Solución violenta al litigio se deberá realizar cumpliendo las formas procesales prescritas (expresa o implícitamente) por la Constitución y por el derecho internacional de Derechos Humanos,






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La publicidad en el proceso penal

 


Por Sebastián Van Den Dooren  


 

K. no debía hacer caso omiso de que el procedimiento judicial no era público, si el tribunal lo considera necesario puede hacerse público, pero la ley no prescribe publicidad”

F. Kafka, El proceso

 

 

1. Nivel ético-político y jurídico-constitucional

 

I. Punto de partida

 

I. Ante un litigio, producto de un conflicto o choque de intereses entre dos o más personas de un grupo, no resuelto por ningún otro medio alternativo que no sea por la burocracia del aparato represivo estatal, la solución será necesariamente violenta.-

Dicha violencia estatal podrá ser ilimitada, arbitraria, o limitada, reglada. En este último caso, los límites a la violencia estatal podrán ser, a su vez, o flexiblemente reglados, permitiendo un ejercicio del poder punitivo estatal con un alto grado de arbitrariedad, o ser rígidamente reglados, permitiendo un ejercicio de ese poder con un bajo grado de arbitrariedad.-

 

II. En un Estado de derecho (donde sus actividades tienen como fundamento únicamente a la ley) y democrático (es decir, Estado donde gobierna la mayoría de la sociedad, que tiene el derecho de controlar los actos de los representantes) el ejercicio del poder violento estatal está rígidamente reglamentado. Así lo establece nuestra Constitución Nacional, la cual contiene una serie de normas que prescriben las garantías necesarias e indispensables para que dicho ejercicio estatal se realice lo más limitadamente posible. Esto sin ignorar la coexistencia —junto a este ejercicio legítimo y regulado de la fuerza— de un ejercicio punitivo informal, estatal o no, que tiende a una solución ilegítima y arbitraria por parte de sus actores.-

En otras palabras, la solución violenta al litigio se deberá realizar cumpliendo las formas procesales prescritas (expresa o implícitamente) por la Constitución y por el derecho internacional de Derechos Humanos, que son las garantías que protegen las libertades y los derechos fundamentales del imputado, aquella persona que, señalada como autora de un delito, se encuentra, de hecho, en una posición mucho más débil, desfavorable, respecto de la burocracia del aparato estatal. De esta manera, mediante el rígido cumplimiento por parte del Estado de las garantías penales y procesales (entre otras herramientas constitucionales, como por ejemplo la división de poderes) será posible nivelar tal desigualdad. Así, siguiendo a Ferrajoli, el fin del derecho penal “es la protección del más débil contra el más fuerte”.-

 

Las desigualdades a nivel político, económico o social entre personas de un mismo grupo es un hecho, un dato de la realidad indiscutible, al igual que las desigualdades respecto del poder, entre quien lo ejerce y quien no lo ejerce, sometiéndose coactivamente, entre quien juzga y quien es juzgado, entre quien tiene la grave facultad de quitar la libertad a otro y quien sufre la posible quita de su libertad por parte de otro. Frente a esto, una de las funciones del derecho penal será la de equiparar fuerzas, la de posibilitar una lucha de par a par, la de sacar poder al poderoso, limitando sus fuerzas, y de otorgar poder al débil, garantizando sus derechos fundamentales.-

Garantías que equiparan fuerzas limitando el poder punitivo. Esto define un derecho penal garantista, que se caracteriza “como un sistema de vínculos impuestos a la potestad punitiva del Estado en garantía de los derechos de los ciudadanos”.-

Una de estas garantías es la publicidad de los procesos penales, la cual es el motivo de este trabajo.-

 

II. Secreto y publicidad en el proceso penal. Fundamentos. Modalidades de la publicidad. Publicidad interna y externa. Control interno y externo. Implicancias derivadas de la publicidad. Legislación

 

A. ¿Por qué el secreto en el proceso judicial?. Fundamento

 

I. Puede que haya muchos otros fundamentos. Por mi parte destaco dos, que aparentemente son esenciales para una comprensión de las cuestiones del poder, como actividades dirigidas a obtener otros resultados además de los palpables en las superficie. Por ello Foucault.-

