Actualizaciones para teoría general del derecho y derecho constitucional, para acceso a las carreras Judicial y Fiscal






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II. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA


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1. Introducción

La dignidad de la persona es inherente a la propia noción de persona como tal; para DE ESTEBAN y GONZALEZ TREVIJANO este planteamiento requiere, como mínimo, la aceptación de tres postulados:

  1. La supremacía del ser humano en el mundo significa que todos los hombres, por ser personas, tienen que ser iguales en dignidad.

  2. La persona conserva esa dignidad hasta el mismo momento de su muerte, por encima de cualquier circunstancia, tiempo o lugar.

  3. A la persona no se le puede sustraer su personalidad, pues ésta, concebida como dignidad de la persona, debe ser intocable. Por ello, es misión fundamental del Derecho garantizar su respeto en las relaciones recíprocas entre las personas, y entre el Poder y las personas, cualesquiera que sean éstas.

No obstante su elementalidad, tales postulados no han convertido a la dignidad de la persona en un concepto especialmente reconocido por las diversas Constituciones hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, cuando la idea comenzó a introducirse en los textos internacionales sobre derechos fundamentales.

A) Precedentes internacionales

El primero de ellos es la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948; en ella, como destacan los autores citados, la dignidad se menciona en tres pasajes; el Preámbulo, el art.1, y el art.23.3, situándola en la base del reconocimiento de los demás derechos.

Este primer documento influyó decisivamente en otros muchos textos, tanto internacionales, como constituciones de diversos Estados. En relación con los primeros, cabe señalar que la dignidad de la persona es reconocida por la mayoría de los documentos internacionales posteriores a la Declaración Universal; cabe destacar el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, firmado en Nueva York el 19 de diciembre de 1966, que llega a afirmar que los derechos que reconoce derivan de la dignidad inherente a la persona humana.

B) Recepción en el constitucionalismo comparado

La recepción del concepto se debió a tres factores sobresalientes, como fueron la hecatombe que para la humanidad supuso la II Guerra Mundial; el posterior proceso de descolonización, que exigía el tratamiento igual de todos los pueblos; y la influencia de ciertas doctrinas sociales, como la pontificia, que lo asumieron y proyectaron.

Estos tres factores, unidos al enunciado de la Declaración Universal, condujeron a adoptar el concepto de la dignidad de la persona en Constituciones muy diversas, como la Ley Fundamental de Bonn, y la Constitución portuguesa de 1976.

C) Constitucionalismo español

Hasta la Constitución de 1978, salvo raras excepciones que no llegaron a tener aplicación práctica, como fueron el Proyecto de Constitución de la Primera República, y dos de las Leyes Fundamentales del régimen franquista (Fuero de los Españoles, y Fuero del Trabajo), nuestros textos fundamentales han ignorado la dignidad de la persona como concepto.

D) Ámbito comunitario

En la actualidad, no es discutible la relevancia adquirida por el concepto en el constitucionalismo europeo contemporáneo, y prueba de ello es la preeminencia que se le ha dado en el proceso de integración europeo. Así se desprende de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Niza en diciembre de 2000, que afirma que “la dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida”.

2. El artículo 10 de la Constitución de 1978

Con los anteriores precedentes, no es extraño que los constituyentes de 1978 decidieran abrir el Título I de la Constitución con la declaración del art.10, cuyos dos apartados se refieren a la dignidad de la persona, ya que en el primero se la cita expresamente, y en el segundo se remite a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás tratados internacionales ratificados por España como referentes en la interpretación de los derechos fundamentales.

Por ello, y partiendo del valor normativo inmediato de los preceptos constitucionales, DE ESTEBAN y GONZALEZ TREVIJANO analizan los siguientes aspectos de la dignidad de la persona.

A) Concepto

La doctrina constitucional no ha establecido todavía un concepto satisfactorio en todo caso de la dignidad de la persona, pese a la importancia de la misma; paradójicamente, aunque no se ha podido determinar en qué consiste, si se ha establecido de forma clara cuándo se vulnera su contenido.

