Jose luis ramon, en nombre y representación






descargar 48.36 Kb.
títuloJose luis ramon, en nombre y representación
fecha de publicación26.02.2016
tamaño48.36 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Ley > Documentos
MEDIDA CAUTELAR URGENTE

HABILITACIÓN DE LA FERIA JUDICIAL

GRAVEDAD INSTITUCIONAL
SEÑOR JUEZ:
JOSE LUIS RAMON, en nombre y representación del actor CARLOS SOTTILE; GIANCARLO SPINETTA, en nombre y representación de “PROTECTORA” ASOCIACIÓN CIVIL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, y en el carácter de patrocinante de ambos la Dra. LETICIA ZANELLI, a V. S. como mejor proceda respetuosamente decimos:
I. DATOS PERSONALES

A. Que los datos personales de la parte actora, y demandadas se encuentran transcripto en el expediente principal, cuyos datos se transcriben en el punto correspondiente.

Que PROTECTORA, se presenta en este proceso en el carácter prescripto en el Art. 52, ss y ccs. de la Ley 24.240 (L.D.C.).
II. DOMICILIO PROCESAL – PATROCINIO.

Que a todo efecto constituimos domicilio procesal, junto al letrado que patrocina, en calle Pedro Molina 485, 6º piso, Ciudad, Capital, Mendoza.
III. EXENCION DE APORTES Y TASAS.

Esta presentación goza del beneficio de justicia gratuita en virtud de los artículos 53 y 55 de la Ley Nº 24.240 (Defensa del Consumidor), a propósito de la legitimación colectiva ejercida por la Asociación actora, bajo manda constitucional de los arts. 42 y 43, en ejercicio de funciones públicas en situación similar al Ministerio Público y el Defensor del Pueblo.
IV. CONEXIDAD DEL JUICIO PRINCIPAL.

Que la acción principal se encuentra radicada en los autos Nº 43.887/3, caratulados: “SOTTILE, CARLOS y Ot. c/ ENARGAS S.A. y Ots. P/ SUMARISIMO”, originario de la Secretaría Nº 3, del Juzgado Federal Nº 2 con asiento en el ámbito de la Excma. Cámara de Apelaciones de Mendoza.

Que a los efectos de acreditar los extremos expuestos se acompaña copia de la demanda con el sello de presentación y la documentación obrante en el juicio principal.
V. LEGITIMACION DE MEDIDA A SOLICITAR. DERECHO DE INCIDENCIA COLECTIVA REFERENTE A INTERESES INDIVIDUALES HOMOGENEOS. LA PARTICIPACION EN EL PROCESO DE PROTECTORA, ASOCIACION DE DEFENSA AL CONSUMIDOR. La Constitución Nacional y la Ley de Defensa al Consumidor.
Entre los puntos necesarios a destacar de este tema tenemos: “la protección de los intereses económicos de los usuarios” (art. 42), “la libertad de elección” (art. 42) o sea, que no haya monopolios sino los “naturales” o “legales”; en consecuencia, el derecho “a la defensa de la competencia (ídem, segundo párrafo, y 43 segundo párrafo), es decir, a tener por principio y con apoyo del ordenamiento y los órganos del Estado, un sistema de libre competencia en la provisión de bienes y servicios; “al control de los monopolios naturales y legales “(artículo 42, segundo párrafo), “a la participación”, que se manifiesta en la integración ciudadana en la dirección de los servicios públicos (art. 42, tercer párrafo), que surge de articular el derecho a la defensa previa o debido proceso legal contemplado en el artículo 18 con el derecho de incidencia colectiva conforme al artículo 42, y en general “a la tutela del usuario y consumidor” (arts. 42 y 43, segundo párrafo). En rigor y como se advierte, todo el nuevo capítulo segundo de “nuevos derechos y garantías” se refiere a derechos de incidencia colectiva, tanto en su faz sustantiva como procesal. Por ello su natural corolario procesal se encuentra en el artículo 43. Admitir tal tipo de derechos sustantivos importa, por un mínimo de congruencia interpretativa, reconocer también legitimación judicial para su defensa y ejercicio. No puede sostenerse racionalmente que exista derecho pero no exista acción. Desde luego, el que la Constitución habilite el amparo para la defensa de los derechos de incidencia colectiva no importa una obligación de recurrir a él, sino una potestad del actor, quien también puede elegir, antes o después, vías de mayor debate y prueba, como lo ha reconocido la jurisprudencia.