En el siglo XII el Estado se adueña de los mecanismos particulares de solución de los conflictos: “la persona del soberano que surgía como fuente de todo poder, pasa a confiscar los procedimientos judiciales”. De esta manera, los métodos de resolver los conflictos cambia radicalmente. Con anterioridad a este cambio –en cuyas raíces encuentra Foucault intereses políticos, económicos, sociales, etc.– el soberano o no participaba o su ingerencia era mínima y con el fin único de controlar el cumplimiento de las normas rituales de la contienda entre los particulares involucrados en el litigio. Ahora el Estado posee un interés particular y excesivamente activo en los procesos penales, dado que el daño que produce una persona a otra afecta a su vez al cuerpo sensible del soberano. Y por ende, este ya no controla simplemente, sino que participa a la par de la víctima hasta suplantarla por completo, con el derecho inherente a su poder de llevar adelante el procedimiento, de dirigirlo, de juzgar, de decidir sobre la persona del acusado, sujeto este desarmado frente al aparato represivo del poder político.-

El soberano comienza a tener un interés particular en la obtención de la prueba, de la verdad de lo ocurrido. Así surge, pues, la indagación como el mecanismo racional y único de obtener la verdad en los proceso judiciales. En la nueva estructura política, la indagación “es una determinada manera de ejercer el poder”, que “deriva de un cierto tipo de relaciones de poder”. La indagación será en lo sustancial una de las modalidades que distingue las formas del procedimiento, entre los sistemas acusatorio e inquisitivo.-

 

II. El secreto en el proceso penal tiene como fundamento dos cuestiones. Primero, al soberano –que ejerce de manera exclusiva el poder represivo– le interesa la verdad contenida tanto en el sujeto imputado de un delito como también en los testigos (aquellos que supuestamente vieron lo sucedido), verdad que obtiene por los mecanismos de la indagación. Para indagar no será necesaria la presencia de personas ajenas al proceso, un público que controle, terceros no involucrados en el litigio, sino tan sólo el indagado, los testigos, algunos operadores y el indagador, es decir, los sujetos que contienen la verdad y los sujetos que buscan extraer esa verdad contenida. Es una cuestión para entendidos, científica.-

Esto lleva al segundo factor: el saber. El conocimiento del mundo espiritual, natural, social, científico, etc., se encuentra concentrado sólo en el soberano y en sus inmediatos delegados. Sólo ellos tienen el saber de las cosas, entre ellas los métodos de indagar, de sacar la verdad a los imputados: saber que busca el saber, el saber del inquisidor que sabe como obtener el saber contenido en el imputado. Es por ello que sería irracional la existencia de un control extra por parte del público. Pues ¿quién y qué va a controlar?, ¿acaso los actos de dios? A dios se lo deja hacer, nadie podrá cuestionar sus actividades, nadie sino algún hereje atrevido. El dios-soberano, dueño del saber puro.-

El Estado es un gran aparato procurador de la verdad mediante los mecanismos judiciales legítimos que conforman la indagación, mediante los sujetos que saben utilizarla. Así, las practicas judiciales “son algunas de las formas empleadas por nuestra sociedad para definir tipos de subjetividad, formas de saber y, en consecuencia, relaciones entre el hombre y la verdad”.-

Para ello no hace falta más que aquellos sujetos directamente involucrados en el litigio en una sala cerrada, apartada de la sociedad, un nicho donde la verdad surge mediante la utilización de los mecanismos del saber, saber que poseen el juez y un reducido número de personas, los operadores de la justicia.-

 

III. Estos fundamentos del secreto posee una indudable actualidad. Es prueba de esto esa idea generalizada del juez probo, ser incuestionable en su conocimiento, poseedor del saber necesario y suficiente para proveer de conformidad, para será justicia, personas a quienes los operadores solicitan que dios guarde a su excelencia, vuestra señoría, ocupante de excelentísimas cámaras y cortes supremas, seres sin las pasiones mundanas de los justiciables, y que desde una cúspide considerable dictarán la sentencia. Seres de esta naturaleza no requieren control público sino una confianza ciega. El control implicaría una humillación a su investidura.-

Así se mantiene en nuestro días el secreto del proceso. Si bien no en su totalidad, si en la primera fase, la instructoria.-

