Sentencia inhibitoria por inexistencia de proposicion juridica completa






descargar 326.11 Kb.
títuloSentencia inhibitoria por inexistencia de proposicion juridica completa
página3/8
fecha de publicación07.03.2016
tamaño326.11 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Ley > Documentos
1   2   3   4   5   6   7   8

7. Colombia Diversa
Marcela Sánchez Buitrago, actuando en su condición de Directora Ejecutiva de Colombia Diversa, intervino en el trámite de la acción de inconstitucionalidad del numeral 3 del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006 y el artículo 1 de la Ley 54 de 1990, mediante escritos enviados a esta Corporación, el 29 de enero y el 26 de febrero de 2009, en los que solicitó que se declarara la exequibilidad condicionada de la norma objeto de revisión, en el entendido de que la misma también es aplicable a las parejas del mismo sexo.
La interviniente comienza por hacer una observación en torno a la constitucionalidad del artículo 1º de la Ley 54 de 1990, para señalar que en relación con dicha norma, existe cosa juzgada constitucional, como quiera que la Corte, en Sentencia C-075 de 2007, se pronunció acerca de su exequibilidad.
Hecha la anterior precisión, la intervención gira en torno a los siguientes aspectos:
a. Una consideración sobre el precedente jurisprudencial aplicable, para destacar que en los últimos años, la Corte Constitucional ha dado un giro jurisprudencial de gran trascendencia en materia de derechos de las personas homosexuales.
En este sentido expresa que, a partir de la Sentencia C-075 de 2007, se extendieron los efectos de la unión marital de hecho y la calidad de compañero o compañera permanente, a las parejas del mismo sexo, otorgándoles de este modo el mismo grado de protección que a las parejas heterosexuales, postura que ha sido reiterada y reafirmada en números fallos posteriores, entre los cuales cita la Sentencia C-811 de 2007, que señaló que la cobertura familiar del Plan Obligatorio de Salud también es aplicable a las parejas del mismo sexo; la Sentencia T-856 de 2007, en la que la Corte dictaminó que la negativa de una EPS a afiliar como beneficiario al compañero permanente homosexual de un cotizante era discriminatoria; la Sentencia C-336 de 2008, en la que la Corte Constitucional determinó que la exclusión de las parejas del mismo sexo de la pensión de sobrevivientes no responde a un principio de razón suficiente y constituye un déficit de protección vulneratorio de la prohibición de discriminación, de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad; y la Sentencia C-798 de 2008, en la que se amplió a las parejas del mismo sexo el régimen de protección en materia de obligaciones alimentarias.
b. La interviniente plantea la necesidad de que para el estudio de la presente demanda de inconstitucionalidad, se aplique el test estricto de proporcionalidad, para determinar si el trato diferenciado que se da a las parejas homosexuales en materia de adopción resulta justificado.
c. En ese contexto, señala, debe cambiarse la jurisprudencia que la Corte fijó en la Sentencia C-814 de 2001 sobre adopción de niños por parte de compañeros permanentes del mismo sexo, específicamente a la luz de la interpretación del artículo 42 de la Constitución en relación con el concepto de familia.
d. Adicionalmente, en criterio de la interviniente, debe cambiarse la jurisprudencia sentada en la Sentencia C-814 de 2001 en el sentido de que existe una tensión entre el interés superior del menor y el derecho a fundar una familia de las parejas del mismo sexo.
e. Par sustentar sus puntos de vista, la interviniente presenta una reseña de varios estudios científicos sobre padres y madres homosexuales.

