Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Filosofía y Letras






descargar 103.95 Kb.
títuloUniversidad Nacional Autónoma de México Facultad de Filosofía y Letras
página2/3
fecha de publicación07.03.2016
tamaño103.95 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Ley > Documentos
1   2   3
2ª. sesión.

INSTITUTO DE Seguridad Y SERVICIOS SocialES PARA LOS TRABAJADORES DEL Estado.

ISSSTE




Introducción.


La idea original de la elaboración de este trabajo, surge por iniciativa de la Secretaría de la Presidencia, la cual a finales del ano de 1973 hizo patente su invitación al titular de éste Organismo, a efecto de elaborar una obra sobre las disposiciones de Seguridad Social, cuyo contenido emanara fundamentalmente de los informes que los titulares del Ejecutivo Federal, han rendido a la Nación, desde la consumación de la Independencia hasta arribar a la administración del actual régimen presidencial.

En esta Institución, en que se cumple con la responsabilidad de proporcionar los servicios y prestaciones de Seguridad Social a los trabajadores que el Estado tiene a su servicio desde el año de 1925, las autoridades, conscientes de la importancia que representaría para la misma el desarrollo de un tema de esta índole, dispusieron la elaboración del presente trabajo, que modestamente ponemos a consideración de las autoridades, trabajadores y a la opinión pública en general, aclarando que su contenido presenta únicamente un avance de las realizaciones dentro del enorme campo de la Seguridad Social y particularmente del área que se estudia.

Si bien las disposiciones sobre la materia, tomadas de los informes presidenciales, contienen un cúmulo de información valiosísima, sólo reflejan una síntesis de lo realizado. El llevar a cabo un análisis sobre los alcances, objetivos y magnitud de ésta dependencia sería objeto de un trabajo extenso, capaz de exponer la enorme trascendencia que la Seguridad Social tiene y pueda tener en la vida económica, política y social del país.

Este trabajo intenta únicamente indicar las medidas que sobre Seguridad Social se han adoptado en favor de los servidores públicos, inscribiendo los hechos políticos, económicos y sociales, fruto obtenido de los regímenes revolucionarios, sin eludir las medidas adoptadas en los periodos precedentes al movimiento armado de 1910. A través del avance obtenido a raíz de la creación de la Dirección de Pensiones Civiles de Retiro el 12 de agosto de 1925, se efectúa un recorrido sobre la evolución de la dependencia en todas sus fases y comprende su nacimiento, desarrollo y madurez institucional.

Para cumplir nuestro propósito, basamos la investigación en la obra editada por la XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados, titulada Los presidentes de México, ante la Nación, informes, manifiestos y documentos de 1821 a 1966, asimismo, se recurrió a la revisión de los informes rendidos ante el Congreso de la Unión por los titulares del Ejecutivo Federal en los años de 1967 a 1976.

El método utilizado en este trabajo es sencillo, no obstante, ser guión obligado en toda investigación científica, pretende abordar la realidad objetiva de la Seguridad Social, relacionándola con cada uno le los periodos históricos de la Administración Pública del País, y con el pensamiento sobre la materia de los que tuvieron el honor de presidir los destinos de la Nación.

Además del análisis de la obra descrita, recurrimos a las disposiciones de carácter jurídico que han regulado la materia, así como a publicaciones editadas por este Instituto y a la bibliografía que se presenta al final del trabajo.

Con estos elementos se pretende estudiar los principios rectores de la Seguridad Social de los trabajadores al servicio del Estado expuestos con suficiente claridad en las leyes que han regido a la Institución. Finalmente, las disposiciones objeto de este trabajo, que extraídas del documento citado en párrafos anteriores, se enmarcan en cada una de las etapas históricas por las que ha atravesado el Estado Mexicano desde el periodo Independiente a la Restauración de la República y de ésta al movimiento armado de 1910. Consecuentemente con la promulgación de la Constitución Política de 1917, arribamos al Decreto por el que se crea la Dirección de Pensiones Civiles de Retiro, como organismo formal para proporcionar la Seguridad Social a los trabajadores al servicio del Estado.

Es a partir de esta fecha en que se pueden señalar avances importantes comparados a los periodos precedentes, si bien, la población amparada y los recursos disponibles para protegerla en esa fecha, son significativos, los logros alcanzados en la actualidad rebasan las metas propuestas por sus creadores.