 

B. ¿Por qué la publicidad en el proceso judicial?. Fundamentos (en Beccaria y los autores contemporáneos)

 

I. La publicidad tenía, en el antiguo derecho germánico, el fundamento clave que tiene desde el siglo XVIII hasta nuestro días en la discusión ético-política de este principio: controlar la actividad del juicio: “Cuando dos individuos se enfrentaban”, con el fin de solucionar un litigio, “siempre se podía, con acuerdo de ellos, luchar obedeciendo determinadas reglas (duración de la lucha, tipo de arma), con la asistencia del público que estaba allí sólo para asegurar la regularidad de lo que acontecía”. Si bien la publicidad en el procedimiento, abandonada en las prácticas judiciales de fines del siglo XII, comenzó a ser nuevamente defendida a partir de Beccaria, nada será igual a la época del derecho germánico: la publicidad se defiende hasta nuestros días en el plano más bien teórico, conquistando lentamente espacios en la práctica luego de sortear fuertes resistencias. En la actualidad nos encontramos (como se verá más adelante) con una publicidad a medias, todavía incipiente, y hasta inexistente, en etapas fundamentales del proceso. Sucedió que las prácticas procesales inquisitivas marcaron a fuego candente las actividades punitivas estatales que perduran hoy día, prácticas sensuales muy complejas de erradicar de los procesos penales.-

 

II. Profundicemos la tesis de Beccaria. En el capítulo XIV de De los delitos y de las penas (“Indicios y formas de juicio”) el autor se refiere a los dos rasgos de la publicidad: la justicia popular y la presencia del publico con el fin de controlar los actos del proceso.-

Respecto del juicio popular:

 

Si en buscar las pruebas de un delito se requiere habilidad y destreza, si en el presentar lo que de él resulta es necesario claridad y precisión, para juzgar el resultado mismo no se requiere más que un simple y ordinario buen sentido, menos falaz que el saber de un juez acostumbrado a querer encontrar reos, y que todo lo reduce a un sistema de antojos recibidos de sus estudios. ¡Dichosa aquella nación donde las leyes no fuesen una ciencia! Utilísima ley es la que ordena que cada hombre sea juzgado por sus iguales, porque donde se trata de la libertad y de la fortuna de un ciudadano deben callar aquellos sentimientos que inspira la desigualdad, sin que tenga lugar en el juicio la superioridad con que el hombre afortunado mira al infeliz, y el desgraciado con que el infeliz mira al superior”.-

 

Lo que plantea aquí Beccaria es la necesidad y la importancia de la implementación del juicio por jurados, como la forma válida de resolver un litigio en una democracia. Que sean los ciudadanos (legos) quienes juzguen al imputado (también lego), dado que en ellos reside un simple y ordinario buen sentido no contaminado, al contrario de lo que sucede con el juez profesional, contaminado por la tarea constante y exclusiva del cargo. El hecho de que una persona realice sólo una tarea, únicamente la de juzgar, la de dividir las aguas entre culpables y no culpables penalmente, ocupando un cargo permanente (el de juez), para cuya ocupación fue necesario una preparación previa, preparación de años de estudio selecto, un estudio que tuvo por objetivo adquirir un conocimiento científico, analítico, de exégesis de una ley que sin esos estudios es indescifrable, concluidos los cuales adquirió un certificado que acredita ser doctor en leyes, sabio de leyes y sus vericuetos, el descifrador del laberinto de la justicia, la igualdad en el proceso penal sólo podrá hacerse valer si el imputado es también juez o abogado. Caso contrario la desigualdad es la consecuencia necesaria. ¿Cómo vencer esta desigualdad? En primer lugar, las leyes deberán ser claras, comprensibles por todos los ciudadanos, una claridad autosuficiente, donde no sea indispensable salir en busca de un especialista para que explique qué quiso decir en tal punto de tal ley el legislador (cuyas características son semejantes a la del juez profesional, o en todo caso sus asesores, gestadores de la oscuridad en la ley). A más oscuridad de las leyes serán necesarios conocimientos más profundos, más específicos, oscuros para el lego –es decir, para los ciudadanos a cuya persona están dirigidas las leyes, supuestamente dictadas por sus representantes–, con lo cual el círculo del saber se cierra herméticamente en una casta, la casta de los sabios de leyes, seres indispensables para el buen funcionamiento de la justicia, es decir, seres-engranajes-funcionales a la permanencia de los perversos laberintos de la justicia, lo cual genera esa inevitable desigualdad: por un lado quienes juzgan, quienes acusan (también profesionales), quienes defienden técnicamente, y por el otro, el acusado de delitos, sus familiares y amigos. En este sentido la oscuridad de las leyes –leyes hechas para un grupo selecto de expertos, de operadores de la justicia– es una cuestión de saber y poder, el poder fundamentado en el saber selecto. El cuento La verdad de Luigi Pirandello ilustra esta desigualdad, por un lado, los judiciales, y por el otro, los justiciables campesinos.-

