Sentencia inhibitoria por inexistencia de proposicion juridica completa






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VI. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

1. Competencia de la Corte
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la disposición acusada forma parte de una ley de la República, en este caso, de la Ley 1098 de 2006.

2. Solicitud de nulidad
El ciudadano Aurelio Ignacio Cadavid López solicitó, ante la Secretaría General de la Corte Constitucional, el 9 de marzo de 2009, que se declarara la nulidad de todo lo actuado desde los autos inadmisorio, de rechazo parcial y admisorio parcial de la demanda, o, en su defecto, se decida proferir un fallo inhibitorio por nulidad e ineptitud sustancial de la demanda y del proceso.

Para ello, fundamentó su petición en los argumentos que, para efectos de claridad expositiva, se agrupan en los siguientes tópicos:
2.1. En primer lugar, manifiesta el solicitante que se produjo una “indebida admisión parcial de la demanda”, como quiera que, en su concepto, el accionante no demandó todas las normas necesarias para que el fallo que la Corte profiera no sea inocuo, conforme con lo dispuesto con el artículo 6 del Decreto 2067 de 1991.
En este sentido, afirma que el demandante debió acusar el artículo 2 de la Ley 54 de 1990, modificado por el artículo 1 de la Ley 979 de 2005 y el parágrafo del artículo 124 de la Ley 1098 de 2006, el cual regula la materia de la convivencia extramatrimonial para fines de adopción. Para el peticionario, las omisiones anotadas, “necesariamente imponen adoptar en este caso un fallo inhibitorio por ausencia material de objeto para adelantar el juicio constitucional.”.
2.2. En segundo término, asevera que se incurrió en una indebida acumulación de pretensiones en la demanda, por cuenta de que, junto con la pretensión de declaratoria de inexequibilidad del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006, el accionante presentó una pretensión subsidiaria de declaratoria de exequibilidad condicionada del mismo. Por ello, el peticionario considera que la demanda debió ser objeto de rechazo, o en su defecto, se debería proferir un fallo inhibitorio dentro de este proceso de inconstitucionalidad.
Para el efecto, el ciudadano cita las Sentencias C-1299 de 2005 y C-1300 de 2005, en las que, considera, se plasmó la doctrina del “litigio estratégico”, conforme con la cual no es posible, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, presentar la petición de declaratoria de constitucionalidad condicionada de una norma, siendo, en consecuencia, procedente únicamente la pretensión de declaratoria de inconstitucionalidad del precepto legal del que se trate.
2.3. Adicionalmente, considera el peticionario que la demanda adolece de indeterminación, en cuanto a la norma acusada se refiere. Con respecto a este particular, afirma que, “el ciudadano actor, pretende tachar de violatorio del orden constitucional establecido, el numeral 3 del Artículo 68 de la referida ley 1089. Pero una revisión juiciosa de la norma demandada verifica que la referencia del actor resulta en este caso totalmente equivocada.” Continua el ciudadano indicando, sobre este punto, que “en un momento el actor la denomina como Art. 68 de la Ley 1089, pero posteriormente el mismo ciudadano actor en su texto de la demanda presenta y transcribe otras normas que son correspondientes más bien al Artículo 68 de la Ley 1098, sin que, por tanto, exista identidad entre una primera manifestación del ciudadano actor frente a su pretensión contra el artículo 68 de la ley 1089 y posteriormente contra el artículo 68 de la Ley 1098.”
2.4. Por último, el peticionario anota que la Corte Constitucional, en este caso, carece de competencia para conocer “de una demanda contra interpretaciones extensivas del actor sobre normas positivas de protección de los derechos de los niños mediante la adopción conjunta y evitar un fallo inocuo y violación de la jurisprudencia sobre los efectos frente a terceros”. Al efecto, señala que las normas relativas a la adopción conjunta, se sustentan en el concepto constitucional de familia, conforme con el cual, ella se constituye por vínculos jurídicos o naturales, siempre entre un hombre y una mujer, destinada, en este contexto, a proveer a un niño un hogar, como medida de protección conjunta, satisfaciendo con ello la necesidad del menor de tener un padre y una madre.
