Promuevo accion de amparo preventivo colectivo en defensa de derechos de incidencia colectiva referentes a derechos individuales homogéneos no patrimoniales. Solicito medida cautelar colectiva de no innovar. Planteo cuestion constitucional y convencional con notoria gravedad institucional






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Los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos son aquellos en donde si bien se afectan derechos individuales enteramente divisibles, existe un hecho único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y que se identifica como una causa fáctica homogénea. Como ejemplo de esta categoría, se observan “los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, de los derechos de los usuarios y consumidores como de los derechos de sujetos discriminados”.[14] Dicha categoría también alojará aquellas situaciones que abarquen derechos subjetivos no homogéneos pero donde “exista un fuerte interés estatal en su protección, sea por su trascendencia social o en virtud de las particulares características de los sectores afectados”.[15]

Establecida la esfera estructural del Estado constitucional de derecho, la Corte Suprema construyó la órbita instrumental determinada por las garantías correspondientes.
Los derechos subjetivos o individuales cuentan para su tutela con una acción individual donde la legitimación procesal están en cabeza del titular del derecho.
Los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos cuentan para su tutela con una acción colectiva donde la legitimación procesal corresponde al Defensor del Pueblo, las asociaciones que concentran el interés colectivo y el afectado (tomando para ello como referencia normativa el artículo 43 de la Constitución argentina).
Los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos cuentan para su tutela con una acción colectiva donde la legitimación procesal corresponde a un sujeto activo que demuestre la idoneidad suficiente para representar al grupo (un afectado, las asociaciones que propendan a dichos fines y el Defensor del Pueblo –con la excepción del voto de Highton de Nolasco respecto de su legitimación procesal en torno a los derechos individuales homogéneos puramente patrimoniales-[16]).[17]
Como en el supuesto de la acción colectiva de los derechos individuales homogéneos, no existe una regulación de las acciones de clase mediante las cuales se pueda traducir la instrumentalidad de la acción colectiva, y habida cuenta que: a) esta clase de derechos es plenamente operativa, b) es una obligación de los jueces garantizar su eficacia cuando se observa su afectación (y la imposibilidad de acceder a la justicia por parte del titular del derecho) y c) que señera jurisprudencia ha dicho que donde hay un derecho hay un remedio legal, por cuanto las garantías constitucionales existen y protegen a las personas, por el sólo hecho de estar previstas en la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias (cuyas limitaciones no pueden constituir un obstáculo para la vigencia efectiva de dichas garantías)[18]; la Corte Suprema de Justicia estableció de forma pretoriana los requisitos generales y particulares de procedencia de esta clase de acciones colectivas.
Entre los requisitos generales se destacan: a) la existencia de un hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales; b) la pretensión debe estar concentrada en los efectos comunes y no en lo que cada individuo puede peticionar, por ende, la existencia de causa o controversia se relaciona con los elementos homogéneos que tiene esa pluralidad de sujetos al estar afectados por un mismo hecho; c) es exigible que el interés individual considerado aisladamente no justifique la promoción de una demanda solamente como acción individual, no obstante c´) la acción colectiva resultará de todos modos procedente en aquellos supuestos en los que cobran preeminencia otros aspectos referidos a materias tales como el ambiente, el consumo o la salud o afectaciones de grupos que tradicionalmente han sido postergados, o en su caso, débilmente protegidos, por cuanto en dichas circunstancias, la naturaleza de estos derechos –a pesar de su singularidad- excede el interés de cada persona, y al mismo tiempo, pone en evidencia la presencia de un fuerte interés estatal para su protección (entendido como el de la sociedad en su conjunto)[19] y d) el carácter erga omnes de la cosa juzgada el cual es inherente a la propia naturaleza de la acción colectiva en virtud de la trascendencia de los derechos que por su intermedio se intentan proteger[20] (salvo en lo que hace a la prueba del daño los cuales deberán dilucidarse en procedimientos especiales o en la ejecución de la sentencia).[21]

Entre los requisitos particulares se observan: a) precisa identificación del grupo o colectivo afectado; b) idoneidad de quien pretenda asumir su representación; c) existencia de un planteo que involucre, por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el colectivo; d) procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de forma tal que se les pueda asegurar la alternativa de optar por quedar fuera del pleito como la de comparecer en él como parte o contraparte y e) implementación adecuada de medidas de publicidad orientadas a evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto a fin de aventar el peligro de que se dicten sentencias disímiles o contradictorias sobre idénticos puntos.[22]
La Corte Suprema de Justicia estableció un estándar de suma importancia: que el propio texto constitucional autoriza el ejercicio de las acciones apropiadas para la defensa de intereses colectivos con prescindencia de las figuras expresamente diseñadas en él o en las normas procesales vigentes.[23] Por ende, las acciones colectivas podrán –según el derecho en juego y las circunstancias determinantes del caso concreto- tramitar por vía de la acción de amparo, cualquier otro proceso constitucional, el juicio sumarísimo o el juicio ordinario.