Nada de esto sucedería si, en base a leyes claras, son los mismos ciudadanos quienes juzgan a uno de los suyos, o en todo caso controlan la resolución del conflicto llevado a cabo por las mismas partes. Siendo las leyes claras la igualdad entre los sujetos del proceso será necesariamente un hecho: juzgados y juzgadores en un mismo pie de igualdad, dado que poseen el mismo conocimiento, el mismo saber. Teniendo reglas claras, las leyes de fondo que contienen las prohibiciones y las penas, y las leyes de forma que reglamentan el proceso, la obtención de las pruebas, sólo será indispensable el simple y ordinario buen sentido del que hace referencia Beccaria, y nada de ciencia ni tecnicismos (varios libros de lógica y verdad del derecho como también de dogmática científica –resabios posmodernos de la antigua inquisición– quedarían en desuso). En este sentido, es una garantía fundamental del imputado ser juzgado por sus iguales y no por jueces profesionales.-

Respecto del segundo rasgo:

 

Sean públicos los juicios y públicas las pruebas del delito, para que la opinión, que acaso es el solo (sic) cimiento de la sociedad, imponga un freno a la fuerza y a las pasiones, para que el pueblo diga: nosotros no somos esclavos, sino defendidos.-

 

Esta cita contiene una idea medular –complementaria de la anterior– para la actividad judicial en un Estado de derecho y democrático: todo acusado de un delito posee el derecho de la presencia, en el juicio, de terceros ajenos al interés de las partes, de ciudadanos no involucrados directamente en el litigio, que son necesarios para limitar tanto el ejercicio del poder represivo estatal, en el caso de jueces profesionales, como de la actividad judicial del jurado, en el caso de jueces ciudadanos. A puertas cerrada –como ocurría en la época de Beccaria en la totalidad del proceso, como ocurre hoy en día en gran parte del proceso– todo es posible, todo es viable a favor del poder estatal (y desfavorable para el imputado) en su principal auto-función de buscar la verdad en el imputado, de sacar saber utilizando los métodos indagatorios que sean necesario para conseguir dicho fin, teniendo como máximo exponente la tortura, el uso de la violencia desmedida, arbitraria, irracional (en nuestra historia encontramos innumerables ejemplos. Asimismo téngase en cuenta la cotidiana aplicación de la tortura en comisarías y prisiones). En cambio, a puertas abiertas todo es diferente: las fuerzas y las pasiones tendrán lugar dentro de un marco rígido, no podrán extralimitarse, tendrán un freno impuesto por la misma sociedad, la cual vigilará, mediante la opinión pública, los juicios y las pruebas del delito. Con la presencia del público en el proceso todo acto estatal sufrirá límites, pues habrá ojos más allá de los del acusado débil (único observador crítico en los juicios inquisitivos, él solo contra el poder punitivo): ante todo estarán los ojos de su defensor técnico, y fundamentalmente los ojos de la opinión pública, terceros ajenos al poder y al acusado, cuyo principal interés será el control del ejercicio del poder represivo estatal.-