Por ello, afirma que la pretensión de declaratoria de constitucionalidad condicionada de la norma, en el entendido de que dos personas del mismo sexo pueden adoptar de manera conjunta, carece de fundamento constitucional.
Considera, que los fallos proferidos por la Corte Constitucional relacionados con la extensión en diversos ámbitos, de medidas de protección previstas por el ordenamiento jurídico, en principio, para las parejas heterosexuales a las parejas homosexuales, deben ser aplicadas exclusivamente para los convivientes, sin que de ello se deduzca que constituyen una familia, y sin que de ello se derive un perjuicio para las parejas del mismo sexo, sin que se haga necesario que se les aplique extensivamente las normas que rigen la materia. Por ello, considera, que este defecto de la demanda acarrea nulidad del proceso de la referencia.
De otra parte, el peticionario se muestra inconforme frente a lo que considera una omisión del Magistrado Sustanciador, en el sentido de que no comunicó ni convocó a varios de las organizaciones privadas y públicas que actualmente son responsables en Colombia de procesos de adopción, sean nacionales o internacionales, y que trabajan con el ICBF, y bajo su tutela. Ello, a su juicio, impide su participación en el debate constitucional.
Como conclusión de lo expuesto, el ciudadano solicita que “al proveer sobre su decisión en la sentencia, se adopte un fallo inhibitorio por ineptitud sustantiva y adjetiva de la demanda y del presente proceso en referencia en consideración a los múltiples vicios de procedimiento respetuosamente destacados por el suscrito ciudadano, que resultan insubsanables o por aquellos otros adicionales que se identifiquen por la H. Corporación en este caso.”
2.5. Conforme a lo anterior, se impone para esta Corte el análisis y estudio de los cargos de nulidad formulados en el presente proceso, de acuerdo con lo establecido en la jurisprudencia constitucional y las normas pertinentes.
2.6. Al tenor de lo establecido en el inciso 2 del artículo 49 del Decreto 2067 de 1991,por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”, procede la nulidad de los procesos que se adelantan ante la Corte Constitucional, siempre que se alegue antes de que se profiera el correspondiente fallo. Para el efecto, “Sólo las irregularidades que impliquen violación del debido proceso podrán servir de base para que el pleno de la Corte anule el proceso”.
Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado que en los juicios de constitucionalidad es procedente alegar la nulidad, siempre y cuando ocurra antes de dictarse la sentencia. Es decir, para que pueda, excepcionalmente, solicitarse la nulidad dentro de un proceso de constitucionalidad, es preciso que el proceso esté en curso y no se haya dictado sentencia aún.

Sobre este particular, ha de resaltarse que la jurisprudencia constitucional, de manera uniforme, ha considerado que la petición de nulidad de un proceso de constitucionalidad solamente puede fincarse en violaciones graves del debido proceso, que impliquen una vulneración ostensible del trámite de la acción constitucional. Con todo, si de lo que se trata es de irregularidades que no son significativas, la solicitud de nulidad no está llamada a prosperar.
En ese sentido, ha dicho la Corte, que para que proceda la declaratoria de nulidad de un proceso de constitucionalidad, las razones que sustentan tal petición deben tener como fundamento “violaciones serias, graves y significativas del procedimiento, que impidan o comprometan la expedición de una sentencia de fondo con el cumplimiento de las garantías previstas en la Ley.”
Finalmente, conforme con lo establecido por el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, citado previamente, la Sala Plena de esta Corporación es competente para conocer de las solicitudes de nulidad que se presenten en el curso de los procesos de constitucionalidad.
2.7. Con fundamento en las consideraciones expuestas, pasa la Corte a analizar los cargos de nulidad presentados en esta oportunidad.
