Actualizaciones para teoría general del derecho y derecho constitucional, para acceso a las carreras Judicial y Fiscal






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III. LOS DERECHOS INHERENTES A LA PERSONA Y DERECHOS FUNDAMENTALES


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1. Introducción

En la doctrina, tradicionalmente, se suele distinguir dentro de las constituciones un doble contenido: por un lado organizan el poder del Estado y, por otro, definen los criterios fundamentales que han de configurar esa organización y su funcionamiento, en especial, en sus relaciones con los individuos. Son, respectivamente, las denominadas parte orgánica y parte dogmática (PEREZ TREMPS).

La declaración de derechos forma parte de la parte dogmática, representando el núcleo esencial de una constitución. En las declaraciones de derechos se definen los límites materiales que la dignidad humana impone al poder público, determinando, a la vez, los fines básicos que dicho poder debe perseguir en su acción diaria.

Los derechos fundamentales son, por tanto, un elemento estructural del Estado de Derecho de manera que difícilmente pueden concebirse ambos como realidades separadas: sólo allí donde se reconocen y garantizan los derechos fundamentales existe Estado de Derecho y sólo donde está establecido el Estado de Derecho puede hablarse de auténtica efectividad de los derechos fundamentales. Prueba de ello es la evolución absolutamente pareja que han experimentado ambos conceptos, renovándose y completándose.

2. Concepciones

ALVAREZ CONDE las sintetiza en la siguiente enumeración:

  1. La concepción liberal, que concibe los derechos fundamentales como algo anterior a toda organización estatal, la cual debe abstenerse de su regulación.

  2. La concepción institucional, que concibe a los derechos fundamentales no como atributos subjetivos, sino como una constelación objetiva. Los derechos fundamentales se encuentran subordinados a la institución a la cual deben servir.

  3. La concepción axiológica, que supone que los derechos fundamentales se convierten en una especie de código axiológico que penetra el significado de todo el ordenamiento jurídico. De este modo, los derechos fundamentales vienen a incorporar el sistema de valores aceptados generalmente por los miembros de la comunidad, adquiriendo al propio tiempo la condición de normas objetivas.

  4. La concepción funcional-democrática, que destaca la contribución de los derechos fundamentales al proceso democratizador. No son libertades frente al Estado, sino en el Estado.

Desde otro punto de vista, ALVAREZ CONDE destaca como, a fin de superar la dialéctica iusnaturalismo/positivismo, se ha hablado de la concepción dualista de los derechos fundamentales, destacando su doble condición de valores y de derechos. Esta concepción parece haber presidido nuestra primera jurisprudencia constitucional, como se destacó en la sentencia 25/1981, de 14 de julio.

Ambas dimensiones, la objetiva o axiológica, y la subjetiva o individual, de los derechos fundamentales, han de tenerse constantemente presentes a la hora de entender e interpretar la realidad político-constitucional tanto por su última interdependencia, como por esa característica consistente en ser elemento estructural del Estado Social y Democrático de Derecho.

Como consecuencia de esta concepción, se establece que la efectividad de los derechos fundamentales debe ser asumida también por el Estado, aunque no exista una pretensión jurídica por parte del ciudadano.

PEREZ ROYO define los derechos fundamentales como los derechos naturales constitucionalizados sobre la base del principio de la soberanía popular. Por ello, no basta un mero reconocimiento en el texto de la constitución, sino que deben incorporarse a una Constitución que se afirme expresamente como norma jurídica y que prevea mecanismos para garantizar su supremacía sobre todas las demás normas del ordenamiento y, en particular, sobre la ley. Los derechos fundamentales están, desde este punto de vista, en íntima relación con las garantías constitucionales.

En este punto se afirma que los ciudadanos son titulares de todos los derechos constitucionales sin excepción, mientras que los extranjeros no lo son. Son titulares de los derechos naturales indiscutibles (vida, libertad personal, intimidad….), y pueden serlo de los demás en función de la decisión que haya tomado en cada caso el poder constituyente.

PEREZ ROYO afirma que los derechos fundamentales son expresión de la naturaleza humana y de la técnica jurídica, esto es, a la vez naturales y artificiales.

