Competencia V. S. es competente para entender en esta causa, porque






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títuloCompetencia V. S. es competente para entender en esta causa, porque
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CSJN,M. 3724. XXXVIII.Milone, Juan Antonio c/ Asociart S.A.Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/accidente - ley 9688. Aconclusionessustancialmente análogas conduce elProtocolo Adicional a la Convención Americana sobre DerechosHumanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, aprobado por la ley 24.658,si se atiende a su Preámbulo y a los arts. 6 y 7,concernientesal derecho al trabajo y a las condiciones justas, equitativasy satisfactorias de trabajo, respectivamente.


20 CSJN, “ Asociacion Trabajadores del Estado c. Ministeriode Trabajo s. Ley de Asociaciones Sindicales ”, 11.11.2008, A.201 XL, “ Y todavia pueden sumarse a estos preceptos, diversos enunciados del art. 8 del Protocolo Adicional a la Convencion Americana sobre derechos Humanos en Materia de Derechos Economicos, Sociales y Culturales ( Protocolo de San Salvador, 1988), de jerarquia supralegal ( Constitucion Nacional, art. 75,22, primer parrafo”.

21 CSJN, 31.3.2009, T.205 XLIV Torrillo Atilio Amadeo y otro c. Gulf Oil Argentina S.A. y otro. “ Tampoco cuadra pasar por alto, dada su jerarquia supralegal ( Constitucion Nacional, art. 75,22, primer párrafo) el Protocolo adicional a la Convencion Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Economicos, Sociales y Culturales ( Protocolo de San Salvador) de acuerdo con el cual los Estados parte han reconocido que el derecho al trabajo previsto en el art. 6 “ supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias”, para lo cual aquellos garantizaran en sus legislaciones nacionales, de manera particular…”.

22 CSJN, 6.5.2008, M. 976. XXXV.Ministerio de Cultura y Educación – Estado Nacional s/ art. 34 de la ley 24.521. El Protocolo Adicional alaConvención Americana sobre los Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,Sociales y Culturales de San Salvador, aprobado por la ley 21.658, consagra el derecho a la educación en similares términos en el art. 13.



23 CSJN, MANAUTA, JUAN JOSE Y OTROS C/ EMBAJADA DE LA FEDERACION RUSA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.S.C. M.517.XXXIV.Entre esos derechos, preciso es señalarlo, se encuentran los referidos a la seguridad social de los individuos, los que, amén de su recepción por el art. 14 bis de laConstitución Nacional, en condiciones de irrenunciabilidad eintegralidad, han sido también receptados -entre otros- porel art. XVI de la Declaración Americana de los Derechos yDeberes del Hombre; arts. 22 y 25, punto 11, de la DeclaraciónUniversal de Derechos Humanos; art. 26 de la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos; art. 9 del Pacto Internacionalde Derechos Económicos, Sociales y Culturales; etc.,todos con la jerarquía reconocida por el artículo 75, inc.22, de la Constitución Nacional; lo que, por cierto, noempece a su protección, además, por otros numerosos textosinternacionales, como los arts. 32 y 43 de la Carta de laOrganización de los Estados Americanos, y, más allá de su falta de ratificación por nuestro país,porlosConvenios102,118, 128 y 157 de la Organización Internacional del Trabajo. También por el artículo 9 del "Protocolo de San Salvador" de 1988.


24 CSJN, 17.5.2005, S. 2758. XXXVIII.R.O. Sánchez, María del Carmen c/ ANSeS s/reajustes varios. A su vez,el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre DerechosHumanos C"Protocolo de San Salvador"C en materia de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales establece en el art.9 el derecho a la seguridad social, disponiendo que toda personadebe gozar "de la seguridad social que la proteja contralas consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilitefísica o mentalmente para obtener los medios parallevar una vida digna y decorosa...". A tales efectos, el art.1 de dicho protocolo dispone la obligación de los Estadospartes de adoptar todas las medidas necesarias, hasta elmáximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta sugrado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y deconformidad con la legislación interna, la plena efectividadde los derechos que se reconocen en el documento. La normaindicada encuentra su correlato en el art. 19 del protocolo,en el cual el principio de progresividad se encuentra protegidomediante la estipulación de informes periódicos que dencuenta de las medidas adoptadas.



25 CSJN, S. 1789. XL.RECURSO DE HECHO Silva, Facundo Jesús c/ Unilever deArgentina S.A., 18.12.2007,El ProtocoloAdicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos enMateria de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolode San Salvador), de carácter supralegal (ConstituciónNacional, art. 75.22), alude de manera explícita a condicionesde trabajo "justas, equitativas y satisfactorias" (art. 7), para lo cual los Estados deben garantizar en sus legislacionesnacionales "la seguridad e higiene en el trabajo" (ídem, inc.e).


