Promuevo accion de amparo preventivo colectivo en defensa de derechos de incidencia colectiva referentes a derechos individuales homogéneos no patrimoniales. Solicito medida cautelar colectiva de no innovar. Planteo cuestion constitucional y convencional con notoria gravedad institucional






descargar 133.67 Kb.
títuloPromuevo accion de amparo preventivo colectivo en defensa de derechos de incidencia colectiva referentes a derechos individuales homogéneos no patrimoniales. Solicito medida cautelar colectiva de no innovar. Planteo cuestion constitucional y convencional con notoria gravedad institucional
página1/4
fecha de publicación28.02.2016
tamaño133.67 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Ley > Documentos
  1   2   3   4
Acción de amparo contra la ley de medidas cautelares
PROMUEVO ACCION DE AMPARO PREVENTIVO COLECTIVO EN DEFENSA DE DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA REFERENTES A DERECHOS INDIVIDUALES HOMOGÉNEOS NO PATRIMONIALES. SOLICITO MEDIDA CAUTELAR COLECTIVA DE NO INNOVAR. PLANTEO CUESTION CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL CON NOTORIA GRAVEDAD INSTITUCIONAL.
Señor Juez/a:

ANDRES GIL DOMÍNGUEZ, (CPACF T 52 F 101), en mi carácter de titular afectado del derecho de incidencia colectiva a la tutela judicial efectiva y al derecho de amparo y profesor de derecho constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con domicilio en la calle ………… de la Ciudad de Buenos Aires, constituyendo domicilio en la ……….. de la Ciudad de Buenos Aires, y con el patrocinio letrado de los Doctores Christian Cao (CPACF T 79 F 143) y Laura Tarbuch (CPACF T 110 F 80), me presento y digo:
I. Objeto.

Que vengo a promover la presente acción de amparo preventivo colectivo en defensa de derechos de incidencia colectiva referentes a derechos individuales homogéneos no patrimoniales en los términos previstos por el art. 43 de la Constitución argentina, el art 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por los requisitos formales y sustanciales determinados por la Corte Suprema de Justicia en la causa “Halabi, Ernesto c. P.E.N. ley 25.873 dto. 1563/04”[1], contra el Estado Nacional- Poder Ejecutivo Nacional respecto de los arts. 2.1, 3.4, 4, 5, 9, 10, 13.3, 16, 17, 19 del proyecto de ley mediante el cual se establece la regulación de las medidas cautelares dictadas en los procesos en los que el Estado Nacional o sus entes descentralizados sean parte y arts. 290 y 296 del proyecto de ley mediante el cual se crea la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal, la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social y la Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial con sede en Capital Federal sancionados por el Congreso de la Nación y próximos a ser promulgados y publicados en el Boletín Oficial por el Poder Ejecutivo Nacional que con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta conculcan el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 18 de la Constitución argentina) y el derecho fundamental y humano al amparo (art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 2.3 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos y art. XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre).
Consecuentemente, la decisión jurisdiccional que haga lugar a la presente acción de amparo preventivo colectivo, deberá declarar la nulidad e inconstitucionalidad de la inminente amenaza de concreción en actos lesivos definitivos, inexorables e irreparables que implican los proyectos sancionados y ordenar al Poder Ejecutivo Nacional que se abstenga de promulgarlos y publicarlos en el Boletín Oficial, con costas.
II. El amparo preventivo. Su procedencia.
El art. 43 de la Constitución argentina estipula que la acción de amparo procede contra todo acto de autoridad pública que en forma inminente amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta derechos y garantías consagrados en la Constitución o un Tratado. De esta manera, surge claramente que el Convencional Constituyente de 1994 incorporó la figura del amparo preventivo o preventus. También la mencionada modalidad fue incorporada con la figura del hábeas corpus, en cuanto este proceso constitucional, procede cuando la libertad física, el agravamiento ilegítimo de la forma o condiciones de detención o el supuesto de desaparición forzada de personas estuvieran amenazadas o se presentaran como una amenaza. En sincronía con lo expuesto, negar la existencia constitucional de la figura del amparo preventivo, implicaría sin más, negar la existencia del hábeas corpus preventivo.
En general, la doctrina constitucional se manifestó de manera favorable a la clara recepción constitucional del amparo preventivo.[2]
En particular, la doctrina constitucional y procesal constitucional ha definido los contornos del amparo preventivo de la siguiente manera:
* Procede respecto de actos próximos a ejecutarse cuya comisión se verificará en un futuro inmediato, o bien, cuando su proyección es tan patente que configura una expresión intimidatoria.[3]
* Procura prevenir toda lesión cuando ello resulta de indudable cometido.[4]
* La demostración de la potencialidad de la configuración de una lesión de un derecho debe exigirse en términos de razonabilidad y sentido común y no con un rigorismo ritual que teñiría de arbitrariedad el pronunciamiento judicial.[5]
* Procede ante una amenaza de un hacer inminente, de la proximidad de un peligro que se traduciría en la producción en acto de una acción lesiva.[6]
* La amenaza consiste en generar un riesgo no conjetural para un derecho conforme a ciertas condiciones objetivas propositivas. De forma tal que de concretarse la lesión se producirá de manera inexorable.[7]
* La materialización de la amenaza puede tener efectos instantáneos, transitorios o definitivos.[8]
* La amenaza supone un peligro en ciernes, y por ende, no requiere de su concreción para solicitar la tutela del amparo.[9]

