Notificación el no anexar copia del poder no configura falta de legitimación / poder no configura falta de legitimación el no anexar copia del poder en el acto de notificación






descargar 99.97 Kb.
títuloNotificación el no anexar copia del poder no configura falta de legitimación / poder no configura falta de legitimación el no anexar copia del poder en el acto de notificación
página1/4
fecha de publicación26.02.2016
tamaño99.97 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Ley > Documentos
  1   2   3   4


NOTIFICACIÓN - El no anexar copia del poder no configura falta de legitimación / PODER - No configura falta de legitimación el no anexar copia del poder en el acto de notificación
El demandado sostiene que al momento de notificar la demanda no se allegó copia del poder para actuar de quien dice ser apoderado del demandante, por lo que se configura una falta de legitimación adjetiva. La Sala considera que si bien es cierto en el momento de notificación de la demanda deben acompañarse todos los anexos, incluyendo el poder para actuar, no es menos cierto que la ausencia de esta copia no incide en la legitimidad del demandante cuando el poder obra en el expediente. Así las cosas, se tiene que la formalidad que reprocha el demandado no genera falta de legitimidad para actuar, puesto que si se anexa a la demanda el original del poder para actuar están perfectamente demostradas las facultades conferidas por el mandante y los límites que en ese documento se fijan al apoderado. De hecho, no debe olvidarse que las partes pueden acceder al expediente y analizar las condiciones en que se confiere el mandato. Por ello, si se anexa a la demanda el poder para actuar -como en efecto consta en el folio 1 del expediente- la ausencia de copia para la notificación no constituye irregularidad que incida en la capacidad jurídica para actuar válidamente en el proceso, por lo que no prospera el argumento.
AGOTAMIENTO DE VÍA GUBERNATIVA - No es imperativa en los procesos electorales / PROCESO ELECTORAL - No hay lugar al agotamiento de la vía gubernativa

