Competencia V. S. es competente para entender en esta causa, porque






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títuloCompetencia V. S. es competente para entender en esta causa, porque
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EMBARGO PREVENTIVO

A fin de asegurar el resultado, peticiono se trabe embargo preventivo sobre los fondos que posea la parte demandada en cuentas corrientes, depositos a plazo fijo o de cualquier otra naturaleza o cajas de ahorro en institución bancaria con sede en nuestro país, y a tal efecto, pido se libre oficio al Banco Central de la República Argentina para que comunique a los bancos bajo su regulación, la medida hasta alcanzar la suma reclamada, con más lo que V.S. fije provisoriamente para intereses y costas.

Elijo entre todos los bienes de los demandados, el dinero, ya que éste, una vez cautelado, es de realización inmediata y no está sujeto a moratorias de remates ( Ej., ley 25.561, emergencia sanitaria )y el derecho a elegir me corresponde ( Alvarado Velloso 149).

Fianza

Pido a vs lo admita con fianza, y en tal sentido, ofrezco la fianza personal de mi patrocinante, Dr. Juan Carlos Lombardi, que de ser aceptada, se extenderá en acta judicial con acreditación de solvencia, para responder por los daños y perjuicios si resultare que el embargo fue solicitado sin derecho150.
PETITORIO

A V.S. pido:

  1. Acepte mi presentación como actor y los domicilios denunciados y constituido.

  2. Acepte esta demanda , que ha sido redactada por mis apoderados respetando fielmente la información que les dí y mis pretensiones creditorias y ofrecida la prueba que se indica, reservándose los sobres acompañados.

  3. Las citas al pié de esta demanda , no contienen afirmaciones de hechos, sinó solo referencias legales, doctrinarias y jurisprudenciales.

  4. Tenga por acompañada la documental que se indica.

  5. Se me dispense de acompañar copias, atento el numero, extensión de los mismos y atento que, obran en poder de la empleadora, los telegramas y cartas documentos originales y recibos de remuneraciones, y en poder de la aseguradora, los telegramas y cartas documentos originales, resoluciones de la Comisión Médica 7 de Rosario.( art. 75, primera parte, CPL).

  6. Imprima al juicio el trámite del C.P.L., emplazándose a los demandados para que comparezcan y contesten la demanda ( art.44, CPL).

  7. Fije audiencia para que los demandados comparezcan personalmente para conciliar, o en su defecto, se reciba la prueba confesional y la documental ( art. 51, CPL).

  8. Dicte oportuna sentencia, acogiendo la demanda en todos sus términos, con costas.

ES JUSTICIA.

PACTO DE CUOTA LITIS

Conforme la Ley de Contrato de Trabajo , articulo 277 , que dice “ queda prohibido el pacto de cuota litis que exceda del veinte por ciento (20%) el que, en cada caso, requerirá ratificación personal y homologación judicial “, acuerdo con mis apoderados , pagarles el veinte por ciento (20%) de los créditos que logre percibir, considerándose para su cálculo, capital, actualización, intereses moratorios y punitorios, clausulas penales, astreintes y demás prestaciones dinerarias o en especie que obtenga , y trabar embargo voluntario sobre mis créditos por el mencionado porcentaje a favor de los mismos . Previa ratificación personal que realizaré ante ese tribunal, solicito se homologue dicho pacto de cuota litis.

ES TAMBIEN JUSTICIA.

Acredita personería

Juan Carlos Lombardi,abogado, solicita se le otorgue la participación que le corresponde, como apoderado del actor, conforme el poder que acompaña en autos, constituyendo domicilio ad litem en Pte. Roca 177 de Rosario. Tenerlo presente,

ES TAMBIEN JUSTICIA.

1 Santa Fe, Matrícula Libro XVII, Folio 230, Colegio de Abogados de Rosario, Nación, C.S.J.N., Subsecretaría de matrícula , Tomo 88, folio 6, Provincia de Buenos Aires, Colegio de Abogados de San Nicolás, Tomo 5, folio 101, Ciudad de Buenos Aires, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Tomo 64, folio 0789, I.V.A. responsable inscripto, 23-06071111-9, Caja de Jubilaciones de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe nº 7253-4.

