El Menor Infractor en Cali en los años 2005 al 2007: Se necesitan más que leyes, una política integral de estado






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fecha de publicación24.02.2016
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El Menor Infractor en Cali en los años 2005 al 2007: Se necesitan más que leyes, una política integral de estado.
La educación formará al colombiano en el respeto de los derechos humanos, a la paz y a la democracia
Introducción.
Una primera aproximación al abordar la problemática del menor infractor en Cali durante estos tres últimos años tiene que ver con el incremento en las cifras de delitos en los cuales ha existido participación de menores de edad, así como también los cambios en la legislación colombiana en especial el aumento de penas y sanciones para este grupo poblacional.
Baste hacer una retrospectiva para corroborar lo antes mencionado en dos aspectos fundamentales:
En primer lugar por las estadísticas manejadas por la Policía Nacional de Colombia, que nos muestran que a finales del 2006 había 2890 menores detenidos en Cali, contrastando con los cerca de 2300 menores detenidos en el año inmediatamente anterior, lo que representa un incremento en algo más del 25%.
Y por otra parte debe mencionarse que antes del 2006 se tenía como herramienta normativa básica y principal para contrarrestar este flagelo: El Código del Menor, expedido por el ejecutivo en desarrollo de facultades que le otorgaba la Ley 56 de 1988 y que dio lugar a que se regulara todo lo referente al tratamiento del menor infractor en la ley penal; y la Ley 124 de 1994 que desarrollaba preceptos de la nueva Constitución Política de 1991 en temas de los derechos del menor. A partir del 2007 en la ciudad de Cali comenzó a regir el nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia o Ley 1098 de 2006, que se espera sea un instrumento en materia judicial efectivo para atacar este flagelo de la sociedad.
En Cali existe en la actualidad un centro de reclusión para los menores infractores; El Centro de Formación Juvenil del Valle, institución dirigida por los Padres Terciarios Capuchinos en convenio con el ICBF.
Pero si existían estas leyes, la pregunta salta a la vista ¿Por qué el incremento en los delitos con participación de menores de edad?
Trataremos de plantear algunas hipótesis: ¿inaplicabilidad de la Ley?, ¿Interpretación de las leyes por las autoridades competentes?, ¿Inexistencia de planes y programas complementarios para la prevención del delito en los menores?