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo, el agotamiento de la vía gubernativa sólo es exigible cuando se demanda la nulidad de un acto administrativo, de contenido particular y se pretende el restablecimiento de un derecho. En otras palabras, el agotamiento de la vía gubernativa, como presupuesto de la acción, es imperativa en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho y no en la acción de nulidad de carácter electoral. En efecto, ha sido criterio uniforme de esta Sección afirmar que en los procesos electorales no hay lugar al agotamiento de la vía gubernativa, puesto que el acto administrativo de contenido electoral involucra el interés general que subyace a la elección o al nombramiento que la demanda reprocha
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA - Concepto. Características. Función
La delegación administrativa es un instrumento jurídico de la actividad pública “mediante el cual un funcionario u organismo competente transfiere en forma específica y temporal a uno de sus subalternos una determinada atribución, siempre y cuando se encuentre legalmente facultado para ello”. Por ello, la delegación administrativa se caracteriza por i) la entrega transitoria de funciones que son propias del órgano o funcionario delegante, ii) la posibilidad de revocarse en cualquier momento y de asumir la competencia o funciones por parte del titular de la atribución, y iii) la existencia de autorización legal previa al acto. La delegación de funciones administrativas constituye un importante mecanismo para desarrollar la gestión pública con eficacia, economía y celeridad, en tanto que no se puede desconocer que los servidores públicos que tienen a su cargo la representación de las entidades públicas no siempre pueden cumplir directamente todas las funciones estatutaria, legal y constitucionalmente asignadas. Esto explica la razón por la que el Constituyente elevó a rango constitucional la delegación como instrumento de la función administrativa (artículo 209). Con base en estas premisas, el legislador reglamentó la delegación de funciones administrativas por medio de la Ley 489 de 1998. Los artículos 10, 11 y 12 de esa misma normativa señalan las reglas para que proceda la delegación de funciones administrativas. Es especialmente relevante el artículo 11. De otro lado, también debe tenerse en cuenta que el artículo 2 de la Ley 489 de 1998 señaló que las normas relativas a la delegación de funciones administrativas se aplican a “todos los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público y de la Administración Pública” y, en lo pertinente, a las entidades territoriales, sin perjuicio de la autonomía que le es propia de acuerdo con la Constitución y la ley.
NULIDAD ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA CAR - Improcedencia. Votos de alcalde por delegación son válidos / ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAR - Delegación de alcalde / CONSEJO DIRECTIVO DE CAR - Conformación. Delegación de alcalde
En este proceso se pretende la declaración de nulidad del acto por medio del cual declaró la elección de Luis Carlos Torres Rueda como Presidente de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia. Según criterio del demandante y del Ministerio Público, la elección impugnada debe anularse, puesto que en ella participaron y votaron dos personas que representaron a los Alcaldes de los municipios de Tame y Villavicencio, pese a que esa facultad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 99 de 1993, no es posible delegar. La lectura literal de la norma trascrita (artículo 26), evidencia que en la conformación del Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales i) los Gobernadores pueden delegar su participación y ii) el Ministro del Medio Ambiente, el Presidente de la República, el sector privado, las entidades sin ánimo de lucro con domicilio en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma, actúan por medio de representante. No obstante, respecto de la participación de los alcaldes, la norma sólo hace referencia al número que conforman el Consejo Directivo y a la representación en ese órgano de todos los departamentos y regiones que hacen parte de la jurisdicción de la entidad ambiental. El vacío normativo en relación con la forma de participación de los alcaldes en el Consejo Directivo puede interpretarse de dos maneras. De un lado, que no es posible la delegación, puesto que tal y como lo señalan los artículos 121 y 122 de la Constitución, los servidores públicos sólo pueden ejercer las funciones que les atribuye la Constitución, la ley y los reglamentos. Por lo tanto, si no hay disposición expresa que autorice la delegación y ésta existe para los otros supuestos que regula la misma ley, significa que el legislador quiso negarla para los alcaldes. De otro lado, también podría decirse que la participación de los alcaldes por medio de delegado no sólo no está prohibida expresamente en el artículo 26 de la Ley 99 de 1993, sino que los artículos 209 de la Constitución y 9 de la Ley 489 de 1998 autorizan la delegación como mecanismo de organización de la función administrativa. La Sala considera que la segunda hermenéutica es la correcta para aclarar el vacío normativo sobre la forma de participación de los alcaldes en el Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales. Así las cosas, se tiene que la Ley 489 de 1998 consagró la posibilidad de delegar funciones administrativas, con carácter de cláusula general. Dicho de otro modo, después de la vigencia de la normativa en comento, la regla general de organización administrativa es la delegación, por lo que constituye una autorización legal para todos los casos que no están expresamente prohibidos y que no figuran en el artículo 11 de esa ley. En consecuencia, aún si el artículo 26 de la Ley 99 de 1993 no lo dice expresamente, la regla general que impone la Ley 489 de 1998 permite concluir que la autorización a los alcaldes que hacen parte del Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales de delegar las funciones administrativas que legalmente le corresponden como miembros de ese órgano. visto lo anterior, se tiene que existe fundamento legal para señalar que los Alcaldes de los municipios de Tame y Villavicencio podían delegar la función administrativa de participar en la elección del Presidente del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional. Por todo lo expuesto, se concluye que no prosperan los cargos, por lo que esta Sala negará la pretensión de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: DARÍO QUIÑONES PINILLA
Bogotá, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil dos (2002).
EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

1ª. Como es ampliamente conocida, la delegación administrativa es un instrumento jurídico de la actividad pública “mediante el cual un funcionario u organismo competente transfiere en forma específica y temporal a uno de sus subalternos una determinada atribución, siempre y cuando se encuentre legalmente facultado para ello”1. Por ello, la delegación administrativa se caracteriza por i) la entrega transitoria de funciones que son propias del órgano o funcionario delegante, ii) la posibilidad de revocarse en cualquier momento y de asumir la competencia o funciones por parte del titular de la atribución, y iii) la existencia de autorización legal previa al acto.

