Competencia V. S. es competente para entender en esta causa, porque






descargar 267.9 Kb.
títuloCompetencia V. S. es competente para entender en esta causa, porque
página1/9
fecha de publicación25.02.2016
tamaño267.9 Kb.
tipoCompetencia
ley.exam-10.com > Ley > Competencia
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Dres. Juan C. Lombardi , Gloria Y.Portillo , Manuel E. Heredia , Edgardo A.A.Morelli

Mariano Garcia Colombi , Viviana Barberis , Romina B.Lombardi & Raul I. Alvarez Lemos

Pte Roca 177 Rosario . Santa Fe (s2000cxc) Argentina - Te/Fax 54 (0341) 4247429 / 4482644 - (e.mail)jclombardi @ arnet.com.ar




DEMANDA

ACCION DE NULIDAD DE DESPIDO

PROTOCOLO DE SAN SALVADOR

Embargo preventivo
Señor Juez del Trabajo:
, por derecho propio, con domicilio ad litem en Presidente Roca 177 de Rosario, Santa Fe con el patrocinio del Dr. JUAN CARLOS LOMBARDI (1)abogado, a V.S. respetuosamente digo :
DEMANDADOS

Demando a :
COMPETENCIA

V.S. es competente para entender en esta causa, porque :

Esta causa se suscita entre particulares, por controversia de derecho derivada de contrato de Trabajo , por acciones originadas en normas constitucionales (nacional, internacional y provincial ) , legales, reglamentarias y convencionales del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 2, siendo materia no delegada a la Nación 3 y que no ha sido atribuida originariamente a la C.S.J.N.4, y que, por ello, debe dirimirse ante V.S.

Rosario es sede de : el lugar del trabajo5 , el domicilio del demandado 6 , el domicilio de uno de los obligados solidarios 7 , aquí fui contratado 8 y es el lugar donde deben cumplirse las obligaciones de la Ley 24.557 9.

Pido a V.S. se declare competente, por la naturaleza de la demanda en si y no por lo que se diga en materia de contradicción por la parte demanda,debiendo estar únicamente a mis pretensiones . Lo contrario, importará violentar la doctrina de la CSJN y tornará inconstitucional la decisión 10, porque la doctrina de la CSJN es obligatoria 11.
HECHOS

  1. Contrato de trabajo: Estoy Estuve unido por un contrato de trabajo de tiempo indeterminado 12, con las siguientes características:

  2. Fecha de ingreso:

  3. Fecha de egreso:

  4. Jornada de Trabajo:

  5. Encuadramiento/categoría profesional/funciones:

  6. Remuneración:

  7. Conclusión del contrato:

  8. Intercambio postal:

  9. Derecho de trabajar. El artículo 14 de la Constitución Nacional, me otorga , desde 1853, el derecho de trabajar. Este derecho es comprensivo del derecho del trabajador “ a no verse privado arbitrariamente de su empleo, cualquiera que sea la clase de éste” ( Meik 13). La Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948, tambien consagró ese derecho (Art. 23.1: toda persona tiene derecho al trabajo”.)El Pacto Internacional de Derechos Económicos , Sociales y Culturales “ PIDESC “, de 1966, reiteró ese derecho ( art. 6: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.) La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre ( de 1948) , se expidió en igual sentido ( Art. 14: Toda persona tiene derecho al trabajo ). La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial , de 1965, también ( art. 5 : los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes, .. i : derecho al trabajo.).

  10. El despido directo sin causa : El articulo 14 bis de la Constitución Nacional, dispuso que “ el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que aseguraran: ..protección contra el despido arbitrario…” y “…estabilidad del empleado público..”. La doctrina y la jurisprudencia han concluido que la diferencia de tratamiento constitucional, importaba la instalación de la estabilidad propia, para los empleados públicos, y la estabilidad impropia , para los empleados privados ( López 14, CSJN : “ De Luca”15 ).Con esa inteligencia se ha interpretado que la imposición de indemnizaciones tarifadas, constituye una protección suficiente, contra el despido arbitrario, el que aunque ilegítimo , es legal.( Ackerman 16, Rodriguez Mancini 17).

  11. Reforma de la Constitucion Naciónal: bloque de constitucionalidad: En 1994, la reforma de la Constitución Nacional , dispuso ( art. 75, inc.22 ) “ Los tratados y concordatos tienen jerarquia superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos.”

  12. Protocolo de San Salvador: El Protocolo de San Salvador, integra la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( Pacto de San José de Costa Rica), y fue aprobado por nuestro paìs por Ley 24.658 18. Es norma supralegal y forma parte del bloque de constitucionalidad ( CSJN, “ Milone” 19, “ Ate” 20 , “ Torrillo” 21, “ Ministerio” 22 , “ Manauta” 23 , “ Sanchez “ 24, “ Silva” 25, “ Sanatorio Britanico” 26 ) La doctrina es unánime en tal sentido ( Brain 27 , Ferdman 28, Manili 29 , Hitters , Martinez y Tempesta 30) El Protocolo que adicciona la Convencion Americana sobre Derechos Humanos ( Pacto de San José de Costa Rica) tiene jerarquia constitucional .

