Competencia V. S. es competente para entender en esta causa, porque






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títuloCompetencia V. S. es competente para entender en esta causa, porque
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Boggiano, Antonio, su voto en Suarez Masson Fallos 321, pag.2031, considerando 8 “ en este orden de ideas, queda claro que la operatividad de un precepto constitucional no depende de ley alguna que lo reglamente”.

53 Von Potovsky, Gerardo, “ Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo : ¿ Una nueva dimensión en el orden jurídico interno?”, Derecho del Trabajo, 1997, A, pag.457 y ss.

54 CSJN, Vizzotti Carlos Alberto c. Amsa , 27.2.2004.

55 CSJN, Ekmekdjian Miguel A. c. Sofovich Gerardo y otros” ( T.315 pag.1492), “ Una norma es operativa cuando está dirigida a una situación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso ( Considerando 20)..” pero que el hecho de que los Estados puedan fijar las condiciones del ejercicio del derecho de rectificación o respuesta, no impide la exigibilidad conforme al derecho internacional de las obligaciones que aquéllos han contraído.. Que las palabras “ en las condiciones que establezca la ley” se refieren a los diversos sistemas juridicos internos, integrados también por las sentencias de sus órganos jurisdiccionales, pues tanto la tarea judicial como legislativa persiguen el fin común de las soluciones valiosas”.

56 CSJN, Urteaga Facundo Raul c. Estado Nacional s. Amparo ley 16986, 15.10.1998, tomo 321 pag. 2767, considerando 10 “ la lectura de la norma constitucional transcripta permite derivar con nitidez los perfiles centrales que habilitan el ejercicio del derecho allí reconocido, motivo por el cual, la ausencia de normas regulatorias de los aspectos instrumentales no es óbice para su ejercicio, pues en situaciones como la reseñada, incumbe a los órganos jurisdiccionales determinar provisoriamente, hasta tanto el Congreso Nacional proceda a su reglamentación, las características con que tal derecho habrá de desarrollarse en los casos concretos”. Considerando 12 “ Que en aquel marco constitucional no reglamentado aún por el órgano competente, corresponde a este tribunal delinear los alcances de la garantía mencionada con razonable flexibilidad, a fin de otorgar al peticionario la plena protección que ella establece, sin condicionar el ejercicio de aquella potestad reglamentaria que hasta el presente no ha sido ejercida por el Congreso Nacional”.

57 C.S.J.N., “ Halabi Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 dto.1563/04 s/amparo ley 16.986”, 24.2.2009, H.270 XLII.

58 Bidart Campos, German J., “ La Justicia Constitucional y la inconstitucionalidad por omisión”, El Derecho T. 78, pag. 785 y ss. “ siempre que una Constitución depara a un órgano de poder el ejercicio obligatorio de una competencia en beneficio de los particulares, la omisión de ese mismo ejercicio en perjuicio del beneficiario es inconstitucional y debe ser remediada por los órganos de la justicia constitucional”. Tambien en “ Principios Constitucionales de Derecho del Trabajo ( Individual y Colectivo ) y de la Seguridad Social en el art. 14 bis”, Trabajo y Seguridad Social, 1981, pag.554, XXXVIII Clausulas Programáticas: “ Mas allá de la necesaria reglamentación, recordemos que la Corte ha dicho que, pese a estar las normas del art. 14 bis destinadas directamente al congreso también toca darles aplicación en la medida de su competencia y en su ámbito propio, a los otros poderes del estado.”.

