En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil diez, se constituye la Sala






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ACUERDO N° 36/2010: En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil diez, se constituye la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, compuesta por el señor vocal, Dr. OSCAR E. MASSEI y el señor Conjuez, Dr. MARCELO DANIEL IÑIGUEZ, con la intervención del señor Subsecretario de la Sala Penal, Dr. JORGE E. ALMEIDA, a los fines de dictar sentencia en los autos caratulados “BADANO, EDUARDO JOSÉ s/Juicio Político” (Expte.n°77-año 2010) del Registro de la Secretaría Penal.

     ANTECEDENTES: Por Sentencia de fecha 15 de agosto de 2008 (fs. 294/332), dictada por la Sala Juzgadora de Juicio Político, integrada por los Diputados Graciela Castañón, José Russo, Graciela Muñiz Saavedra, Silvia de Otaño, Rolando Figueroa, Daniel Baum, Carlos Sánchez, Yenny Fonfach, Ariel Sandoval, Miguel Guidali, Jorge Della Gáspera y Roxana González, bajo la Presidencia del Dr. Daniel Gustavo Varessio, se resolvió, por mayoría, y en lo que aquí interesa: “(...) I) Por el voto de 10 (diez) jurados sobre un total de 12 (doce), DESTITUIR al Dr. Eduardo José Badano de su cargo de vocal del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén. II) Por el voto de 10 (diez) jurados sobre un total de 12 (doce), INHABILITAR al Dr. Eduardo José Badano para el ejercicio de cargos públicos; y por el voto de 08 (ocho) jurados sobre un total de 12 (doce), por el término de 2 (dos) años (...)”.

En contra de lo allí decidido, el Dr. Eduardo José Badano, por su propio derecho, juntamente con sus letrados patrocinantes, Dres. Ricardo Horacio CANCELA y Carlos Martín SEGOVIA, dedujeron recurso de casación a fs. 348/379, cuya denegatoria por parte de la Sala Juzgadora de Juicio Político de la Honorable Legislatura Provincial (fs. 384/404), dio lugar a un recurso de queja, ante este Tribunal Superior de Justicia.

Mediante Resolución Interlocutoria N° 71/2010 (cuya copia obra a fs. 406/418), esta Sala dispuso la admisibilidad de la queja y la apertura formal del trámite de casación en orden a los agravios planteados.

Por aplicación de la ley 2153 de reformas del Código Procesal (ley 1677), y lo dispuesto en el Art. 424, párrafo 2°, del C.P.P. y C., ante el requerimiento formulado por los recurrentes, en fecha 20 de agosto de 2010, se realizó la audiencia in voce, la que se documenta a fs.470, con la presencia del recurrente, Dr. Eduardo J. Badano, los letrados patrocinantes, Dres. Ricardo Cancela y Carlos Martín Segovia, y la señora Fiscal Subrogante ante el Cuerpo, Dra. María Dolores Finochietti. A fs. 470 se produjo el llamado de autos para sentencia.

     Practicado el pertinente sorteo, resultó que en la votación debía observarse por los señores Jueces el orden siguiente: Dr. Oscar E. Massei y Dr. Marcelo D. Iñiguez.

     Cumplido el proceso deliberativo que prevé el Art. 427 del Código de rito, el Tribunal se plantea las siguientes:

     CUESTIONES: 1°) Es procedente el recurso de casación interpuesto?; 2°) En su caso ¿qué solución corresponde adoptar?  y 3°) Costas.

     VOTACIÓN: a la primera cuestión el Dr. OSCAR E. MASSEI, dijo: I.- En contra de la sentencia dictada por la Sala Juzgadora de Juicio Político de la Honorable Legislatura Provincial (fs. 294/332), dedujo recurso de casación (art. 415, incs. 1 y 2, del C.P.P. y C.), el Dr. Eduardo J. Badano, junto con sus letrados patrocinantes, Dres. Ricardo H. Cancela y Carlos M. Segovia. Concretamente, la parte planteó que la sentencia recurrida es nula por ser violatoria de normas y garantías constitucionales y solicitó, en consecuencia, que se case la misma, absolviendo al recurrente y ordenando la reincorporación al cargo de Vocal del Tribunal Superior de Justicia que detentaba hasta el dictado del fallo recurrido.

