Nuevo régimen del habeas corpus.(Ley 23. 098)






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Nuevo régimen del habeas corpus.(Ley 23.098).

Sagüés, Néstor P.

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HABEAS CORPUS

Titulo: Nuevo régimen del habeas corpus.(Ley 23.098).

Autor: Sagüés, Néstor P.

Publicado en: LA LEY 1985-B, 891-Derecho Constitucional - Doctrinas Esenciales Tomo IV, 535

SUMARIO: A. Disposiciones generales. - I. Introducción. - II. Presentación general de la ley 23.098. - III. Ley especial. - IV. Análisis del articulado, capítulo I. Disposiciones generales. Art. 1º aplicación de la ley. - V. Art. 2º. Jurisdicción de aplicación. - VI. Art. 3º. Procedencia. - VII. Art. 4º. Estado de sitio. - VIII. Facultados a denunciar. - IX. Art. 6º. Inconstitucionalidad. - X. Art. 7º. Recurso de inconstitucionalidad. - B. PROCEDIMIENTO Y REGLAS DE APLICACIÓN. - I. Capítulo segundo. Procedimiento. art. 8. Competencia. - II. Art. 9º. Denuncia. - III. Art. 10. Desestimación o incompetencia. - IV. Art. 11. Auto de habeas corpus. - V. Art. 12. Cumplimiento de la orden. - VI. Art. 13. Citación a la audiencia. - VII. Art. 14. audiencia oral. - VIII. Art. 15. Prueba. - IX. Art. 16. Acta de la audiencia. - X. Art. 17. Decisión. - XI. Art. 18. Pronunciamiento. - XII. Art. 19. Recursos. - XIII. Art. 20. Procedimiento de apelación. - XIV. Art. 21. Intervención del Ministerio Público. - XV. Art. 22. Intervención del denunciante. - XVI. Art. 23 Costas. - XVII. Art. 24. Sanciones. - XVIII. Capitulo tercero. Reglas de aplicación. Art. 25. Turno. - XIX. Art. 26. Organismos de seguridad. - XX. Art. 27. Registro. - XXI. Art. 28. Derogación. - XXII. Evaluación de la ley 23.098. Hábeas corpus en favor de personas con paradero desconocido



A. Disposiciones generales

I. Introducción

Sancionada el 28 de setiembre de 1984, promulgada el 19 de octubre y publicada el 25 de Octubre de ese año, la ley nacional 23.098 (ADLA, XLIV-D, p. 3733) ha abolido totalmente el título IV, sección II del libro cuarto del Código de Procedimientos en lo Penal de la Nación (ley 2372 -ADLA, 1881-1888, p. 441-), al par que ha derogado el art. 20 de la ley 48 (ADLA, 1852-1888, p. 364) e instrumentado un nuevo sistema normativo para el hábeas corpus.

La nueva ley tiene su origen en un proyecto presentado en la Cámara Alta del Congreso por el senador Fernando de la Rúa, ingresado en la sesión extraordinaria del 7 de marzo de 1984. Dicha iniciativa repite otra similar de ese legislador, que tuvo entrada en el Senado en la sesión del 20 de mayo de 1984, aunque no fue considerada en aquella oportunidad por la Comisión de Legislación General a la que se remitió. El senador De la Rúa ha destacado que en la elaboración del proyecto colaboraron decisivamente los Dres. Julio B. J. Maier y Virgilio J. Loiácono (1).

Debe destacarse que salvo algunos agregados en los arts. 1º; 2º y 11 el Congreso no alteró la fisonomía básica del proyecto de la Rúa (2). Por tanto, los Fundamentos dados por el aludido senador al presentar la iniciativa, resultan de gran importancia para la mejor interpretación de la ley 23.098, ya que muestran la auténtica voluntad legisferante.

II. Presentación general de la ley 23.098

Los Fundamentos del proyecto destacan que éste se propone tutelar la libertad ambulatoria, concepto comprensivo del "jus movendi et ambulandi" o "power of locomotion" en la terminología anglosajona (3).