8. Grupo de Apoyo a Mamás Lesbianas
El Grupo de Apoyo a Mamás Lesbianas de Bogotá, creado hace más de cinco años, intervino con base en “… la experiencia adquirida en estos años y no en argumentos jurídicos propiamente dichos”.
En general, señala el Grupo en su intervención que, muchos de los argumentos jurídicos que se presentan en contra del derecho a adoptar de las parejas del mismo sexo, “… no son más que argumentos morales basados en el prejuicio”. Este grupo manifestó que los altos índices de discriminación que existen en la sociedad colombiana, han impedido que se reconozca la existencia de los padres y madres homosexuales.
A pesar de que este grupo apoya la existencia del requisito de la idoneidad para adoptar, considera que el mismo, como tal, es un concepto subjetivo, lo que se ha prestado para que, en la práctica, los funcionarios responsables de realizar la evaluación obren con base en prejuicios hacia las personas homosexuales y sin tener en cuenta, por ejemplo, que la mayoría de casos de maltrato infantil se han dado en hogares constituidos por padres heterosexuales.
En cuanto a la maternidad lésbica, el Grupo expresa que no se ha reconocido el hecho de que se trata de familias constituidas, adecuadas y estables, que se ocupan del bienestar y cuidado de los hijos.
En relación con el riesgo de que los hijos de parejas homosexuales puedan sufrir tratos discriminatorios, dada la fuerte prevención social hacia las parejas homosexuales, señala este Grupo que en los cinco años que llevan de trabajo, sólo han conocido de dos situaciones en las que uno de los hijos de una pareja homosexual sufrió tratos discriminatorios. Señala el Grupo que esto, si bien es un evento desafortunado, constituye una proporción mínima en el universo de familias homosexuales. En segundo término, señala el Grupo que la respuesta social a este tipo de situaciones no debería ser la restricción de la posibilidad de constituir familias homosexuales, sino un adecuado proceso educativo basado en la diversidad, la tolerancia y el respeto.
Por otro lado, manifiesta que los hijos de parejas homosexuales tienen comportamientos y situaciones muy similares a las que viven los hijos de parejas heterosexuales. Añaden que existe una errada comprensión de que la homosexualidad es una enfermedad y que como tal, se transmite. Al respecto, se indica que con base en la experiencia del Grupo, la proporción de hijos de parejas homosexuales que manifiestan una orientación homosexual, es la misma que existe en las parejas heterosexuales. Igualmente, se indica que el hecho de que la mayoría de personas homosexuales provengan de hogares heterosexuales, comprueba que la orientación sexual es una característica de la identidad, es individual y no se aprende. Por último, en caso de que sus hijos decidieran ser homosexuales, en nada podría considerarse ello como una conducta sancionable.
Pone de presente la situación de desprotección que se presenta en el seno de parejas homosexuales, para los hijos de uno de sus integrantes, que no pueden ser beneficiarios del otro integrante de la pareja en materias como salud o pensiones.
Este grupo sometió a consideración de la Corte el escrito presentado por Karen Atala, ciudadana y abogada chilena, en el que se plantea la declaración de exequibilidad condicionada de la norma demandada, en el entendido de que la expresión “conjuntamente los compañeros permanentes” también incluye a las uniones maritales de hecho conformadas por compañeros permanentes del mismo sexo, a partir de su experiencia personal en un caso que presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que el Estado chileno (en razón de un fallo proferido por la Corte Suprema de Chile) violó varias disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, al negarle la custodia de sus tres hijas, por considerar que su orientación sexual podía poner en peligro el interés superior de las menores.