El respeto del principio de publicidad implica que el juego de las miradas se revierte, aunque sea sólo en el procedimiento penal: en el sistema inquisitivo las miradas se proyectan desde el poder sobre un sujeto, desde el aparato de jueces y operadores de la justicia hacia la persona del imputado, la única víctima de las miradas indagadoras. Por el contrario, en un procedimiento respetuosos del principio de publicidad en cada uno de sus actos, las miradas se proyectarán desde la sociedad sobre el poder, pero en un doble juego de mirada: la mirada desde el imputado y la mirada desde los ciudadanos terceros no partes, hacia las actividades tanto de una justicia profesionalizada como de una lega, y las miradas serán tanto más penetrantes sobre la primera como más relajadas sobre la segunda, en este último caso dado que en el juego todos participarán con igualdad de saber y de poder.-

 

Hasta aquí el pensamiento de Beccaria, la raíz modernas del principio de publicidad. Como primera conclusión, se puede decir que la presencia de terceros ajenos a los intereses de las partes en el juicio, ya sea como simples observadores o como intervinientes activos (jueces ciudadanos), implica una garantía fundamental para el imputado, dado que se garantiza fundamentalmente, 1) por un lado, una lucha entre iguales, con igual conocimiento, con iguales armas, con igual poder de acusar, juzgar y defenderse –sin ningún interés posterior como ocurría en la inquisición de fines del siglo XII en adelante, donde el juez-soberano buscaba indagando una verdad a puertas cerradas, en secreto–; 2) y por otro, un juicio controlado por terceros no partes, quienes con sólo vigilar los actos de los juzgadores (sea el Estado o la sociedad) limitan su poder, evitando, en lo posible, todo tipo de arbitrariedades, de excesos.-

De ahora en adelante veremos este principio en la doctrina contemporánea.-

 

III. En el sistema garantista elaborado por Ferrajoli, la publicidad – el “requisito más elemental y llamativo del proceso acusatorio”–, es una garantía procesal de segundo orden o instrumental, junto a la oralidad, la legalidad o ritualidad del procedimiento y la motivación de las decisiones. Instrumentales respecto de las garantías procesales primarias o epistemológicas, que son la formulación de la acusación (axioma 8), la carga de la prueba (axioma 9) y el contradictorio con la defensa (axioma 10). En este sentido las primeras son “garantías de garantías” respecto de las segundas. La publicidad, junto con la oralidad, son “rasgos estructurales y constitutivos del método acusatorio” del proceso penal –formado por las garantías epistemológicas–, por contraposición al método inquisitivo, caracterizado por el secreto y la escritura.-

Según Ferrajoli “los procedimiento de la formulación de hipótesis” –con lo que ello implica, a saber: 1) la aportación de la prueba que sustentaría la hipótesis acusatoria por la parte que acusa, 2) con el fin de ser expuesta dicha acusación al imputado y a su defensor, para que éstos, haciendo uso del derecho de defensa o contradicción, tengan la oportunidad de refutarla– como así también “la determinación de la responsabilidad penal” por parte del juez, deben producirse públicamente, “a la luz del sol, bajo el control de la opinión pública, y, sobre todo, del imputado y su defensor”.-

La publicidad permite “la crítica de las actividades judiciales” sobre los jueces y sus resoluciones, lo cual expresa “el punto de vista de los ciudadanos, externo al orden judicial y legitimado por el hecho de que su fuerza no se basa en el poder sino únicamente en la razón”. Es por esta vía, continúa Ferrajoli, “como se ejerce el control popular sobre la justicia, se rompe la separación de la función judicial, se emancipan los jueces de los vínculos políticos, burocráticos y corporativos, se deslegitiman los malos magistrados y la mala jurisprudencia y se elabora y se da continuamente nuevo fundamento a la deontología judicial”.-

 

IV. Bovino menciona tres fundamentos doctrinarios en favor de la publicidad del proceso penal. Los menciono sintéticamente. El primero, según Nino y Vélez Mariconde el proceso debe ser público como lo son todos los acto de un gobierno republicano, con lo cual los actos judiciales deberán estar abiertamente expuestos al conocimiento de la población en general para el control de esos actos por parte de ésta. El segundo, según Binder la publicidad representa, además, una garantía del imputado, lo cual explica la inclusión de tal garantía en los tratados internacionales de derechos humanos. El tercero, la publicidad es fundamentada desde el punto de vista del interés estatal, ya que ella es un instrumento idóneo para producir los efectos preventivo generales del fin de la pena estatal.-

 