Es evidente que la marcha ascendente de la Seguridad Social en nuestro País, particularmente la que se otorga a los servidores públicos, ha estado sujeta a los grandes acontecimientos económicos, políticos y sociales que han dado marco a nuestra historia, desde la creación del Estado. Sin embargo, las características impresas en cada etapa histórica, están ligadas a las diferentes formas de producción y organización social por las que ha recorrido el pueblo mexicano, desde el Imperio de la Gran Tenochtitlán, hasta el México de nuestro tiempo.

Así, en la época prehispánica encontramos un indicio de la Seguridad Social en nuestros antepasados. La existencia de estos antecedentes imprime a nuestro sistema de Seguridad Social, un sello particular que en la actualidad es modelo universal.

Los antiguos mexicas practicaron diversos principios que encuadran en la Seguridad Social. Tal es el caso de la acción masiva en favor del Calpulli, o la incipiente solidaridad surgida por la afinidad en el quehacer de los Pillis, Macehuales y Pochtecas.

En la época pre-colombina, el Calpulli es el tipo de organización a través de la cual se otorga cierta seguridad a los miembros que la integran. De éste se desprenden elementos que le son propios a la actual Seguridad Social.

Las Cajas de Comunidades Indígenas, constituyeron una de las herencias tomadas por la colonia directamente de la experiencia y la realidad autóctona de nuestro pueblo; dichas cajas se formaban con fondos de ahorro común destinados a los servicios municipales y religiosos de la comunidad, enseñanza, atención médica gratuita, protección para los ancianos y desvalidos, y fomento agrícola con la concesión de créditos.

En el periodo colonial resalta el sistema de contraprestación con el que se establecen cuotas destinadas a cubrir los riesgos por anticipado; este sistema, tiene su origen precisamente en las cajas de comunidades indígenas de origen netamente mexicano y en las cofradías de origen español. Aquéllas fueron lo único -según se ha dicho- que en esta materia apareció en las Indias, sin tener nada que calcar del modelo peninsular.

Las primeras ordenanzas promulgadas en la metrópoli en favor de los nativos de la Nueva España fueron las Leyes de Burgos dictadas en 1712 y que contenían prestaciones como dos periodos de trabajo al año con duración de cinco meses y entre ambos 40 días de licencia al indio, para que durante ellos pudiera cuidar de sus propios bienes; alimentación proporcional al trabajo realizado; evitar los trabajos pesados a los niños y a mujeres embarazadas; dignificación del trabajo de los capataces y designación de visitadores destinados a inspeccionar el debido cumplimiento de estas leyes.

En esta época encontramos también disposiciones tendientes a la Seguridad Social de los servidores públicos. En 1761 se crea un Montepío para la asistencia social de los trabajadores del Virreinato. En 1776 el régimen se hace extensivo a las viudas y huérfanos de los empleados de los ministerios de Justicia y de la Real Hacienda, mediante el Reglamento para la Organización de Oficinas y para la Aplicación de la Ley de 1761. Sin embargo la protección del Estado -como puede verse- no era general.

Durante la Independencia, desde sus inicios, se establecen una serie de principios y demandas que hoy forman parte de muchos programas de Seguridad Social; así, en los Sentimientos de la Nación Morelos sienta las primeras bases: que se moderen la opulencia y la indigencia, que se 'mejore el jornal del pobre, que se mejoren sus costumbres, que se aleje la ignorancia.

Los deseos de nuestros primeros libertadores no se ven fecundados inmediatamente. En la Constitución de 1824, aparece reglamentada por vez primera, dentro de las facultades del Congreso General una mención que permite conocer la existencia de retiros y pensiones para los empleados públicos de la Federación. En noviembre del mismo año ante el estado desastroso de los montepíos, el Gobierno decide liquidarlos y se hace cargo del pago de las pensiones a los funcionarios con derecho para ello.

Por Ley de 1832, las pensiones se hacen extensivas a las madres de los servidores públicos y en 1834, por Decreto del 12 de febrero, se otorga el derecho a pensión a los cónsules mexicanos, a la vez que se reconoce la jubilación por incapacidad.

Más adelante de nuestra historia, en noviembre de 1856, se concede a los empleados de correos una jubilación de $ 12.00 mensuales como compensación de los peligros que corrían de perecer en manos de los bárbaros como el mismo Decreto los llamaba.