La delegación de funciones administrativas constituye un importante mecanismo para desarrollar la gestión pública con eficacia, economía y celeridad, en tanto que no se puede desconocer que los servidores públicos que tienen a su cargo la representación de las entidades públicas no siempre pueden cumplir directamente todas las funciones estatutaria, legal y constitucionalmente asignadas. Esto explica la razón por la que el Constituyente elevó a rango constitucional la delegación como instrumento de la función administrativa (artículo 209). Con base en estas premisas, el legislador reglamentó la delegación de funciones administrativas por medio de la Ley 489 de 1998, que en su artículo 9, la define así:


“Delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias.
Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley.
Parágrafo. Los representantes legales de las entidades descentralizadas podrán delegar funciones a ellas asignadas, de conformidad con los criterios establecidos en la presente ley, con los requisitos y en las condiciones que prevean los estatutos respectivos”
De igual manera, los artículos 10, 11 y 12 de esa misma normativa señalan las reglas para que proceda la delegación de funciones administrativas. Es especialmente relevante el artículo 11, que dice:
Funciones que no se pueden delegar. Sin perjuicio de lo que sobre el particular establezcan otras disposiciones, no podrán transferirse mediante delegación:
1. La expedición de reglamentos de carácter general, salvo en los casos expresamente autorizados por la ley.
2. Las funciones, atribuciones y potestades recibidas en virtud de delegación.
3. Las funciones que por su naturaleza o por mandato constitucional o legal no son susceptibles de delegación”
De otro lado, también debe tenerse en cuenta que el artículo 2 de la Ley 489 de 1998 señaló que las normas relativas a la delegación de funciones administrativas se aplican a “todos los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público y de la Administración Pública” y, en lo pertinente, a las entidades territoriales, sin perjuicio de la autonomía que le es propia de acuerdo con la Constitución y la ley.
Así las cosas, se tiene que la Ley 489 de 1998 consagró la posibilidad de delegar funciones administrativas, con carácter de cláusula general. Dicho de otro modo, después de la vigencia de la normativa en comento, la regla general de organización administrativa es la delegación, por lo que constituye una autorización legal para todos los casos que no están expresamente prohibidos y que no figuran en el artículo 11 de esa ley.
En consecuencia, aún si el artículo 26 de la Ley 99 de 1993 no lo dice expresamente, la regla general que impone la Ley 489 de 1998 permite concluir que la autorización a los alcaldes que hacen parte del Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales de delegar las funciones administrativas que legalmente le corresponden como miembros de ese órgano.
2ª. Es cierto que en virtud de lo dispuesto en el artículo 121 de la Constitución “ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley” y que el artículo 122 de la Carta señala que “no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento”; y, al mismo tiempo, el artículo 6 de la Carta preceptúa que los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. También es cierto que la delegación exige ley que la autorice, sin la cual no es válida la transferencia de funciones. Sin embargo, no es menos cierto que es precisamente la ley la que dispuso que “las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias” (9, inciso segundo, de la Ley 489 de 1998). Visto lo anterior, se tiene que existe fundamento legal para señalar que los Alcaldes de los municipios de Tame y Villavicencio podían delegar la función administrativa de participar en la elección del Presidente del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional.
3ª. Es cierto que el artículo 11 de la Ley 489 de 1998 prohíbe la delegación de “funciones, atribuciones y potestades recibidas en virtud de delegación”. Sin embargo, de acuerdo con los artículos 26, literal d), de la Ley 99 de 1993 y 17 del Decreto 1768 de 1994, los alcaldes que hacen parte del Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales no actúan en virtud de delegación sino de representación de los departamentos o municipios que integran la Corporación. De hecho, todos los alcaldes de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional, incluso los que resultan elegidos, pueden votar por derecho propio en la Asamblea Corporativa que designa a los representantes en el Consejo Directivo; y una vez se han elegido a los representantes, los no elegidos no tienen competencia para resolver los asuntos administrativos asignados a ese órgano directivo. Luego, no podrían transferir una competencia que no tienen. De consiguiente, la participación de los alcaldes en el Consejo Directivo se asume como un acto de representación de intereses comunes pero no como consecuencia de la transferencia o delegación de funciones administrativas. Por ende, la representación de los alcaldes de los municipios de Tame y Villavicencio en la reunión del Consejo Directivo para elegir su Presidente, podía ser delegada.

