Minas. Montes. Propiedad intelectual. Contrato de edicion






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títuloMinas. Montes. Propiedad intelectual. Contrato de edicion
fecha de publicación27.02.2016
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DERECHO CIVIL

TEMA 46
MINAS. MONTES. PROPIEDAD INTELECTUAL. CONTRATO DE EDICION




MINAS

Según el art. 149.1.25 Constitución Española, corresponde al Eº la regulación de las bases del régimen minero y energético. Rige, en esta materia, la Ley 22/1973 de 21 julio, de Minas, cuyo objeto es regular la investigación y aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos, cualquiera que sea su origen y estado físico (art. 1).

Todos los yacimientos y recursos geológicos existentes en el territorio nacional, mar territorial y plataforma continental son bienes de dominio público (art.2).
El art. 3 clasifica los recursos geológicos en cuatro secciones:


  1. Sección A


Incluye las sustancias de escaso valor económico y comercialización geográfica restringida, y las que dan lugar a fragmentos de forma y tamaño adecuado para su utilización en obras de infraestructura, construcción y otros usos y que no exijan más operaciones que las de arranque, quebrantado y calibrado.
El régimen jco. de aprovechamiento de estos recursos es el ss.:

Si los recursos están en propiedad privada, el aprovechamiento corresponde al dueño de los terrenos, que puede ceder su derecho a un tercero.

S i están en terrenos patrimoniales de un ente público, el derecho corresponde a la entidad titular de los mismos o a quien ésta ceda sus derechos.

Si están en terrenos de dominio público, serán de aprovechamiento común (art.16).
El ejercicio del derecho de aprovechamiento exige autorización administrativa (art.17).
El Eº puede explotar, con preferencia, tales recursos cuando estén en terrenos de particulares, sin necesidad de expropiación forzosa, si se cumplen estos requisitos: a) justificar necesidades de interés nacional, expresamente declaradas por el Gobierno; b) que el aprovechamiento no esté iniciado, paralizado o que la explotación sea insuficiente, inadecuada o con infracciones reiteradas; c) que el titular del terreno o explotación no acepte la propuesta de explotación que el Ministerio de Industria ha de ofrecerle previamente (art.20).


  1. Sección B


Integrada por las aguas minerales y termales, las estructuras subterráneas y los yacimientos formados como consecuencia de operaciones reguladas por esta ley (art.3).
Previa declaración por el Ministerio de Industria del carácter mineral o termal de las aguas (art.24), la autorización de aprovechamiento de las mismas se concede por este orden:

-Al propietario de las aguas en el momento de declaración del carácter mineral o termal de las mismas. Su preferencia debe ejercitarla en un año desde la notificación de tal declaración.

-La persona o entidad que hubiera instado la declaración del carácter mineral o termal, cuya preferencia debe ejercerse en plazo de seis meses.

-Por último, el Eº puede sacar el aprovechamiento a concurso público (arts.25-27).
En cuanto al aprovechamiento de yacimientos de origen no natural como los residuos, cualquier persona puede solicitarlo de la Administración. Existen derechos preferentes durante seis meses desde la comunicación de haberse presentado una solicitud de aprovechamiento, a favor de los titulares de los derechos mineros en que se hayan producido tales yacimientos. Si están en terrenos sobre los que recaen derechos mineros ya caducados, la preferencia corresponde al propietario o poseedor legal de los terrenos (art.31 y ss.).
Respecto a las estructuras subterráneas, cualquier persona natural o jca. puede obtener autorización de la administración para utilizarlas. (art.34).
Si se solicitara un aprovechamiento de recursos de la Sección B dentro del perímetro de una autorización de explotación de recursos de la Sección A o de aprovechamientos de la sección B que sean de distinta naturaleza, o una concesión de explotación de recursos de la Sección C, antes de concederse la autorización, el Ministerio de Industria debe declarar la compatibilidad o incompatibilidad de los trabajos respectivos, indicando los que son preferentes y la correspondiente indemnización a los perjudicados (art.36).