En primer lugar, la señora Atala describe los hechos del caso, según los cuales mediante un recurso extraordinario de queja, la Corte Suprema chilena revocó las sentencias de primera y segunda instancia, las cuales le habían otorgado el cuidado personal (tuición) de sus tres hijas menores de edad, luego de la separación de su matrimonio. La interviniente manifiesta que el fundamento de la Corte Suprema para revocar los fallos de instancia fue “la falta de debida apreciación de los jueces sobre las pruebas relativas a su lesbianismo como madre y el inicio de una relación de convivencia con una pareja del mismo sexo”. Se indica que la Corte Suprema argumentó que las niñas podrían ser discriminadas por el medio social chileno, el cual es “tradicional y heteronomado”.
En segundo lugar, se allega un resumen del fallo de primera instancia del Juzgado de Letras de Villarica (Chile) proferido el 29 de octubre de 2003. En esta providencia se estableció que no existía ninguna causal legal que inhabilitara a la señora Atala, o que impidiera que se le reconociera el cuidado personal de sus tres hijas. En adición, este Juzgado presentó algunos estudios e informes psicológicos presentados por algunas universidades chilenas que soportan esta decisión. En especial, la no acreditación de la existencia de hechos concretos que perjudiquen el bienestar de las niñas, derivados de la presencia de la pareja de la madre en el hogar. Este fallo manifestó igualmente que “el concepto de familia se encuentra en constante evolución” y que “las menores no han sido objeto de ninguna discriminación hasta la fecha, por lo cual este tribunal debe fundar su resolución en hechos ciertos y probados en la causa y no en meras suposiciones o temores”.
En tercer lugar, se permite resumir el Informe de Admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual este organismo declaró admisible la petición en relación con la presunta violación de los derechos reconocidos por los artículos 8(1) (garantías judiciales), 11(2) (protección de la honra y la dignidad, en cuanto a injerencias arbitrarias en la vida privada y de familia), 17(1) (protección a la familia), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana, en conexión con los artículos 1(1) (obligación de respetar los derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno) de dicho instrumento, así como decidió continuar con el fondo del asunto. Consideró esta Comisión que “la Corte Suprema no tomó en cuenta el deseo de las niñas de permanecer con su madre, lo que sí hicieron los tribunales inferiores”. Por último, la Comisión decidió que interpretará el alcance y el contenido de dichos derechos de la Convención Americana a la luz de lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño, especialmente su artículo 12 (derecho del niño(a) a expresar libremente su opinión en los asuntos que le afectan).
Por último, la señora Atala presentó como anexos el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado de Letras de Villarica (Chile), el Informe de Admisibilidad No. 42, petición 1271-04, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como tres intervenciones en calidad de amicus curiae por parte de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Corporación Opción (Chile) y el Consejo de la Red Iberoamericana de Jueces, las cuales aportan argumentos jurídicos y soportes jurisprudenciales proferidos por otros sistemas regionales de protección de derechos humanos, relacionados con la prohibición de tratos discriminatorios basados en la orientación sexual de las personas.