En el presente caso, se verifica una concreta amenaza respecto de los derechos invocados, por cuanto ambos proyectos, tuvieron su origen en el Poder Ejecutivo Nacional como parte de un paquete de medidas que fueron sancionados por el Congreso y que serán promulgados y publicados por el Ejecutivo con la mayor celeridad posible en estos días como es de público y notorio conocimiento. No se trata entonces de un acto conjetural, sino de una amenaza que de producirse, generará un daño inexorable y definitivo, en la medida que se trata de leyes autoaplicativas.
III. La legitimación procesal del titular afectado.
La legitimación procesal es la capacidad o aptitud que se reconoce a un sujeto para intervenir en un proceso judicial.
Implica el reconocimiento que el ordenamiento jurídico hace a favor de un sujeto, en cuya virtud le confiere la posibilidad de ejercitar eficazmente su poder de acción, en base a la relación existente entre el sujeto y los derechos cuya tutela jurisdiccional pretende.
También ha sido definida como la capacidad procesal para estar en juicio, en orden a formular una determinada petición y obtener a través de ella una sentencia que la resuelva.[10]
Existen distintas clases de legitimaciones procesales: a) activa (es la idoneidad para realizar actos de ejercicio del poder de acción) y pasiva (es la aptitud para soportar el ejercicio de la acción); b) “ad processum” (como presupuesto de admisibilidad del proceso) y “ad causam” (como presupuesto de existencia de la acción); y c) directa (cuando existe una total coincidencia entre el titular del derecho y el sujeto que ejercita el poder de acción) e indirecta (donde un sujeto ejerce el poder de acción sin que exista una coincidencia entre titularidad y sujeto).
Es posible contar con un derecho fundamental -sustentado por el espacio estructural- al cual le corresponde la pertinente garantía -emergente de la órbita procedimental-, pero ante un supuesto de acción u omisión violatoria, si no se cuenta con la legitimación procesal necesaria, el derecho y la garantía se esfuman al unísono dejando huérfano de forma y sustancia al Estado constitucional de derecho. Esta realidad, obliga necesariamente a reflexionar sobre la auténtica naturaleza de la legitimación procesal, lo cual implica (como primer paso) no considerarla como un mero instrumento formal.
La legitimación procesal tiene una naturaleza estructural por cuanto deriva del derecho fundamental a la jurisdicción o a la tutela judicial efectiva. Negarla a un titular de un derecho, o bien, reconocerla solamente a sujetos distintos de los titulares sobre los cuales no existe ninguna forma de contralor real y efectivo ante su inacción procesal por parte de los titulares, implica estrangular “la llave de ingreso” al proceso tuitivo y, consecuentemente, debilitar al extremo la fuerza normativa de la Constitución.
En un Estado constitucional de derecho, las garantías están orientadas desde el plano estructural por el principio “pro actione”, el cual se traduce en la obligación que tienen los tribunales de realizar un juicio objetivo y exhaustivo de la pretensión articulada y de la acción propuesta, de forma tal de no incurrir en rechazos liminares basados en apresuradas negaciones de la legitimación mediante los cuales se está evadiendo el caso planteado por las dificultades que éste presenta. Por lo tanto, existe en caso de duda, una presunción favorable a la procedencia de la acción que, enlazada con el principio “pro homine”, evita toda clase de obstáculos formales que impiden el acceso efectivo a la justicia[11] y una respuesta procesal adecuada.
Dentro de un movimiento internacional de acceso a la justicia de los derechos colectivos, la legitimación colectiva es la facultad o aptitud reconocida por el ordenamiento jurídico a uno o varios sujetos determinados para promover una acción colectiva, y consecuentemente, impulsar un proceso colectivo y obtener una sentencia colectiva. La clave consiste, entonces, en dilucidar quién es el sujeto que puede promover una acción colectiva. De esto dependerá el mayor o menor grado de garantía de los derechos colectivos en un Estado constitucional de derecho.
La reforma constitucional de 1994 y la interpretación constitucional realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Halabi”, establecieron que la dimensión sustancial validez del Estado constitucional de derecho argentino, está integrada por derechos subjetivos, derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos de naturaleza indivisible y derechos de incidencia colectiva individuales homogéneos de naturaleza divisible.
Ante la falta de una ley que regule las acciones colectivas que tutelan efectivamente a los derechos de incidencia colectiva individuales homogéneos, la Corte Suprema de Justicia en el referido caso resolvió superar la laguna existente estableciendo requisitos generales y particulares de procedencia para esta clase de acción judicial.
Entre los requisitos particulares, incluyó la necesidad de tener que acreditar “la idoneidad de quien pretenda asumir la representación del grupo o colectivo afectado” con la promoción de una acción colectiva en defensa del bien colectivo divisible, partiendo de la base de que es aceptable dentro del esquema de nuestro ordenamiento que estén habilitados un afectado, el Defensor del Pueblo o determinadas asociaciones en los términos previstos por el art. 43 de la Constitución argentina.