  1. Sección C


Integrada por los yacimientos minerales y recursos geológicos no incluidos en las secciones anteriores ni en la posterior (de carácter energético) (art.3).
El derecho de aprovechamiento de estos recursos se obtiene mediante concesión administrativa de explotación por periodo de 30 años, prorrogables por plazos iguales, hasta un max. de 90 años (art.62). Es necesaria la previa puesta de manifiesto de los recursos a través de los permisos de exploración y de investigación para hallar aquéllos (art.37 y ss.).
Pero la Administración puede otorgar concesiones directas de explotación, sin previo permiso de investigación: a) cuando el recurso esté ya de manifiesto de forma que sea suficientemente conocido y viable su aprovechamiento racional; b) cuando sobre recursos suficientemente reconocidos en derechos mineros caducados, existan mejoras en técnicas de explotación o nuevas expectativas de mercado (art.63).
El concesionario no adquiere la propiedad de las aguas subterráneas que descubra, sino sólo un derecho de aprovechamiento que se extingue al caducar la concesión; y sus obligaciones son la de explotar el yacimiento y satisfacer los cánones de superficie y producción.


  1. Sección D


Incluye los carbones, minerales radiactivos, recursos geotérmicos, rocas bituminosas y otros yacimientos minerales o recursos geológicos de interés energético (art.3) que el Gobierno acuerde incluir en esta sección a propuesta del Ministerio de Industria y previo informe del Instituto Geológico y Minero (art.4).
El régimen jco. de aprovechamiento es el mismo que el de la Sección C.


En general para las cuatro secciones, todos los derechos mineros (incluidos los derivados de concesión) pueden ser objeto de gravamen o enajenación por cualquier título, arrendamiento e incluso de sucesión mortis causa, siendo obligatoria, en este último caso, la notificación del fallecimiento del titular a la delegación provincial competente del Ministerio de Industria en el plazo de un año desde que acontezca (art.94 y ss.).

HIDROCARBUROS
Rige la Ley 34/1998, de 7 de octubre , sobre la base del art.132.2 Constitución 1978, que declara bienes de dominio público estatal los yacimientos de hidrocarburos y almacenamientos subterráneos existentes en el territorio del Eº y en el subsuelo del mar territorial y de los fondos marinos que estén bajo la soberanía española conforme a la legislación vigente y los tratados internacionales.

A las CCAA corresponde otorgar las autorizaciones y los permisos de investigación cuando afecte a su ámbito territorial.


MONTES

Según el art. 149.1.23 de nuestra Constitución, es competencia del Eº la legislación básica sobre montes y aprovechamientos forestales, si bien el art. 148 de la misma reconoce a las CCAA la posibilidad de asumir en sus Estatutos ciertas competencias en la materia.
La normativa estatal aplicable es la contenida en la Ley 43/2003, de 21 noviembre de montes (en adelante, LM).
Es monte todo terreno en que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas (art.5).
Los montes se dividen en públicos y privados. Son montes públicos los pertenecientes al Eº, a las CCAA, a las entidades locales y a otras entidades de derecho público. Son montes privados los pertenecientes a personas físicas o jurídicas de derecho privado, sea individualmente o en régimen de copropiedad (art.11).
A su vez, los montes públicos pueden ser de dominio público y patrimoniales.
Son montes de dominio público:

-Los incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

-los montes comunales pertenecientes a las entidades locales, en tanto su aprovechamiento corresponde al común de los vecinos.