La idea de "libertad ambulatoria" es probablemente más comprensiva que la de "libertad física". En efecto: si al hábeas corpus se lo ciñe exclusivamente a la libertad corporal en sentido estricto, funcionará como instrumento para cuestionar arrestos, prisiones o detenciones. Pero si se lo programa como garantía de la "libertad ambulatoria", servirá fácilmente también para impugnar lesiones menores relativas al derecho de locomoción como son ciertas perturbaciones (seguimientos molestos, actos de hostigamiento, vigilancias excesivas, impedimento de acceso a lugares como sitios de trabajo y de enseñanza) que han dado lugar a un tipo especial de hábeas corpus, que hemos llamado "restringido" o de menor cuantía (cfr. nuestro "Hábeas corpus. Régimen constitucional y procesal en la Nación y provincias", ps. 85 y sigts., Ed. LA LEY S.A., Buenos Aires, 1981, pese a que allí no haya arresto, ni amenaza de él.

Conviene alertar asimismo que el proyecto de la Rúa interpretó al art. 18 de la Constitución Nacional en el sentido que impide tanto arrestar sin orden escrita de autoridad competente, como que alguien sea agredido en su integridad física "sea a título de pena, sea con el objeto de coartar su libertad moral" (Diario de Sesiones del Senado, 1984, p. 808). Tal tesis implica una eventual ampliación de la figura del hábeas corpus para habilitar lo que hemos denominado "hábeas corpus correctivo" (cfr. nuestro Hábeas Corpus... ob. cit., p. 86) recepcionado en el art. 3, inc. 2 de la ley 23.098.

El proyecto de la Rúa destacó que la libertad ambulatoria constituye un derecho primario, individual y básico, sin cuyo goce es difícil el ejercicio de los otros derechos humanos. Perfilado así como "derecho fundante", agrega que el reciente fomento de los derechos económicos y sociales no debe traspapelar la tutela de la libertad ambulatoria, razón que obligaba a adaptar los remedios procesales del caso a las necesidades de la época.

En ese quehacer, los Fundamentos ya mencionados explican que la garantía de la libertad de locomoción no debe convertirse en una exaltación declamatoria de ella, sino que cabe compatibilizarla con todos los intereses en juego, partiendo del supuesto de que las prerrogativas individuales deben ceder en beneficio del bien común. No hay, se reitera, derechos absolutos, sino facultades que deben entrelazarse armónicamente.

Por último, la ley 23.098 parte del criterio -que también hemos sostenido- de que el hábeas corpus anglosajón está recepcionado tácitamente en el art. 18 de la Constitución Nacional, agregando el proyecto que el punto tercero del "Pronunciamiento de legalidad de la Hora del Pueblo" insistió en la necesidad de preservar los derechos y garantías constitucionales con la concesión de recursos sumarísimos ante la Justicia, para hacer cesar los actos arbitrarios del Poder. En esa línea se ubicó la iniciativa que comentamos.

III. Ley especial

Cabe subrayar especialmente que la ley 23.098 es una norma especial en materia de hábeas corpus, no incluida en el Código Procesal Penal de la Nación. Su art. 28 deroga el título IV, sección II del libro cuarto de tal Código, y no incorpora al mismo el nuevo texto que ahora se dicta.

En resumen, la ley 23.098 siguió el camino de otras normas regulatorias de la acción de hábeas corpus, como la ley 267 de la Provincia de La Pampa (expresamente mencionada en los Fundamentos del proyecto de la Rúa) o de la ley 3665 "de la Provincia de San Luis; esto es, mediante una regulación específica e independiente del hábeas corpus. Hemos apoyado tal actitud procesal, puesto que tratando dicha acción de una garantía constitucional propia y singular, no era de buena doctrina situarla dentro de un código procesal penal, civil o laboral, sino en una normatividad autónoma, atinente al derecho procesal constitucional (cfr. nuestro "Hábeas corpus...", ob. cit., p. 120).

De todos modos, el proyecto de la Rúa advirtió en sus Fundamentos que la tutela del conjunto de los derechos constitucionales podría unificarse en un solo texto, a fin de lograr una protección integral y plena. Recientemente hemos tenido oportunidad de tratar una posibilidad en tal sentido, como es la iniciativa de Ley de Jurisdicción Constitucional de Costa Rica, verdadero código de derecho procesal constitucional, regulatorio del hábeas corpus, del amparo y del recurso de inconstitucionalidad (cfr. Rev. LA LEY, "Actualidad", 9 de noviembre de 1984), y que por legislar armónica y orgánicamente todas esas figuras, merece aplauso.