4. De otra parte también podría sostenerse que la delegación de funciones administrativas de los alcaldes no se rige por la Ley 489 de 1998 sino por norma especial que los regula, pues el artículo 92 de la Ley 136 de 1994 señala taxativamente cuáles son las funciones de los alcaldes que pueden ser delegadas. Pese a la aparente fuerza del argumento, tampoco puede aceptarse por la siguiente razón: La Ley 136 de 1994 surge en un momento jurídico en donde era necesario autorizar clara y expresamente las materias en donde se consideraba válida la delegación y los funcionarios que podían delegar. Dicho de otro modo, en el año en que se profiere la ley sólo podía delegarse lo expresamente autorizado por norma especial. Sin embargo, posteriormente el legislador invierte la regla de conducta y hace que la delegación sea permitida en todos los casos no prohibidos expresamente.
En consecuencia, si existe la norma general que autoriza la delegación en todos los casos no prohibidos expresamente, que es posterior a la norma especial, es lógico inferir que la intención legislativa fue ampliar el marco de conducta de la delegación de funciones administrativas.
5. La ausencia de autorización de la delegación a los alcaldes y, por el contrario, el asentimiento expreso de esa facultad a los gobernadores que se observa en el artículo 26 de la Ley 99 de 1993, efectivamente pudo corresponder a la intención legislativa de no aceptar la delegación por parte de los alcaldes y exigir su participación personal en el Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales. Por lo tanto, esa lectura de la norma pudo ser válida durante los primeros años de vigencia de la norma, toda vez que una interpretación literal lo permitía. Sin embargo, el posterior cambio normativo respecto de la aplicación de la delegación como mecanismo de actividad de las entidades públicas, dentro de las cuales se encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, exige una hermenéutica sistemática de las disposiciones que regulan el tema. De consiguiente, la vigencia de la Ley 489 de 1998 implicó un cambio de intención legislativa en el sentido de autorizar a los alcaldes la delegación de sus funciones.

Radicación número: 11001-03-28-000-2001-0040-01(2575)
Actor: DEPARTAMENTO DE CASANARE
Demandado: PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA

Electoral
Procede la Sala a dictar la sentencia correspondiente al proceso número 2575 promovido por el Gobernador del Departamento de Casanare, mediante demanda presentada en ejercicio de la acción pública de nulidad de carácter electoral.


  1. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA

A. LA PRETENSIÓN.-


El Gobernador del Departamento de Casanare, actuando a nombre de esa entidad territorial y mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad de carácter electoral, pretende que esta Sala declare la nulidad del acto por medio del cual se declaró la elección de Luis Carlos Torres Rueda como Presidente de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, para el período 2001- 2003, contenido en el Acta número 200.04.03-001 del 23 de marzo de 2001 del Consejo Directivo de esa entidad.
B.- LOS HECHOS.-
Como fundamento de la pretensión el demandante expone, en síntesis, los siguientes hechos:

1. Previa convocatoria, el 23 de marzo de 2001 se reunió el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, con la asistencia de 16 de los 19 miembros que lo conforman.
2. En la reunión del Consejo Directivo actuaron mediante delegado los Gobernadores de los Departamentos de Casanare, Boyacá, Arauca y Vichada, mientras que el Gobernador del Meta asistió personalmente y el Gobernador de Cundinamarca no lo hizo ni en forma personal ni delegada. A su turno, tres alcaldes (de Támara, Sabanagrande y Fosca) intervinieron en la reunión personalmente y dos por medio de delegado (los de Villavicencio y Tame).
3. En dicha reunión, los alcaldes de Támara (sic) y Villavicencio fueron representados irregularmente mediante delegado en el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, en tanto que desconocieron el artículo 26 de la Ley 99 de 1993.
4. El Gobernador del Departamento del Meta, quien resultó elegido Presidente del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, contó con 8 votos a favor. El Gobernador de Casanare le siguió con 7 votos a favor y hubo un voto en blanco.
5. En la elección demandada se presentaron dos votos irregulares que simulan la realidad electoral, puesto que fueron depositados por personas que no tenían autorización legal para actuar.