Este derecho de incidencia colectiva es parte de los nuevos derechos y garantías constitucionales, por lo que es una norma federal de obligatoria aplicación en el ámbito provincial, al igual que lo es la acción en defensa del usuario y del consumidor, tal como surge de los artículos 52 y 53 de la ley —también federal— de orden público 24.240.

VI. EXHORDIO.

Que en el carácter invocado, en legal tiempo y forma, vengo por este acto a promover MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR a fin de evitar el daño inminente e irreparable a los usuarios del servicio de gas, consistente en que, y hasta tanto se resuelva la acción de amparo tramitada en el proceso principal denunciado, se ordene la suspensión de los efectos derivados de los instrumentos impugnados: Decreto del PEN N° 2.067 del 27 de Noviembre de 2008; Resolución N° 1.451/08 del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios del 12 de diciembre de 2.008; Resolución N° 536/08 dictada por el Ente Nacional Regulador de Gas (ENARGAS) del 15 de diciembre de 2.008 y la Resolución N° 570/2008 también dictada por el Ente Nacional Regulador de Gas (ENARGAS) el 16 de diciembre de 2.008, que aprueba el nuevo cuadro tarifario de la demandada en los autos principales DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. con vigencia a partir del 01 de Noviembre de 2.008; y en consecuencia, se ordene a la Distribuidora – DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. – a:

1. Aceptar el pago de la factura del servicio, excluyendo de las mismas el “CARGO DEC. 2.067/08” y el “IVA 21% DEC. 2.067/08 e intereses”, en el caso de las facturas ya emitidas; y/o en relación a las facturas a emitir proceda de igual manera, o re-facture sin dicho cargo; y

2. Que en el caso de las facturas ya abonadas por los usuarios comprendidos en la categoría comprendida en el aumento, se les reconozca una Nota de Crédito correspondiente al cargo, haciéndose la misma efectiva en la factura correspondiente al período facturado, todo ello en los términos del art. 230 del C.P.C.C.N..

3. Que la medida solicitada se deberá dictar para que la misma sea cumplida por ECOGAS DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A., con domicilio en calle Avda. Las Tipas 2.221, Godoy Cruz, Mendoza;

4. Que ordenada la MEDIDA CAUTELAR que se peticiona disponga que sus EFECTOS se hagan EXTENSIVOS a todos los usuarios que se encuentren comprendidos en la situación fáctica subsumida por la normativa enunciada. (Art. 54, párrafo 2do. De la Ley 24.240 (L.D.C.).

Todo ello sobre la base de las siguientes consideraciones de hecho y de derecho que a continuación pasaré a exponer.
VII. PROCESO.

Que la acción principal intentada en el proceso principal, se enmarca naturalmente en las previsiones procesales dispuestas por el art. 43 de la C.N. al ser una acción colectiva, donde se han vulnerado los derechos de los usuarios de servicios públicos domiciliarios, en actos y omisiones de las autoridades públicas y concesionarias que han y podrán en mayor medida de continuar lesionar por su arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, los derechos y garantías reconocidos por nuestra Constitución y sus leyes específicas. Por lo que V.S. deberá disponer se encause la presente acción por la vía procesal del amparo o la que considere más expedita para preservar los derechos del usuario.
VIII. HECHOS – ANTECEDENTES

a. EL ACTOR.

El Sr. CARLOS SOTTILE, usuario del servicio público de gas domiciliario, cuyos datos identificatorios se encuentran indicados en las facturas, y en el instrumento de poder que se acompaña en autos. El mismo se gana su sustento como artesano, y se domicilia en el barrio de los Artesanos, en el Departamento de Guaymallén, Distrito de Bermejo, provincia de Mendoza. Vive en una casa de humilde estructura, con una superficie cubierta de 60 mts2 cubiertos, en el cual comparte techo y destino con su esposa, e hijos menores de edad. A su vez, a unos diez metros de la casa descripta se encuentra el taller donde realiza sus tareas artesanales, de tamaño similar en la cual convive. El matrimonio con sus hijos, tal como se acredita con el acta notarial que se acompaña, en el ámbito de la casa tienen una cocina, un calefón y dos estufas para calefaccionar en invierno el hogar, tal como se acredita en el acta de inspección que se acompaña como prueba instrumental, efectuada por gasista matriculado.