IV.2 El presente caso, la acción de amparo se configura como una acción de amparo colectiva preventiva que tiene por objeto tutelar los derechos de incidencia colectiva referentes a en defensa de derechos de incidencia colectiva referentes a derechos individuales homogéneos no patrimoniales titularizados por todos los habitantes del Estado argentino que titularizan el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho al amparo.
En primer lugar, existe un hecho único –los proyectos de ley sancionados y próximos a ser promulgados y publicados- que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales (todos los habitantes del Estado argentino)
En segundo lugar, la pretensión colectiva está concentrada en el efecto común que el hecho único produce al grupo de afectados y no plantea ninguna situación especial o particular, por cuanto como se analizará posteriormente, las supuestas excepciones reguladas son de imposible cumplimiento o no existen como tal.
En tercer lugar, el interés individual considerado aisladamente no justifica que cada habitante promueva una acción individual ante la existencia de una situación que conculca en el mismo grado e intensidad derechos de incidencia colectiva referentes a derechos individuales homogéneos no patrimoniales.
En cuarto lugar, existe una precisa identificación del grupo o colectivo afectado: todos los habitantes del Estado argentino que titularizan el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho al amparo.
V. El Estado constitucional de derecho argentino. El contenido iusfundamental de los derechos. El derecho a la tutela judicial efectiva. El derecho de amparo.
El Estado constitucional de derecho argentino.
V.1 En el fallo “Casal, Matias E. y otro”[24] -de forma obiter dicta puesto que en el holding de la sentencia se discutió los alcances del recurso de casación penal a la luz de la Constitución argentina y el fallo “Herrera Ulloa v. Costa Rica” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- la Corte Suprema de Justicia despejó toda clase de dudas sobre el paradigma constitucional argentino de la siguiente manera: “14. Que desde 1853 -y pese a las múltiples ocasiones en que se lo ha desvirtuado o desviado- nos rige el mandato de hacer de la República Argentina un Estado constitucional de derecho. Nunca en su sistema se puede concebir un recurso que tienda a quebrar las sentencias de los jueces para imponer una única voluntad interpretativa de la ley, con el afán de no desvirtuar la voluntad política del legislador ordinario. Por el contrario, nuestro sistema conoce desde siempre el recurso que permite a los ciudadanos impetrar de sus jueces la supremacía de la Constitución sobre la voluntad coyuntural del legislador ordinario que se hubiese apartado del encuadre de ésta el Estado constitucional de derecho”.[25]
En el ámbito de dicho modelo, reivindicó la fuerza normativa de la Constitución como elemento esencial del mismo, al sostener: “13. Que el llamado objetivo político del recurso de casación, sólo en muy limitada medida es compatible con nuestro sistema, pues en forma plena es irrealizable en el paradigma constitucional vigente, dado que no se admite un tribunal federal que unifique la interpretación de las leyes de derecho común y, por ende, hace inevitable la disparidad interpretativa en extensa medida. La más fuerte y fundamental preocupación que revela el texto de nuestra Constitución Nacional es la de cuidar que por sobre la ley ordinaria conserve siempre su imperio la ley constitucional. Sólo secundariamente debe admitirse la unificación interpretativa, en la medida en que la racionalidad republicana haga intolerable la arbitrariedad de lesiones muy groseras a la igualdad o a la corrección de interpretaciones carentes de fundamento. Pero resulta claro que no es lo que movió centralmente a los constituyentes a la hora de diagramar el sistema judicial argentino”.
En los fundamentos de la Acordada 30/2007[26] (que reguló el régimen de las audiencias públicas ante el Alto Tribunal) estableció en su considerando segundo: “Que en el marco de decisiones de diversa naturaleza que este Tribunal viene adoptando, como titular de este Departamento del Gobierno Federal, para elevar la calidad institucional en el ámbito del Poder Judicial y profundizar el estado constitucional de derecho vigente en la República, se considera apropiado al mejor logro de estos altos objetivos comenzar a llevar a cabo audiencias de carácter público, que serán convocadas en ciertas causas que tramitan ante esta Corte y estarán sometidas al régimen cuyas reglas básicas se disponen en la presente”.

En la causa “Halabi” estableció[27] que “…la Constitución, que es la ley de leyes y se halla en el cimiento de todo el orden jurídico positivo, tiene la virtualidad necesaria de poder gobernar las relaciones jurídicas nacidas en circunstancias sociales diferentes a las que existían en tiempo de su sanción…”.[28]
De concretarse la amenaza que se denuncia e impugna, los cimientos instrumentales del Estado constitucional de derecho argentino desaparecerían, en la medida que sus habitantes, no contaría con ninguna herramienta procesal cautelar efectiva para hacer frente a los actos u omisiones estatales que conculquen sus derechos.