V. Otras intervenciones ciudadanas
1. En el término de fijación en lista, los ciudadanos Catalina Lleras y Mauricio Noguera, Mariana Gómez García, Miguel Antonio Rueda Sáenz, Rodrigo Uprimny Yepes y Nelson Camilo Sánchez, y Diana Carolina Roa, intervinieron con el fin de coadyuvar la demanda.
1.1. Los ciudadanos Catalina Lleras Cruz y Mauricio Noguera Rojas, allegaron escrito en el que solicitaron a esta Corporación que se declarara la exequibilidad condicionada de la Ley 1098 de 2006, artículo 68, numeral 3, en el entendido de que la expresión allí contenida “conjuntamente los compañeros permanentes”, también incluya a las uniones maritales de hecho conformadas por compañeros permanentes del mismo sexo.
El escrito presentado por estos intervinientes se encuentra dividido en dos partes. En la parte A, se analiza el artículo 42 de la Constitución Política y en la parte B, se examina el interés superior de los niños y cómo éstos no se ven afectados por la adopción por parte de parejas homosexuales.
En relación con el artículo 42 de la Constitución Política, los intervinientes señalan que en la forma cómo se ha interpretado esta norma en algunas decisiones de la Corte, marcada por una aproximación literal e histórica, que conduce a la prevalencia de la familia monogámica y heterosexual, desconoce que existen múltiples formas de conformación de familias distintas a la anteriormente mencionada, y que pueden considerarse expresamente reconocidas por el artículo 42 bajo el entendido de “vínculos naturales o jurídicos”, o “por la voluntad responsable de conformarla”. Entre tales tipos de familia, señalan, se encuentran la familia conformada por la madre/padre cabeza de familia, la familia conformada por un solo padre adoptante y un hijo adoptado y la llamada “familia de crianza”. Expresan que la pareja homosexual debe considerarse como un núcleo familiar que merece igual respeto y trato que la familia heterosexual, y que sobre la materia existe un déficit de protección que la jurisprudencia debe corregir.
Por otro lado, los intervinientes advierten sobre una eventual responsabilidad internacional del Estado Colombiano, en tanto que, con la renuencia a permitir que los homosexuales puedan ejercer plenamente sus derechos a la igualdad, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, a través de la conformación de parejas y familias homosexuales, se desconocerían los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, que hacen parte del bloque de constitucionalidad, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda vez que el Comité de Derechos Humanos, en el caso Young vs. Australia, determinó que el trato discriminatorio sobre los homosexuales no encontraba ningún argumento razonable ni objetivo. Se menciona igualmente el fallo “Salgueiro Da Silva Mouta vs. Portugal”, por medio del cual la Corte Europea de Derechos Humanos indicó que la protección a la familia no justifica que la legislación interna discrimine a las parejas homosexuales.
En la Parte B, concerniente al principio del interés superior del niño, los intervinientes describen el tránsito normativo y jurisprudencial entre el Decreto 2737 de 1989 y la Ley 1098 de 2006, luego de la ratificación por parte de Colombia de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la cual consagra la protección especial del menor de edad, tomándolo como un sujeto de derechos, en lugar de considerarlo como un “menor”. En otras palabras, la “protección integral” a la que se refiere la Ley 1098, ya no se funda en una situación concreta reconocida por el Estado (“situación irregular”), sino en el “interés superior del niño”, independientemente de la situación en la que se encuentre. Adicionalmente, la Ley 1098 consagró la adopción como una medida concreta de restablecimiento de derechos.
Por último, con respecto al principio del interés superior del niño/a, los intervinientes concluyen que, a) ni legal, ni constitucionalmente se ha fijado un criterio basado en la sexualidad de los adoptantes, b) no existe una evidencia empírica concreta y contundente que demuestre que la adopción por parte de parejas homosexuales atente contra el interés superior del niño, c) no es cierto que existe una tensión entre los derechos de las parejas homosexuales y el interés superior del niño (en este punto se hace alusión al más reciente fallo de la Corte Europea de Derechos Humanos, relativo al caso E.B. vs. Francia) y, d) el no reconocimiento de las parejas del mismo sexo como potenciales adoptantes iría en detrimento del interés superior del niño.
1.2. La ciudadana Mariana Gómez intervino con el propósito de allegar el texto elaborado por el ciudadano español Miguel Ángel Sánchez, Director de la Fundación Triangulo de España, en el que se exponen criterios relacionados con algunas dudas sobre el tema de la demanda. En el mencionado documento, se señala que la adopción es un derecho del menor de edad y no de los padres, pues son los menores los que se encuentran en una situación de desamparo y quienes tienen derecho a que la sociedad les proporcione una familia.