Desde hace más de veinte años, como cliente de ECOGAS, el actor ha venido consumiendo y pagando sus facturas con normalidad, y la ecuación entre lo consumido y pagado en las facturas, en general ha sido viable.

Con fecha 05 de febrero de 2.009, recibe la factura N° 0012-32467618, con un consumo de 153 m3 y un precio unitario de $ 0.245075, con un monto de $ 69.05. Hasta aquí las cosas, la situación era de normalidad. Con fecha 06 de abril de 2.009, aparece en forma intempestiva, SIN AVISO PREVIO, la factura N° 0012-32937278, por un consumo de 180 m3 y un precio unitario de 0.245075, pero con un monto de $ 151.57. Hace las averiguaciones correspondientes, por ante el ente de control del ENARGAS, y le informan que efectivamente se ha producido dos situaciones:

1) Una RECATEGORIZACION de su estado de usuario, en base a lo consumido en los cinco (5) periodos anteriores; y un AUMENTO DE TARIFAS dispuesto por el Gobierno Nacional, para ciertas categorías recategorizadas de usuarios. (objeto de la acción principal a la que me remito brevitatis causae).

Mas allá de la sorpresa, descontento y confusión, la factura N° 0012-32937278, con vencimiento 06/04/2009 tuvieron que pagar forzosamente para evitar un daño mayor, que les podrían haber causado los cortes por falta de pago en pleno proceso de llegada del invierno, con una mujer y niños menores. Y
2) La APLICACIÓN DE UN AUMENTO ENCUBIERTO en la factura de gas, que se expresa a partir de la aplicación en la factura del item Dec. 2.067/08 e I.V.A..

Sin que comporte ingresar al análisis del fondo de la cuestión, la aplicación del cargo adicional determinado por las normas cuestionadas es generador de resultados -prima facie- exorbitantes y desproporcionados, en los que no se aprecian pautas de razonabilidad dado que la aplicación del mismo arroja montos que superaran el valor mismo del servicio, ya incrementado por otros aumentos.

Así, la exigencia de proporcionalidad entre las medidas que el acto involucre y las consecuencias que se siguen han de trasuntar la aplicación del principio de razonabilidad que es una garantía constitucional innominada, cuyo fundamento se encuentra en los arts. 28 y 33 de la C.N..

La falta de proporcionalidad es causal de invalidez cuando existe un exceso entre lo que el acto decide, sus consecuencias y los hechos que los motivan. Es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las normas jurídicas son susceptibles de ser cuestionadas en cuanto a su constitucionalidad cuando resulten irrazonables, en la inteligencia de que la irrazonabilidad se configura cuando no se adecuan a los fines cuya realización procuran o consagran una manifiesta iniquidad (Fallos: 304:972; 305:159; 308:418).

No debe dejarse de lado que en el marco regulatorio sancionado por la ley Nacional N° 24.076 de Gas Natural, del año 1992, se explicita entre los correspondientes objetivos de la regulación, en el capitulo 1, art.2 inc. d), “ que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables”.

En este caso, es razonable, justa, equitativa?. La respuesta es una sola……

Para el resto de la argumentación, me remito a los hechos indicados en el escrito principal de demanda y la prueba en el mismo ofrecida a sus efectos.
b. LA ASOCIACIÓN:

A los fines prácticos, vamos a referirnos a un actor en particular; pero la argumentación debe hacerse extensiva a todos los casos que se indicarán.

El actor concurrió a la Asociación, con este grave reclamo y junto a ella, se recibieron y reciben múltiples quejas de usuarios del servicio de gas imponiendo del desmesurado incremento en sus facturas. También se acercaron de distintos puntos de la provincia, usuarios en busca de información y asesoramiento.

También me remito a lo expuesto en el escrito principal de demanda.
1. Pedido de Información:

Atento a la falta de información específica sobre la modalidad y características del aumento y las categorías de excepciones; por los citados motivos, con fecha 20 de marzo de 2.009, la Asociación se presentó ante el ENARGAS con asiento en la provincia de Mendoza y solicitó al Sr. Presidente, información sobre el cuadro tarifario vigente y demás legislación vigente.