26 CSJN, H. 90. XXXIV.RECURSO DE HECHOHospital Británico de Buenos Aires c/ EstadoNacional (Ministerio de Salud y Acción Social).A ese respecto debe señalarse que, superada la etapade considerar implícitos como garantías constitucionales losderechos a la vida y a la salud, el art. 75, inc. 22, de laCarta Magna -que confirió jerarquía constitucional a numerososdocumentos internacionales en materia de derechos humanosvinoa introducir de manera explícita -vía, por ejemplo, elart. 12, punto 2, ítem c, del Pacto Internacional de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales (v. ley 23.313)- laobligación estatal de adoptar las medidas necesarias para laAprevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas,endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contraellas...@(confr., además, los arts. 25, párrafo 1°, de laADeclaración Universal de los Derechos Humanos@; IX de laADeclaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre@ y10° del AProtocolo de San Salvador@, en especial, su ap. 2,ítems b, c y d; entre otras disposiciones del derecho internacional en la materia).


27 Brain, Daniel Horacio, Bloque de Constitucionalidad Federal.Doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Nuevo Orden Público Laboral”, La Ley C 2007 (mayo) 345 “ Las normas internacionales que la Constitucion Nacional detalla en su art. 75 inc.22, y que integran el denominado Bloque de Constitucionalidad Federal, son fuentes de regulacion formal general del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y por ende, resultan operativas en si mismas, por lo que deberán ser aplicaas en cualquier litigio o controversia que se planteare en ese campo, si el derecho nacional o interno no ofrece una solución normativa”.

28 Ferdman Beatriz, Las normas internacionales del trabajo. Su aplicación e interpretación judicial”, Derecho del Trabajo, 2005 A pag.609 y ss.” La Constitucion Nacional proclama como unprincipio general el respeto, la tutela y la promocion de los derechos humanos fundamentales nutriendo al sistema dederechos con una doble fuente: la interna y la internacional.El Derecho Internacional de los derechos humanos ha ingresado a nuestra Constitucion, la aplicación del principio pro homine en materia de derechos humanos exige que prevalezca la norma interna o internacional mas generosa en el enunciado de un derecho individual o social.El objetivo de estos convenios no es regular las relaciones entr elos paises, procuran establecer un orden publico comun que es” ius cogens”, en consecuencia, los derechos de la Constitucion se deben interpretar de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. A partir de la reforma constitucional del año 1994, los tratados enumerados en el art. 75, inc.22, de nuestra Ley Fundamental y los que en el futuro se incorporen, gozan de jerarquia constitucional.”!.

29 Manili, Pablo Luis, El bloque de constitucionalidad.La recepcion del Derecho Internacional de los derechos Humanos en el Derecho Constitucional Argentino”, La Ley Bs.As. 2003, pag.197 “ Dichos instrumentos nada quitan ni reforman de la Constitución. Todo lo contrario, agregan derechos y garantias que antes de la reforma ya estaban en la constitucion, ya que debiamos considerarlos implicitos o no enumerados, con el grado de inseguridad juridica que ello genera. Hoy esos derechos estan explicitados y enumerados en los pactos y declaraciones internacionales”.

30 Hitters, Juan Carlos, Martinez Oscar José y Tempesta Guillermo.” Jerarquia de los Tratados sobre derechos humanos. Fundamentos de la reforma de 1994”, ED 159-1075.

31 Badeni, Gregorio, “ Tratado de Derecho Constitucional”, T.I, La Ley, Bs.As.,2da. Edición, 2006, pàg. 888: “ Se trata de una cláusula programática, cuya reglamentación resulta sumamente difícil ..”.

32 Krotoschin, Ernesto, Tratado Practico de Derecho del Trabajo, Depalma, Bs.As., 1977, T. I, 3era. Edición, pag.38 : “ uno de los criterios de diferenciación entre los derechos civiles y los derechos sociales reside en la circunstancia de que estos últimos son derechos de protección que, para ser plenamente eficaces, necesitan reglamentación en mayor grado que los primeros.”.

33 Rivas José Maria, “ Consideraciones generales sobre la reforma constitucional”, Derecho del Trabajo, 1959, pag. 81 y ss.-

34 Sagüés, Nestor Pedro, “Elementos de Derecho Constitucional”, Astrea, Bs.As., 1993, 535 y ss., y “ Constitucionalismo Social”, en Tratado de Derecho del Trabajo dirigido por Vazquez Vialard, La Ley 1982, T.2, pag. 804 “ Ciertos enunciados del art. 14 bis de la C.N., claro está, son forzosamente programáticos: aludimos a…participación en sus ganancias, asunto que para su operatividad requiere una compleja reglamentación infraconstitucional.”.

35 Bidart Campos, German J., “ Principios Constitucionales del Derecho del Trabajo ( individual y colectivo) y de la Seguridad Social en el 14 bis”, Trabajo y Seguridad Social, VIII, pag. 485, punto V. “ Cuando algún derecho se formula en una clausula programática y no operativa, la naturaleza programática no implica dejar librada a la ocurrencia temporal del legislador la vigencia de esa norma, el legislador está obligado a dictar la ley reglamentaria de la clausula programática y su ausencia morosa no impide al titular del derecho invocarlo, ejercerlo y disfrutarlo”.