59 "Usabel Héctor y otros c/ GCBA s/ amparo (Art. 14, CCABA) s/ recursos de inconstitucionalidad concedidos"Buenos Aires, 22 de junio de 2005- voto de Julio Maier - “Como lo he sugerido, mi posición es favorable al instituto de la inconstitucionalidad por omisión, en la medida en que sean verificados ciertos extremos, como los que establece en su voto la Sra. jueza de trámite en el caso (cfr. punto II.1, segundo párrafo). Desde luego, el núcleo de toda la problemática reside en el presupuesto de que exista un deber de legislar por parte del órgano encargado de hacerlo, generalmente a través de un acto parlamentario (ley, decreto legislativo, etc.) e, injustificadamente, la Legislatura no cumpla con tal obligación. Ahora bien, independientemente de la manera en que se apruebe la norma en cuestión, es necesario que concurran otros requisitos indispensables para que, en sentido estricto, se reúnan los elementos constitutivos de la omisión inconstitucional. Así, toda vez que: (a) la falta de cumplimiento o desarrollo de la Constitución —de un tratado internacional— (que implican la existencia de un deber previo de actuación) derive de la violación de una norma específica; (b) dicha norma no sea exigible en sí misma (operativa), sino de naturaleza estrictamente programática; (c) en las circunstancias concretas de la producción legislativa, falten las medidas necesarias para tornar exigibles y operativas dichas normas; (d) la inactividad produzca una lesión cierta sobre un derecho o garantía (y al demostrarse la relación causal entre la inactividad y el perjuicio), entonces la omisión inconstitucional se habrá configurado prima facie, puesto que, además de los extremos mencionados en (a) a (d), debe verificarse (e) la inexistencia de un factor cancelatorio del deber de obrar, cual es la imposibilidad (material, técnica o jurídica) de cumplir con el deber jurídico predeterminado (cf. Sagüés, Néstor P., "Inconstitucionalidad por omisión de los poderes legislativo y ejecutivo. Su control judicial", en Ius Et Veritas, Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, n° 5, pp. 38 y ss.; Bidart Campos, Germán J., "La justicia constitucional y la inconstitucionalidad por omisión", ED, T. 78, pp. 785 y ss.; Nino, Carlos S., Ética y Derechos Humanos, Paidós, Studio Básica, p. 195; y Bazán, Víctor, La Constitución y la jurisprudencia contra la inercia legislativa o el principio del fin de las excusas, citado).Entre sus planteos la demandada introduce un argumento fuerte, como es el relativo a la inexistencia de una norma que le imponga la sanción de la regulación. El mayor peso de este fundamento radica en que, como se ha sostenido, para declarar la inconstitucionalidad omisiva por falta de sanción de una norma el juez debe verificar: a) que exista un mandato normativo expreso (de la Constitución, de un tratado internacional o de una ley) que, luego de declarar la norma "programática", requiera de complementación "operativa"; b) que se configure la omisión del cumplimiento de tal obligación, por parte del legislador o funcionario competente de cualquiera de los órganos públicos; y c) que la omisión produzca la vulneración de un derecho o garantía [Bazán, Víctor, "Un sendero que merece ser transitado: el control de la inconstitucionalidad omisiva", en "Desafíos del Control de Constitucionalidad", Víctor Bazán Coordinador, Ed. Ciudad Argentina. Buenos Aires, 1996, p. 221]. El sentido de estos recaudos se encuentra en la necesidad de establecer pautas objetivas que limiten el accionar del Poder Judicial frente al ámbito de actuación discrecional del Legislativo; pues, a falta de previsión expresa, no corresponde que sean los jueces quienes fijen la agenda de trabajo de ese poder “.

60 Carnota, Walter F. y Patricio A. Maraniello, “ Derecho Constitucional”, La Ley, Bs.As., 2008, pag.88, punto 4: “ La Declaración de Derechos es en principio operativa”.

61 Von Potovsky, Gerardo . Los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo ¿ Una nueva dimensión en el orden jurídico interno?, Derecho del Trabajo, 1997, A, 457 y ss.

62 Ferdman, Beatriz, “ Las normas internacionales del trabajo.Su aplicación e interpretación judicial”, Derecho del Trabajo 2005, A , pag.619 :” estos convenios deben ser ratificados por los Estados miembros para que se incorporen al derecho interno, ya que la OIT no es un organismo supranacional que puede conferir carácter imperativo a sus normas sin necesidad de ratificación”.

63 Organización Internacional del Trabajo, Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo ( TSS 1998, 725) “ todos los miembros, aun cuando no hayan ratificado los convenios aludidos, tienen un compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la Organización de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, los principios relativos a los derechos fundamentales que sonobjeto de esos convenios, es decir…la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupacion”.

64 Pompa, Roberto. “ Estabilidad, violencia laboral y discriminación”, Zeus T.106, pag.365 :” Se nos podrá decir que el convenio 158 de la OIT no ha sido aún ratificado.Sin embargo, hemos señalado reiteradamente que su obligación, como norma de jus cogens resulta igualmente obligatoria para los Estados Parte desde el momento que la declaración de la OIT sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998, obliga a los estados miembros más allá de cualquier ratificación o acto nacional de incorporación o reconocimiento, en tanto aquellos derechos de más alto valor y eficacia se consideran esenciales a la conciencia jurídica universal y en consecuencia previos y superiores a cualquier ordenamiento nacional, en tanto como lo ha manifestado el Director General de la OIT ( año 1998) la declaración rige automáticamente para todos los paises que hayan aceptado la Constitucion de la OIT, independientemente de que hayan ratificado o no los convenios fundamentales de la OIT. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su opinion consultiva 14.94 ratificó este principio, al sostener que la promulgación de una ley manifestamente contraria a las obligaciones asumidas por un estado, al ratificar o adherir a la convencion, constituye una violación de ésta y que en el evento que esa violación afecte derechos y libertades protegidas, respecto de individuos determinados, genera responsabilidad para el Estado y de los funcionarios que lo ejecutaron.Por su parte, en su opinion consultiva, fallo 003.09.17, resolvio que los derechos humanos fundamentales pertenecen ab initio al dominio de las normas de jus cogens y que la salvaguarda de derechos humanos tan fundamentales como los que se desprenden de igualdad ante la ley y de no discriminación está protegida por los principios de la moral universal, debiendo los estados parte ( caso Bulacio) hacer cesar y remover los obstáculos al ejeercio de los derechos que la convencion reconoce).