     Que el quejoso, en oportunidad de realizarse la audiencia in voce el pasado 20 de agosto del corriente año, reiteró los argumentos y fundamentos vertidos, sobre cada uno de los agravios, oportunamente expuestos en el escrito casatorio y cuya breve síntesis entiendo necesaria para fijar el marco de análisis jurídico que debe formularse en orden a la interpretación y alcance que hiciera la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, respecto del Juicio Político; más aún, teniendo presente lo resuelto por el Máximo Tribunal Nacional, respecto a que este Tribunal debe garantizar, respecto de todas las cuestiones planteadas, el máximo esfuerzo revisor del Tribunal de Casación, que se estableciera a través del fallo “Casal” (Fallos: 328:3399). Veamos: 

     Como motivos de agravio expuso:

1) En primer lugar, plantea la nulidad de todo el proceso, en función del art. 151, último párrafo del C.P.P. y C., porque considera que se ha producido la violación a la manda constitucional por cuanto el artículo 266 de la Constitución de la Provincia del Neuquén, establece sobre el juicio político, en los incisos b) al i), cómo ha de desarrollarse, división en salas, competencia de las mismas, fallo, derechos del acusado, etc.. Que en función de ello, se recurre a la Resolución n° 165 de la Honorable Legislatura Provincial, para fijar pautas y reglas a seguir.

Esa resolución, en su artículo 1, establece que, votada la procedencia del juicio, por decisión de la Legislatura, ésta se dividirá por sorteo en dos Salas, compuestas por siete y doce miembros, respectivamente (Acusadora y Juzgadora), pero en el caso se adoptó un criterio peculiar, pues previamente se pasó a comisiones y luego, en sesión, se determinó la procedencia del juicio político. Reunidos nuevamente en sesión, la mayoría y una de las minoría realizaron una selección de expedientes, hechos, causales y personas a ser investigados, arrogándose facultades y competencias que no surgen de la Constitución ni de la Resolución 165. Que lo correcto era votar la procedencia del juicio político para todos los integrantes del Tribunal  y luego la Sala Acusadora debía determinar mediante  investigación la admisión de la acusación o el rechazo.

Es decir que en el caso, se inauguró un procedimiento totalmente contrario al fijado en la Constitución Provincial  –art. 266, inc. b- a lo estatuido en el art. 1 del Reglamento interno, con exceso de facultades e invadiendo competencia exclusiva de la Sala Acusadora.

2) También plantea la nulidad de la constitución del tribunal o Sala Juzgadora de Juicio Político, en función del art. 150, inc. 1, del C.P.P. y C., por inobservancia del art. 239 de la Constitución Provincial, toda vez que la Sala Juzgadora no se conformó con un Presidente surgido de aquél artículo de la Constitución (Conjueces), sino aplicando el Acuerdo n° 4099 del Tribunal Superior de Justicia, para cuestiones eminentemente jurisdiccionales. Agrega que la nulidad se impone por atentar contra el principio del juez natural, que surge de la Constitución Nacional.

3) En el siguiente agravio, plantea la nulidad de la sentencia por afectación al debido proceso y derecho de defensa en juicio, por la manera en que se trataron las recusaciones planteadas por su parte respecto de los integrantes de la Sala Juzgadora.

Que oportunamente, se planteó la recusación con causa en el prejuzgamiento, considerando que todos los Diputados habían prejuzgado, valorando y merituando lo que no les correspondía, invadiendo facultades propias de la Sala Acusadora. Esas recusaciones fueron rechazadas in limine porque la causal invocada no se encuentra enumerada en el art. 11 de la Ley 1565 y que su interpretación debía ser restrictiva. Esa resolución fue adoptada por los mismos sospechados de parcialidad y prejuzgamiento, no por subrogantes como correspondía y en la sentencia en crisis en que se condenó al recurrente, uno de los cargos consiste en no haber integrado el jurado con subrogantes a los fines del tratamiento de las recusaciones.