2 Codigo Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe, ley 7945, art.2,incisos a y c, conforme Constitución Provincial , Art. 20 , Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, 10.160 , t.o. decreto 3012.93, arts.74 y ccs., Carta Interamericana de Derechos Sociales, , art. 36: “ En cada estado debe existir una jurisdicción especial de trabajo “, Constitución Nacional

3 Constitución Nacional,art.121 y 122.

4 C.S.J.N., Fallos 306-368 “ Salazar Edmundo c. Torres Cos Pedro “ no obstante la generalidad de los términos en que están concebidos los arts. 67, inc.17, 94 y 100 de la C.N., tales disposiciones no se oponen a la exclusión de la competencia federal en caso de no existir los propósitos que la informan, por la escasa importancia civil o penal de los asuntos o por otros motivos, toda vez quesolo deben reputarse de jurisdicción federal exclusiva las causas sometidas originariamente a la Corte por el art. 101 de la C.N.” ( ver Fallos 190-469). Constitución Nacional, Art. 117:… pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente.

5 Codigo Procesal Laboral, Ley 7945, art. 5, primer párrafo.

6 idem

7 Codigo Procesal Civil y Comercial, Ley 5531, art. 4 ( aplicable supletoriamente, Cfr. Ley 7945, art.128 .

8 Codigo Procesal Laboral, Ley 7945, art. 5, primer párrafo.

9 Codigo Procesal Civil y Comercial, Ley 5531, art. 4 ( aplicable supletoriamente, Cfr. Ley 7945, art.128 .

10 C.S.J.N., Fallos 306-368 “ Salazar Edmundo c. Torres Cos Pedro “ “ La competencia se determina por la naturaleza de la demanda en si y no por lo que se diga en materia de contradicción por la parte demandada, razón por la cual debe estarse únicamente a la pretensión esgrimida en la demanda y a las normas que – con sujeción a los hechos que la sustentan y al derecho en que ellos deben ser encuadrados- rigen la cuestión, sin que sea necesario pronunciarse acerca de la verdad de las aseveraciones del demandante, ni sobre las defensa que, en contradicción a ellas, opone el demandado”.