65 Manili, Pablo Luis. El Bloque de Constitucionalidad”, La Ley Bs.As., 2003, pag.166 : “ Además de las normas constitucionales colacionadas más arriba, especialmente el actual art. 118, existen normas de rango legal que imponen a los tribunales de la Nación la aplicación del “ derecho de gentes”, que es como en nuestro sistema se hace referencia a este tipo de normas de derecho internacional . ..alude a todo el derecho internacional, es decir no solo a la costumbre y los principios generales, sino tambien a los tratados.Pero como para éstos existe una norma específica, entendemos que el ambito de aplicación de esta norma queda reducido al derecho internacional extraconvencional, es decir, las dos fuentes referidas en este subtítulo ( aplicación de la costumbre y de los principios generales del Derecho Internacional en el Derecho Interno Argentino).

66 Zuretti (h) Mario E., “ Las normas internacionales del trabajo y el ordenamiento jurídico argentino. Importancia de las Normas Internacionales del Trabajo.Su valor, aplicación y jerarquia en el ordenamiento juridico argentino. Analisis de la normativa interna a la luz de los Convenios de la OIT sobre Derechos Fundamentales del Trabajo”, DT 2006-A, pag.493 y ss.:” En 1998, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó la declaración relativa a los Principios y Derechos Humanos Fundamentales en el ámbito laboral, reafirmando el compromiso de la comunidad internacional, asumidoen otros documentos internacionales relevantes ( Constituticon de la OIT, Declaración de Filadelfia)de respetar, promover y hacer realidad de buena fe dichos principios y derechos fundamentales.Con ello se apunto, según prestigiosa interpretacion, a dar un salto cualitativo, globalizar tales principios y Derechos, aun en ausencia de ratificación”.

67 Gonzalez, Graciela. Los convenios de la OIT relativos a los Derechos Fundamentales del Trabajo y su aplicación en el derecho laboral argentino. La internacionalización del Derecho del Trabajo”, DT 2004, A, pag.598 y ss.” La Organización Internacional del Trabajo declaró que determinadas prerrogativas concernientes al trabajo resultan ser derechos humanos fundamentales. En la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, del año 1998, se determinó que dichos derechos son:…libertad frente a la discriminación”.

68 Capón Filas, Rodolfo. “ Sentido del despido arbitrario”, El Dial DC9B5. “ La nulidad del despido arbitrario es evidente en la medida que la conducta del empleador colisiona con el derecho humano a trabajar, reconocido en la Carta Internacional, en la declaración de la OIT respecto de los Derechos Fundamentales en el Trabajo y en la Declaración Socio Laboral del Mercosur.Por ello, se impone la reincorporación del trabajador despedido y sólo en el supuesto que fuese moralmente imposible, el pago de salarios hasta el momento de la jubilación”.

69 Zuppi, Alberto Luis, “ El derecho imperativo ( ius congens) en el nuevo orden internacional”, E.D 147-863 y ss.” La instalación definitiva de este principio en el derecho se debe a la Convencion de Viena sobre Derecho de los Tratados de mayo de 1969 que tiene su antecedente en el persistente trabajo de la ya mencionada Comision para el Derecho Internacional de las Naciones Unidas. De acuerdo al art. 53 de la Convencion, una norma imperativa del derecho internacional es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter”.

70 Meik, Moises. Reflexiones sobre la estabilidad en el empleo y el despido discriminatorio”. “ esa nulidad se apoyoa, ahora, en otras fuentes juridicas internacionales, tratados, convenios y hasta en las declaraciones de organismos internacionales inequivocamente vinculantes y auto aplicables, por su jerarquia normativa y por su contenido de derechos fundamentales. Soslayan que se trata de normas mas favorables para el destinatario de esos derechos, y que son parte del actual bloque de constitucionalidad ( art. 75, inc.22, CN) a partir de la reforma de 1994, conjuntamente con las que forman parte del ius cogens, como orden publico internacional”.

71 Código Civil, art. 666 bis : “ Los jueces podrán imponer en beneficio del titular del derechio, condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplieron deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Las condenas se graduarán en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto o reajustadas si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder”.

72 Cazeaux, Pedro N., “ Las astreintes”, en Exámen y crítica de la reforma del Código Civil, 2 Obligaciones, Platense, La Plata, pág. 97 y ss. “ se tiene en cuenta ..la fortuna de quien debe satisfacerlas, criterio de todo punto de vista lógico, pues de lo que se trata es de presionar eficazmente sobre el deudor para que cumpla la resolución judicial, y sólo una presión económica a la medida del patrimonio del deudor puede ser eficaz”.

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