Diversas dificultades impiden definir, en abstracto, el concepto: no es posible, en primer lugar, sustraerse a la condición ideológica desde la que nos acerquemos al concepto; no puede ser, tampoco, un concepto absoluto, ya que afecta de forma diversa al hombre y la mujer, por ejemplo; también es indudable que estamos ante un concepto cambiante en el tiempo, y que también viene determinado por el contexto en el que la actuación que puede afectar a la dignidad debe ser analizada; por último, es indudable que la referencia más decisiva la tiene el propio individuo afectado, puesto que si la dignidad protege el sentimiento de autoestima de la persona, habrá que atender necesariamente a lo que ésta piense de sí misma. Todo ello nos da una idea de la dificultad de trazar un concepto de la dignidad de la persona.

Por ello, y optando por la versión práctica, operativa y necesariamente provisional de lo que en la actualidad podemos entender por dignidad, los autores la definen como el respeto debido a toda persona, por encima de sus circunstancias propias, y que prohíbe cualquier tratamiento que pueda suponer un menoscabo en el ejercicio de sus derechos fundamentales.

B) Naturaleza jurídica

La Constitución de 1978 la consagra en el art.10, lo que no permite considerarla un derecho fundamental “autónomo”, como en el caso alemán. Ahora bien, su inclusión en el texto constitucional conlleva su fuerza vinculante, tanto para los poderes públicos como para terceros, aunque debemos precisar su valor jurídico.

Los autores lo consideran un presupuesto ontológico de nuestro régimen constitucional, cuyo valor jurídico se despliega en una triple función, como señala RUIZ-GIMENEZ:

  1. En una función legitimadora del orden político, ya que el régimen constitucional español estará legitimado en la medida en que respete y tutele la dignidad de las personas.

  2. En una función promocional, ya que no tiene un contenido estático, sino dinámico, sometido a constante evolución y enriquecimiento.

  3. En una función hermenéutica, según la cual la dignidad de la persona debe convertirse en una pauta interpretativa de todas las normas del ordenamiento jurídico.

C) Protección jurisdiccional de la dignidad de la persona

Si la dignidad de la persona no un derecho fundamental autónomo, sino un presupuesto ontológico de nuestra Constitución, necesariamente habría de tener una protección especial y superior a la prevista para los demás derechos. Sin embargo, la Constitución no sólo omite esta protección especial, sino que excluye la dignidad humana de la protección establecida en el art.53.

No obstante, es unánime en la doctrina su consideración como presupuesto ontológico, como valor superior, lo que, conforme al art.9, implicaría la vinculación de los ciudadanos y de los poderes públicos a la misma. La cuestión radica entonces en buscar las vías para preservar la dignidad de la persona, lo que se produce en dos niveles, abstracto y en relación con otro derecho.

  1. Protección en abstracto

Desde este punto de vista, cuando una norma con rango de ley contenga algún elemento contrario a la dignidad de la persona caben tres opciones:

    • Si es una ley anterior a la CE, debe considerarse derogada.

    • Si es posterior, cabe interponer recurso de inconstitucionalidad, alegando violación del concepto de la dignidad de la persona, que deberá ser declarado por el TC

    • Cualquier tribunal, al aplicar una norma posterior, puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad, que debe resolver el TC.

Esta interpretación es congruente con la doctrina del Tribunal Constitucional, en diversos autos de inadmisibilidad, al afirmar que la dignidad de la persona no es un derecho fundamental autónomo, susceptible de amparo constitucional.

  1. Protección en relación con otro derecho.

Probablemente en todos los derechos fundamentales se halla comprendido un núcleo de dignidad personal (VON MÜNCH), aunque es evidente que hay algunos de ellos en los que esta dimensión del ser humano se hace más patente, como en los casos de la igualdad del art.14, la vida e integridad física y moral (15) las libertades ideológica, religiosa y de culto (16), la libertad personal (17), el honor, intimidad personal y familiar y la propia imagen (18), la libertad de expresión (20), la educación (27), o la objeción de conciencia (30).

En tales casos, la protección de la dignidad de la persona mediante el recurso de amparo requiere reconducir la infracción del art.10 a la lesión de alguno de los derechos especialmente protegidos, ya que serán pocos los supuestos de atentados a la dignidad de la persona que queden de esta forma sin la garantía del amparo constitucional (GONZALEZ PEREZ)
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