2.7.1. Frente a los cargos de nulidad por indebida admisión parcial de la demanda e indeterminación de la norma que se acusa, al no haberse acusado las normas necesarias ni haberlas identificado apropiadamente, no encuentra esta Corporación que tal situación sea constitutiva de una nulidad ni tampoco de una violación del derecho al debido proceso, como a continuación se explica.
Este Tribunal, a propósito de innumerables pronunciamientos sobre la materia, ha afirmado que, aun cuando en principio, es en el Auto admisorio que se define el cumplimiento de los requisitos mínimos de procedibilidad para que la demanda sea admitida, ese primer análisis responde a una valoración apenas sumaria de la acción, llevada a cabo por parte del Magistrado Ponente en aplicación del principio pro actione, razón por la cual, la misma no compromete ni define la competencia del Pleno de la Corte, que es quien está investido de la función de decidir de fondo sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra las leyes y los decretos con fuerza de ley (C.P. art. 241-4-5).
En este orden de ideas, la admisión de una demanda de inconstitucionalidad, en aplicación del principio pro actione, que prima facie no satisface las exigencias mínimas para el efecto, implica un problema relacionado con la ineptitud sustantiva de la demanda, que llevaría, en todo caso, a que esta Corporación adoptara un fallo inhibitorio, y no, a una violación del debido proceso en el trámite de la acción de inconstitucionalidad. En consecuencia, los defectos que el peticionario considera se presentaron en la demanda, no tienen la entidad para configurar una causal de nulidad del proceso, pues la decisión de inhibición le corresponde, también, adoptarla al Pleno de la Corte en la Sentencia.
2.7.2. Ahora bien, respecto de la indebida acumulación de pretensiones que alega haberse configurado en la demanda, por cuenta de que, junto con la pretensión de declaratoria de inexequibilidad del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006, se presentó una pretensión subsidiaria de declaratoria de exequibilidad condicionada del mismo, observa la Corte que ello no implica quebrantamiento alguno del derecho al debido proceso.
Precisamente, con relación a la solicitud de declaratoria de constitucionalidad condicionada en el ejercicio de una acción pública de inconstitucionalidad, la jurisprudencia constitucional ha puntualizado que “la formulación que corresponde hacer al titular de la acción pública ciudadana debe contener una directa e inequívoca pretensión de inconstitucionalidad de una norma de rango legal, por contradecir precisamente ella las disposiciones superiores contenidas en la Constitución pues, como lo ha señalado esta Corporación en reiterada jurisprudencia, cuando se solicita la exequibilidad condicionada de una norma “la sugerencia ciudadana de condicionamiento de normas que se estiman exequibles no implica demanda de ellas y, por lo tanto, no da lugar al proceso”.”1
Bajo esa línea de orientación, la sola formulación de una pretensión encaminada a la declaratoria de exequibilidad condicionada, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, configuraría un defecto relacionado con la ineptitud sustantiva de la demanda, lo que podría comportar, en un primer momento, que una demanda formulada en esos términos fuese inadmitida o, posteriormente, que esta Corporación dictase una sentencia inhibitoria, y no, a una violación del debido proceso, como equivocadamente lo sostiene el demandante, máxime, cuando la pretensión principal contenida en la demanda es de inexequibilidad de las normas objeto de reproche, y la declaratoria de constitucionalidad condicionada fue propuesta de forma subsidiaria.
2.7.3. En cuanto hace al cargo de nulidad por falta de competencia de la Corte Constitucional para conocer de una demanda contra interpretaciones extensivas del actor sobre normas positivas de protección de los derechos de los menores mediante la adopción conjunta, esta Corporación considera que el mismo no está llamado a prosperar, como quiera que, a más de estimarse inexistente, en realidad, la solicitud se origina en una inconformidad del peticionario con una decisión que no ha sido adoptada por la Corporación.