  13. Estabilidad .Conforme el art. 7, inciso d) del Protocolo, nuestro país garantiza “La estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional “.

  14. Derechos programáticos. Como ya sucediera con el art. 14 bis de la Constitución Nacional, que imponía “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador….” , corresponde dilucidar su operatividad plena o calidad programática . Con aquél, algunos intérpretes consideraron que se trataba de un derecho sólo programático , puramente declamativo , necesitado de una ley para ser operativo ( Badeni 31 , Krotoschin 32, Rivas 33 , Sagüés 34 , Bidart Campos 35, Fernandez Madrid 36 , Rodriguez Mancini 37 , Carcavallo 38 , Seco 39, López 40, IV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 41 , Osorio y Florit 42, Pozzo43 , Bosch 44, Deveali 45, Halperín 46, Zaldivar-Manovil-Ragazzi-Rovira 47 . Nuestra CSJN sustentó esta tesis en una primera etapa : “ Cantarini José c. Acindar “, 18.3.1957, Fallos 237.272 “ La verdadera efectividad de lo que la Constitución reconoce depende de la actividad del legislador ordinario que reglamente el derecho y no de la circunstancia de que , para aquel reconocimiento el texto fundamental utilice formulas necesariamente enfáticas sin mas destino que el de la propaganda partidista” ( del dictámen del Procurador Sebastián Soler, al que adhirieron Alfredo Orgaz, Manuel Argañarás, Carlos Herrera y Benjamín Villegas Basavilbaso ). Sin embargo, 9 meses después, la misma CSJN modificó su criterio en el caso Siri : 27.12.1957, T. 239, pag. 459 y ss. “ es suficiente para que la garantia constitucional invocada sea restablecida por el Poder Judicial en su integridad, sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una ley que reglamente dicha garantía, por cuanto las garantias individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas por la constitución e independientemente de las leyes reglamentarias, las cuales son requeridas para establecer en que casos y con que justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación, como dice el art. 18 de la Ley suprema a propósito de una de ellas, y porque los preceptos constitucionales, tanto como la experiencia institucional del pais reclaman de consuno el goce y ejercicio pleno de las garantias individuales para la efectiva vigencia del Estado de Derecho e imponen a los jueces el deber de asegurarlas”.

  15. Derechos plenamente operativos. Otros intérpretes, especialmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, , en una segunda etapa, que es la actual , consideran que se trata de un derecho subjetivo operativo, no siendo significativa la existencia o inexistencia de ley que reglamente el mismo (Ricci 48 , Fernandez Pastorino 49 , Linares Quintana 50,Gonzalez 51, Boggiano 52 , Von Potovsky53 , CSJN caso Vizzotti 54 , CSJN caso Ekmekdjian 55 , CSJN caso Urteaga 56)La lectura de Vizzotti es esclarecedora : : “los derechos constitucionales tienen, naturalmente, un contenido que, por cierto, lo proporciona la propia Constitución. De lo contrario, debería admitirse una conclusión insostenible y que, a la par, echaría por tierra el mentado control: que la Constitución Nacional enuncia derechos huecos, a ser llenados de cualquier modo por el legislador, o que no resulta más que un promisorio conjunto de sabios consejos, cuyo seguimiento quedaría librado a la buena voluntad de este último.  Todo ello explica que la determinación de dicho contenido configure, precisamente, uno de los objetos de estudio centrales del intérprete constitucional. Explica también que al reglamentar un derecho constitucional, el llamado a hacerlo no pueda obrar con otra finalidad que no sea la de dar a aquél toda la plenitud que le reconozca la Constitución Nacional. Los derechos constitucionales son susceptibles de reglamentación, pero esta última está destinada a no alterarlos (art. 28 cit.), lo cual significa conferirles la extensión y comprensión previstas en el texto que los enunció y que manda a asegurarlos. Es asunto de legislar, sí, pero para garantizar "el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos" (Constitución Nacional, art. 75 inc. 23).El mandato que expresa el tantas veces citado art. 14 bis se dirige primordialmente al legislador, pero su cumplimiento "atañe asimismo a los restantes poderes públicos, los cuales, dentro de la órbita de sus respectivas competencias, deben hacer prevalecer el espíritu protector que anima" a dicho precepto (Fallos 301:319, 324/325, considerando 5°). La misma Corte, en el reciente fallo Halabi 57, ha reiterado : “ Frente a esa falta de regulación, cabe señalar que la referida disposición constitucional es claramente operativa y es obligación de los jueces darle eficacia, cuando se aporta nitida evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental y del acceso a la justicia de su titular.Esta Corte ha dicho que donde hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer, toda vez que sea desconocido; principio del que ha nacido la acción de amparo, pues las garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar en la Constitución e independientemente de sus leyes reglamentarias cuyas limitaciones no pueden constituir obstáculo para la vigencia efectiva de dichas garantias ( Fallos 239:459, 241:291 y 315:1492).La eficacia de las garantias sustantivas y procesales debe ser armonizada con el ejercicio individual de los derechos que la Constitución también protege como derivación de la tutela de la propiedad, del contrato, de la libertad de comercio, del derecho de trabajar, y la esfera privada, todos derechos de ejercicio privado”.