36 Fernandez Madrid, Juan Carlos, “ Tratado Teorico Practico de Derecho del Trabajo”, La Ley, Bs.As., 1989, tomo I, pag. 365 y ss. “ La disposición se considera tipicamente programática ( de operatividad debil) “.

37 Rodriguez Mancini, Jorge, “ Derechos fundamentales y relaciones laborales”, Bs.As., Astrea, 2004, pag. 152 y ss.

38 Carcavallo, Hugo, “ Salario”, en Tratado de Derecho del Trabajo, dirigido por Ackerman, Rubinzal Culzoni, 2005, Tomo III, pag. 524 y ss.

39 Seco, Ricardo Francisco, “ 14 bis, Trabajadores y Participación en las ganancias”, Editorial Universidad Catolica de Cordoba, Cordoba, 2007, pag. 31 y ss.

40 López, Justo, “ El Salario”, en Tratadode Derecho del Trabajo dirigido por Mario Deveali, La Ley, Bs.As., 1964, T. II, pag.436 “ Nuestro propio país la incorporó, como dijimos, “ programaticamente” a la Constitución Nacional, en la última reforma”. Idem pág. 346:” los derechos relativos a la remuneración, incluidos en la primera parte del artículo nuevo, no son exigibles, sinó en tanto exista una reglamentación legislativa de ellos”.

41 IV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 1967, UNL, Depalma, Bs.As., 1968, Santa Fe, T.I, pag.38, punto XII.: “ quienes busquen en el debate que nos ocupa una fórmula concreta sobre las modalidades y formas del sistema, habrá de llegar a la conclusión de que no se arribó en Santa Fe a nada definitivo, por lo que el legislador común tendría la mayor libertad de decisión”.

42 Ossorio y Florit, Manuel, “ Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas”, Legislación del Trabajo, T.15, pag.525, punto 14 : “ tratándose de un principio programático y no operativo, cabe aplazar su implantación hasta que se presente el momento adecuado. En definitiva, no seria la única norma constitucional que ha permanecido en esa misma situación y por iguales motivos de inoportunidad desde el año 1853 hasta nuestros dias”.

43 Pozzo, Juan D., Manual Teorico Practico de Derecho del Trabajo, Ediar, Bs.As., 1967, tomo I, pág. 237 : “ si en nuestro pais llega a tratarse de una ley reglamentaria de la cláusula constitucional que consagra el sistema, todas estas dificultades han de demostrar la dificil solución del problema”.

44 Bosch, Francisco, su voto en C.N.Comercio, Sala D, 22.9.78, “ Tel Tape Electronica c. Inspección General de Justicia”, La Ley 1979, B, 541 : “ retórica de ocasión”.

45 Deveali, Mario, “ Participación en las ganancias y sus proyecciones en las relaciones laborales”, Derecho del Trabajo 1969, pag. 452: “ no ha precisado cual es la fórmula que debería adoptarse en el caso de regularse legalmente esa participación en las ganancias de las empresas”.

46 Halperín, Isaac, “ Sociedades Anónimas”, Depalma, Bs.As., 1975, pag. 314 :” la reglamentación del art. 14 bis de la Constitución no es materia de la Ley de Sociedades”.

47 Zaldivar, Manovil, Ragazzi y Rovira, Cuadernos de Derechos Societario, T.2, 2da. Parte, pag. 286: “ un régimen orgánico y completo que posibilite el derecho del trabajador a la participación en las ganancias ..requiere una ley adhoc ..”.

48 Ricci, José Carlos, su ponencia en el IV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Depalma, Bs.As., 1968, Santa Fe, T. II, pag. 333 “ El principio constitucional de la participación de los trabajadores en la empresa, como expresión de mandato y programa legislativo para la empresa empresaria”.

49 Fernandez Pastorino, Agapito, “ Participaciòn de los trabajadores en las ganancias de las empresas”, IV Congreso citado, T.II , pag. 119.

50 Linares Quintana, Segundo V., “ Modificación de la jurisprudencia de la Corte Suprema sobr eel amparo de la Libertad “, La Ley 1958, t. 89 pag.532 : “ el argumento de que se requiere una ley que lo reglamente para que pueda ser invocado ante el Poder Judicial por cuanto, de admitirse tal tesis , la existencia de un remedio juridico para el goce efectivo de los derechos constitucionales – garantizados por la Constitución sancionada en ejercicio del poder constituyente- quedaría supeditada al arbitrio de los poderes constituidos – el Legislativo, que debería sancionar la ley pertinente y el Ejecutivo, que debería participar en la elaboración de la misma-“

51 Gonzalez, Joaquien V., “ Manual de la Constitución Argentina”, Obras Completas, T.III, Bs.As., 1935 nro. 82 : “ No son, como puede creerse, las declaraciones derechos y garantias”, simples fórmulas teóricas: cada uno de los artículos y cláusulas que los contienen poseen fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda la Nación. Los jueces deben aplicarlos en la plenitud de su sentido, sin alterar o debilitar con vagas interpretaciones o ambiguedades la expresa significación de su texto..”.

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