Existe una diferencia sustancial entre titularidad de un derecho (subjetivo o colectivo) y legitimación procesal. La primera pertenece a la estructura constitutiva del derecho. La segunda tiene una consonancia instrumental. El titular de un derecho fundamental o un derecho humano puede accionar judicialmente por derecho propio o mediante el mecanismo de la representación. Un legitimado procesal puede no ser titular del derecho que se debate en el juicio. Que el titular de un derecho ejerza a la vez la legitimación procesal, es la máxima expresión de sintonía entre faz estructural y dimensión instrumental, que puede ofrecer el Estado constitucional de derecho en términos iusconstitucionales.
El artículo 43 de la Constitución argentina le otorga legitimación procesal para promover acciones colectivas que tutelen derechos de incidencia colectiva individuales homogéneo a cualquier titular del grupo o colectivo conculcado (el afectado), a un representante orgánico público de los titulares del derecho colectivo (el Defensor del Pueblo) y a un representante orgánico privado de los titulares del derecho colectivo (las asociaciones que tengan por objeto la defensa de bienes colectivos).
La idoneidad del Defensor del Pueblo y de las asociaciones para representar el grupo o colectivo se presume ficcionalmente iure et de iure. A pesar que no hay ningún titular del derecho colectivo que actúe de forma directa, el carácter de órgano constitucional del primero y la autorización otorgada por el Estado a las segundas, acreditan una idoneidad meramente formal que basta para justificar la legitimación procesal colectiva.
Si a los representantes no titulares del derecho solamente se les requiere una idoneidad formal, no sería razonable que a los titulares del derecho colectivo se les exigiese una idoneidad sustancial para promover la misma clase de acciones colectivas. Con lo cual, la comprobación fehaciente de la pertenencia al grupo o colectivo (en términos de titularidad compartida) y la denuncia de un daño concreto sería suficiente para acreditar la idoneidad formal requerida. De lo contrario: ¿cuál sería el fundamento constitucional y convencional que permitiría justificar una situación jurídica de minusvalía de los titulares del derecho colectivo respecto de los representantes del grupo en términos de tutela judicial efectiva?
En lo que se refiere a las acciones colectivas, en la medida que se cumplan con los requisitos procesales establecidos por el Alto Tribunal en el caso “Halabi”, la idoneidad de un titular del derecho colectivo en cuestión queda debidamente acreditada.
Alcanzado este punto parece razonable inferir que en el Estado constitucional de derecho argentino, la máxima exigencia de idoneidad requerida a un titular de un derecho de incidencia colectiva individual homogéneo para representar procesalmente al grupo afectado por un acto u omisión (público o privado) lesiva, está delimitada por la acreditación de ser un titular de un derecho subjetivo perteneciente de forma homogénea a un colectivo determinado y con el cumplimiento de los recaudos procesales exigidos por la Corte Suprema de Justicia en el caso “Halabi”.
Por ende, mi carácter de titular del derecho a la tutela judicial efectiva y al amparo, habilita plenamente la legitimación procesal requerida para promover como afectado la presente acción de amparo de amparo preventiva colectiva.
IV. La acción de amparo como acción colectiva.
IV.1 Tal como lo adelanté, en la causa “Halabi”, estableció que el Estado constitucional de derecho –como paradigma local- presenta una dimensión de la validez dual. Por un lado, se ubica la validez formal que se vincula con la competencia del órgano y el respeto de las formas de producción del derecho. Por el otro, se encuentra la validez sustancial compuesta por los derechos fundamentales (provenientes de la textualidad constitucional) y los derechos humanos (procedentes de los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos que ostentan jerarquía constitucional originaria y derivada) establecidos de forma expresa o implícita.
La mayoría de la Corte Suprema de Justicia como primer paso “delimita con precisión” tres categorías de derechos (fundamentales y humanos): a) los derechos subjetivos o individuales, b) los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos y c) los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos.
Los derechos subjetivos o individuales son aquellos ejercidos por un titular. Son divisibles, no homogéneos y se caracterizan por la búsqueda de la reparación de un daño esencialmente individual y propio de cada uno de los afectados (esta calificación no varía aún en los supuestos de: a) las obligaciones con pluralidad de sujetos activos o pasivos, un litisconsorcio activo o pasivo derivado de la pluralidad de sujetos acreedores o deudores o b) una representación plural).[12]
Los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos son aquellos que pertenecen a toda la comunidad, son indivisibles y no admiten exclusión alguna (por ende, en ningún caso existe un derecho de apropiación individual sobre el bien). Estos derechos, no tienen por sujetos titulares a una pluralidad indeterminada de personas (ya que ello implicaría que si se determinara el sujeto en el proceso éste sería el titular) ni tampoco hay una comunidad en sentido técnico (ya que ello importaría la posibilidad de peticionar la extinción del régimen de cotitularidad). Por el contrario, pertenecen a la esfera social. [13]
  1   2   3   4