11 Corte Suprema Justicia de la Nacion, " Santin, Jacinto I, Fallos 2l2-253 , Ferraris, Enrique Anibal, " ¿ Deber moral o deber legal ? Acerca de la obligatoriedad de la jurisprudencia de los Tribunales Superiores", La Ley 1994 C, pág. 942 " El deber de aplicación de la doctrina del Superior tiene sustento legal en el principio de igualdad ", Bidart Campos, German J., " Relaciones de la Jurisprudencia vinculatoria con la división de poderes y la igualdad juridica ", La Ley 98-749, Spota, Alberto G., " Recurso extraordinario y sentencias contradictorias " , J.A. 1956, II, pág. 77 y " La uniformidad jurisprudencial y la garantía constitucional de la igualdad", J.A., 1954, IV, 171.Sagües, Nestor Pedro," Recurso Extraordinario", Depalma, Bs.As., l984, T.I, pág.l6l y ss." Admite un recto ejercicio de la libertad de juicio, que es, en principio, propia de los jueces, en virtud de la cual los magistrados pueden no seguir la jurisprudencia de la Corte, siempre que tal discrepancia sea debidamente fundada y que no signifique desconocimiento deliberado de la autoridad y prestigio del tribunal supremo.Toda sentencia de la Corte, en sintesis, obliga en principio, pero es susceptible siempre de ser controvertida como todo juicio humano en aquellas materias en que solo caben certezas morales", Bidart Campos, German J., " El Derecho Constitucional del Poder ", Ediar, Bs.As., l967, T. 2, pág. 276, Aftalión, Garcia Olano, Vilanova, Introducción al Derecho, Ateneo, Bs.As., l956, T.I, pág. 432, Paya, Fernando, " Acatamiento por convicción a los fallos de la C.S.", El Derecho, l52-652, Bidart Campos, German J., " El valor de la jurisprudencia de la Corte Suprema en la interpretación y aplicación de las leyes penales", E.D., 148, pág. 570, Gozaini, Osvaldo Alfredo, " La doctrina del precedente obligatorio ( Stare Decisis ) y el valor de los pronunciamientos de la C.S.J.", J.A., l993, II, pág. 802, Villar, Gonzalo Exequiel, " El valor de los fallos plenarios frente a la jurisprudencia de la C.S.J.N.", J.A., l993, IV, pág. 9l2, " por supuesto la facultad de apartarse antes señalada es posible siempre y cuando aporten los nuevos fallos, argumentos no considerados por la C.S.J.N., y que sean de tal peso que justifiquen modificar la posicion sentada por el Tribunal Supremo.En caso contrario, el apartamiento de la jurisprudencia de la Corte, pecaría de arbitrario ( C.S.J.N., Cerámica San Lorenzo, La Ley 1986, A, pág. 179)", Sagües, Nestor Pedro, " Sobre el valor de la jurisprudencia de la C.S.J.N. en asuntos de derecho no federal", J.A., l982, II, pág. 295, Cámara Civil y Comercial de Rosario, En Pleno, Lallana, Juan Carlos c: Ibañez Haydee L., Juris 60, l90, " Las resoluciones que dicta la C.S.N. como tribunal originario, solo son moralmente obligatorias, para los tribunales inferiores. Pero las que dicta con competencia isntitucional, resultan además legalmente obligatorias, de modo que un apartamiento infundado de tal alta doctrina, convierte en arbitraria la decisión judicial conflictiva", Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 25-368, " hay un deber moral para los jueces inferiores en conformar sus decisiones comno la misma Corte lo tiene decidido en casos análogos a los fallos de aquel alto tribunal...sin que esto quiete a los jueces la facultad de apreciar cuando a su juicio no sean conformes a los preceptos claros del derecho..."Corte Suprema de Justicia de la Nación, l6.08.l994, Ate San Juan Secretario General Hector Sanchez s: Juicio Politico. Inconstitucionalidad: " La Corte Suprema es el guardian de los derechos y garantías consagrados por la Constitucion Nacional, y el intérprete final de sus preceptos", Doctrina Judicial, l995.2., pag. 143, sumario 513., Corte Suprema de Justicia de la Nación, 16.12.l993, Baroni Maria C., " Acertadas o no las sentencias de la Corte Suprema , el resguardo de su integridad interesa fundamentalmente tanto a la vida de la Nación, su orden público y la paz social, cuanto a la estabilidad de sus instituciones y, muy especialmente, a la supremacia de la Constitución Nacional en que aquéllas se sustentan". )

12 Ley de Contrato de Trabajo, 20.744 y sus reformas: art.90.

13 Meik, Moises. “Reflexiones sobre la estabilidad en el empleo y el despido discriminatorio”. Fuentes Internacionales autoaplicables mas favorables “.

14 Lopez, Justo, “ ¿ Es inconstitucional el derecho a la estabilidad?, Legislación del Trabajo, XVII, pag. 385 y ss.

15 CSJN, 25.2.1969, D.T.1969, pag.159 y ss “ La disposicion del Decreto 20268.46, reglamentario de la ley 12.637, que impone, en el caso de no reincorporacion del empleado de bancos y seguros injustamente despedido, la obligacion de abonarle los sueldos ybeneficios que le corresponderian de continuar trabajando, es violatoria de la Constitucion Nacional”