A esto el ENARGAS contesta a esta petición, efectivamente, con fecha 20 de abril de 2.009, enumerando las resoluciones y disposiciones que establecieron el aumento tarifario, pero en forma deficiente y sin arrimar al caso una solución concreta respecto de aquellas personas que se encuentran en estado de obtener el derecho de excepción al régimen de aumento, por sus precarias condiciones. Y haciendo caso omiso a la Resolución I/409, que crea las nuevas categorías para el rango residencial, ni los actos tendientes a dar la información adecuada a sus usuarios.

Los usuarios de la provincia de Mendoza, recibieron la información oficial de que se los recategorizaba y se les aplicaba un aumento inminente, cuando ECOGAS les envió por correo en el MES DE ABRIL, junto a la factura correspondiente, a los domicilios de los usuarios de la provincia de Mendoza, un escrito por el cual se informaba EL AUMENTO que “… por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN 2067/09) y Resolución Enargas nº I/563, se creo un fondo fiduciario destinado a solventar la importación de gas natural para atender la demandada interna y mediante la Resolución nº I/568 se incrementaron los valores del metro cúbico de gas que se abona a los productores de hidrocarburos…”

Continúa describiendo la METODOLOGIA DE BASE para recategorizar, manifestando que “…estas se definen en cada periodo de facturación, considerando el consumo del periodo a facturar y el consumo de los cinco (5) periodos anteriores”.

Pero lo curioso aquí, es que en la contestación que hace el ENARGAS, al momento de hablar del cuadro tarifario es considerar como parte de la tarifa la aplicación del Decreto 2.067//08 y el IVA, cuando su naturaleza jurídica es de naturaleza de impuesto y no parte de la tarifa. Motivo principal de discusión en las causas que impugnan el aumento.
2. El Daño inminente al Usuario.

Los aumentos citados en la tarifa de servicio de gas, violan: la Constitución Nacional, Ley de Defensa de los Consumidores, Leyes Nacionales y Provinciales que enmarcan la actividad de las distribuidoras y sus organismos de control, donde específicamente se requiere haber cumplido previamente con la información adecuada a los usuarios.

Los organismos estatales y de distribución de gas en Cuyo, han cobrado en forma no adecuada, ya que carga sobre el usuario un impuesto que entorpece la prestación del servicio domiciliario, con un impuesto no susceptible de ser cobrado en la factura. También fue negligente por no escuchar a los consumidores y las asociaciones que los representan en cumplimentar su obligación de informar.

Existe una relación causal adecuada entre el daño causado, la falta de información y el aumento.

Por lo que el no pago de la parte de la factura correspondiente al Decreto 2.067/08 más el IVA, no será óbice para que cada usuario reclame por vía incidental o por la forma que V.S. disponga la reparación integral que le es debida, conforme expresamente se dispone en el art. 54 tercer párrafo de la L.D.C..

Para que la medida sea adecuada, evite el daño al usuario y a la distribuidora por igual, es menester que se permita el pago del ítem correspondiente a al servicio, dejando fuera el ítem del Dec. 2.067/08.
IX. LA MEDIDA PRECAUTORIA.

A. Los requisitos de la medida cautelar.

Los recaudos comunes al dictado de la misma se encuentran reunidos, a saber:

1. El "fumus bonis iuris" a los efectos de la acreditación del derecho invocado, surge de la documentación acompañada donde el Actor es titular del servicio de gas, ha pagado el mismo conforme acompaña ticket de caja, y se ha verificado por personal autorizado las instalaciones en el domicilio. La asociación esta acreditada por la C.N. en su art. 43 y el art. 53 de la L.D.C. ha intervenir en acciones colectivas en relación a los usuarios de servicios públicos domiciliarios.

De conformidad a lo expresado, los claros mandatos constitucionales de "protección de los intereses económicos de los usuarios", "información adecuada y veraz", y condiciones de "trato equitativo y digno" (art. 42, Constitución Nacional) devienen directamente operativos y aplicables a todas las relaciones jurídicas de consumo, incluida la de este reclamo y citamos: (conf. SCBA - Ac. 73.545 "Ortega").