Igual tratamiento tuvo el planteo de recusación de los miembros de la Sala Juzgadora (salvo del Diputado Della Gáspera y del Dr. Varessio), cuya causal era el hecho de ser todos miembros derivados de lo que la parte considera un juramento inválido, que además llevó a la denuncia penal en contra del Dr. Cia por el delito de abuso de autoridad en calidad de autor y partícipes a los Diputados. Que tales planteos fueron rechazados por extemporáneos.

La Sala dice que la primera presentación del recurrente luego del emplazamiento, fue el pedido de nulidad de la notificación de fecha 7 de julio y era esa la oportunidad para plantear las recusaciones que estimara pertinentes y por ende caducó.

Consideran que se les denegó prueba sin fundamentación alguna por parte de ambas Salas; la Sala Acusadora consideró a la testimonial ofrecida inconducente e innecesaria, luego la Sala Juzgadora arbitrariamente dispuso qué testigos debían declarar y cuáles no, dando fundamento injustificado en la sentencia.

Luego cuestiona el juramento de los miembros de la Sala Juzgadora, considerándolo nulo de nulidad absoluta por incumplimiento de lo dispuesto en el art. 56 del Código ritual, pues ni la Ley 1565 ni la Resolución 165 prevén los efectos de una recusación o una excusación y consecuentemente se debe aplicar el Código Procesal Penal de la Provincia que en el artículo mencionado prevé que, producida la inhibición o aceptada la recusación, el Juez inhibido o recusado no podrá realizar en el proceso ningún acto, bajo pena de nulidad. Que al haberse excusado el Dr. Cia, quedó inhabilitado para tomar el juramento y de intervenir en el juicio político.

4) En cuarto lugar, plantea la nulidad de la acusación por deficiente, por cuanto adolece de defectos o irregularidades evidentes: no se describen con claridad los hechos y no se hace una valoración ni se enuncia la prueba que los sustente y acredite. Afirma que no es contradictorio de su parte, cuando realiza esta crítica, que se hayan respondido a cada uno de los cargos efectuados como sostiene la sentencia.

5) Seguidamente, plantea que el proceso es nulo por violación al principio del non bis in idem, pues los hechos aquí juzgados se explicitan en otra denuncia radicada en la Legislatura, donde se detallan los mismos hechos, la misma causa y es el recurrente uno de los denunciados. Concretamente, aquella denuncia es la realizada por Paula Sánchez, María Soledad Martínez y Hugo Goncalvez y fue archivada en la misma sesión en que habilitaron este juicio político. El desistimiento o el archivo de aquel pedido constituyen cosa juzgada y, consecuentemente, no se puede repetir el juicio por los mismos hechos, como surge del art. 33 de la Resolución 165 y de la Constitución Provincial.

6) Posteriormente, plantea la nulidad del fallo en crisis, por haberse omitido interrogar a los diputados por cada uno de los cargos que contenía el acto de acusación, incumpliendo así lo establecido en el art. 21 de la Resolución 165 y el art. 266, inc. i) de la Constitución Provincial, que dispone que la votación será nominal, consignándose en el acta el voto de cada Diputado, sobre cada uno de los cargos que contenga el acto de acusación.

En el caso, el Sr. Presidente interrogó a los señores diputados si el enjuiciado “era culpable del cargo de mal desempeño” y con esa fórmula se lo consideró incurso en la figura mencionada para la destitución de su empleo e inhabilitación. Considera que mal desempeño es solamente una causal y hay que determinar los actos –que son precisamente los cargos- que llevan a configurar aquella.

7) En su último agravio, plantea la nulidad de la sentencia por violación al debido proceso por inobservancia de los arts. 369, inc. 3, y 363 de C.P.P. y C.. Sostiene que la sentencia de la Sala Juzgadora al igual que el juicio político tramitado ante ella, está sometida a las reglas propias de la actividad jurisdiccional, por lo que debe someterse a la obligación de decidir con explicación de los fundamentos tanto de hecho como de derecho de la resolución, en lo cual resulta relevante la explicación jurídico-racional de las razones por las cuales se acoge la tesis de la acusación y se desecha la antítesis de la defensa.