  16. Ramirez Bosco. Un notable trabajo de Luis Ramírez Bosco ( Los Tratados Internacionales en materia laboral, Trabajo y Seguridad Social, 1997, pag.871 y ss., nos ilumina: la “ cuestión de la eventual inoperancia por indefinición de cláusulas internacionales, es lógicamente igual a la que versa sobre el carácter ejecutivo o sólo programático de las normas constitucionales y padece , en consecuencia de problemas muy parecidos a esa: no es casi posible saber por anticipado con un mínimo de precision, cual es el criterio con que los tribunales dispondrán que una cláusula es o no autoaplicable. Es posible y preferible que este tipo de argumento se haya usado poco o nada, porque en esencia parece ser una cuestión teóricamente insoluble por su intrínseca falta de sinceridad : no se puede sostener que a partir de una premisa cualquiera con contenido jurídico, por indefinida que esté, un profesional del derecho ( como lo son quienes integran los tribunales) no pueda sacar una conclusión adecuada, ni aún cláusulas como las que disponen la obligación de un “ salario justo” o “ condiciones dignas de labor”, podrían en realidad considerarse, frente a un caso concreto, como si estuviesen privadas de todo contenido práctico o como si la directiva que surge de ellas, tuviera tanto valor como la afirmación contraria. Ni siquiera en el caso de que sea el propio texto de una norma el que requiere su reglamentación, es posible pensar que un tribunal no pueda obtener de ella un criterio decisorio, sea para aplicarlo por analogía, sea para integrar alguna laguna del ordenamiento. Casi como una curiosidad, pero evidenciando a su vez la falacia de este requerimiento de hiperdefinición, para que las normas internacionales sean ejecutorias, viene al caso el unánime reconocimiento de incorporación automática al derecho nacional y de ejecutividad inmediata, que se dedica al derecho internacional consuetudinario, el que naturalmente, en general no es derecho escrito. Asi lo sostiene la doctrina y asi se afirma que surge del art. 53 de la Convencion de Viena. En alguna medida, lo afirmó la CSJN en relación al derecho a la jurisdicción, en el caso Cabrera ( 5.12.83, 305:2150, 9no.considerando) Y es claro que el derecho consuetudinario como derecho no escrito, está menos definido o menos expreso que el de cualquier tratado. Finalmente, la posición de la CSJN cambió por completo en el caso Ekmeddjian c. Sofovich ( 7.7.92, 315:1492). ..En este fallo, se resolvió mas que nada una cuestión sobre la jerarquia normativa de los tratados y más bien de paso o indirectamente la de su suficiencia operativa. Pero en el fondo, asi lo que se tradujo fue una decidida y diferente voluntad de observar y aplicar el derecho internacional en el país, postura que se reflejó y aún se reforzó, en las reformas constitucionales de 1994 sobre este tema. Las definiciones de la CSJN sobre ejecutoriedad de los tratados, en el fallo Ekmekdjian c. Sofovich, pueden sintetizarse así: a) que los tratados internacionales obligan a que los organos administrativos y jurisdiccionales nacionales los apliquen “ siempre que contenga descripciones lo suficientemente concretas ( de los ) supuestos de hecho que ese tratado contemple, que hagan posible su aplicación inmediata”. “ Una norma es operativa cuando está dirigida a una situación de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin necesidad de instituciones que deba establecer el congreso”. C) Que la violación de un tratado internacional que requiera reglamentación, puede tambien deberse a la omisión de establecer disposiciones nacionales que hagan posible el cumplimiento del acuerdo internacional. Y que es función de la Corte “ velar porque las relaciones exteriores de la Nación no resulten afectadas..por esas omisiones”.d) que las garantias individuales existen y deben ser aplicadas con independiencia de las leyes reglamentarias ( mas bien, de la omisión de su reglamentación por ley) antigua afirmación referida a la via procesal de amparo, que la Corte toma del conocido caso Siri ( 239:459), pero que puede extenderse a una concepcion sensiblemente mas flexible sobre la operatividad de las normas internacionales.”