Debe recordarse, paralelamente, que en Argentina algunas leyes locales (2257 de Catamarca, 5180 de Salta -ADLA, t. XXVIII-A, p. 1131; t. XXXVII-D, p. 4565-), han tratado conjuntamente al amparo y al hábeas corpus.

IV. Análisis del articulado, capítulo I. Disposiciones generales. Art. 1º aplicación de la ley

La norma que comentamos cuenta con tres capítulos. El primero refiere a "Disposiciones generales"; el segundo, a "Procedimiento"; y el tercero, a "Reglas de aplicación". El Capítulo I se inicia con el art. 1, con el siguiente texto:

"Art. 1º. Aplicación de la ley. Esta ley regirá desde su publicación.

El capítulo primero tendrá vigencia en todo el territorio de la Nación, cualquiera sea el tribunal que la aplique. Sin embargo, ello no obstará a la aplicación de las constituciones de provincia o de leyes dictadas en su consecuencia, cuando se considere que las mismas otorgan más eficiente protección de los derechos a que refiere esta ley".

Consideraremos ahora los principales aspectos de este artículo.

1. Ambito temporal de la ley. En concreto, la cláusula establece que la ley 23.098 entró en vigor el día de su publicación (que fue el 25 de octubre de 1984). Al no puntualizar la ley eventuales efectos retroactivos -alternativa que podría quizás haberse considerado, en particular en asuntos procesales-, entendemos que ella no se aplicará a los hábeas corpus en trámite, sino a los que se entablaron después de la aludida publicación en el Boletín Oficial.

2. Ambito espacial. El segundo tema que trata el artículo concierne a la efectivización territorial de la ley, y dispone que el Capítulo I tendrá vigencia en todo el territorio de la Nación. El propósito fue "hacer realidad la obligación inexcusable del Congreso de la Nación de reglamentar" los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, sin alterar su efectivo ejercicio" (Fundamentos cit.).

La tesis de preparar una ley nacional, con vigencia en todo el país, regulatoria de ciertas garantías insertadas en la constitución federal, había sido sostenida anteriormente por Abraham Bartoloni Ferro ("El proceso penal y los actos jurídicos procesales penales", t. V, p. 180, Santa Fe, 1954), con el fin de que la tutela de la libertad tuviese una cobertura uniforme en cualquier parte de la Nación. También es digno de tenerse en cuenta el proyecto de ley de amparo elaborado por el Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, 1962, p. 71), que distinguía entre un sector de ley aplicable para todo el país (relativo a los presupuestos de procedencia del amparo), y otro, de tipo procesal, efectivizable sólo en la esfera nacional y federal (cfr. Sagüés, Néstor Pedro, "Ley de amparo", ps. 409/10, Buenos Aires 1979, Ed. Astrea).

La ley 23.098 ha seguido esta última orientación: tiene un capítulo (el primero) con vigencia para toda la República, "cualquiera sea el tribunal que lo aplique"; y dos capítulos más (segundo y tercero) que rigen en el ámbito nacional, y que son de naturaleza fundamentalmente procesal. La temática de estos dos últimos capítulos, pues, se regulará en cada provincia por lo que ellas dispongan.

En el Senado de la Nación, el art. 1º despertó un largo y sustancioso debate. De la Rúa expuso que sobre el punto "faltaba una reglamentación del Congreso con alcance nacional sobre un derecho fundamental como éste, contenido en la Constitución" (Diario de Sesiones del Senado, 1984, ps. 2033 y sigts.); y de ahí el artículo proyectado, que en su redacción original solamente decía (respecto al ámbito espacial de la ley): "El capítulo primero tendrá vigencia en todo el territorio de la Nación, cualquiera sea el tribunal que la aplique".

Tal criterio mereció una decidida oposición por parte del Senador Eduardo Menem, quien calificó al hábeas corpus como un instituto esencialmente procesal, "razón por la cual está exclusivamente reservado a las atribuciones que corresponden a las provincias". El proyecto importaba, al decir de este legislador, un avance de la legislación nacional sobre la provincial; y además era poco práctico al disponer que una parte de la ley se aplicase en todo el país, y que otra variase de provincia a provincia (Diario de Sesiones cit., ps. 2035/6).