Inaplicabilidad de la Ley
El Código del Menor como ya se mencionó databa de 1989. Era un compendio de buenas intenciones frente a la problemática del Menor Infractor y traía una serie de normas encaminadas a la protección y resocialización del Menor Infractor.
La legislación penal igualmente era muy flexible y benigna con los menores infractores y dio paso a que se utilizara al menor de edad para que cometiera una serie de delitos al amparo de esta legislación que otorgaba sanciones irrisorias.
Tengamos en cuenta el hecho del asesinato del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla acaecido el 30 de abril de 1884, con el sicario detenido casi inmediatamente de este hecho resultó ser menor de edad. Al amparo de las leyes penales de la época se juzgó a escasos 6 años de prisión (con la reducción de penas) a sus asesino, Byron de Jesús Velásquez Arenas que contaba para entonces con 14 años de edad. Años después, en 1990, y en el Puente Aéreo de Bogotá, el asesino de Bernardo Jaramillo Ossa, líder de la Unión Patriótica, también era un adolescente, que reflejaba la cultura del sicariato que hizo carrera finalizando los 80 y se mantuvo durante los 90, en sectores deprimidos de las ciudades como Medellín, Cali y Bogotá.
Siguieron las mal llamadas “oficinas de cobro”, que no eran otras que las dirigidas por delincuentes, adultos todos, donde reclutaban a sicarios y ladrones, menores todos, para cometer fechorías y crímenes.
Llegó el siglo XXI, y con él, otra realidad que seguía golpeándonos como sociedad, indiferente e indolente.
Después de muchos años de intentos y fracasos por fin entró a operar la ley de infancia y el componente de justicia, que indica que nuestro sistema penal acusatorio, va a escuchar y juzgar a los menores de edad, entre 14 y 17 años, que cometan delitos.
Al parecer ésta es una forma eficaz de ponerle freno a una situación alarmante, y era la de escuchar que todos los casos diarios de violencia, asesinato, robo, eran cometidos por “niños” menores de14, 15, 16 y 17 años, que eran conducidos a centros de rehabilitación, que no son otra cosa que escuelas para seguir en el crimen, y donde eran liberados poco tiempo después para seguir en las mismas o en otras más profundas.
Pues bien, veamos que frente al delito cometido por los menores se han aplicado las leyes pertinentes y que definitivamente queda comprobado que los menores si han sido sancionados penalmente. Otra cosa distinta es que las leyes hayan sido benignas frente a la fijación de las condenas respectivas.
Interpretación de las leyes
Este es otro elemento muy criticado por diferentes personas, que a la vez comentan que resultan un factor de impunidad y de falta de justicia.
Sin embargo ha de tenerse en cuenta que para un juez que tiene a cargo un proceso por un delito ya sea cometido o no por un menor de edad, existe un componente subjetivo que tendrá que tenerlo en cuenta a la hora de emitir su fallo. De allí que veamos como fallos de jueces que son apelados llegan a instancias superiores (Tribunales y Corte Suprema de Justicia) y pueden ser revocados o confirmados. Encontramos entonces que la interpretación jurídica por el contrario juega un papel importante en las decisiones judiciales y que resulta de manera inadmisible “achacarle la culpa” a la interpretación de la leyes de que exista un crecimiento de los delitos cometidos por los menores-
Planes y programas complementarios
He podido leer los tres últimos planes de desarrollo para la ciudad de Cali propuestos por los alcaldes Ricardo Cobo LLoreda, Jhon Maro Ramírez y de Apolinar Salcedo. En todos ellos hay coincidencias respecto al establecimiento de planes, programas y estrategias para la reducción de la violencia y de delitos cometidos por menores de edad. Se destacan en ellos estrategias de intervención y resocialización de esta población vulnerable, con un elemento en común, capacitación.
Por otra parte de un estudio efectuado por la Personería Municipal de Santiago de Cali, con respecto al seguimiento al plan de desarrollo, se desprende que: los planes y programas no se han cumplido en su totalidad, la inversión no se hace a tiempo, los programas de capacitación no deben ser los únicos que conlleven a ser la única estrategia para la prevención y disminución de los delitos cometidos por menores de edad en la ciudad de Cali.
Nuestra justicia estaba en mora de actuar y ahora hay un mecanismo que tenderá a ser eficiente en la medida en que entendamos dos cosas: primero, que estamos enfermos como sociedad y que necesitamos de toda la fuerza de la ley, pero hacerla cumplir, y segundo que este problema social es enorme y no solo se soluciona “clavándole” la máxima pena a un menor de edad por los crímenes cometidos.
Ahora, el componente educativo de la ley de infancia está en mora de aplicarse. La pedagogía para los verdaderos responsables de que los adolescentes delincan, es decir los padres, no pueden pasar inadvertida en este tema.