  17. Inconstitucionalidad por omisión.Los primeros intérpretes , especialmente Bidart Campos 58, consideran que es necesario obtener de un juez, la declaración de inconstitucionalidad por omisión ( omisión en el dictado de la ley )y la disposición particularizada del goce efectivo del derecho : cuanto, como, cuando . Bidart Campos , curiosamente , cita como hipótesis de inconstitucionalidad por omisión la siguiente: “ El art. 14 bis consigna que las leyes asegurarán al trabajador la participación en las ganancias de las empresas. El Congreso no ha dictado aún, a más de veinte años de vigencia del art. 14 bis, ley alguna en el sentido indicado. Tomando como precedente algún fallo análogo de la jurisprudencia alemana, podemos afirmar que veinte años de mora es mas que suficiente para reputar la inercia legislativa como inconstitucional. ¿ Que ocurriría si un trabajador demandara un adicional por participación en el beneficio de la empresa donde trabajo? A nuestro criterio, el órgano judicial debería comenzar por declarar inconstitucional la mora legislativa del Congreso y debería seguir argumentando que esa mora produce un vacio o laguna en el orden normativo que es menester integrar con lo que, a renglón seguido, habria de resolver la pretensión intentando la solución por via de la nanalogía o de los principios generales del derecho ( autointegración ) y de fracasarle esa tentativa, acudiendo directamente a una solución justa conforme al valor justicia ( heterointegración)”. En igual sentido, véase el voto de Julio Maier 59 en el fallo del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires que se cita abajo. Walter F. Carnota y Patricio A. Maraniello, en “ Derecho Constitucional “, han dicho : “ Igualmente, aún en el supuesto de una norma programática ( como podría ser “ la participación en las ganancias de las empresas”, del art. 14 bis) eso no significa dejar librado el dictado de la norma reglamentaria a la total discreción del Congreso. De no sancionarse en un lapso razonable esa normativa, se verifica la “ inconstitucionalidad por omisión”, dado que el Congreso debió hacer algo que la Ley Suprema le ordenaba realizar” ( Cfr. Carbonell Miguel, En busca de las normas ausentes ( ensayos sobre la inconstitucionalidad por omisión) Mexico, 2003” 60.

  18. Aplicación directa.Los segundos intérpretes, afirman que es innecesaria tal declaración, y que basta con la disposición particularizada del goce efectivo del derecho por parte del juez requerido y obligado a ello por su eminente guardián de la Constitución Nacional . A instancia de parte interesada o de oficio . En cualquier caso , la cuestión concluye compeliendo al juez de la causa ( con o sin declaración de inconstitucionalidad por omisión ) a dar a cada uno lo suyo, y en este caso, a mi, lo que la Constitución Nacional dice que me pertenece.

  19. Ius Cogens. Nuestro Pais integra la Organización Internacional del Trabajo , y en principio, sus normas se incorporan al derecho nacional cuando los convenios y recomendaciones de la OIT son ratificados ( Cfr., Von Potovsky61 , Ferdman62 ). En tal sentido, podriamos decir que no habiendose ratificado aún el Convenio 158, de 1982 “ Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo”, la norma del articulo 4 ( “ no se pondrá termino a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio”, no constituye norma del derecho interno argentino.Sin embargo, integra el derecho interno porque es además norma del jus cogens (OIT63 , Pompa 64, Manili 65, Zuretti 66, Gonzalez 67, Capón Filas 68, Zuppi 69, Meik 70).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Competencia V. S. es competente para entender en esta causa, porque iconCompetencia V. S. es competente para entender en esta causa, porque

Competencia V. S. es competente para entender en esta causa, porque iconCompetencia V. S. es competente para entender en esta causa, porque

Competencia V. S. es competente para entender en esta causa, porque iconCompetencia. V. S. resulta competente para entender en esta causa...

Competencia V. S. es competente para entender en esta causa, porque iconUsos del suelo competencia. Reglamentación / uso de las vias competencia....

Competencia V. S. es competente para entender en esta causa, porque iconCompetencia El Tribunal Constitucional es competente para conocer...

Competencia V. S. es competente para entender en esta causa, porque iconAbusivo y anticonstitucional con que la legislatura ya ha legislado...

Competencia V. S. es competente para entender en esta causa, porque iconCompetencia: Cuando la acción de amparo sea dirigida contra autoridades...

Competencia V. S. es competente para entender en esta causa, porque icon4. Competencia. Juez competente en acciones de divorcio

Competencia V. S. es competente para entender en esta causa, porque iconA Competencia: durante el proceso; antes; juez competente

Competencia V. S. es competente para entender en esta causa, porque iconSin ésta no se puede entender el tema de la crisis, aunque no aparezca en






© 2015
contactos
ley.exam-10.com