V. Las únicas posibles excepciones a la publicidad popular serán cuando esté en juego, en el caso concreto, “el pudor de alguna persona…, el debate y la decisión sobre un menor o un secreto o un acto cuya difusión pública provocaría un perjuicio, agregado al que ya produjo el delito”

 

C. Modalidades de la publicidad. Publicidad interna y externa o popular. Control interno y externo

 

I. Según Clariá Olmedo, hay tres modalidades procesales relativas a la publicidad o secreto de sus actuaciones:

-Proceso secreto en sentido estricto, en el cual sólo podrán tener acceso a las actividades procesales “los funcionarios públicos del proceso y sus auxiliares inmediatos”. La reserva de la actividad procesal lo es “con respecto a cualquier particular que no sea sujeto específico de ésta”. En este sentido, el secreto de las actuaciones lo es no sólo para el público (terceros) sino también para las mismas partes del conflicto.-

Clariá olmedo distingue, a su vez, dos manifestación del procedimiento secreto: 1) la más rigurosa es “la imposibilidad de acceder a las actuaciones sumariales cumplidas por el tribunal o por la policía judicial en su caso”. La menos rigurosa, en cambio, si bien se mantiene la prohibición de intervenir, se admite el derecho a las partes de conocer las actuaciones.-

-Proceso público sólo para las partes interesadas (publicidad interna). En esta modalidad “no se tiene en cuenta en realidad sino al imputado y a las partes civiles, o al querellante en su caso”, rechazando toda publicidad respecto de terceros.-

-Proceso público también para terceros ajenos a las partes interesadas (publicidad popular). Se da cuando “el cumplimiento de la actividad procesal tiene lugar a puertas abiertas”, permitiéndose el “acceso de público en general, esto es, del pueblo, en la extensión permitida por las limitaciones materiales y prácticas”.-

 

II. Conforme a la modalidad de la publicidad (interna o externa, y dejando de lado el secreto en sentido estricto) adoptada por el sistema penal concreto de que se trate, dependerá que el control de la actividad judicial sea, a su vez, interno o externo.-

En el supuesto de publicidad interna sólo será factible un control interno, limitado a las partes involucradas directamente en el proceso. En cambio, en el supuesto de publicidad popular será posible, además de un control interno, un control externo o popular, ejercido por terceros no partes, es decir ajenos involucrados indirectamente en el proceso.-

Así, las dos modalidades de la publicidad, conjuntamente, son de vital importancia para el cumplimiento de determinadas garantías que velan por una equitativa resolución del conflicto, para el arribo, en lo posible, del fin de pacificación que deberá tener todo derecho penal garantista en un Estado de derecho. En consecuencia, dice Ferrajoli, deberán estar presentes ambas como una forma de asegurar “el control, tanto externo como interno, de la actividad judicial”, adjudicándole concretamente al externo –al cual denomina “responsabilidad social” del juez (además de la jurídica)– “la principal garantía de control sobre el funcionamiento de la justicia”, expresando “la más amplia sujeción de las resoluciones judiciales a la crítica de la opinión pública”, control expresado en general por la prensa y en particular por los juristas.-

Por esta doble modalidad, Bovino considera a la publicidad como un principio complejo, complejidad que “surge de su carácter de garantía irrestricta del imputado y de su consideración como derecho político de los ciudadanos”, relacionando directamente la publicidad con la exigencia constitucional del juicio por jurados, el cual “es, a la vez, una garantía del imputado… y un derecho político de los ciudadanos que consiste en la facultad de participar en las decisiones más relevantes de la administración de justicia”.-

 

III. Vimos como Beccaria hacía hincapié principalmente en el control externo, del público. Ahora la publicidad adquiere otras modalidades, se complejiza, se completa. El control del público es tan indispensable como el de las propias partes involucradas, más que nada del imputado y su defensor técnico. La presencia de este último es indispensable fundamentalmente en los procesos como el nuestro, donde no hay juicio por jurados, y tanto los juzgadores como los acusadores (fiscales) son profesionales, conocedores del derecho, un saber que supuestamente no posee el imputado, quedando de esta manera en una posición más débil respecto de ellos. En este caso, el defensor técnico nivela las desigualdades, siendo su presencia indispensable para el control de las actividades judiciales.-