En efecto, la causal de nulidad invocada por el actor, alude a la naturaleza de los cargos presentados en la demanda contra las normas demandadas, los cuales serán objeto de estudio y análisis por parte de esta Corporación. En ese entendido, no se evidencia transgresión alguna del derecho fundamental al debido proceso.
2.7.4. Finalmente, en lo que respecta a la inconformidad del peticionario con relación a la supuesta omisión en la que incurrió el magistrado sustanciador, al no haber comunicado la demanda a varias de las entidades encargadas de adelantar procesos de adopción, la Sala debe precisar que, conforme a lo establecido en el artículo 7 del Decreto 2067 de 1991, la fijación en lista de las normas demandas por inconstitucionales, tiene como propósito garantizar el derecho de participación ciudadana, abriendo la oportunidad para que todo el que tenga interés pueda impugnarlas o defenderlas y, consecuencialmente, ofrecer elementos de juicio a la Corte Constitucional para adoptar la decisión en el proceso de constitucionalidad. De suerte que las entidades anotadas tuvieron la oportunidad de pronunciarse con relación a la demanda de la referencia.
Por los argumentos expuestos, la solicitud de nulidad formulada, no está llamada a prosperar.
3. Ineptitud sustantiva de la demanda en el presente caso
La demanda de inconstitucionalidad que se ha presentado en esta oportunidad se orienta a establecer que la expresión “compañeros permanentes” contenida en el numeral 3º del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006, interpretada de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 1º de la Ley 54 de 1990, a cuyo tenor “… se denominan compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho …”, se opone a la Constitución por excluir a las parejas integradas por personas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar.
3.1. De acuerdo con una consolidada línea jurisprudencial, toda demanda de inconstitucionalidad debe cumplir unos requisitos mínimos, a partir de los cuales sea posible una verdadera confrontación entre la norma legal acusada y los preceptos constitucionales que se estiman violados, como presupuesto para que la Corte pueda proferir una decisión de fondo. Tales requisitos no se limitan al señalamiento de la norma acusada y de las disposiciones constitucionales que se consideran quebrantadas, sino que es indispensable que el actor exponga razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes por las cuales el precepto demandado contraviene la Constitución Política. La primera de esas condiciones, está en la precisión sobre el objeto demandado, esto es, de la norma o normas legales que se pide retirar del ordenamiento por contrariar el estatuto superior.
3.2. Observa la Corte que, en esta oportunidad, el demandante se limitó a demandar el numeral 3º del artículo 68 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), que establece los requisitos para adoptar, y algunas expresiones del artículo 1º de la Ley 54 de 1990, que definen la unión marital de hecho, para de allí deducir una presunta discriminación de las parejas del mismo sexo, por no prever la posibilidad de adoptar un hijo en las mismas condiciones que las parejas heterosexuales. Sin embargo, el actor no tuvo en cuenta otras disposiciones que desarrollan la institución de la adopción, las cuales, para llegar a una conclusión en uno u otro sentido, tendrían que ser examinadas de manera conjunta y sistemática con las disposiciones demandadas.
En efecto, en este caso, el problema jurídico planteado por el demandante se orienta a impugnar la exclusión de las parejas homosexuales de la posibilidad de adoptar conjuntamente. Sin embargo, de manera más amplia el cuestionamiento tiene que ver con el reconocimiento jurídico del rol parental de manera conjunta a la pareja homosexual, lo cual remite no sólo a la consideración de la posibilidad de que una pareja homosexual adopte a un menor, sino también a la adopción de un menor por el compañero o compañera permanente del mismo sexo de su progenitor biológico, hipótesis que encuadraría en las previsiones de los artículos 64, 66 y 68, numeral 5º del Código de la Infancia y la Adolescencia, disposiciones que no fueron demandadas en este proceso. De hecho varias de las intervenciones y mucha de la evidencia científica aportada a este expediente de constitucionalidad apuntan a esta segunda situación.