3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
El demandante invoca la violación de los artículos 26 de la Ley 99 de 1993, 3, 6, 121, 123, inciso 2, de la Constitución y 222, numeral 2, del Código Contencioso Administrativo.
El concepto de violación de esas disposiciones lo desarrolla con fundamento en los argumentos que se resumen así:
1. El artículo 26 de la Ley 99 de 1993 señala que en la conformación del Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales, los gobernadores podrán delegar su representación, pero no otorga esa posibilidad a los alcaldes.
2. Los votos depositados por los delegados de los alcaldes son apócrifos o simulados, comoquiera que fue irregular su participación en el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia.
3. Pese a que los artículos 3, 6, 121 y 123, inciso 2, de la Constitución disponen que los servidores públicos no pueden ejercer funciones diferentes a las establecidas en la Constitución, la ley y el Reglamento, los delegados de los alcaldes actuaron sin tener autorización legal expresa.
2. CONTESTACIÓN Y CORRECCIÓN DE LA DEMANDA
El Señor Luis Carlos Torres Rueda, Gobernador del Departamento del Meta intervino en el proceso, inicialmente por medio de un apoderado, quien contestó la demanda, y posteriormente por medio de otro, quien contestó la corrección de la misma. Ellos manifestaron su oposición a las pretensiones del demandante y como razones de defensa expusieron los argumentos que se resumen de la siguiente manera:
1. Si bien es cierto que el artículo 26 de la Ley 99 de 1993 permite expresamente que los gobernadores sean representados por delegados en el Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales, no es menos cierto que los artículos 9 a 13 de la Ley 489 de 1998 consagran la delegación como un principio para el ejercicio de la función administrativa. En consecuencia, por mandato constitucional y legal, los alcaldes pueden acudir a la delegación de sus funciones, sin que sea necesario una norma especial que lo autorice.
2. El artículo 22 de los estatutos de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia dice que el Consejo Directivo estará conformado por 6 representantes de los alcaldes de los municipios comprendidos dentro del territorio de jurisdicción de la corporación. Por lo tanto, si la norma no dispone que los alcaldes deben asistir personalmente, ellos pueden delegar en un tercero esa función.
3. Finalmente propone cinco excepciones. En primer lugar, la caducidad de la acción, aduciendo que desde la fecha de la elección a aquella en la que se interpuso la acción transcurrieron más de 20 días, término en el cual caduca la acción electoral. La segunda excepción es la falta de legitimación adjetiva, comoquiera que el abogado dice representar al Gobernador de Casanare pero en la copia de la demanda que se entregó al momento de notificar su admisión no se aportó el respectivo poder. En tercer lugar propone la excepción de inexistencia del acto demandado, puesto que de conformidad con el traslado de la demanda “se aportó un documento que se señala como acta, pero no se encuentran tan siquiera suscrito por quienes allí se mencionan”. De otra parte, considera que se presenta una falta de causa para demandar, toda vez que el acto administrativo impugnado fue expedido conforme al ordenamiento jurídico, por lo que “no existiría razón alguna para ejercer este control de legalidad”. Finalmente, propone la excepción de falta de jurisdicción y competencia, en tanto que no se agotó la vía gubernativa.

3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
El apoderado del demandante presentó alegatos de conclusión para reiterar los argumentos expuestos en la contestación de la demanda en oposición a las pretensiones de la misma y para agregar lo siguiente:
1. Mediante concepto de 21 de mayo de 1996, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado dijo que los alcaldes y gobernadores no podían delegar su representación a las reuniones de la Asamblea Corporativa de la Corporación Regional del Río Grande de la Magdalena. Sin embargo, se advierte que esa posición jurídica no puede extenderse al caso objeto de estudio, por dos razones. De una parte, porque la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena tiene regulación especial en la Ley 161 de 1994 y, de otra, porque el concepto fue emitido antes de que estuviese vigente la Ley 489 de 1998.
2. La participación de los integrantes de los diferentes entes de las Corporaciones Autónomas no siempre es la misma. Así, los delegados a la Asamblea Corporativa representan diferentes grupos, lo cual se convierte en una “Asamblea de Delegatarios”, por lo que no pueden delegar su presencia. De hecho, en este caso no se presenta la “figura de la delegación de funciones administrativas”. Por el contrario, la participación en el Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales sí puede ser delegada, en tanto que corresponde a una función administrativa que, por regla general, puede ser transferida a otra persona.
3. Salvo que la ley hubiese dispuesto una forma especial para suplir la inasistencia del titular, como es el caso del suplente, la regla general es la autorización de la delegación de las funciones administrativas.

4. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado solicita se acceda a las pretensiones de la demanda y, por lo tanto, se declare nulo el acto de elección del señor Luis Carlos Torres como Presidente del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia. Los planteamientos centrales del Ministerio Público pueden resumirse de la siguiente manera:
1. No deben prosperar las excepciones formuladas por el demandado. En efecto, la acción electoral no caducó, puesto que el término de 20 días debe contarse en días hábiles, por lo que se excluyen de su cómputo los festivos y de vacancia judicial. De otra parte, el apoderado judicial que actúa en representación del Departamento del Casanare allegó poder para actuar (folio 1 del plenario). Tampoco prospera la excepción de inexistencia del acto acusado, comoquiera que el requisito de anexar el acto impugnado está señalado para la demanda pero no para efectos de las copias que se deben adjuntar para los traslados a las partes del proceso. También debe desestimarse la excepción de falta de causa para demandar, puesto que “el derecho de acceder a la justicia le permite a toda persona interponer las acciones que en su sentir considere y la decisión sobre su prosperidad corresponde a quien tiene asignada la función jurisdiccional. Finalmente, la acción de contenido electoral no exige como requisito de procedibilidad el agotamiento previo de la vía gubernativa.
2. En virtud de lo expuesto en el artículo 26 de la Ley 99 de 1993, los gobernadores que integran el Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales pueden actuar directamente o por conducto de su delegado; pero, en relación con los alcaldes no se indicó nada en particular.
3. Pese a que la Ley 489 de 1998 autoriza la delegación del ejercicio de funciones administrativas a colaboradores o autoridades, en tratándose de alcaldes, el régimen jurídico aplicable a sus actos fue regulado por la Ley 136 de 1994 y allí se precisaron las funciones que el alcalde puede delegar y el funcionario en que se puede realizar la transferencia de las mismas. De todas maneras, en la última norma objeto de cita no se autorizó expresamente al alcalde a delegar la participación en el Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales.
4. Del contenido del artículo 26 de la Ley 99 de 1993 se infiere que la intención del legislador fue la de no atribuir a los alcaldes la facultad de delegar su representación ante los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales, mientras que sí corresponde a la voluntad legislativa permitir esa delegación en el caso de los gobernadores.



  1. CONSIDERACIONES
  1   2   3   4

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Notificación el no anexar copia del poder no configura falta de legitimación / poder no configura falta de legitimación el no anexar copia del poder en el acto de notificación iconProcedimientos fiscales. Art. 100 inc b de la ley 11683. Notificaciones....

Notificación el no anexar copia del poder no configura falta de legitimación / poder no configura falta de legitimación el no anexar copia del poder en el acto de notificación iconCopia del acto acusado requisitos / contestacion de la demanda confesión...

Notificación el no anexar copia del poder no configura falta de legitimación / poder no configura falta de legitimación el no anexar copia del poder en el acto de notificación iconOtorgamiento de la representación procesal. Los sistemas de designación...

Notificación el no anexar copia del poder no configura falta de legitimación / poder no configura falta de legitimación el no anexar copia del poder en el acto de notificación iconSumario: I. Introducción. II. Objeto. III. El poder de policía y...

Notificación el no anexar copia del poder no configura falta de legitimación / poder no configura falta de legitimación el no anexar copia del poder en el acto de notificación iconLa notificación de actos administrativos relacionados con la liquidación...

Notificación el no anexar copia del poder no configura falta de legitimación / poder no configura falta de legitimación el no anexar copia del poder en el acto de notificación iconNotificacion de la accion de tutela a tercero con interes ante devolución...

Notificación el no anexar copia del poder no configura falta de legitimación / poder no configura falta de legitimación el no anexar copia del poder en el acto de notificación iconAdquisicióN, modificacióN, transmisión y extinción de derechos subjetivos....
«res nullius»), pero hay casos en que se da adquisición sin nacimiento (ej.: transmisión de un derecho ya existente) y viceversa...

Notificación el no anexar copia del poder no configura falta de legitimación / poder no configura falta de legitimación el no anexar copia del poder en el acto de notificación iconPoder judicial en el estado social de derecho/poder disciplinario...

Notificación el no anexar copia del poder no configura falta de legitimación / poder no configura falta de legitimación el no anexar copia del poder en el acto de notificación iconEl poder Poder social y poder político

Notificación el no anexar copia del poder no configura falta de legitimación / poder no configura falta de legitimación el no anexar copia del poder en el acto de notificación iconLa responsabilidad del Estado por su actividad jurisdiccional La...






© 2015
contactos
ley.exam-10.com