El propio carácter de los derechos fundamentales como naturales ha sido un obstáculo para su reconocimiento constitucional, por dos motivos:

En primer lugar, se llegó a considerar que la inclusión de un listado de derechos en las Constituciones podía suponer una restricción en lugar de una ampliación de los mismos, o una garantía para su protección.

Se entendía, como los federalistas americanos, que el reconocimiento de una lista de derechos podía suponer un peligro, en tanto cabía suponer que todo derecho no incluido quedaría a disposición del Gobierno.

En segundo, porque los derechos naturales, por el simple hecho de serlo, eran tan obvios que no se entendía que hubiera que poner por escrito lo que era evidente y debía estar por encima de cualquier discusión.

Es la posición que Castelar defendió en las Cortes constituyentes de 1869. La inclusión de los derechos en la Constitución es un síntoma de barbarie, en lugar de ser un indicador de progreso y civilización.

No obstante, el propio curso de los acontecimientos históricos ha demostrado más allá de toda duda la equivocación de quienes se oponían a la constitucionalización de los derechos. De un lado, la constitucionalización de los derechos ha supuesto la constante ampliación de los originarios derechos naturales del hombre; de otro, las experiencias vividas en tiempos de totalitarismo justifican ampliamente la necesidad de reconocimientos y garantías, por muy obvias que sean las declaraciones.

Esta posición iusnaturalista extrema, como vemos, no se ha impuesto en la práctica, pero ha dejado huella en los textos constitucionales. En efecto, los derechos naturales han sido constitucionalizados, pero sin por ello perder su carácter natural, es decir, previo al Estado y a la Constitución, como se aprecia claramente en la Ley Fundamental de Bonn, para la que la dignidad del ser humano y los derechos humanos inviolables e inalienables son la base sobre la que se elevan los derechos fundamentales, definiendo entonces cada uno de ellos. Esta definición inicial no es susceptible de reforma constitucional alguna, lo que lleva a PEREZ ROYO a afirmar que la naturaleza humana en su núcleo esencial es un límite para el poder artificial en que el Estado consiste.

En este carácter de los derechos como “fundamentales” y “naturales” simultáneamente descansa la llamada teoría del doble carácter de los derechos fundamentales, formulada por HESSE, y aceptada por la jurisprudencia constitucional alemana y española, desde sus primeros pronunciamientos (STC 25/1981)

Con ella se afirma que los derechos operan como delimitadores de la esfera de libertad personal de ciudadano y, por otra, como elementos constitutivos del ordenamiento de los poderes del Estado.

Como derechos subjetivos, suponen la concreción de lo que en cada momento se considera que debe entenderse por dignidad del ser humano que, a juicio de PEREZ ROYO, no son exclusivamente los derechos de la naturaleza humana originaria, sino los derechos de la naturaleza humana civilizada, al entender que necesariamente deben incluirse determinados derechos de prestación que exigen una intervención positiva del Estado, no su mero reconocimiento.

Como elementos objetivos del ordenamiento, los derechos operan en un doble sentido:

  1. El Estado sólo tiene sentido en cuanto expresión política de una sociedad integrada por individuos “dignos”, titulares de derechos que pueden autodeterminarse.

  2. El poder del Estado encuentra su origen en los propios derechos fundamentales. A través de los derechos de sufragio y asociación política, son los ciudadanos los que deciden la composición y funcionamiento de los poderes “políticos”; a través del acceso a la justicia, hacen funcionar el poder “jurídico” del Estado.

TORRES DEL MORAL, entiende que el sistema de derechos de un Estado social y democrático de Derecho se inspira en valores (elemento axiológico), los refleja en normas jurídicas (elemento jurídico), y se dirige a la satisfacción de las crecientes demandas del ser humano actual (elemento antropológico), y los valores se conjugan y adquieren consistencia jurídica en la medida en que se encuentran incorporados en el sistema de derechos de este tipo de Estado.

Este es el tratamiento que el TC hace de de la fundamentación de los derechos. Afirma que los derechos fundamentales responden a un sistema de valores y principios de alcance universal que subyacen a la Declaración Universal y a los convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por España y que, asumidos como decisión constitucional básica, han de informar todo nuestro ordenamiento jurídico. (STC 21/1981, de 15 de junio)
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