3.3. La Corte ha señalado que, excepcionalmente, es posible integrar una unidad normativa, a fin de incorporar al proceso de constitucionalidad el examen de disposiciones que no han sido demandadas, ni son objeto de control previo u oficioso. Es una eventualidad que la Corte ha manejado con criterio restrictivo y cuya procedencia se ha limitado a aquellos supuestos en los que: (i) “… un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada”; (ii) “… la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas”, y, (iii) “… pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad.” En la primera hipótesis, la integración de la unidad normativa busca evitar un fallo inhibitorio; en la segunda, evitar que el fallo de inexequibilidad sea inocuo, y, en la tercera, ejercer un control integral de constitucionalidad sobre contenidos normativos que, en virtud de su conexidad intrínseca, imponen un pronunciamiento uniforme.
3.4. En este caso, en la medida en que el contenido normativo demandado, relativo a la exclusión de las parejas homosexuales de la posibilidad de ejercer conjuntamente el rol parental, se reproduce parcialmente en las disposiciones que excluyen la posibilidad de que los hijos biológicos de uno de los integrantes de una pareja homosexual sean adoptados por el otro, una eventual declaratoria de inexequibilidad de esa exclusión en el primer caso, resultaría inocua frente a los eventos que quedan cobijados por el segundo, que, presumiblemente, serían los de más frecuente ocurrencia. Además es claro que entre los dos supuestos normativos hay una intrínseca relación de conexidad con el cargo de inconstitucionalidad que ha suscitado el presente proceso. Por esas dos consideraciones cabe señalar que el actor tenía la carga de integrar la proposición jurídica completa, en defecto de lo cual cabría, en principio, que la Corte integrase la unidad normativa, de manera que el análisis de constitucionalidad se realizase en torno a las disposiciones de la Ley que comportan una exclusión de la posibilidad de que la parejas homosexuales puedan establecer relaciones de filiación de manera conjunta con uno o varios menores, esto es, el numeral 3º del artículo 68, que regula la adopción conjunta entre compañeros permanentes y los artículos 64, 66 y 68 numeral 5º, que regulan la adopción de un menor por el compañero o compañera permanente de su progenitor biológico.
Sin embargo, para la Corte, existen en este caso poderosas razones para no proceder de esa manera, derivadas, tanto de las características del proceso de inconstitucionalidad y de la forma como el mismo está consagrado en la Constitución, como de la complejidad del asunto que se ha planteado, la distinta naturaleza de los aspectos del mismo sobre los que recaería la unidad normativa y la particular sensibilidad social y jurídica que existe en torno a tales aspectos.
3.5. En distintas oportunidades la Corte ha destacado las características de público y participativo que tiene del proceso de control abstracto de constitucionalidad de normas, tal como quedó consagrado en la Constitución. De este modo, el debido proceso constitucional comprende la posibilidad de que los ciudadanos intervengan en torno a los asuntos que son objeto de debate constitucional. En principio, en los procesos derivados de la acción pública, el ámbito del debate se fija a partir de los cargos propuestos por el demandante. Es claro que la Corte ejerce un control integral y ello quiere decir que, a partir de un cargo apto para iniciar el proceso, la Corte puede extender su pronunciamiento a aspectos no planteados directamente por el demandante. Sin embargo, como presupuesto para ello, es preciso que el demandante haya presentado una demanda en forma contra una o varias disposiciones, las cuales demarcan el ámbito del pronunciamiento de la Corte. Es sobre esas normas en relación con las cuales se ha presentado al menos un cargo apto de inconstitucionalidad que recae el pronunciamiento de la Corte, la cual puede, a partir de allí, hacer la confrontación de la disposición acusada con toda la Constitución, aunque también es usual que, en razón de la complejidad de ciertos temas, de la multiplicidad de aristas que puedan presentar, no todas cubiertas en el debate, la Corte prefiera limitar su pronunciamiento a los cargos analizados o a las razones examinadas, dejando la posibilidad de que más adelante, con nuevos elementos de juicio, de manera expresa, se plantee un nuevo debate sobre aspectos de la disposición que no fueron objeto de consideración.