En el periodo de la Reforma, los pasos hacia una Seguridad Social integral se consolidan. La Constitución de 1857 precisa algunas medidas que tienden al mejoramiento del bienestar familiar del servidor público, pero infortunadamente no se llega a señalar regla determinada y su aplicación general muchas veces dependerá de la concesión graciosa de la autoridad. No se puede negar, sin embargo que a partir de este momento, el proceso es irreversible, si bien algunas veces la reacción nacional logra disminuir el ritmo de ascenso propuesto por las grandes mayorías.

La Ley Reglamentaria de la Instrucción Obligatoria en el Distrito Federal y los Territorios de Tepic y Baja California es lo único sobresaliente en materia de Seguridad Social durante el porfiriato.

En ella se concede la pensión a los profesores con más de 30 años de servicios y siempre que hubieren cumplido sus cargos satisfactoriamente.

En este contexto, en 1898 la Ley de Educación Primaria dispone el otorgamiento de pensiones en los términos que el Ejecutivo definiera, norma que no fue aplicada sino hasta el año de 1916 y posteriormente se modificó en 1924.

Antes, el 29 de mayo de 1896 se expide la Ley de Pensiones, Montepíos y Retiros para Civiles y Militares en la cual se concede como montepío la cuarta parte del sueldo del causante; se da derecho a la viuda, a las hijas hasta que se casen o mueran y a los hijos hasta los 21 años.

El nacimiento de la clase obrera mexicana y su identidad de clase, se manifiestan en este periodo mediante la constante demanda de justicia y seguridad. Se registran en la época más de 250 huelgas que coadyuvarán al desenlace final: La Revolución de 1910.

Ante la precaria situación política existente, Ricardo Flores Magón y su grupo de precursores revolucionarios, lanzan el programa del Partido Liberal y su Manifiesto a la Nación, documentos que contienen una serie de puntos sobresalientes en materia laboral y de Seguridad Social, entre los que destacan los siguientes:

1. Establecer un máximo de ocho horas de trabajo y un salario mínimo en la proporción siguiente: $ 1.00 en la generalidad del país, en que el promedio salarial fuera inferior al citado; y más de $ 1.00 para aquellas regiones en que la vida fuera más cara.

2. Reglamentación del servicio doméstico y del trabajo a domicilio.

3. Adopción de medidas para que con el trabajo a destajo los patrones no burlen la aplicación del tiempo máximo y del salario mínimo.

4. Prohibir absolutamente el empleo de niños menores de 14 años.

5. Obligar a los dueños de minas, fábricas, talleres, etc., a mantener las mejores condiciones de higiene en sus propiedades y a guardar los lugares de peligro en forma que proporcione seguridad a los operarios.

6. Obligar a los patronos o propietarios rurales a dar alojamiento higiénico a los trabajadores.

7. Obligar a los patrones a pagar indemnización por accidentes de trabajo.

8. Declarar nulas las deudas actuales de los jornaleros del campo a disposición de los amos.

9. Adoptar medidas para que los dueños de tierras no abusen de los medieros.

10. Prohibir a los patronos, bajo severas penas, que paguen al trabajador en alguna forma que no sea con dinero en efectivo.

11. Prohibir y castigar que se impongan multas a los trabajadores o se le hagan descuentos de su jornal o se retarde el pago de raya por más de una semana, o se niegue al que se separe del trabajo, el pago inmediato de lo que tiene ganado.

12. Suprimir las tiendas de raya.

13. Obligar a todas las empresas o negociaciones a ocupar, entre sus empleados y trabajadores, una minoría de extranjeros.

14. No permitir en ningún caso, que en trabajos de la misma clase, se pague menos al mexicano que al extranjero en el mismo establecimiento, o que a los mexicanos se les pague en forma distinta a la de los extranjeros.

15. Hacer obligatorio el descanso dominical.

Por otra parte, las condiciones infrahumanas en que vivían los hombres del campo, víctimas de la miseria y la ignorancia, explotados por los hacendados y terratenientes en combinación con las grandes compañías deslindadoras, que se habían introducido en el país respaldadas por el apoyo oficial, coadyuvaron a despojar de sus tierras a los auténticos dueños.

El estado de cosas era insoportable. Obreros y campesinos se unen para luchar por un mismo ideal: la reivindicación de sus derechos. Se gesta el cambio y estalla la Revolución de 1910 ante la inoperancia del diálogo pacífico.

A partir del triunfo de la Revolución Mexicana, la Seguridad Social en México, ha tomado impulsos sobresalientes a través del proceso revolucionario que han sabido llevar adelante los diversos regímenes presidenciales. La Carta Magna de 1917, dio a México el honor de ser uno de los primeros países que daba naturaleza constitucional a la Seguridad Social, al incluirla en los enunciados del Artículo 123.