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Promuevo accion de amparo preventivo colectivo en defensa de derechos de incidencia colectiva referentes a derechos individuales homogéneos no patrimoniales. Solicito medida cautelar colectiva de no innovar. Planteo cuestion constitucional y convencional con notoria gravedad institucional iconInicia amparo colectivo. Medida cautelar de no innovar. Amparo por...

Promuevo accion de amparo preventivo colectivo en defensa de derechos de incidencia colectiva referentes a derechos individuales homogéneos no patrimoniales. Solicito medida cautelar colectiva de no innovar. Planteo cuestion constitucional y convencional con notoria gravedad institucional iconSumario: I. ¿Qué es una acción colectiva? II. Cuestiones procesales....

Promuevo accion de amparo preventivo colectivo en defensa de derechos de incidencia colectiva referentes a derechos individuales homogéneos no patrimoniales. Solicito medida cautelar colectiva de no innovar. Planteo cuestion constitucional y convencional con notoria gravedad institucional iconMinistro de la Defensa Motivo: Recurso de Nulidad conjuntamente con acción de amparo cautelar

Promuevo accion de amparo preventivo colectivo en defensa de derechos de incidencia colectiva referentes a derechos individuales homogéneos no patrimoniales. Solicito medida cautelar colectiva de no innovar. Planteo cuestion constitucional y convencional con notoria gravedad institucional iconTema derechos y deberes fundamentales de la persona en la constitucióN;...

Promuevo accion de amparo preventivo colectivo en defensa de derechos de incidencia colectiva referentes a derechos individuales homogéneos no patrimoniales. Solicito medida cautelar colectiva de no innovar. Planteo cuestion constitucional y convencional con notoria gravedad institucional iconPromueven accion de amparo. Solicitan medida cautelar

Promuevo accion de amparo preventivo colectivo en defensa de derechos de incidencia colectiva referentes a derechos individuales homogéneos no patrimoniales. Solicito medida cautelar colectiva de no innovar. Planteo cuestion constitucional y convencional con notoria gravedad institucional iconPromueve accion de amparo. Solicita medida cautelar

Promuevo accion de amparo preventivo colectivo en defensa de derechos de incidencia colectiva referentes a derechos individuales homogéneos no patrimoniales. Solicito medida cautelar colectiva de no innovar. Planteo cuestion constitucional y convencional con notoria gravedad institucional iconPromueven accion de amparo. Solicitan medida cautelar

Promuevo accion de amparo preventivo colectivo en defensa de derechos de incidencia colectiva referentes a derechos individuales homogéneos no patrimoniales. Solicito medida cautelar colectiva de no innovar. Planteo cuestion constitucional y convencional con notoria gravedad institucional iconInterponen accion de amparo- solicita medida cautelar

Promuevo accion de amparo preventivo colectivo en defensa de derechos de incidencia colectiva referentes a derechos individuales homogéneos no patrimoniales. Solicito medida cautelar colectiva de no innovar. Planteo cuestion constitucional y convencional con notoria gravedad institucional iconAmparo a la salud promueve amparo – solicita se dicte medida cautelar...

Promuevo accion de amparo preventivo colectivo en defensa de derechos de incidencia colectiva referentes a derechos individuales homogéneos no patrimoniales. Solicito medida cautelar colectiva de no innovar. Planteo cuestion constitucional y convencional con notoria gravedad institucional iconLos derechos individuales y su defensa






© 2015
contactos
ley.exam-10.com