Afirma que en el caso la sentencia dictada es infundada y cuestiona puntualmente la prueba de testigos, la prueba documental, consideraciones que realiza la sentencia en cuanto a las resoluciones adoptadas en el caso del Dr. Mendaña, por el que es acusado y la manera de resolver las impugnaciones de su parte durante todo el proceso de juicio político.

Finalmente considera que en este proceso político no se ha investigado la inconducta o incapacidad de quien recurre, y se ha juzgado la forma en que interpretó la ley en sus decisiones y los magistrados no pueden ser enjuiciados por las doctrinas o convicciones que sustenten en sus fallos.

En cuanto a la pena, considera que no existe en el decisorio en crisis, ni siquiera una mera referencia de cuáles han sido las razones y el criterio utilizado para ponderar la pena de inhabilitación que se le aplicó, en función de lo dispuesto por los arts. 40 y 41 del Código Penal.        

II.- El presente recurso de casación ha sido interpuesto contra la sentencia con la que culminó el Juicio Político llevado a cabo a uno de los miembros de este Tribunal Superior de Justicia, Dr. Eduardo José Badano, que dispuso su destitución de tal cargo. A través de los múltiples embates intentados y sobre los que me toca pronunciarme, se cuestiona el modo en que tal proceso constitucional se llevó a cabo por la Honorable Legislatura Provincial.

A los fines de exponer una adecuada respuesta a cada uno de esos cuestionamientos, debe tenerse presente la naturaleza netamente política de este proceso, cuya finalidad se encuentra “acotada a examinar la responsabilidad política de los acusados y a remover a los funcionarios y magistrados que hayan demostrado falta de idoneidad para ejercer el cargo” (Alfonso Santiago, “Grandezas y miserias en la vida judicial. El mal desempeño como causal de remoción de los magistrados Judiciales”, Ed. El Derecho, pág. 22). En ello coincide la prestigiosa doctrina que se ocupó de la materia (Gelli, María Angélica, “Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada”, 4° edición ampliada y actualizada, Ed. La Ley, tomo II, pág. 34 y ss.; Bidart Campos, Germán J., “Manual de la Constitución Reformada”, Ed. Ediar, Tomo III, pág. 190 y ss.; González, Joaquín V., “Manual de la Constitución Argentina (1853-1860)”, actualizado por Humberto Quiroga Lavié, Ed. La Ley, pág. 475 y ss.; Bielsa, Rafael, “Manual de Derecho Constitucional Argentino”, Ed. Kapelusz, pág. 278 y ss.; Badeni, Gregorio, “Instituciones de Derecho Constitucional”, Ed. Ad Hoc, pág. 330 y ss., entre muchos otros), como también así surge de la doctrina judicial del Alto Tribunal Nacional (Fallos: 316:2940; 326:4816; 328:3148; 331:810; 331:2195, entre otros).

Que asimismo, si bien se distingue por su naturaleza de los procesos criminales ordinarios, debe igualmente ser respetuoso de las garantías constitucionales, especialmente del debido proceso (arts. 18 y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; art. 8.5, CADH; art. 14.3.c, PIDCP; art. XXVI, CADDH; art. 63, Constitución de la Provincia del Neuquén) y la defensa en juicio del acusado (arts. 18 y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; art. 8.1 y 2, CADH; art. 14.1, PIDCP; art. XXVI, DADDH; art. 10, DUDH; art. 58, Constitución de la Provincia del Neuquén), pues su vulneración, en la medida en que se aduzca y demuestre inequívocamente por el interesado, es la que autoriza la intervención judicial. En este sentido, muy esclarecedoras resultan las enseñanzas brindadas por María Angélica Gelli, cuando señala que “el hecho de que el juicio de remoción sea considerado político y por lo tanto diferente de los procesos criminales; que exista un cierto grado de discreción en la apreciación de la causal de mal desempeño, formulada en el art. 53 [en nuestro caso, art. 229 de la Constitución Provincial] mediante una típica expresión indeterminada; que no se requiera ley penal previa para especificar todas y cada una de las posibles hipótesis de mal desempeño –y en el caso de los jueces, de mala conducta- y que el proceso sea sustanciado por un organismo eminentemente político (...), no significa que en el desarrollo de la causa deba tolerarse la ausencia de la garantía del debido proceso y de la defensa en juicio (...)” (Gelli, María Angélica, “Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada”, 4° edición ampliada y actualizada, Ed. La Ley, tomo II, págs. 34 y 35).