Se debe partir de la premisa de que ya existen familias homoparentales, por lo que no se está en presencia de un debate abstracto. Ahora bien, lo que se debe analizar es la idoneidad de los hombres y/o las mujeres como padres, los cuales deben estar en la capacidad de acoger, cuidar, querer y educar a un niño o una niña, sin la necesidad de fijarse en la orientación sexual del adoptante, puesto que éste no es un factor relevante para darle un hogar al menor.
Permitir la adopción por parejas homosexuales favorecería a los menores de edad, pues podría acceder a los beneficios del régimen de salud de los dos integrantes de la pareja, garantizaría que los dos puedan dar su consentimiento en cuidados médicos, en su educación y en otras decisiones relevantes para la vida del menor. Además, la adopción garantizaría al niño o niña, el derecho de herencia de ambos padres, entre otros beneficios.
Agrega que es importante resaltar que varios estudios han demostrado que los niños que viven en familias homoparentales son heterosexuales y que la orientación sexual de los padres no es determinante para un niño, pues si así lo fuera, no cabría la existencia de gays y lesbianas que se a hayan criado en familias heteroparentales.
En conclusión, permitir la adopción por parejas homosexuales, garantizaría la protección de los derechos de los niños y las niñas.
1.3. El ciudadano Miguel Antonio Rueda Sáenz, psicólogo clínico, intervino con el objeto de coadyuvar la demanda.
El señor Rueda Sáenz pone de presente, de manera preliminar, la inexistencia en Colombia de estudios relevantes acerca de padres y madres con sexualidades diversas (gay, lesbianas, bisexuales, transgeneristas, o queer), razón por la cual la mayoría de los análisis sobre la materia se plantean con base en estudios realizados en Estados Unidos.
Expresa que las investigaciones muestran que no existe ninguna diferencia significativa en el desarrollo de los niños y jóvenes que conviven con padres o madres con identidades de género diversas, no obstante lo cual enfrentan altos niveles e prejuicios y discriminación, por la homofobia y transfobia existentes en la sociedad.
Otros estudios indican que no existe evidencia de que los niños/as con padres LGBT sufran de daños físicos o psicológicos, ni que la orientación sexual de los padres sea determinante de su propia identidad de género. Es decir, la mayoría de problemas enfrentados por estos menores de edad se debe más a asuntos relacionados con el divorcio y la homofobia social, que con la orientación sexual de sus padres/madres. El interviniente manifiesta que este tipo de prejuicios no están basados en experiencias personales sino en la manera como se transmiten las creencias culturalmente. Adicionalmente, el señor Rueda manifiesta que no existe evidencia empírica que demuestre que las parejas homosexuales difieren significativamente de las heterosexuales para conformar una familia; pues, por el contrario, los resultados de las investigaciones sugieren que estas parejas son tan adecuadas como los heterosexuales para proveer a los niños/as de ambientes familiares, sanos y de apoyo.
Por otro lado, el señor Rueda indica que diversos Estados que han permitido la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Entre éstos se encuentran Holanda, España, Gran Bretaña, Dinamarca, Suecia, Canadá, Alemania, Sudáfrica y algunos estados pertenecientes a Estados Unidos.
1.4. Los ciudadanos Rodrigo Uprimny Yepes y Nelson Camilo Sánchez, miembros del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJuSticia), solicitaron a la Corte Constitucional la declaratoria de inexequibilidad del numeral 3º del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006 y del artículo 2 de la Ley 54 de 1990.
Empiezan los intervinientes por señalar que la Sentencia C-814 de 2001, que declaró exequible la exclusión de las parejas del mismo sexo para acceder a la adopción, fue, en su momento, equivocada y es constitucionalmente inconveniente, lo cual resulta evidente a la luz de los nuevos desarrollos jurisprudenciales de la Corte. Así, consideran que si bien es cierto que no existe un derecho fundamental a adoptar y que el legislador puede regular la adopción, ese fallo no tuvo en cuenta que se debió haber realizado un “test estricto de igualdad”, en cuanto se trataba de una distinción basada en una categoría sospechosa, cual es la orientación sexual.
Manifiestan los intervinientes que la protección a la familia parece no requerir de esa diferencia de trato, pues “no se entiende por qué admitir la adopción de parejas homosexuales sería un atentado contra las familias heterosexuales”. Finalmente, en cuanto al principio del interés superior del niño, consideran que no existe evidencia para concluir que este tipo de adopción atente contra los menores de edad.
De este modo, concluyen que “[p]ara que los prejuicios contra la homosexualidad sean erradicados y para que la diversidad sea entendida como fuente de riqueza social, es fundamental que en el proceso de la referencia la Corte Constitucional reconozca la igualdad real de derechos de las parejas del mismo sexo y, en consecuencia, acceda a la solicitud de declarar inconstitucional la exclusión a las parejas del mismo sexo de acceder a la adopción.”