16 Ackerman, Mario E. , “ Tratado de Derecho del Trabajo”, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2005, Tomo IV, “ La Relación Individual de Trabajo III”, pag.175 y ss. “ Podria discutirse si un régimen indemnizatorio repara adecuadamente la lesión que se provoca a un trabajador ( especialmente si cuenta con una edad avanzada o la desvinculación se produce en un periodo de alta desocupación) despedido de su puesto de trabajo. Pero el marco constitucional y la consiguiente flexibilidad del sistema no dejan lugar a dudas: la garantia constitucional alcanza sólo a la protección contra el despido arbitrario, no son exigidos, en lineas generales, mecanismos previos a los despidos y, cuando tales exigencias estan presentes, sumario previo, procedimiento preventivo de crisis, el incumplimiento solo genera responsabilidad indemnizatoria”..” si se define acto ilicito como el antecedente de una sanción, el despido arbitrario puede calificarse como acto ilicito, ya que su presencia involucra una sanción legal: la reparación económica, que puede derivar, en caso de incumplimiento, en ejecucion forzosa. Sin embargo la discusión sobre la caracterización del despido como acto licito oilicito no es, en la práctica, relevante. Si el empleador despido y repara ( es decir, incurre en el antecedente y se allana al consecuente de la fórmula normativa) la situación es irrelevante para el suistema jurídico, si el empleador despido sin reparar cuando correspondía tal reparación, la sanción podrá ser impuesta en sede judicial”.

17 Rodriguez Mancini, Jorge , “ Ley de Contrato de Trabajo Comentada,anotada y concordada”, La Ley, Buenos Aires, 2007, Tomo IV, pàg.245 : “ de tal manera la LCT ha cumplido con ese mandato, optando por uno de los sistemas posibles de estabilidad, sobre lo cual cabe distinguir la distinta intensidad de dicha protección. Por un lado se conoce la tecnica de declarar inválido el acto del despido producido por el empleador sin justa causa ( de las que enumere la ley) y por el otro el de admitir la eficacia extintiva de ese acto rescisorio, pero imponiendo al incumplir la sanción indemnizatoria que la propia ley define”.

18 CONVENCIONES Ley 24.658 Apruébase el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —Protocolo de San Salvador—.Sancionada: Junio 19 de 1996.Promulgada de Hecho: Julio 15 de 1996.El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:ARTICULO 1° — Apruébase el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —Protocolo de San Salvador— adoptado por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en El Salvador, el 17 de noviembre de 1.988, que consta de 22 artículos, y cuya copia autenticada forma parte de la presente ley, como Anexo I.ARTICULO 2° — Comuníquese al Poder Ejecutivo. — ALBERTO R. PIERRI. — CARLOS F. RUCKAUF. — Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo. — Edgardo Piuzzi.DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE JUNIO DE MIL NOVESCIENTOS NOVENTA Y SEIS.

ANEXO I

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES "PROTOCOLO DE SAN SALVADOR".Preámbulo.Los Estados Partes en la Convención Americana de Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", Reafirmando su propósito de consolidar en este continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos humanos esenciales del hombre; Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifica en una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos;Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento y la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros;Reconociendo los beneficios que derivan del fomento del desarrollo y la cooperación entre los Estados y de las relaciones internacionales;Recordando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos; Teniendo presente que si bien los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales han sido reconocidos en anteriores instrumentos internacionales, tanto en el ámbito universa como regional, resulta de gran importancia que éstos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en función de consolidar en América, sobre la base del respeto integral de los derechos a la persona, el régimen democrático representativo de gobierno, así como el derecho de sus pueblos al desarrollo, a la libre determinación y a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, y Considerando que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que pueden someterse a la consideración de los Estados Partes reunidos con ocasión de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos proyectos de protocolos adicionales a esa Convención con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos y libertades, Han convenido en el siguiente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Protocolo de San Salvador":

ARTICULO 1

Obligación de adoptar medidas

Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo.

ARTICULO 2

Obligación de adoptar disposiciones de derecho interno

Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de este Protocolo las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos.

ARTICULO 3

Obligación de no discriminación

Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

ARTICULO 4

No admisión de restricciones

No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna o de convenciones internacionales, a pretexto de que el presente Protocolo no los reconoce o los reconoce en menor grado.

ARTICULO 5

Alcance de las restricciones y limitaciones

Los Estados Partes sólo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida que no contradigan el propósito y razón de los mismos.

ARTICULO 6

Derecho al trabajo

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.

2. Los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Los Estados Partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo.

ARTICULO 7

Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo

Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:

a. Una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción;

b. El derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva;

c. El derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo, para lo cual se tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio;

d.
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