Ello, a su vez concuerda con lo sostenido por la señora Fiscal Subrogante ante este Cuerpo, en la audiencia in voce realizada a pedido de la defensa, en cuanto a que el juicio político llevado a cabo a uno de los integrantes del más alto tribunal de la Provincia, es un hecho que tiene la suficiente gravedad institucional como para permitir la revisión ante los estrados judiciales, cuando lo que se invoca son violaciones a garantías constitucionales; concretamente la de defensa en juicio y la del debido proceso.

Todo lo expuesto, se enmarca en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando sostiene que en procesos de esta naturaleza, quien alegue la vulneración de las mentadas salvaguardas constitucionales, debe demostrarlo en forma nítida, inequívoca y concluyente, en flagrancia, de haber sufrido un menoscabo de tal magnitud en aquellas reglas, que exhiba relevancia bastante para variar la suerte de la causa (C.S.J.N., “Nicosia”, Fallos: 316:2940; “Brusa”, Fallos: 326:4816; entre los pronunciamientos mas recientes que siguen esta línea, Fallos: 328:3148; 331:810; 331:2195, entre otros).

Vale decir, que corresponde analizar los argumentos de la defensa a la luz de estas pautas: violaciones al debido proceso, violaciones al derecho de defensa, que tengan la gravedad y la entidad suficiente y que si esas violaciones que se esgrimen no se hubiesen producido, el resultado de la causa podría haber sido otro.

Esta es también la posición que ha venido sosteniendo este Tribunal Superior de Justicia en precedentes anteriores, al señalar que “(…) el más Alto Tribunal Nacional a partir del precedente ‘Graffigna Latino’ (G. 558 XX, resolución del 19 de junio de 1986 [ED, 119-130]), ha sostenido la doctrina según la cual las decisiones en materia de los llamados juicios políticos o enjuiciamiento de Magistrados en la esfera provincial, dictadas por órganos ajenos a los poderes judiciales locales, configuran cuestión justiciable cuando se invoca por la parte interesada la violación del debido proceso. En consecuencia, fue afirmado que tales decisiones no escapan a la revisión judicial por dichos poderes, ni a la posterior intervención de la Corte por vía del recurso extraordinario (F.101.XXI "Fiscal de Estado Dr. Luis Magín Suárez s/formula denuncia –solicita jurado de enjuiciamiento y sus acumulados", del 19 de diciembre de 1986 [ED, 122-472] y 29 de diciembre de 1987 [ED, 128-456]; L.355 XXI "Llamosas, Oscar Francisco s/ solicita formación jurado de enjuiciamiento al Juez en lo Penal Nº 2 de la 1º. Circunsc. Judicial Dr. Rubén Langbart y a la Sra. Fiscal Penal Nº 1 Dra. Demetria G. de Canteros", del 6 de octubre de 1987 [ED, 126-503]; R.437.XXI "Retando, María D. de Spaini s/denuncia c. Juez del Crimen de IV Nom. Dr. Remigio José Carol y acumulados", 26 de mayo de 1988 [ED, 130-493]; J.22. XXII "Jaef, Jorge y Eduardo s/ denuncia-causa Nº 695/86", 10 de noviembre de 1988; C.574.XXII "Cantos José María s/ juicio político contra el Dr. Velloso Colombres, Pedro Alberto José", 28 de febrero de 1989; V.321.XXII "Viola, Carlos J. y otro s/ juicio político", 15 de febrero de 1990; J.74. XXII. Juzgado de Instruc. de Goya s/ eleva solicitud de juicio político a la Sra. Juez de Paz Letrado Nº 2 Dra. María Elisa Maydana", 21 de abril de 1992 [ED, 148-443]; C.407.XXIII. "Caballero Vidal, Juan Carlos s/ solicita enjuiciamiento del titular del Cuarto Juzgado Penal Dr. Carlos Horacio Zavalía -Causa Nº 34, 21 de abril de 1992 [ED, 148-441]; p.252.XXIII "Proc. Gral. de la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Bs. As. San Martín Juez Criminal Dr. Sorondo s/ eleva act. relativas a la conducta del Dr. Fernando Héctor Bulcourf", 21 de abril de 1992 [ED, 148-439]; T.107.XXIV. "Tribunal Superior de Justicia del Neuquén s/ Jurado de Enjuiciamiento (Expte. Nº 116.403), 8 de septiembre de 1992; Z.12.XXIV. "Zamora, Federico s/ acusa-expediente Nº 3001-1286/ 90", 13 de agosto de 1992, entre otros)…” (C.S.J.N. “Nicosia, Alberto Oscar s/ Recurso de Queja, diciembre 9 de 1993, causa No. 45.809); temperamento éste mantenido ulteriormente en otros precedentes (vgr. CSJN Fallos 319:705 y sus citas)…” (Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, R.I. n° 88/05, rec. queja, rta. el 14/07/05 y Acuerdo n° 24/07, in re “Mendaña”).