3.6. El control abstracto de normas, por su trascendencia y por los efectos de cosa juzgada erga ommnes que generalmente tienen las decisiones que adopta la Corte en desarrollo del mismo, exige particular atención al cumplimiento de los requisitos que la Constitución, la ley y la jurisprudencia han previsto como parte del debido proceso constitucional.

3.7. De acuerdo con la Constitución, cualquier ciudadano puede ejercer las acciones públicas de inconstitucionalidad e intervenir como impugnador o defensor de las normas en los procesos promovidos por otros, así como en aquellos para los cuales no existe acción pública. Así mismo se establece en la Carta que el Procurador General de la Nación deberá intervenir en todos los procesos (C.P. Art. 242). Adicionalmente, según lo dispuesto en el artículo 244 de la Constitución y desarrollado en el artículo 11 del Decreto 2067 de 2001, la Corte Constitucional debe comunicar al Gobierno o al Congreso, según el caso, la iniciación de cualquier proceso que tenga por objeto el examen de constitucionalidad de normas dictadas por ellos.
Como se anotó, en los procesos iniciados mediante acción pública, en principio, es la demanda ciudadana la que establece el ámbito del control de constitucionalidad, al determinar cuáles son las disposiciones que habrán de ser objeto de control y presentar en relación con ellas cargos que cumplan con los requisitos que legal y jurisprudencialmente se han previsto para el efecto.
Si bien, como se ha dicho, de manera muy excepcional, cabe que la Corte aplique la unidad normativa y se pronuncie sobre normas no demandadas, ello sólo puede hacerse en los términos previstos en la ley y en la jurisprudencia para el efecto, lo cual exige que, en principio, las normas inicialmente demandadas y aquellas con las cuales se realice la unidad normativa, versen sobre un mismo asunto jurídico.
Así, de acuerdo con la ley, la unidad normativa procede para que la Corte señale las disposiciones que, en razón de la identidad en el asunto jurídico, corren la misma suerte de aquellas que se han declarado inexequibles, pero no para hacer un examen autónomo de constitucionalidad en torno a disposiciones no demandadas, puesto que ello equivaldría a iniciar un control de oficio, que está excluido de la competencia de la Corte.2
En estricto sentido, la unidad normativa cabe en relación con normas que reproducen el contenido normativo declarado inexequible, pero que no han sido demandas, o con otras cuyo valor normativo tiene como presupuesto la existencia de aquella que se declara inexequible. La Corte ha señalado que, más allá de esos presupuestos, es posible la aplicación del concepto de unidad normativa, en un sentido lato, a otros eventos, cuando no es posible pronunciarse respecto de una norma expresamente demandada, sin referirse también a la constitucionalidad de otras disposiciones con las cuales se encuentra íntimamente relacionada, pero advirtiendo que ello exige mucho cuidado para evitar afectar el debido proceso constitucional.3
Pretender que la Corte se pronuncie sobre normas no demandadas, por fuera de las referidas condiciones, comportaría una afectación del debido proceso constitucional, porque ello implicaría privar a los ciudadanos del derecho de intervenir para impugnar o defender las disposiciones sobre las que habrá de recaer el pronunciamiento de la Corte. Tampoco se permitiría la participación de las autoridades concernidas, ni la del ministerio público. Incluso los conceptos científicos solicitados por la Corte verían limitado su alcance, si se han solicitado a partir de -y por consiguiente recaen sobre- las disposiciones inicialmente demandadas y no sobre aquellas otras a las que la Corte decidiese extender su pronunciamiento.