En este orden de ideas, la protección del ordenamiento jurídico debe

necesariamente ser mayor, en tanto se trata aquí de un servicio público domiciliario monopólico de vital importancia para el usuario, máxime teniendo en cuenta la época del año de que se trata.

En razón de lo expuesto y en virtud de los principios generales "ut supra" mencionados, esta parte ha resuelto cabalmente la verosimilitud del derecho y se encuentra "prima facie" acreditada, más aún luego de analizar los argumentos expuestos, la documentación acompañada, el reclamo efectuado a ENARGAS por la Asociación de Defensa del Consumidor PROTECTORA, mediante nota que en copia se ha acompañado, como las facturas del actor SOTTILE donde obran facturas de un usuario donde se advierte el incremento tarifario cuestionado, a más de la normativa en colisión invocadas.

Corresponde aclarar también, que la medida cautelar no implica, en forma alguna, anticipar criterio respecto de la resolución del fondo de la cuestión, ya que la conclusión expuesta se mantiene confinada al marco conjetural y transitorio

propio de toda medida cautelar. Ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación “...La concesión de medidas cautelares no exige de los Magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino su verosimilitud, ya que el juicio de verdad está en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que es atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético...” (CS,

2001/01/18- S.E. y M. c. Provincia de Misiones y otra- La Ley, 2002-A-671).
2. Elpericulum in mora”, se acredita ante la multiplicidad de familias y personas que se ven imposibilitadas de hacer frente a un aumento irracional, intempestivo y exagerado de la tarifa de gas, y el temor grave a: en muchos casos se ha pagado, dejando de pagar otros no menos importantes gastos hogareños, y no saber como enfrentar otras nuevas boletas, sin tener respaldo económico para el mismo. Otros grupos de familias, no han llegado a poder cubrir el pago de la boleta, por lo que existe un riesgo cierto de que se les corte el suministro del servicio de gas, que es de vital importancia para el desenvolvimiento normal de las familias.

Esta parte ha configurado el hecho en la especie, dado que: desde que la exigibilidad de las facturas emitidas con el cargo adicional es inmediata, de modo tal que su eventual falta de pago colocaría instantáneamente a los usuarios en mora exponiéndolos a recargos y lógicos retaceos, interrupciones y/o discontinuaciones del suministro de gas, provocando graves lesiones y perjuicios patrimoniales.

Al respecto, y como un modo sugerente al momento de resolver de V.S.; es menester que tenga presente, que se ha señalado con acierto, que una interpretación del periculum in mora acorde con la naturaleza de la tutela cautelar como contenido esencial del derecho de defensa en juicio (art. 18, Constitución Nacional), impone el deber de juzgar su existencia conforme al juicio objetivo de una persona razonable (Fallos 314:711; 317:978; 319:1325; 321:695 y 2278). Por ello, debe evitarse una interpretación formalista que, basada en un puro dogma, obstaculice o impida la vigencia de una real y efectiva tutela cautelar.

Ello hace a la seriedad del tratamiento de la causa, que mientras esta se encuentra en estudio por V.S. pueda alivianar el efecto pernicioso del cuadro tarifario.
3. Contracautela: en atención a las características de la acción colectiva, que goza de beneficio de litigar sin gastos, se solicita a V.S. de cumplimentar dicho requisito.
B. La petición en concreto y su especificación.

Por todo lo expuesto, corresponde V.S. haga lugar a la medida cautelar peticionada y en consecuencia ORDENE a la Distribuidora- DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. a:

--Aceptar el pago de la factura del servicio excluyendo de las

mismas el “CARGO DEC. 2.067/08” y el “IVA 21% DEC. 2067/08 E INTERESES”, en el caso de las facturas ya emitidas; y/o en relación a las facturas a emitir proceda de igual manera;

--Que se abstenga de efectuar cortes en el suministro de gas

motivado en la falta de pago de los importes correspondientes al cargo creado por el decreto 2067/08 y a sus accesorios en cada período;

--Que en el caso de las facturas ya abonadas por los usuarios

comprendidos en la categoría que sufren el aumento -y que así lo solicitaran- , se les reconozca una Nota de Crédito correspondiente al cargo y que la misma se haga efectiva en la factura correspondiente al período siguiente, todo ello hasta tanto se resuelva la presente acción.