Además de todo lo narrado, corresponde hacer mención que constituye otro de los principios que deben respetarse al resolver el presente recurso, el de que “(...) la Constitución ha conferido al procedimiento del juicio político una naturaleza que no debe, necesariamente, guardar apego estricto a las formas que rodean el trámite y decisión de las controversias ante el Poder Judicial, pero que, igualmente, debe observar requisitos que hacen a la esencia y validez de todo ‘juicio’, en el caso: el de ‘defensa’, inexcusablemente ‘inviolable’” (CSJN, “Nicosia”, considerando 20, del voto de la mayoría). Ello es así, pues “el juicio ordinario es el único en el que los controles deben ser rigurosos para evitar todo riesgo de aplicación excesiva del poder estatal” (del dictamen del Procurador General, en “Boggiano”).

En función de lo dicho, habré de analizar cada agravio expuesto por el recurrente, teniendo presente además, la normativa que resultó de aplicación en la tramitación del juicio político, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 164, 189, inc. 27, 229 y 266 de la Constitución Provincial. Más específicamente, en lo dispuesto por el reglamento para el procedimiento de juicio político, dictado por la Honorable Legislatura Provincial por Resolución N° 165, y supletoriamente la Ley 1565 (Ley de Jurado de Enjuiciamiento) y el Código Procesal Penal y Correccional de la Provincia del Neuquén.

La aplicación de la normativa indicada precedentemente no resulta antojadiza, en virtud de que es la que expresamente regula el procedimiento del Juicio Político y además, el recurrente, las acepta sin haber formulado planteo alguno respecto de su constitucionalidad; más aún, cuando la misma Legislatura, en Sesión Ordinaria, resolvió votar como artículo 3° de la Resolución 719, que: “...se sugiere la aplicación supletoria de la Ley 1565, Jurado de Enjuiciamiento y/o el Código Procesal Penal y Correccional Provincial, según resulte más beneficioso frente a los derechos y garantías de las personas sometidas al proceso de juicio político, todo ello en cuanto no esté regulado por la Constitución Provincial y la Resolución 165” (fs. 66, Versión taquigráfica de la Sesión de fecha 9 de abril de 2.008, agregado por cuerda). Es decir que la normativa aplicable al procedimiento, conforme a este orden de prelación, resulta ser la Constitución Provincial –artículos mencionados-, la Resolución N° 165, y todo lo que no esté regulado en dicha normativa -a los fines de proceder-, se recurrirá a la ley 1565 y al Código Procesal Penal provincial. En función de todo ello, analizaremos el recurso en trato. Veamos:
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