En esos eventos, si la Corte declara la exequibilidad de las disposiciones que se han integrado al proceso por la vía de la unidad normativa, se afectaría el derecho de quienes consideran que habrían podido aportar argumentos que, en su criterio, son distintos de los considerados por la Corte y podrían haber provocado un fallo de inexequibilidad, y, a la inversa, si se declara la inexequibilidad de tales disposiciones, se lesionaría el derecho de quienes considerasen que podrían haber aportado argumentos jurídicos o consideraciones empíricas orientadas a desvirtuar los supuestos a partir de los cuales se declaró la inexequibildad, pero que no intervinieron porque desconocían que dichas normas estaba siendo objeto de escrutinio de constitucionalidad.
Como se ha dicho, en el juicio de constitucionalidad, la anterior afectación del debido proceso tendría el agravante de que las decisiones de la Corte son inapelables y producen el efecto de cosa juzgada constitucional. Esto es, la decisión adoptada en un marco en el que no hubo plena garantía de la oportunidad de intervenir a los ciudadanos y demás sujetos interesados, es irreversible.
Para la Corte, en eventos como esos, la decisión inhibitoria es la que mejor garantiza el debido proceso, puesto que no impide que el ciudadano formule nuevamente el cargo y que sobre esa base se reconstituya el proceso, con la oportunidad para que, sobre los elementos completos, se pronuncien todos los ciudadanos interesados, intervengan las autoridades concernidas y conceptúe el Ministerio Público.
En este sentido, en la Sentencia C-670 de 2001, la Corte, al pronunciarse en torno al control que recae sobre los decretos expedidos en ejercicio de facultades extraordinarias, señaló que, para respetar las reglas básicas del procedimiento constitucional, asegurar la efectividad de los derechos de participación y permitir una deliberación institucionalizada, el estudio que realiza la Corte Constitucional debe restringirse a los preceptos acusados y que sólo de manera excepcional “[s]erá posible ampliar el objeto del juicio de constitucionalidad a la ley de facultades, en aquellos casos en los que la unidad o integración normativa sea estrictamente necesaria, esto es, cuando para ejercer el control de constitucionalidad sobre el decreto demandado tal operación resulta indispensable, puesto que la proposición jurídica acusada, si bien tiene un contenido propio, se encuentra tan íntimamente ligada con contenidos jurídicos de la ley habilitante, que resulta imposible estudiar cabalmente su constitucionalidad sin analizar la ley de facultades”.
De este modo, el criterio definido por la Corte en esa providencia, que, en general, resulta aplicable a las distintas modalidades del control abstracto de normas, implica que: 1. Extender, sin limitación alguna, el juicio de constitucionalidad a una norma que no ha sido objeto de demanda, no se ajusta estrictamente al procedimiento que sobre el particular consagran la Constitución y la Ley; 2. Esa ampliación de la competencia de la Corte, para pronunciarse sobre normas que no han sido demandadas, impediría el ejercicio de los derechos y mecanismos de participación que se han establecido en el procedimiento de control de constitucionalidad, porque, respecto de dichas normas, no habría oportunidad para la intervención de las autoridades comprometidas en la materia, ni de los ciudadanos interesados, ni se le permitiría al señor Procurador presentar su concepto en cumplimiento de una de sus funciones constitucionales, y, 3. De esta forma, respecto de esas normas, debido a este control oficioso, no se daría la necesaria controversia constitucional entre el demandante, los intervinientes en el proceso y el Procurador General de la Nación, lo cual llevaría a la Corte a pronunciarse sobre cuestiones respecto de las cuales no se habría producido deliberación pública institucional previa.