-otros montes que, sin las características anteriores, están afectos a un uso o servicio público (art.12).
Son montes patrimoniales los de propiedad pública que no sean demaniales.
El Catálogo de Montes de Utilidad Pública es un registro público de carácter administrativo en el que se inscriben los montes declarados de utilidad pública. La inclusión y exclusión en el Catálogo y la llevanza del mismo corresponde a las CCAA en sus respectivos territorios (art.16).
REGIMEN JURIDICO
Los montes de domino público son susceptibles de varias clases de aprovechamiento: a) un uso común general y respetuoso con el medio natural, sin ánimo de lucro y de acuerdo con los instrumentos de gestión y planificación forestal; b) un uso especial previa autorización administrativa por requerirlo la intensidad, peligrosidad o rentabilidad de la actividad; un uso privativo del dominio público forestal que requiere concesión por la Administración gestora (art.15).
Los montes privados se gestionarán por su titular, respetando el correspondiente instrumento de gestión y planificación forestal, si lo hubiere, y bajo la supervisión del órgano forestal de la CA, en su caso (art.23).
PROTECCION
Los montes demaniales son imprescriptibles e inembargables (art.14). Su enajenación requiere previa desafectación al uso o servicio público (art.17). La admón. tiene potestad de recuperación posesoria de los poseídos indebidamente por terceros (art.20); y puede proceder a su deslinde a través de expediente administrativo (art.21).
Los montes patrimoniales pueden ser usucapidos mediante posesión en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida durante 30 años. Se entenderá interrumpida la posesión a efectos de prescripción por la realización de aprovechamientos forestales, por la iniciación de expedientes sancionadores o por cualquier acto posesorio realizado por la Admon. propietaria del monte (art.19).
MONTES VECINALES EN MANO COMUN
Regulados, en el ámbito estatal, por la Ley 55/1980, de 11 de noviembre, que los define como los montes pertenecientes a agrupaciones vecinales, en su calidad de grupos sociales y no como entidades administrativas, que vienen aprovechándose de los mismos consuetudinariamente en mano común por los miembros de aquéllas en su condición de vecinos (art.1).
Los montes en mano común pueden ser objeto de arrendamiento por plazo no superior a 15 años (art.5).
La administración, disfrute y disposición de estos montes corresponde exclusivamente a la comunidad propietaria, que tiene plena capacidad jca. para cumplir sus fines, y habrá de regular por medio de unos estatutos, el ejercicio de los derechos de sus partícipes, sus órganos de representación y gestión, las facultades de éstos y la responsabilidad de sus componentes (art.4 y 5).

PROPIEDAD INTELECTUAL

Se define como el conjunto de derechos que corresponde a determinadas personas sobre las obras producto de la inteligencia humana.
Su regulación está contenida en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
Derechos de autor
Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica (art.5).

Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro (art.10). No pueden ser objeto de propiedad intelectual las disposiciones legales o reglamentarias, las resoluciones de órganos jurisdiccionales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como las traducciones oficiales de todos estos textos (art.13).
Los dchos. de autor son de carácter personal o moral, o de carácter patrimonial.
Dentro de los primeros se encuentran:

- decidir acerca de la divulgación de la obra

- exigir reconocimiento a su condición de autor de la obra

- exigir respeto a la integridad de la obra

- modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de Bienes de Interés Cultural

- retirar la obra del comercio previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación

- acceder al ejemplar único de la obra, cuando se halle en poder de otro, con indemnización de perjuicios al poseedor, en su caso (art.14).
Los derechos de carácter patrimonial (dchos. de explotación) son:

- reproducción de la obra, es decir su fijación en un medio que permita su comunicación y obtención de copias de toda o parte de ella (art.18)

- distribución o puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma (art.19).

- comunicación pública mediante cualquier acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas (art.20).

- transformación de la obra consistente en su traducción, adaptación y cualquier otra modificación de la que derive una obra diferente (art.21). Los dchos. de propiedad intelectual de la obra resultante de la transformación corresponden al autor de esta última, sin perjuicio de los dchos. de autor de la obra preexistente.
Los dchos. de autor de carácter personal corresponden al mismo durante su vida y a sus herederos durante 70 años desde su fallecimiento (art.15). Los dchos de explotación duran toda la vida del autor y 70 años después de su muerte (art.26). Extinguidos los dchos. de explotación, las obras pasan al dominio público (art.41).
DERECHOS DE ARTISTAS E INTERPRETES
Son compatibles e independientes de los dchos. de autor.

Dchos. morales: autorizar la fijación de sus actuaciones, la reproducción de las fijaciones de sus actuaciones y la distribución de las mismas; autorización que debe otorgarse por escrito (art.106 a 108). Asímismo el artista tiene dcho. al reconocimiento de su nombre sobre sus interpretaciones o ejecuciones y a oponerse a la deformación de su actuación que lesione su prestigio o reputación (art.113).