1.5. La ciudadana Diana Carolina Roa coadyuvó la demanda de inconstitucionalidad, para solicitar que se declare la exequibilidad condicionada de las normas acusadas.
1.5.1. Para sustentar su posición, la interviniente anexa el texto del investigador chileno Juan Marco Vaggione, titulado “las familias más allá de la heteronormatividad”, en el cual, realiza un exhaustivo análisis sobre la concepción tradicional de familia, entendida como la unión de un hombre y una mujer, cuyo objetivo es la procreación, y la concepción contemporánea de familia, como una realidad múltiple y diversa, que abarca a las personas de un mismo sexo. En este aspecto, el autor resalta “la influencia de la Iglesia Católica y sus sectores aliados en la moral y las costumbres latinoamericanas, por lo que, en su sentir, esta institución continúa siendo el principal opositor a la sanción de leyes y la articulación de políticas públicas favorables a los derechos sexuales y reproductivos de los homosexuales”.
Para el investigador, la concepción tradicional de familia es heteronormativa, porque “la heterosexualidad se constituye en la norma desde la cual se regulan las barreras morales y legales. De ahí que el Estado y la sociedad sólo protegen a las uniones conformadas por personas heterosexuales, como quiera que esa la organización legitimada para procrear y así conformar el ideal de familia”.
No obstante, afirma que el movimiento por la diversidad sexual se ha convertido en los últimos años en un actor político fundamental en la búsqueda de la desinstitucionalización legal y cultural del concepto tradicional de familia, como quiera que, a través de grandes luchas, ha obtenido el reconocimiento de derechos civiles y económicos. Ejemplo de ello, expresa, es el reconocimiento de las uniones de hecho, como sucedió en Dinamarca, primer país en reconocer que las parejas homosexuales gozan de los mismos derechos que ostentan las parejas heterosexuales, y el matrimonio, como sucedió en países como Bélgica, Sudáfrica, Canadá y España.
En el caso de Latinoamérica, el investigador trae a colación la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, específicamente la Sentencia C-075 de 2007, en la que el concepto de “dignidad” tiene un papel preponderante en la discusión sobre los efectos legales de las parejas del mismo sexo. Así, resalta que en dicha sentencia se considera que la exclusión de las parejas homosexuales del régimen patrimonial de las parejas heterosexuales, es discriminatoria, y por lo tanto, contraria a la Constitución.
Por otro lado, el autor cuestiona el hecho de que la heterosexualidad sea la regla en el ejercicio de la paternidad y la maternidad, habida cuenta que “se ha demostrado que personas y parejas cuya sexualidad se supone no es reproductiva, se reproducen. Adopción, inseminación artificial, intervención de terceros, parejas previas, son algunas de las formas utilizadas para reinscribir la reproducción desde un lugar imposible”.
En por ello, que el movimiento por la diversidad sexual busca espacios donde se puedan modificar las barreras legales que traban el ejercicio efectivo de los derechos derivados de la filiación.
Bajo esta perspectiva, se presentan dos problemas. De una parte, en relación con la adopción, y por otra, en relación con el cuidado y tenencia de los hijos.
En efecto, para la adopción de niños y niñas por parte de parejas homosexuales se cuestiona si tiene o no “idoneidad moral”, partiendo de la premisa de que lo general es concebir la idoneidad en el rol parental de la familia heterosexual.
Sin embargo, bien es sabido que hoy en día existen países que han roto los esquemas tradicionales y les han conferido a las personas LGBTQ la posibilidad de ejercitar su paternidad o maternidad a través de la adopción. Ejemplo de ello lo constituyen países como Dinamarca, Alemania, Islandia y Noruega. Y en Latinoamérica, ejemplos aislados se presentan en México y Argentina.
En Colombia, Vaggione destaca el caso objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional en la Sentencia T-290 de 1995. En dicha providencia un ciudadano acudió a la acción de tutela porque afirmaba que su homosexualidad fue factor determinante para que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le asignara a terceros la custodia de una menor que se encontraba bajo su cuidado y protección. Aunque en este fallo no se ampararon los derechos invocados por el accionante, el investigador lo trae a colación para puntualizar que en los temas relacionados con la sexualidad, algunos instrumentos como las disidencias, las aclaraciones y los salvamentos cobran importancia, como quiera que allí se plasman elaboraciones más favorables a las personas homosexuales.
Bajo esta premisa, también se hace alusión a la Sentencia C-814 de 2001, en donde tres de los nueve magistrados que integran la Corporación salvaron su voto, bajo la concepción de que “el interés superior del menor no es una entelequia abstracta que pueda ser definida por fuera de todo contexto y situación particular, como lo pretendió hacer la Corte, al decidir que el interés de todo menor es pertenecer a una familia monogámica y heterosexual, Sino que, por el contrario, el interés superior del menor es apreciable únicamente a partir del caso particular”.
Finalmente, En relación con la guarda y tenencia de menores por parte de las personas LGBTQ, el autor afirma que la forma como la heteronormatividad permea el pensamiento judicial cuando se debaten casos de guarda-tenencia de menores es compleja. De este modo, se pueden identificar tres tipos de razonamientos heteronormativos, así:
(i) Para algunos jueces la condición de homosexualidad es razón suficiente para denegar o restringir los derechos de los progenitores, en razón a que esta circunstancia se presenta como una desviación o enfermedad.

