Directora de Área: Graciela Medina Colaboradora: Carolina Winograd






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La sentencia de Casación


La sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca del 20 de noviembre de 1996 absolvió a los padres de culpa y cargo, lo que llevó al Ministerio Fiscal a interponer contra dicho decisorio recurso de casación.

El tribunal de Casación entendió que si el menor hubiera recibido a tiempo las transfusiones que precisaba habría tenido a corto y mediano plazo una alta posibilidad de supervivencia. Por lo que, mediante el fallo del 27 de junio de 1997 tuvo por estimado el recurso, casando y anulando la sentencia impugnada.
"Que debemos condenar y condenamos a los acusados Pedro Alegre Tomás y Lina Vallés Rausa, como autores responsables de un delito de homicidio, con la concurrencia, con el carácter de muy cualificada, de la atenuante de obcecación o estado pasional, a la pena de dos años y seis meses de prisión, y al pago de las costas correspondientes".

La demanda de amparo


En la demanda de amparo los padres del menor alegaron la "violación de los derechos fundamentales a la libertad religiosa y a la integridad física y moral, protegidos por los artículos 16.1 y 15 de la Constitución española. Se afirma, al efecto, que dicha violación se produjo "al haber basado la sentencia recurrida la culpabilidad de los recurrentes en la supuesta exigibilidad a éstos de que, abdicando de sus convicciones religiosas, actuaran sobre la voluntad expresa de su hijo, negativa a la transfusión de sangre en su persona, conculcando así la libertad religiosa y de conciencia de éste y su derecho a su integridad física y moral y a no sufrir tortura ni trato inhumano o degradante".

Asimismo, manifestaron que, según la Convención de los derechos del niño y la explícita disposición de la Ley Orgánica 1/1996 de protección del menor, su hijo tenía "derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión" (art. 6.1) y tenía igualmente derecho a ser oído tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que hubiere estado directamente implicado, máxime cuando tal procedimiento conducía a una decisión que afectaría a su esfera personal.
El menor tenía suficiente juicio y en tales circunstancias —razona la demanda de amparo— los padres estaban obligados, antes que a hacerle desistir, a prestarle asistencia en el ejercicio personal y legítimo de sus propios derechos constitucionales de libertad de conciencia y religión, a la integridad física y moral y al rechazo a la tortura. La pretendida disuasión de los padres ante la negativa del hijo a ser transfundido —sin entrar en consideraciones sobre la supuesta bondad, injustificadamente prejuzgada, de las transfusiones de sangre— habría supuesto, por lo demás, una contribución (la más dolorosa y angustiosa, según se dice) a la conculcación de sus derechos y a la violación de unas convicciones que los padres le inculcaron en el ejercicio de su derecho constitucional ex art. 27.3 CE.”

La Decisión del Tribunal Constitucional en Pleno


El Tribunal Constitucional hizo suya la posición del Ministerio fiscal, quien argumentó que, más allá de las razones religiosas que motivaban la oposición del menor, y sin perjuicio de su especial transcendencia, cobraba especial interés el hecho que, al oponerse el menor a la injerencia ajena sobre su propio cuerpo, estaba ejercitando un derecho de autodeterminación distinto del derecho a la salud o a la vida y que se traduce en el marco constitucional como un derecho fundamental a la integridad física.
La reacción del menor a los intentos de actuación médica —descrita en el relato de hechos probados— pone de manifiesto que había en aquél unas convicciones y una conciencia en la decisión por él asumida que, sin duda, no podían ser desconocidas ni por sus padres, a la hora de dar respuesta a los requerimientos posteriores que les fueron hechos, ni por la autoridad judicial, a la hora de valorar la exigibilidad de la conducta de colaboración que se les pedía a éstos.”

En este sentido, el Ministerio Fiscal señaló que el derecho fundamental a la vida tenía un contenido de protección positiva que impedía configurarlo como un derecho a libertad comprensivo del derecho a la propia muerte.
En definitiva, la decisión de arrostrar la propia muerte no es un derecho fundamental sino únicamente una manifestación del principio general de libertad que informa nuestro texto constitucional, de modo que no puede convenirse en que el menor goce sin matices de tamaña facultad de autodisposición sobre su propio ser.”
Sin embargo, el Tribunal sopesó que las convicciones religiosas de los padres no fue obstáculo para que fuera ejercida sobre Marcos la acción tutelar del poder público en su salvaguarda, acción tutelar a cuyo ejercicio en ningún momento se opusieron.

Atento a ello, el Tribunal estimó que la exigencia a los padres de una actuación suasoria o que fuese permisiva de la transfusión, una vez que posibilitaron sin reservas la acción tutelar del poder público para la protección de Marcos, contradecía en su propio núcleo su derecho a la libertad religiosa yendo más allá del deber que les era exigible como padres. En tal sentido, el Tribunal falló que la condición de garante de los padres no se extendía al cumplimiento de tales exigencias.

III. Parejas de Hecho


A. Legislación.

España. Andalucía

Proyecto de Ley de Parejas de Hecho

El proyecto de Ley de Parejas de Hecho, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 7 de mayo de 2002 ha pasado su primer trámite parlamentario en la Cámara regional al no haberse presentado enmienda alguna a la totalidad del texto por parte de las fuerzas de la oposición. Dicho proyecto legislativo establece que, para que los miembros de una unión de hecho puedan beneficiarse de la futura norma, deberán inscribirse en el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad Autónoma. En este sentido y según el articulado de la ley, la pareja de hecho quedará disuelta en caso de matrimonio de los dos miembros o de alguno de ellos, así como por mutuo acuerdo, voluntad unilateral de uno de sus integrantes o cese efectivo de la convivencia por un período superior a un año.

En materia social, el proyecto de Ley de Parejas de Hecho reconoce el derecho de estas uniones a solicitar su ingreso conjunto en los centros residenciales públicos para personas mayores, de forma que puedan compartir habitaciones en exclusiva. Estas parejas podrán además ejercer el derecho que la legislación reconoce a los familiares y allegados a obtener información completa y continuada sobre asistencia sanitaria, incluyendo los datos relativos a diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento.

En todos aquellos aspectos que no son regulados de forma específica por el proyecto de ley, las parejas de hecho quedarán equiparadas al matrimonio tradicional en sus relaciones jurídicas con las administraciones públicas andaluzas, teniendo como únicas limitaciones las que puedan resultar de la aplicación de la normativa estatal.
B. Jurisprudencia.

Alemania


Matrimonio entre personas del mismo sexo3.

El 17 de julio de 2002 el Tribunal Constitucional Federal con sede en Karlsruhe rechazó una demanda que perseguía la declaración de inconstitucionalidad de la ley que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo. De acuerdo con los actores la norma cuestionada viola disposiciones constitucionales que protegen al matrimonio y a la familia.

La ley que está en vigencia desde el mes de agosto de 2001 le permite a las parejas del mismo sexo registrarse como tales en los registros civiles y también tramitar su divorcio ante un tribunal. Se estima que a partir de su promulgación, aproximadamente unas 4.400 parejas se unieron según sus términos (alrededor de un 1% de las uniones heterosexuales que se celebran cada año).

IV. Informe sobre Sodomía

Estados Unidos

A. Legislación4

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