En ese contexto, también tiene relevancia la consideración sobre el hecho de que, en ciertos casos, en el juicio de constitucionalidad, reviste particular significación el estudio de distintos elementos de evidencia empírica, a partir de los conceptos que sobre determinados aspectos haya solicitado la Corte o se hayan allegado al expediente, lo cual de alguna manera limita el ámbito del control de constitucionalidad, puesto que si tales elementos de evidencia están llamados a tener un peso significativo, carecería de sentido que la Corte se pronunciara sobre aspectos que no fueron objeto de consideración expresa en los mismos, dado que los elementos normativos introducidos por la vía de la unidad normativa, no se plantearon en el interrogante formulado por la Corte a los expertos invitados, ni los demás intervinientes podían anticipar la incorporación al proceso de los mismos. Y el asunto se tornó aún más complejo si, como ha ocurrido en el presente caso, sin que de manera expresa la controversia se haya planteado en torno a elementos normativos no incluidos en la demanda, varios intervinientes -pero no todos- aportan elementos empíricos de juicio a partir de esos contenidos, en torno a los cuales no se produce, por lo tanto, el requerido debate procesal.

3.9. A partir de las anteriores consideraciones, y descendiendo a la consideración del problema que es objeto de examen en el presente proceso, observa la Corte que la adopción conjunta por parejas homosexuales plantea, desde la perspectiva del menor, el problema de su inserción en un hogar en el que ambos padres tienen el mismo sexo. En orden a adoptar una decisión de fondo en torno a la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el numeral 3º del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006, la Corte debe dar una respuesta jurídico constitucional a la anterior situación, la cual se desprende no sólo de la disposición demandada, sino también de los artículos que contemplan la posibilidad de la adopción de un menor por el compañero o compañera permanente del padre o la madre biológicos, en relación con los cuales se advierte la existencia del mismo problema jurídico.

Para la Corte, en ese escenario, no es posible pronunciarse sobre la adopción conjunta por parejas homosexuales, sin hacerlo simultáneamente sobre la posibilidad de que una persona adopte al hijo biológico de su compañero o compañera del mismo sexo. Sin embargo, en distintas de las intervenciones ciudadanas, así como en algunos de los conceptos científicos aportados por las universidades, se pone en evidencia la existencia de significativas diferencias entre las dos hipótesis, que si bien tienen un sustrato común en el ejercicio del rol parental de manera conjunta por una pareja homosexual, plantean, también problemas jurídicos de muy distinta naturaleza, derivados precisamente, de esas diferencias fácticas (Así, por ejemplo, un menor puede vivir en un hogar homosexual con su padre o madre biológica y su compañero o compañera del mismo sexo, y la adopción comporta una decisión de quien ejerce la patria potestad, por oposición a la situación del menor cuya adopción se pretende por una pareja homosexual, ninguno de cuyos integrantes tiene vínculo de naturaleza biológica con él.) Por otro lado, no obstante la relevancia de la diferencia, no todos los intervinientes aluden a ella, ni la misma se analiza de manera sistemática en los conceptos allegados al expediente.

Así, la relación que existe entre las dos hipótesis y el hecho de haber sido incorporadas, ambas, o, indistintamente, una u otra, en las intervenciones que obran en el expediente, aconsejarían explorar la posibilidad de hacer la unidad normativa. Sin embargo, por el otro lado, las notables diferencia fácticas y los disímiles problemas jurídicos que se derivan de las mismas, así como el hecho de que esas hipótesis no son claramente discernidas por los intervinientes, muchos de los cuales no aluden a alguna de ellas, y que el hecho de no haberse demandado expresamente las normas que regulan la adopción de un menor por el compañero o compañera permanente del padre o la madre biológicos, podría comportar una afectación del debido proceso si se optara por dicha unidad normativa, inclinan a la Corte por una decisión inhibitoria, que, como se ha dicho, es la que mejor garantiza el debido proceso.

De este modo concluye la Corte que, dado que el control de constitucionalidad que compete a esta corporación no es oficioso, sino que exige la identificación precisa de la proposición jurídica demandada y la satisfacción, en relación con toda ella, de una carga de argumentación, no le es posible subsanar la falencia advertida en la presente demanda, en cuanto no se integró la proposición jurídica completa, de manera que lo procedente es la inhibición para proferir un pronunciamiento de fondo sobre los artículos acusados.
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