(ii) Otros, supeditan el reconocimiento del derecho de las personas homosexuales a la guarda-tenencia de los hijos a la acreditación de que esta situación no constituye un peligro para los menores.

(iii) Si bien la homosexualidad no es dañina en si misma, puede ser utilizada para denegar la tenencia cuando existan pruebas sobre potenciales consecuencias negativas para los menores.
1.5.2. Aunado a lo anterior, la interviniente Diana Carolina Roa allega el contenido de estudios realizadas por la investigadora Charlotte J. Patterson sobre los padres gays y lesbianas y sus hijos- Lesbian and Gay Parenting-, cuyo resultado refleja que las habilidades de las madres lesbianas y de los padres gays en la crianza de los hijos pueden ser superiores a las de las parejas heterosexuales, como quiera que desarrollan un alto grado de sensibilidad.
Igualmente, presenta un informe preliminar sobre el desarrollo infantil y adolescente en familias homoparentales del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación en el que se concluye, en relación con el desempeño de gays y lesbianas en sus roles parentales, que los padres y madres de la muestra estudiada reúnen características personales que aportan, a priori, garantías de un buen desempeño en estas tareas.
Adicionalmente, trae a colación un Dossier redactado por la Comisión de Educación de COGAM (Colectivo de Lesbianas y Gays de Madrid) en el año 2000, en el que se presenta un informe sobre la realidad social de las familias formadas por lesbianas, gays y sus hijos e hijas. Allí se exponen temas como la legislación española sobre la adopción, el lesbianismo y la maternidad, la jurisprudencia sobre la adopción en Estados Unidos, entre otros.
Del mismo modo, la coadyuvante envía apartes del escrito publicado por el psicólogo clínico, epistemólogo e investigador de la sexualidad humana, Lic. Jorge Horacio Raíces Montero, donde se tratan temas como la epistemología de la solidaridad y adopción, la orientación sexual, la identidad de género y la ley de unión civil.
Por último, se presenta el texto denominado “La adopción, la caída del prejuicio, Proyecto de Ley Nacional de Unión Civil de Argentina”, el cual incluye en su contenido temas como “la adopción y la alternativa homosexual”, “adopción y de derechos de los homosexuales”, “parejas del mismo sexo que adoptan niños” entre otros.
2. El ciudadano Hernando Salcedo Tamayo intervino para solicitar que la Corte Constitucional declare que las normas demandadas se ajustan a la Constitución Política. Como fundamento de su intervención, manifiesta que tanto la Asamblea Nacional Constituyente como el legislador, adoptaron de manera expresa el concepto de familia heterosexual, por lo cual, la adopción por parte de parejas homosexuales sólo podría obtenerse mediante una reforma constitucional y, por ende, la Corte Constitucional no está facultada para tomar ese tipo de decisiones. El señor Salcedo señala que la declaratoria de exequibilidad condicionada, adoptada por esta Corte, en numerosas sentencias, no puede llevar a que el juez se convierta en legislador positivo. Por último, el interviniente insta a la Corte para que, de dictar un fallo de fondo, se acoja al precedente establecido en la Sentencia C-814 de 2001.
3. En intervención adicional a la ya reseñada, los ciudadanos Rodrigo Uprimny Yepes y Nelson Camilo Sánchez, amplían los conceptos inicialmente expuestos en el sentido de que la orientación sexual es un criterio sospechoso que justifica la aplicación de un test estricto de proporcionalidad y que la adopción por parte de parejas del mismo sexo no vulnera la obligación constitucional de proteger a la familia, para hacer algunas consideraciones alrededor de los conceptos científicos emitidos, a solicitud de la Corte, por los departamentos de psicología de algunas universidades.
En ese sentido expresan que los conceptos científicos aportados al debate constitucional tienden a confirmar que no existe prueba empírica que demuestre afectación en los menores que crecen en hogares conformados por parejas del mismo sexo y que, en consecuencia, “… la regla constitucional adecuada que debe formularse en este caso es que mientras no exista un daño cierto y comprobado, no puede ejercerse una restricción de derechos, máxime cuando se trata de la protección de una categoría constitucionalmente sospechosa en materia de igualdad”.
Para desarrollar su argumento, los intervinientes reiteran que en este caso el juicio de igualdad debe abordarse bajo el modelo de test estricto, por tratarse de una categoría constitucionalmente sospechosa; a continuación analizan, desde una perspectiva crítica, las razones que se han presentado para justificar la restricción, principalmente la protección de la familia y el interés superior del menor y, finalmente presentan algunas ideas sobre la función del juez constitucional en la valoración de pruebas empíricas.