Estos dchos duran hasta los 20 años ss. a su fallecimiento.
Los dchos. de explotación de los artistas, intérpretes o ejecutantes duran 50 años, contados desde el 1 de enero del año ss. al de la interpretación o ejecución, o si hubieren sido éstas objeto de grabación, los 50 años se cuentan desde el 1 de enero del año ss. a la divulgación de tal grabación (art.115).
También son objeto de protección en el TR de la ley de prop. intelectual la explotación de los programas de ordenador (art. 95 y ss.).
Rº DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Este Rº está previsto en los arts. 144 y145 del TR de 1992 y regulado por el Reglamento aprobado por RDLegislativo de 7 de marzo de 2003, y tiene por objeto la inscripción o anotación de los dchos. relativos a obras, actuaciones o producciones protegidas por la Ley de Prop. Intelectual, así como los actos de constitución, transmisión, modificación o extinción de dchos. reales sobre dchos inscribibles. Está integrado por el Rº Central y los territoriales dependientes de las CCAA.
CONTRATO DE EDICION
Una de las modalidades de la cesión de los dchos. de autor es el contrato de edición. Según el art. 58 del TR, por el contrato de edición el autor o sus derecho-habientes ceden al editor, mediante compensación económica, el dcho. a reproducir su obra y el de distribuirla. El editor se obliga a realizar estas operaciones por su cuenta y riesgo en las condiciones pactadas y con sujeción a los dispuesto en la ley.
Las obras futuras no pueden ser objeto de este contrato (art.59).
El contrato debe formalizarse por escrito (art.60) y con el siguiente contenido mínimo: 1) si la cesión al editor es exclusiva; 2) ámbito territorial; 3) número max. y min. de ejemplares de la edición/es convenidas; 4) forma de distribución de los ejemplares y los que se reserven al autor, a la crítica y a la promoción de la obra; 5) remuneración al autor; 6) plazo de puesta en circulación de los ejemplares, que no puede exceder de 2 años desde la entrega de la obra al editor; 7) plazo de entrega del original por el autor al editor (art.61).
Las obligaciones del editor son:


  • Reproducir la obra en la forma convenida sin introducir modificaciones no consentidas por el autor.

  • Someter las pruebas de la tirada al autor, salvo pacto en contrario.

  • Distribuir la obra en el plazo y condiciones pactados.

  • Asegurar la explotación continuada y la difusión comercial de la obra.

  • Satisfacer al autor la remuneración pactada.

  • Restituir al autor el original de la obra una vez finalizadas las operaciones de impresión y tirada de la misma (art.64).


Las obligaciones del autor son:


  • Entregar al editor la obra en plazo y condiciones adecuadas para su reproducción.

  • Responder ante el editor de la autoría y originalidad de la obra y del ejercicio pacífico de los dchos. que le haya cedido.

  • Corregir las pruebas de la tirada, salvo pacto en contrario (art.65).


El contrato de edición se extingue, además de por las causas generales de extinción de los contratos, por las ss.:


  • La terminación del plazo pactado.

  • La venta de todos los ejemplares de la edición.

  • El transcurso de 10 años desde la cesión, en caso de remunación al autor a tanto alzado.

  • En todo caso, a los 15 años de haber puesto el autor al editor en condiciones de realizar la reproducción de la obra (art.69 TR).


I.- D. Javier Martínez Machado, vende la finca descrita en el expositivo I a la mercantil “La Rural, S.A.” que por medio de su representante compra y adquiere. El precio de la venta es de 60.000 Euros, que se satisfacen en el acto de otorgamiento de la escritura mediante cheque bancario nominativo.
II.- “La Rural, S. A.” por medio de su representante Dª. Paula Ortiz Recio, la sociedad “El Maletín, S.L.” por medio de su representante D. Fernando Zamorano Segovia, y D. Oscar Bello Moreno, agrupan las fincas de las que son dueños, descritas respectivamente en el Exponen I, II y III.
Sigue el otorgamiento y la autorización (no plantear cuestiones fiscales).


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CUADRO NORMAS

NORMAS 2002-2012

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