A su turno, de la Rúa replicó que en la iniciativa lo estrictamente procesal era de competencia provincial, pero la reglamentación de la garantía federal del hábeas corpus era asunto nacional "a fin de precisar su alcance y uniformar en el país el modo de aplicación de esas garantías" (Diario de Sesiones cit., p. 2038).

El debate prosiguió con la intervención de varios senadores. El legislador Araujo entendió que el proyecto de la Rúa, tenía un aspecto de esencia, de fondo, que debía regir en toda la República (Diario de Sesiones cit., p. 2040). Martiarena, después de comentar que la materia discutida era constitucionalmente opinable, afirmó que la iniciativa "en tanto y en cuanto signifique una mayor garantía de la libertad, es correcto que se aplique también en el territorio de las provincias" (Diario de Sesiones cit., p. 2041), en tanto que el senador Marini concluyó "que hay normas sustanciales de derecho procesal que son nacionales", como eran las relativas al capítulo I de la futura ley (Diario de Sesiones cit., p. 2042).

La discusión terminó cuando de la Rúa, sin querer entrar en la discriminación de lo que es sustancial o procesal, aceptó para zanjar la polémica un agregado propuesto por el senador Martiarena, en el sentido de que la vigencia nacional del capítulo I no obstara a la aplicación de las normas provinciales que fuesen más beneficiosas para el hábeas corpus. Y así quedó aprobado, en definitiva, el art. 1º (Diario de Sesiones cit., p. 2042).

Interesa analizar ahora, por nuestra parte, si la temática tratada en el capítulo I de la ley 23.098, con vigencia en toda la República, invade o no derechos provinciales. En tal sentido, parece correcto distinguir un tramo "de fondo" en el hábeas corpus (lo relativo al ámbito de operatividad de la figura) y otro "procedimental" (de trámite). Admitida esa diferenciación, resulta correcto que la ley de mención haya normado los supuestos de procedencia del hábeas corpus para todo el país (art. 3º de la ley) ya que por emanar ese instituto de la Constitución Nacional, lógico es que sea el poder nacional quien regule su radio de acción.

Otros dispositivos del capítulo I, como el referente al recurso de inconstitucionalidad federal (art. 7º), o la atribución a los jueces de declarar de oficio la inconstitucionalidad de las normas violatorias de la Constitución Nacional (art. 6º), atienden también a problemas que son notoriamente de índole federal, siendo entonces viable su regulación en la ley 23.098, para todo el país. Lo mismo ocurre con la previsión del hábeas corpus con motivo de detenciones operadas durante el estado de sitio, materia obviamente federal (art. 4º) desechada como está, actualmente, la tesis de que las provincias puedan declarar esa medida de excepción y disponer en su consecuencia, por sí, arrestos en virtud de dicho estado de sitio (sobre el tema, cfr. por ejemplo González Calderón Juan, "Curso de Derecho Constitucional", p. 290, 4 ed., Ed. Kraft, Buenos Aires 1963).

Del mismo modo, la norma distributiva de competencias entre la justicia nacional y la provincial (art. 2º, ley 23.098) tampoco merece objeción constitucional.

El que puede despertar algunas dudas es el art. 5º de la ley, relativo a las personas facultadas para denunciar el hábeas corpus. Quien entienda que ello es una temática exclusivamente procesal, reservada entonces a las provincias, deducirá que la regulación de esos sujetos es ajena al resorte nacional (salvo, desde luego, para los hábeas corpus a diligenciar en el ámbito de la Nación). Sin embargo, la corriente jurisprudencial prevaleciente y auspiciada por la C.S.J.N., reconoce atribuciones a la Nación para normar materias procesales en tanto y en cuanto sea necesario para asegurar las instituciones contenidas en la legislación de fondo (4) y, por supuesto, para afirmar las instituciones derivadas de la propia Constitución (como es, precisamente, el hábeas corpus). Además, cabe entender que el enunciado de quién puede promover esta acción no alude a una cuestión simplemente rituaria, sino en parte sustancial, porque refiere a los titulares del hábeas corpus (beneficiario y promotores); vale decir a los acreedores para instar el procedimiento respectivo.

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