4. Mediante escrito radicado el 9 de octubre de 2009, la ciudadana Elizabeth Castillo allega cinco escritos de mujeres que, a partir de sus experiencias personales, manifiestan que no existen razones para impedir que una persona homosexual pueda ejercer la paternidad, por la vía de la adopción, si es del caso.

5. El ciudadano Carlos Fradique Méndez presentó, el 29 de octubre de 2009, escrito en el que manifiesta defender la constitucionalidad de las disposiciones demandadas.
1   2   3   4   5   6   7   8

similar:

Sentencia inhibitoria por inexistencia de proposicion juridica completa iconProposicion juridica completa/unidad normativa

Sentencia inhibitoria por inexistencia de proposicion juridica completa iconCompetencia de tutela/sentencia inhibitoria

Sentencia inhibitoria por inexistencia de proposicion juridica completa iconInexistencia juridica del articulo109 fraccion XI

Sentencia inhibitoria por inexistencia de proposicion juridica completa iconEn el juicio de constitucionalidad dicha integración procede cuando...

Sentencia inhibitoria por inexistencia de proposicion juridica completa iconLibre competencia en los mercados improcedencia de sanciones / abuso...

Sentencia inhibitoria por inexistencia de proposicion juridica completa iconTribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo,...
«sucesivos tramos de autopista» comprende ampliaciones y mejoras. Obligación de la concesionaria de efectuar una proposición con...

Sentencia inhibitoria por inexistencia de proposicion juridica completa iconTodo ello integrado en el Método Homeopático por lo cual se debe...

Sentencia inhibitoria por inexistencia de proposicion juridica completa icon"entre la muerte y el renacer" (version completa) por Y. Kawata

Sentencia inhibitoria por inexistencia de proposicion juridica completa iconNotificacion de la accion de tutela a tercero con interes ante devolución...

Sentencia inhibitoria por inexistencia de proposicion juridica completa iconProposición de Ley Orgánica de principios y medidas contra la corrupción...






© 2015
contactos
ley.exam-10.com