado como referente protector del conjunto del sistema de los derechos fundamentales. Ahora bien, ya que los derechos fundamentales también vinculan directamente a los particulares, nos encontraremos con dos sujetos titulares de derechos fundamentales que interactúan en el marco del principio de la autodeterminación de su voluntad, lo que introduce un contexto funcional susceptible de modular la eficacia directa de los derechos fundamentales, y los modos concretos de hacerlos efectivos mediante normas procesales, sin que ello pueda suponer hacer desaparecer en estas relaciones los requerimientos de la libertad y la dignidad de las personas.

DE ESTEBAN y GONZALEZ TREVIJANO afirman que los derechos fundamentales nacen sobre todo como un instrumento para la limitación del poder estatal, a fin de preservar una esfera propia de los ciudadanos; poseyendo una doble perspectiva; por un lado, desde el punto de vista jurídico-subjetivo, tendrían como misión impedir las injerencias del Estado en la esfera jurídica-individual; por otro, desde el punto de vista jurídico-objetivo, implicaban el reconocimiento de determinadas competencias que debía llevar a cabo el Estado.

Esta perspectiva inicial se ha completado con el hecho de que los derechos actuales no sólo se ejercen frente al Estado, sino también frente a terceros o particulares. En este sentido, es consecuente el art.9.1 CE al señalar que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. No obstante el art.41.2 de la LOTC, cuando regula el recurso de amparo para la protección de los derechos fundamentales, únicamente reconoce la viabilidad de este recurso frente a las violaciones de los derechos fundamentales que hayan originado los poderes públicos, pero no frente a las violaciones de otros particulares.

Por ello, para resolver esta laguna surgió en Alemania la doctrina de eficacia de los derechos frente a terceros, que lentamente ha sido admitida igualmente por el Tribunal Constitucional español, a partir de la Sentencia de 22 de junio de 1983, que se apoya igualmente en el art.10.1 CE, al señalar que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto de la ley y de los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

Ahora bien, la eficacia de los derechos fundamentales no puede ser la misma frente al Estado que frente a terceros; en el primer caso es inmediata, mientras que en el segundo aparece más como mediata o indirecta. Como reconoce la STC 18/1984, los derechos fundamentales vincularán a los particulares en la medida en que los poderes públicos hayan definido su alcance; precisamente éste debe ser el cometido del legislador y de los tribunales, debiendo velar porque también los particulares respeten los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. De esta forma, si se produce una violación de los derechos fundamentales entre particulares, que no es resarcida por el órgano judicial al que se solicita protección, el Tribunal Constitucional debe otorgar su amparo frente a la sentencia que no restableció el derecho fundamental conculcado.

Por su parte, PEREZ LUÑO defiende la necesidad de extender la aplicación de los derechos fundamentales a las relaciones entre particulares, sobre la base de dos argumentos: el primero, en un plano teórico, por la exigencia lógica de coherencia interna del ordenamiento jurídico, lo que constituye, al propio tiempo una consecuencia del principio de seguridad jurídica; el segundo obedece al imperativo político del mundo actual, en el Estado ya no es el único poder capaz de vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que han surgido toda una serie de poderes fácticos socioeconómicos, frente a los que es preciso articular mecanismos de protección de los derechos y libertades.
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