La escasa legislación sobre Seguridad Social durante la segunda década del presente siglo, se explica claramente si tenemos en cuenta que se trata de los años de intensa lucha armada y de grandes convulsiones políticas. Se comprende también que durante los primeros años de vigencia de la Constitución de 1917, los legisladores se ocuparon de problemas de cimentación de las estructuras jurídicas fundamentales y de asentamiento político.

Los postulados establecidos en la Carta Magna respecto a Seguridad Social, empiezan a tener vigencia en forma organizada a partir de la creación de la Dirección de Pensiones Civiles y de Retiro, creada por Ley del 12 de agosto de 1925. Surge como una respuesta a las luchas manifiestas por grupos de empleados públicos organizados, que demandan la aplicación de derechos tendientes a elevar el nivel familiar y asistencial del propio trabajador, y se erige con el propósito de integrar un sistema de Seguridad Social para los servidores públicos y quitarle a la pensión el aspecto de acto caritativo por parte del Estado.

Después de creada la Dirección de Pensiones Civiles y de Retiro, siguieron emitiéndose disposiciones de este carácter en forma dispersa; ejemplo de éstas, la constituye el Seguro del Maestro de 1928 y otras.

Las razones explicativas en cuanto a esta heterogeneidad son muy diversas. Este problema se logra resolver en forma definitiva, aunque no en su totalidad, durante la administración presidencial del general Lázaro Cárdenas que, con su política de carácter nacionalista, agrarista y obrerista hace eco también en los burócratas, al establecer para éstos el Estatuto Jurídico, aprobado por el Congreso de la Unión el 5 de diciembre de 1938.

Este documento se originó por la necesidad de poner a salvo a los servidores públicos de las contingencias electorales y tuvo por objeto asegurar la estabilidad de sus cargos y motivar sus ascensos basándose en la eficiencia y honorabilidad y garantizar los derechos de asociación para la defensa de sus intereses.

Con la creación de este instrumento normativo, se satisfizo una vieja y justa aspiración de los empleados de los Poderes de la Unión, ya que se disipó la angustia y la desconfianza que prevalecía por la situación política existente en esa época.

Así con la Dirección de Pensiones y el Estatuto Jurídico, los empleados públicos encontraron generosa respuesta de la Revolución a su lealtad y servicio.

A partir de su creación y hasta 1947, la Ley de Pensiones sufre diversas modificaciones tendientes en su mayor parte a extender la magnitud de las prestaciones, mejorar el funcionamiento de las ya existentes, e incorporar al régimen de Seguridad Social a un mayor número de trabajadores y organismos públicos.

La nueva Ley de 1947 representa un significativo avance respecto a la anterior; sin embargo, en los años siguientes a su emisión el crecimiento cada vez mayor del Sector Público y la necesidad de ampliar la política de bienestar, repercuten en la propia estructura administrativa de la Institución; ello hizo necesario introducir una nueva modalidad cualitativa y cuantitativa para el otorgamiento de prestaciones, a fin de satisfacer los requerimientos de una población derechohabiente en constante aumento. A la postre, esta problemática produjo otras de carácter técnico, económico y político, las cuales obligan a conjugar' esfuerzos entre el Estado y los trabajadores a su servicio.

La sincronización de ideas y esfuerzos, culmina en 1960 con la transformación de la Dirección de Pensiones Civiles, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que surge como genuina respuesta a las inquietudes sobre las condiciones mínimas de la Seguridad Social, reclamo y esperanza de los servidores públicos.

En 1960 quedó abrogada la Ley de Pensiones Civiles de 1947, y se establece la Ley con la que se crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, [ISSSTE] al que se le otorga el carácter de Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Actualmente el ISSSTE, cumple con la tarea de avanzar hacia una Seguridad Social integral con un sentido polivalente de mejorar la calidad del servicio, incrementar las prestaciones, proteger al mayor núcleo de trabajadores afiliados a su régimen, y extender su servicio a los lugares más apartados de la República, donde aún existen grupos marginados carentes de este derecho.

Es innegable que la Seguridad Social, observa un paralelismo constante con la evolución del Estado, en la medida en que éste tiene mayor participación en las actividades económicas del país, mayor es el crecimiento del Sector Público y consecuentemente más compacto en su magnitud es el gremio laborante de que se sirve para desarrollar sus actividades.