--Ordenar también se Libre oficio ley 22172 al Estado Nacional

(Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios), y al Ente Nacional Regulador de Gas (ENARGAS) y oficio a la Empresa Distribuidora- DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. con habilitación de días y horas.
C. CONCLUSIÓN.

Se haga lugar a la medida cautelar solicitada en la forma indicada, teniendo especialmente en cuenta que la misma tiene un carácter innominado, enmarcada en el principio del art. 54 de la Ley de defensa del consumidor, que permitirá garantizar la posibilidad del reclamo de los usuarios, sin adelantar la resolución que en definitiva se tome.

En consecuencia, se solicita se haga lugar a la medida solicitada, ordenándose librar los oficios respectivos.
X. PRUEBA.

En tal carácter ofrecemos toda la prueba documental, pericial y del Art. 53 de la Ley de defensa del Consumidor, que obra en el expediente principal y que en copia se acompaña.
XI. DERECHO

Que se funda la presenta acción en las normas que rigen los derechos de los actores y que sido han violados preceptos constitucionales de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 28, 31,75 inc.22 de la Constitución Nacional; y normas de tratados internacionales y demás doctrina y jurisprudencia mencionada en el desarrollo de esta presentación.
XII. RESERVA DEL CASO FEDERAL.

Que encontrándose en juego derechos de directa e inmediata raigambre constitucional (arts.7, 16, 29, 30, 99.9, 128 inc1 y 2 de la C.N.), se hace expresa reserva del caso federal para ocurrir ante la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación por el procedimiento previsto por el art. 14 Ley 48. Que, habiéndose avasallado por el Estado principios, garantías y derechos reconocidos por la Norma Fundamental y de orden federal, situación que de mantenerse afectarían aquellos establecidos en los arts. 14 bis 16, 17, 18, 28, 29, 31, 75 inc. 22) de la Constitución Nacional; arts. 2 y 14 y 23 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, arts. 2 7 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y normas ccs. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 1, 2, 21, 24 y 26 del Pacto de San José de Costa Rica y de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo n 95, de rango supra legal y jerarquía constitucional, conforme lo dispuesto por el art. 75 inc.22 de la C.N.

XIII. RESERVA RECURRIR ANTE ÓRGANOS INTERNACIONALES.

En la medida que sean afectados derechos sociales y humanos en cuanto la confirmación del plexo normativo impugnado significa la flagrante violación a los derechos humanos receptados por los mismos, al reducir salarios en forma sustancial; en abierta contradicción con normas constitucionales, derechos, principios, y garantías establecidos en los Tratados Internacionales de Derecho Humano y Convenios de la O.I.T. a fin de restablecer la vigencia del orden jurídico vulnerado.

XIV. PETITORIO.

Por todo lo expuesto a V.S. solicito:

1. Nos tenga por presentados, parte y por constituido el domicilio procesal constituido.

2. Se habilite la feria judicial para resolver la presente medida cautelar.

3. Se de trámite a la medida cautelar solicitada, en los términos peticionados.

4. Tenga presente la prueba ofrecida.

PROVEER DE CONFORMIDAD SERA JUSTICIA.




Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Jose luis ramon, en nombre y representación iconRamón d. González hernández con dni 23. 283. 127-c en nombre y representación...

Jose luis ramon, en nombre y representación iconAntonio José Ponte / José M. Fernández Pequeño Efraín Rodríguez Santana...

Jose luis ramon, en nombre y representación iconSeñores: Sr. Marqués de Roca Verde, D. Antonio Maria de Murúa, D....

Jose luis ramon, en nombre y representación iconHistoria de la Filosofía/ José Luis Herrera/ ies josé Hierro

Jose luis ramon, en nombre y representación iconJosé María Garcia vs José Luís Roca

Jose luis ramon, en nombre y representación iconLa representación en los negocios jurídicos. Representación directa...

Jose luis ramon, en nombre y representación iconEncargado del engrose: josé ramón cossío díaz

Jose luis ramon, en nombre y representación iconDon, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de

Jose luis ramon, en nombre y representación iconY teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 190, correspondió...

Jose luis ramon, en nombre y representación iconJ con domicilio, a efecto de notificaciones, en C/ número y dni 12121212p,...






© 2015
contactos
ley.exam-10.com