El ejemplo y las virtudes, como los valores comienzan en casa. Si al niño desde pequeño no se le enseñan, difícilmente una sociedad enferma como la nuestra lo va a hacer. Es un círculo vicioso que es necesario romper.
Igualmente el Estado, en este caso el Gobierno Municipal de Cali debe concurrir no solamente a capacitar al menor infractor en oficios como panadería, zapatería, y en fin la elaboración y manufactura de otros productos, sino también a crear canales de comercialización de sus productos, que sientan que tienen una oportunidad para ser productivos y no escorias de la sociedad.
Por ello más que leyes (aunque se requieren en un estado de derecho), necesitamos es desarticular todos aquellos elementos o componentes que han permeado a nuestros infantes y adolescentes haciéndolos delinquir (presencia del estado social) con una verdadera política integral de educación, formación en valores, creación de múltiples oportunidades de crecimiento y desarrollo personal con los cuales se podrá disminuir ostensiblemente las cifras alarmantes sobre este tema del menor infractor. Sin dejar de lado eso sí, la política de castigo o sanción para quienes infrinjan la ley.
De esta manera no será letra muerta aquella frase que encontramos en los centros de reclusión “Eduquemos para que el hombre (en este caso el menor) de hoy, no sea el delincuente de mañana”
Conclusiones-


  • Muchos jóvenes delinquen conscientes de que su condición de menores de edad los inmuniza contra el castigo penal.

  • En un pasado reciente frente a los delitos producidos o en donde intervenían menores de edad se ceñían a un obsoleto y burlesco orden penal originado en primera instancia por lo establecido en el Código del Menor.

  • La delincuencia juvenil es uno de los problemas criminológicos que crece cada día más, no solo en la ciudad de Cali y en nuestro país, sino también en el mundo entero. Es una de las acciones socialmente negativas que va a lo contrario fijado por la ley y a las buenas costumbres creadas y aceptadas por la sociedad. De allí que la delincuencia juvenil es un fenómeno social que pone en riesgo la seguridad pública de la sociedad, así mismo va contra las buenas costumbres ya establecidas por la sociedad.

  • Las cifras oficiales muestran para la ciudad de Cali, un incremento en los casos de delitos en donde han intervenido menores de edad, por lo cual se hace necesario revisar diferentes aspectos que pueden incidir en ello.

  • En este documento se plantean tres hipótesis (pudieran ser más) en torno a esta problemática: Inaplicabilidad de la ley, Interpretación de la ley e inexistencia de planes y programas complementarios para la prevención del delito en los menores.

  • Cada una de estas hipótesis nos lleva a que en el caso concreto de la ciudad de Cali, se tiene una legislación que se está aplicando y que sobre el particular existen interpretaciones en derecho y fuera de ello existen planes y programas conducentes a atacar la problemática del menor infractor en Cali.

  • Sin embargo el Estado Colombiano, el Gobierno Municipal deben propender porque existan más oportunidades de desarrollo de los niños y jóvenes para que complementariamente con las leyes existan verdaderas acciones integrales que permitan que el menor no delinca.

  • Se trata entonces de que el estado reconozca que más allá de la existencia de una legislación sobre la materia que le permite sancionar y castigar, debe emprender acciones y hechos (planes, programas, etc.) complementarios o preventivos y que le muestren a los menores en alto riesgo que si tienen la posibilidad de ser personas correctas en su vida.

  • Se abrigan muchas esperanzas de que estas cifras se reduzcan con la entrada en vigencia del nuevo código de la infancia y la adolescencia promulgado recientemente con ocasión de la expedición de la Ley 1098 de 2006, pero ha de insistirse sobre la necesidad de orientar esfuerzos o encaminarlos a la mejora en las oportunidades y desarrollo para este grupo vulnerable-



Bibliografía.
- Constitución Política de Colombia

- Ley 906 de 2004. Nuevo Sistema Penal Acusatorio

- Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia

- Ley 1153 del 31 de julio de 2007. Ley de las pequeñas causas.

- Plan de Desarrollo Económico y Social de Cali 1998 – 2010. Ricardo H. Cobo

- Plan de Desarrollo de Santiago de Cali 2004 – 2007. Apolinar Salcedo

- Informe Plan de gestión y Seguimiento al Plan de Desarrollo. Personería Municipal de Santiago de Cali, 2006

- El Ensayo, diez pistas para su composición, Fernando Vásquez Rodríguez

- www.senado.gov.co/

www.colombialink.com/0340_asesinato_lara_bonilla.html

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