Bajo esta observación haremos un breve análisis sobre el incremento de la población que ha estado sujeta al régimen de la Institución desde 1925 a 1976, destacando únicamente los periodos más significativos en la evolución de la misma.

La Dirección de Pensiones Civiles de Retiro en 1925 protegía un total de 186,358 personas, y originalmente fue creada para otorgar prestaciones de carácter económico y en forma muy especial para la asignación de pensiones.

Al transformarse la Dirección de Pensiones Civiles, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por Ley del lo. de enero de 1960, éste amparaba una población global de 487,742 personas, distribuidas en 129,512 trabajadores, 11,912 pensionistas y 346,318 familiares. El total de esta población observó un incremento del 161.72% con respecto a la existente en 1925.

El marco cronológico de mayor importancia en el desarrollo de la protección social, así como en la prestación de los servicios médicos en la dependencia lo constituye el periodo comprendido en la década de 1961-1970.

En esta etapa, por estricto apego a los principios establecidos en la Ley se amplía la cobertura de las prestaciones que con carácter obligatorio debiera otorgar el Instituto a sus afiliados, así en 1965, amparaba una población de l'070,971 personas distribuidas en 265,425 trabajadores, 22,334 pensionistas y 788,212 familiares, el total representaba un incremento de 119.57% con respecto a 1960.

En 1970, la población total afiliada registró un total de 1 '347,470 personas, distribuidas en 480,482 trabajadores, 42,038 pensionistas y 874,950 familiares, el total de población observó un incremento del 25.8% con respecto a 1965.

En el periodo 1971-1975, la población afiliada tuvo un incremento sin precedente en la historia de la Institución, motivado fundamentalmente por el impulso de la política de Seguridad Social de la presente administración presidencial y por la extensión de los servicios de la propia dependencia.

El total de la población afiliada que en 1970 era de l'347,470 personas, en 1975 se incrementó a 3'448,568 distribuidas en 1'012,650 trabajadores, 55,883 pensionistas y 2'380,035 familiares.

El total observó un crecimiento del 155.92% con respecto a 1970; 607.04% con respecto a 1960 y 1,750.5% con relación a 1925.

Dentro de los factores que motivaron este incremento destacan entre otros, la incorporación de los trabajadores de organismos de nueva creación, la afiliación de empleados de las entidades federativas, los convenios celebrados con algunos municipios para dar atención a sus empleados, las reformas efectuadas en la Ley, la cual permite la incorporación de los empleados a lista de raya a partir de 1974, y obviamente por el crecimiento natural de su población derechohabiente.

El avance respecto a la población afiliada en los últimos cinco años observó un panorama palpable de metas y realizaciones, ésta llegó a representar en este periodo,.aproximadamente el 5% del total de ¡a población mexicana. La tarea realizada es producto de seis años de administración, y de los anteriores, que conjuntamente constituyen cincuenta años de labor continua, lo cual permitió conjugar esfuerzos entre la política seguida por el régimen y los recursos de la Institución, ya que lo más importante dentro de la Seguridad Social, no consiste solamente en incrementar y afiliar a un mayor número de derechohabientes sino que éstos disfruten plenamente de las prestaciones establecidas en la Ley con el mismo derecho, proporción y en igualdad de condiciones en el ámbito geográfico nacional.

Bajo este principio se podrán reducir al máximo los problemas y permitirán encauzar soluciones, pensando siempre en que los esfuerzos actuales y futuros deben encadenarse y complementarse desde su origen hasta sus metas en un objetivo incesante de progreso.

Sergio Rodríguez López.

Lic. Victórico Bravo Aguilar.

3ª. sesión.
1   2   3

similar:

Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Filosofía y Letras iconUniversidad Nacional de Cuyo Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Historia

Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Filosofía y Letras iconCC: Sres. Consejeros Directivos de la Facultad de Filosofía y Letras,...

Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Filosofía y Letras iconUniversidad Nacional Autónoma de México Facultad de Derecho

Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Filosofía y Letras iconUniversidad nacional autónoma de méxico facultad de ciencias políticas y sociales

Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Filosofía y Letras iconUniversidad de buenos aires- facultad de filosofía y letras

Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Filosofía y Letras iconUniversidad de Buenos Aires Facultad de Filosofía y Letras

Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Filosofía y Letras iconFacultad de filosofía y letras

Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Filosofía y Letras iconFacultad de filosofía y letras, U. N. T

Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Filosofía y Letras iconFacultad de Filosofía y Letras

Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Filosofía y Letras iconFacultad de Filosofía y Letras unam






© 2015
contactos
ley.exam-10.com