El contenido iusfundamental protegido de los derechos.
V.2 La Corte Suprema de Justicia en el caso “Vizotti, Carlos Alberto c.AMSA SA”[29] sostuvo que los derechos constitucionales “tienen, naturalmente, un contenido que, por cierto, lo proporciona la propia Constitución”, de lo contrario debería admitirse “que la Constitución Nacional enuncia derechos huecos, a ser llenados por el legislador, o que no resulta más que un promisorio conjunto de sabios consejos, cuyo seguimiento quedaría librado a la buena voluntad de este último…”. Esto explica que “…la determinación de dicho contenido configure, precisamente, el objeto de estudio del intérprete constitucional. Todo ello, explica también, que al reglamentar un derecho constitucional, el llamado a hacerlo no pueda obrar con otra finalidad que no sea la de da a aquél toda la plenitud que le reconozca la Constitución Nacional. Luego, es tan cierto que los derechos constitucionales son susceptibles de reglamentación, como lo es que ésta última está destinada a no alterarlos (Constitución Nacional, art. 28), lo cual significa conferirles la extensión y comprensión previstas en el texto cimero que los enunció y que manda asegurarlos”. Por ende, “la Constitución Nacional es ley suprema, y todo acto que se le oponga resulta inválido cualquiera sea la fuente jurídica de la que provenga…”.
El contenido constitucional protegido del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho al amparo está determinado por un ámbito de protección cautelar efectiva ante los actos u omisiones estatales que se violaría frente a toda situación normativa o fáctica que posibilitara la indefensión cautelar.
El derecho a la tutela judicial efectiva.
V.3 La tutela judicial efectiva es un derecho fundamental y un derecho humano consagrado expresamente en la regla de reconocimiento constitucional argentina, en virtud de lo cual, presenta un contenido constitucional protegido que no puede ser desconocido por los Poderes Constituidos.
El Estado constitucional de derecho se configura mediante la interrelación de dos esferas. Una de carácter estructural donde se ubican los derechos fundamentales y los derechos humanos (que componen la dimensión sustancial de la validez). Otra de naturaleza instrumental donde se ubican las garantías políticas y jurisdiccionales. Si bien entre ambas existe una permanente retroalimentación, la segunda se encuentra “al servicio” de la primera, conforme a lo cual, las garantías tienen por objeto hacer efectivos los derechos. Una vez establecido en la positividad constitucional un derecho, las garantías no configuran -ni tampoco definen- los contenidos de éstos, sino que ante situaciones de violación por acción u omisión, las mismas confluyen a los efectos de una reparación célere y cierta.
Puede suceder que existan situaciones normativas que constituyan a la vez un derecho y una garantía.
Un primer ejemplo, desde una perspectiva general, lo expone el derecho-garantía a la tutela judicial efectiva.
El derecho a la tutela judicial efectiva (también conocido como derecho a la jurisdicción), se entiende como la potestad de acceder a los órganos jurisdiccionales con el objeto de procurar la plena satisfacción de los derechos subjetivos y colectivos.
En el marco de una relación triádica, el sujeto activo de este derecho –el justiciable- es la persona física o jurídica (y también en ciertas ocasiones el propio Estado) y el sujeto pasivo es el Estado mediante el órgano judicial encargado de administrar justicia. De un lado, en el ámbito del “poder”, el Estado tiene la función de administrar justicia; del otro, en el ámbito de los “derechos del hombre”, el justiciable titulariza el derecho de requerir esa función a su favor o incitarla.[30]
Este derecho se vincula con el principio pro actione (proveniente del derecho de los derechos humanos) que propone que en cada caso y en cada proceso, el tribunal requerido haga un juicio objetivo y fundado en torno a la verosimilitud de la pretensión articulada y de la acción que la viabiliza, de forma que no se incurra en rigorismos procesales que estrangulen al sistema de derechos.
El acceso al órgano jurisdiccional no puede verse obstruido por ninguna clase de obstáculo formal o real. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva Nº 11 (OC-11), sostuvo que se viola este derecho cuando una persona no puede abonar la debida asistencia letrada, solventar los costos del proceso o conseguir asistencia letrada (por existir un temor generalizado de los profesionales por su vida o las de sus familiares que les impide asumir la defensa técnica).
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante sus Informes, ha sostenido que la tutela de los derechos no debe “reclamativa” sino “efectiva” y que este principio puede traducirse en la garantía de la libre entrada a los tribunales para la defensa de los derechos frente al poder público, aún cuado la legalidad ordinaria no haya reconocido un recurso o acción concreta. Tanto la Corte Interamericana como la Comisión Interamericana, han sostenido que es una obligación de los Estados parte garantizar el derecho a la jurisdicción mediante la tutela efectiva de los derechos.
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