 

D. Implicancias que se derivan de la publicidad

 

Para que el juicio (y la confrontación y la contradicción) pueda someterse al control tanto interno como popular, deberá llevarse a cabo, como sostiene Maier, “en una o varias audiencias continuas hasta su terminación, concentrando sus actos y cumpliéndose oralmente”. Así, un juicio penal público implicará necesariamente:

-la oralidad de los actos procesales, es decir el modo oral y directo de la exposición de la hipótesis acusatoria y la refutación por parte del imputado y la defensa ante los jueces que dictarán la sentencia;

-la concentración y la continuidad de todos los actos del debate, alcanzando también a la sentencia, dado que “ella se debe dictar inmediatamente después del debate”. Cronología del juicio: 1) debate (contradicción entre partes) ante la presencia ininterrumpida de los jueces, 2) cierre del debate, 3) los jueces deliberan fuera de la sala, 4) regresan a la sala para leer la sentencia;

-que la base de la sentencia deberá ser únicamente los actos válidos incorporados al debate (obligatoriedad de que la sentencia se funde en los actos del debate), siendo los únicos jueces autorizados para dictarla aquellos que presenciaron íntegramente el debate (obligatoriedad de que la sentencia sea dictada por los jueces que participaron en el debate). Según Maier, de esto se deriva las características del juicios de inmediación, concentración y continuidad del debate, dado que de esta manera se posibilita la intervención de la solución del conflicto a todas aquellas personas que tienen un interés legítimo en ella, “con el fin de que controlen y usen los actos que darán fundamente a esa solución”.-

En resumen, la oralidad, concentración y continuidad del proceso garantizan la presencia ininterrumpida de todas los sujetos que participan en un proceso penal, es decir, el imputado, su defensor, el acusador y los jueces que dictarán sentencia. Si bien Maier no los menciona, también deberá tenerse en cuenta a los testigos, sujetos de gran relevancia durante (y para la decisión final de) el proceso.

 

E. Legislación constitucional

 

I. Si bien, aparentemente, no se encuentra explícitamente regulado por nuestra Constitución Nacional, el principio de publicidad surge claramente tanto de su raíz filosófica como también de la conjugación de ciertas normas contenidas en ella. Así lo sostiene Maier, quien haciendo un análisis histórico político de las fuentes de la Constitución –la cual es “hija del movimiento constitucionalista decimonónico, que, en materia procesal penal, transformó la Inquisición”–, y una interpretación de ciertas reglas contenidas en ella, deduce que es indiscutible que, dentro de su lógica, “el fundamento de una sentencia sólo puede provenir de un debate público e inmediato, ante el tribunal encargado de decidir, integrado, incluso, por ciudadanos”.-

A nivel jurídico-constitucional, la publicidad surge de la forma republicana de gobierno establecida en los arts. 1º y 33 CN, como así también de la exigencia del establecimiento del juicio por jurados, regulado expresamente en los arts. 24, 75, inc. 12, y 118 CN. Frente a esta última exigencia “no puede caber la menor duda de que nuestra Constitución tornó imperativo para nuestro país un procedimiento penal cuyo eje principal era la culminación de un juicio oral, público, contradictorio y continuo, como base de la sentencia penal […] pues no se conoce, histórica y culturalmente, un juicio con jurados sin audiencia oral y continua, sin la presencia ininterrumpida del acusador, del acusado y del tribunal”.-

 

II. El principio de publicidad también se encuentra expresamente legislado en el derecho internacionales de Derecho Humanos, el cual tiene plena vigencia constitucional conforme al art. 75, inc. 22, CN:

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Art. 10: “Toda persona tiene derechos, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente… para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”. Art. 11: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.-

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Art. 8, inc. 5º: “El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”.-

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 14, inc. 1º: “Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías…”.-

 

Visto el conjunto de normas vigentes jurídico constitucionalmente, válidas conforme el nivel de discurso ético-político analizado en este apartado 1, es indiscutible el mandato de nuestra Constitución, en el sentido de que el proceso judicial penal deberá llevarse a cabo públicamente, en la modalidad de la publicidad tanto interna como externa o popular.-

 

2. Nivel jurídico-legal y sociológico-empírico

 
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