Directora de Área: Graciela Medina Colaboradora: Carolina Winograd






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b. Valencia

Testamento Vital dentro de la Ley de Derechos e Información al Paciente


El 12 de junio de 2002 el Gobierno valenciano aprobó el proyecto de Ley de Derechos e Información al Paciente, con el objeto de reconocer y garantizar los derechos y obligaciones en materia sanitaria para los ciudadanos de esa comunidad.

La norma valenciana enumera todos los derechos de los pacientes, entre los que el Ejecutivo valenciano destaca el respeto de su dignidad, los derechos a la igualdad, la confidencialidad, la de elección del médico y la tarjeta SIP (Sistema de Información Poblacional), documento acreditativo del derecho a la prestación sanitaria.

Otra de las principales novedades que aporta este texto es el reconocimiento de aquellas voluntades anticipadas que se manifiesten en un documento denominado “Testamento Vital”, estableciendo los requisitos para su realización y la creación de un registro centralizado de testamentos vitales. La ley también regula el acceso a la historia clínica y la propiedad de la misma.

Según consta en el articulado de la norma, los pacientes podrán anticipar su voluntad sobre la atención clínica que desean recibir para el caso potencial que luego no cuenten con la capacidad suficiente para decidir su atención por sí mismos.

Además, la norma articula el derecho a la información clínica como eje fundamental de la relación médico-paciente. Así se reconoce el derecho del paciente a conocer su estado de salud durante cualquier tratamiento asistencial, en el que su médico deberá darle información veraz y comprensible. De igual forma, se prevé la constitución de una Comisión de Consentimiento Informado, un órgano que garantizará el rigor científico y su proceso de adecuación a los nuevos conocimientos tecnológicos.

Según el Gobierno valenciano1, la elaboración de esta norma supone un importante impulso normativo para clarificar y actualizar los derechos y obligaciones de los pacientes, respetando en todo momento a la dignidad de la persona y ofreciendo a los ciudadanos una asistencia cada vez mejor, en beneficio de su salud y calidad de vida.

c. Aragón

La Cortes aragonesas también se encuentran preparando la futura Ley de Salud de Aragón. La misma regulará los derechos de información del paciente, sumándose de este modo a las iniciativas legislativas surgidas en los últimos meses en distintas autonomías con el objeto de legislar unos derechos que, si bien siempre han debido considerarse esenciales en el marco del Derecho Sanitario, hasta muy recientemente no habían sido objeto de una normativa específica.

El contenido de la norma está en consonancia con la ya vigente ley de información clínica de Cataluña, la ley recientemente aprobada en Galicia sobre los derechos del paciente a la información clínica, y los proyectos de ley de salud de Extremadura y Andalucía, que también introducen el concepto del `testamento vital´. Particularmente, la norma –de ser aprobada- regulará el llamado “derecho a no saber”, correlativo del consentimiento informado.

d. Galicia


La Ley reguladora del Consentimiento Informado y la Historia Clínica de los Pacientes de Galicia, que entró en vigor el 8 de julio de 2002, prevé la creación de formularios de referencia de consentimiento informado para que puedan ser utilizados en los centros dependientes del Servicio Gallego de Salud y en los centros concertados con el mismo.

Con relación al consentimiento informado, la norma regula su concepto y señala quién tiene que dar la información, a quién, cómo y cuándo, la extensión que debe tener y las excepciones y límites de tal consentimiento. Asimismo, la norma regula el tratamiento que médicos y centros asistenciales deben proferirle a las historias clínicas, disponiendo que los documentos más importantes deben conservarse indefinidamente por el médico o el centro sanitario, según sea el caso. Indica, además, que la propiedad de la historia clínica pertenece al centro sanitario o al médico que la elabore en los casos de ejercicio libre de la profesión. Sin perjuicio de ello, prevé que el paciente tendrá derecho a acceder a todos los documentos de la historia y a obtener una copia de los mismos, debiendo tener acceso directo cuando se formule una denuncia administrativa o judicial con motivo de la asistencia sanitaria recibida.

Por último, en consonancia con la ley de Cataluña que también regula los derechos del paciente, la norma gallega incluye el concepto del “documento de voluntades anticipadas” (testamento vital). A tal efecto, la norma dispone que el documento de voluntades anticipadas deberá otorgarse por persona capaz y ante notario o ante tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar.
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